Este martes, la Cámara de Diputados discutirá y en su caso aprobará en comisiones el dictamen que prevé la eliminación del fuero para funcionarios públicos de alto nivel —incluido el Presidente de la República— y legisladores, pero sin quitarles la inmunidad.
El predictamen plantea que los servidores públicos puedan ser sometidos a proceso penal sin solicitar antes su desafuero, pero al mismo tiempo sin privarlos de su libertad, de tal forma que sólo puedan ser detenidos hasta que haya una sentencia en su contra.
Según el diputado de Morena Pablo Gómez, quien presentó la iniciativa que domina sobre las otras tres que fueron presentadas del tema, dejar a los servidores públicos la inmunidad “evitará que se ponga en peligro el funcionamiento normal de los poderes públicos del Estado mexicano”.
El proyecto de dictamen, que plantea reformar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución, señala que la inmunidad sólo corresponderá a quienes se encuentren en el ejercicio del cargo, por lo que los servidores públicos con licencia no podrán gozar de ésta.
“Las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y difundan durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas. El presidente o presidenta de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de las y los integrantes de la misma”, indica la nueva redacción del artículo 61 constitucional.- El dato: El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña calificó de irresponsable la iniciativa, pues considera que el fuero no es un privilegio, sino una protección.
De aprobarse el proyecto, gobernadores, diputados federales, locales, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hayan cometido algún delito que se vean involucrados en la comisión de algún delito conservarán el cargo y la libertad hasta que en un juez dicte sentencia condenatoria en su contra.
“El Presidente podría ser juzgado en un tribunal ordinario y en caso de sentencia, intervendría el Congreso”
Proyecto de dictamen
“Por tanto, se propone que los servidores públicos que ahora están aforados puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó”, señala la iniciativa.
No obstante, la eliminación del fuero no aplicará de la misma manera para el Presidente de la República, ya que, en su caso, una vez que se haya dictado sentencia condenatoria, “el asunto tendría que pasar a las cámaras del Congreso para que éstas decidieran retirarle la inmunidad y cesar sus funciones”, determina el proyecto.
Para retirarle la inmunidad al Presidente de la República “Se requerirá la mayoría absoluta de los presentes en la Cámara de Diputados y posteriormente de dos tercios del Senado de la República; a su vez, cada cámara tendrá solamente diez días para resolver, a partir de la notificación del juez”.
El documento señala: “El Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso”, señala el documento.
Esta salvedad, argumentó Pablo Gómez, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado. A su vez, señala que las legislaciones locales y la Constitución de la Ciudad de México deberán estar armonizadas con las reformas a los artículos mencionados.
“(Dejar la inmunidad evitará) que se ponga en peligro el funcionamiento de los Poderes del Estado mexicano”
Pablo Gómez
Diputado de Morena
El predictamen fue elaborado con base en cuatro iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y PRD; sin embargo, prevalece la propuesta de Morena, que es la que propone que los servidores deben permanecer en libertad, mientras no tengan sentencia condenatoria.
Esta será la tercera ocasión en la que legisladores pretenden modificar la Carta Magna para eliminar el fuero constitucional; desde el 2013 se presentó otra iniciativa que fue a dar a la congeladora.
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