La presentación de un reporte realizado por el Centro Prodh detectó la incidencia de tortura sexual infringida por elementos de seguridad pública contra las mujeres detenidas, siendo cuatro veces superior que contra los hombres.
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El informe titulado "Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado", revisó casos de 110 mujeres que estando sujetas a procesos penales han enfrentado diversas formas de tortura sexual. Entre los cuales 29 de ellos están relacionados directamente elementos de la Procuraduría General de la República.
"En él se encontró que, en un contexto de tortura generalizada, la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia a manos de fuerzas de seguridad tanto castrenses como civiles de los tres niveles (federal, estatal y municipal), especialmente la violación sexual, y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alientan o permiten su comisión", menciona parte del comunicado con el que presentaron el trabajo de investigación.
La investigación arroja datos sobre los abusos que enfrentan las mujeres, entre los que se destacan 27 de 29 con flagrancia. Las mujeres que fueron detenidas no se les presentó de forma inmediata ante la autoridad, se les tuvo retenidas entre 6 a 72 horas.
"En todos los casos documentamos encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de SEIDO, respecto de los actos de detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual", publicó el Centro Prodh.
Los casos han sido exentados de investigación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno que se les ha señalado de estos atropellos. Hasta ahora no hay responsables consignados por el delito de tortura o abuso.
Violación
Las mujeres en detención han sido victimas de violación, se documentaron 16 casos, de los cuales 12 de ellos la violencia se dio por más de un individuo, en otros 11 la victima se le amenazó con ser violada. En el caso de dos mujeres fueron violadas frente a sus familiares, otras que estaban embarazadas durante la violencia sexual se les amagó con que les provocarían un aborto.
Para 28 de 29 casos las mujeres que vivieron este abuso, denuncian haber sido víctimas de tocamientos, obligadas a desvestirse ante sus agresores, mencionan haber sido fotografiadas y videograbadas por los agentes de seguridad.
La violencia física fue dirigida directamente a sus órganos sexuales, en uno de ellos hubo un caso de mutilación genital, en otros casos aplicaban descargas eléctricas en su área sexual y senos.
Centro Prodh señaló que además de la violencia contra ellas, con golpes, asfixia, cortaduras, quemaduras, descargas eléctricas en otras partes del cuerpo, privación sensorial o de movimiento, amenazas de desaparición y muerte, hubo simulacros de ejecución y a su vez presenciaron como se torturaba a otros.
Los casos se registraron en los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y las autoridades responsables fueron tanto las castrenses (Sedena y Semar) como civiles de los tres órdenes de gobierno (federales, estatales y municipales).
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