A propósito de la terrible mancha que el presidente Enrique Peña Nieto deja en materia de corrupción, y pese al afán de Andrés Manuel López Obrador de perdonar a quienes la prohijaron, Irma Eréndira Sandoval, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, asegura que no habrá retrocesos en cuanto al combate de ese flagelo: “No tienen por qué rasgarse las vestiduras aquellos que piensan que no vamos a recuperar lo avanzado. El presidente electo es de los que más han auspiciado el discurso anticorrupción”.
Enrique Peña Nieto dejará su cargo presidencial con un vergonzante estigma de corrupción. Mancha que también lleva a cuestas una parte de su familia, colaboradores cercanos y hasta sus antiguos compañeros del PRI.
Si bien fracasó en el combate a la pobreza y en la batalla contra la violencia y la inseguridad, en el fortalecimiento de la presencia de México en los foros internacionales, en desarrollo económico y en la implementación de sus reformas estructurales, tuvo en cambio un éxito incontrovertible en materia de corrupción. Y si se diga en materia de impunidad.
Y aparentemente se va sin preocupaciones, ante el ofrecimiento de perdón, el “punto final” que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en 2016 y ratificó el lunes 19. Una postura que ha indignado a diversos sectores de la sociedad.
No obstante, Irma Eréndira Sandoval ataja el cuestionamiento.
En entrevista con Proceso, la futura secretaria de la Función Pública sostiene que se va a combatir absolutamente toda la corrupción e impunidad mediante dos subsecretarías. La primera trabajará en fiscalización, auditoría y controles preventivos tradicionales. La segunda buscará erradicar la impunidad y se centrará en fincar responsabilidades administrativas y las sanciones necesarias.
“Serán como nuestros mástiles. Y eso significa un finiquito a la impunidad. El mensaje es claro y prístino: habrá justicia y se va a procurar un cierre claro de todos los expedientes abiertos”, afirma.
Sólo escándalos
Prácticamente no hubo un año en el que el entorno de la Presidencia de la República no detonara un escándalo de corrupción. En 2014 Peña Nieto vio el fin de su credibilidad con el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, realizado por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui y publicado de manera conjunta con este semanario.
La revelación periodística expuso el conflicto de interés entre la administración de Peña Nieto y el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú al construir una residencia en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de México, al gusto de la pareja presidencial. Se trata del inmueble que Angélica Rivera, esposa del mandatario, presumió en una revista de sociales.
La investigación fue el inicio de otras revelaciones: el entonces secretario de Hacienda, el actual canciller Luis Videgaray, obtuvo del mismo empresario una casa en Malinalco, Estado de México, y Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico, de igual manera se hizo de un inmueble en Lomas de Chapultepec que Peña utilizaba como oficina.
Los escándalos causaron daños colaterales, como la cancelación de uno de los megaproyectos que Peña Nieto anunció desde su campaña presidencial: el tren México-Querétaro. Entre los contratistas de la obra se encontraban precisamente Hinojosa y empresas chinas que después demandaron al gobierno de México; un asunto del que, por cierto, poco se ha informado, pues no se ha dado a conocer si hubo daño patrimonial ni el motivo real de la suspensión del proyecto ya licitado.
En un video, Angélica Rivera intentó explicar –molesta, contrariada, insegura– que sus ingresos le permitieron adquirir la Casa Blanca. Sin embargo, la presión de la opinión pública y el eco internacional del caso obligaron al mandatario a que el 3 de febrero de 2015 designara a su excolaborador Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública.
En su toma de protesta al cargo, a Andrade se le ordenó la investigación de este asunto, pero acabó exculpando a su jefe y cerró el caso en agosto de 2015.
Facilitador de contratos
Los excesos en el ejercicio del servicio público continuaron pese a los escándalos: viajes internacionales con grandes comitivas –incluida la familia presidencial–, abuso de los recursos públicos y hasta remodelaciones y decoraciones en la residencia oficial de Los Pinos realizadas con total opacidad (Proceso 1976).
Emilio Lozoya, exintegrante del consejo de administración de la constructora española OHL, ampliamente favorecida en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador, y director general de Petróleos Mexicanos en la primera parte del sexenio, se vio inmerso en un escándalo de corrupción cuando en unos audios se le señaló como facilitador de contratos. En esas filtraciones también salió el nombre de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.
El de los audios fue el último escándalo en el que Lozoya estaba implicado porque en el comienzo de su gestión fue involucrado en la adquisición de una planta chatarra a precio elevado en beneficio de Altos Hornos de México.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que las acciones de Lozoya elevaron de 250 millones de dólares a 700 millones el costo de esa planta.
Los señalamientos contra Lozoya no paraban: en abril de 2017 el director del sector de Operaciones Estructuradas de la brasileña Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, reveló a las autoridades de Brasil que en 2014 le entregó cinco millones de dólares al funcionario mexicano para que les consiguiera nuevos contratos.
El escándalo Odebrecht, que alcanzaba a 12 países, llegaba de esa manera a México, especialmente cuando el 13 de agosto un reportaje de Quinto Elemento Lab publicado en Proceso reveló las declaraciones de Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, quienes dijeron que el mexicano recibió 10 millones de dólares en sobornos para garantizar la obtención de proyectos de Pemex.
Las declaraciones contenidas en el expediente brasileño derivaron en otra investigación –subvencionada por la organización Mexicanos contra la Corrupción– según la cual Lozoya recibió recursos de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en la que fungió como encargado de Relaciones Internacionales.
El asunto quedó en el aire, nunca se agotó, y el fiscal del caso, Santiago Nieto Castillo, fue corrido por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República.
Desvío de recursos públicos
López Obrador ha mencionado en diversas ocasiones que la corrupción tiene fines electorales. Dos casos le dan la razón: una serie de transferencias de recursos que la ASF identificó como proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Operación Zafiro, mediante la cual se desviaron 650 millones de pesos en el estado de Chihuahua.
En abril de 2013, Rosario Robles, titular de la Sedesol, fue señalada de manipular los programas de la dependencia con fines electorales, sobre todo en el contexto de los comicios de Veracruz. No obstante, el Presidente la defendió.
En un acto público, Peña Nieto le dijo: “No te preocupes, Rosario. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes les ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero nosotros, este gobierno, tenemos un objetivo claro, que es acabar con el hambre”.
Esa declaración del mandatario puso en riesgo el Pacto por México porque causó que la dirigencia del Partido Acción Nacional se levantara de la mesa del acuerdo.
Sin embargo, el mayor escándalo de corrupción en Sedesol detonó con la publicación del reportaje sobre la llamada Estafa Maestra, trabajo realizado por el portal Animal Político.
De acuerdo con el texto, en esas irregularidades están implicadas 168 empresas, de las cuales 128 son compañías fantasma que recibieron siete mil 670 millones de pesos.
Otro caso delicado se destapó justo entre la fecha de salida de Rosario Robles y los primeros meses de la gestión de José Antonio Meade en la Sedesol. En el segundo semestre de 2015 desaparecieron 12 mil millones de pesos de la dependencia que estaban destinados a un programa para pueblos y comunidades indígenas (Proceso 2164).
En septiembre pasado López Obrador expresó que Robles era un “chivo expiatorio” y señaló que los desvíos millonarios eran sólo un circo de los medios de comunicación.
La Operación Zafiro, caso que impactó principalmente a Manlio Fabio Beltrones y a sus colaboradores cercanos, derivó en un hecho insólito: el 11 de octubre último la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
Nunca un presidente había solicitado tal protección de la justicia. Para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se trata de una maniobra legal para conocer el contenido de los expedientes de la Fiscalía de Justicia del estado.
Los pendientes, una incógnita
El gobierno de transición no cuenta por el momento con la información definitiva sobre los casos que están en proceso de investigación y que, dadas las declaraciones del presidente electo, resultan relevantes para comprender la dimensión de las indagatorias que tendrán continuidad.
Según los datos del Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto, los montos recuperados por casos de corrupción son mínimos en comparación con el dinero que fue desviado en la Sedesol en dos hechos documentados por las investigaciones periodísticas. De acuerdo con Peña Nieto, en su sexenio se logró reintegrar al erario ocho mil 305 millones de pesos mediante procedimientos sancionatorios.
Durante este gobierno se registraron 63 mil 560 sanciones administrativas contra 46 mil 290 servidores públicos. De ellas, 25 mil 338 fueron amonestaciones públicas y privadas (39.9%), 17 mil 57 suspensiones (26.8%), 13 mil 815 inhabilitaciones (21.7%), dos mil 391 destituciones (3.8%) y cuatro mil 959 sanciones económicas (7.8%), con un monto acumulado de 12 mil 691 millones de pesos.
La estadística muestra que en 40% de los casos la autoridad básicamente regañó a los infractores y que 66% de los servidores públicos que incurrió en alguna irregularidad pudo continuar con su empleo.
El proyecto loperzobradorista se plantea impulsar reformas para acabar con la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval rechaza que exista el riesgo de un retroceso en la materia: “Estamos trabajando (en la propuesta) y se va anunciar en su momento. Será transparente… y no tienen por qué rasgarse las vestiduras aquellos que piensan que no vamos a recuperar lo avanzado. El presidente electo es de los que más han auspiciado el discurso anticorrupción”.
fuente.-
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