Un grupo armado ejecutó este viernes en la ciudad de Iguala a cuatro familiares del comandante de la Policía Ministerial de Guerrero en 2014, Humberto El Guacho Velázquez Delgado, considerado pieza clave en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El asesinato múltiple ocurrió en una funeraria privada habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo), a donde los familiares de El Guacho habían acudido a reclamar el cuerpo del hijo del exjefe policiaco, Jonathan Velázquez, ejecutado junto a otros dos jóvenes el jueves en pleno centro de Iguala.
Dos de las víctimas fueron identificadas como Maribel Salgado Salgado, de 35 años de edad, y Mauricio Brito Reza, de 55. Las autoridades se negaron a proporcionar los nombres de las otras dos víctimas o su parentesco con El Guacho.
El Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que informa que la masacre en la funeraria subrogada está “relacionada directamente” con el crimen del jueves, el cual fue calificado como “una discusión que derivó en un enfrentamiento”.
También se informó que en la funeraria se encontraron al menos 16 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
El negro historial de El Guacho
En diciembre de 2016, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron a Humberto Velázquez Delgado como personaje clave para aclarar la relación entre criminales y autoridades de Iguala, debido a que es señalado en investigaciones ministeriales como líder del grupo Guerreros Unidos.
Meses antes, en junio de ese mismo año, El Guacho reapareció públicamente tras salir ileso de un atentado en el que murieron cuatro agentes ministeriales; en esa ocasión se deslindó de los señalamientos de sus presuntos nexos con la delincuencia y anunció que demandaría a este reportero por documentar la purga interna de Guerreros Unidos después de la tragedia de Iguala en septiembre de 2014.
En el reportaje titulado “Donde ya debería imperar la justicia gobierna el narco”, publicado en septiembre pasado en Proceso, se informó que Iguala es considerada por el gobierno federal como la cuna de Guerreros Unidos; fue ahí donde hace cuatro años fueron agredidos por las autoridades municipales los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y desaparecieron 43 de sus compañeros.
En la actualidad, dos facciones del grupo delictivo Guerreros Unidos se disputan el control de la organización criminal y de esta plaza estratégica en la geografía del narco en la entidad. La guerra interna comenzó en junio de 2016 tras la captura de Víctor Hugo Benítez Palacios, uno de los integrantes de Guerreros Unidos.
Un año antes de su captura fue detenido en la Ciudad de México su primo, Alejandro Palacios Benítez, quien está relacionado con las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 y por la de ocho jóvenes en el municipio de Cocula el 1 de julio de 2013.
Una de las facciones de Guerreros Unidos es controlada por la familia Benítez Palacios, afincada en la cabecera municipal de Iguala y en Teloloapan. A sus seguidores se les identifica como Los Tilos o Los Peques. La otra facción la controla el grupo Gente Nueva y su líder es un expolicía municipal identificado como El Muñeco, replegado en el municipio de Huitzuco, Tepecoacuilco y en la zona del Alto Balsas, según los reportes oficiales.
Los hermanos de Víctor Hugo –Osiel, Reynaldo, Salvador y Mateo– convirtieron a la histórica ciudad de la zona norte en un cementerio clandestino y centro de acopio de drogas que se distribuyen en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, según refieren los informes consultados por el corresponsal.
Desde antes de la desaparición de los 43 normalistas, Proceso documentó las pugnas intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres niveles y de oficiales del Ejército Mexicano con el narco.
A El Guacho no se le ve desde el 28 de junio de 2016, cuando organizó la conferencia de prensa en el centro de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Las autoridades federales nunca investigaron por qué el exalcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán, mantuvo a Ulises Velázquez –otro hermano de El Guacho– como subdirector de la Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para incorporarse como senador en sustitución de su padrino, René Juárez Cisneros.
Hace un año, Proceso publicó el reportaje “Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca”, en el cual informó que los padres de los normalistas desaparecidos solicitaron a la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015.
En el escrito, los peticionarios demandaron investigar al excomandante Humberto Velázquez Delgado; incluso solicitaron una “orden de presentación y localización” por su presunto involucramiento con Guerreros Unidos .
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