Si en los años 80 la sola mención de personas desaparecidas remitía inmediatamente a los regímenes militares que gobernaron con mano férrea en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil entre 1964 y 1990, hoy, en México, tras la información de autoridades estatales y la PGR que confirma la existencia de mil 978 fosas clandestinas dispersas en la geografía nacional, ese fenómeno ha dejado de ser un estigma privativo de los países del Cono Sur para convertirse en una cruda realidad nacional.
Las fosas, que desde 2006 han ocultado en sus entrañas a miles de personas desaparecidas -2 mil 884 cuerpos, apunta el reporte-, son una prueba insoslayable del quebranto del Estado de derecho que existe en el País y un crudo testimonio del deterioro que aqueja a nuestro tejido social.
¿Quién o quiénes matan? ¿A quiénes asesinan? ¿Por qué lo hacen?¿De qué forma se priva de la vida a un individuo o a un grupo de personas? ¿En qué circunstancias se desaparece a decenas de seres humanos sin que las autoridades y la sociedad nos percatemos?
En México no hemos sufrido un conflicto militar como el que padeció Guatemala de 1954 a 1991, ni hemos vivido la experiencia de Gobiernos militares represivos, como ocurrió en los países sudamericanos citados, que permitan comprender la existencia de esas fosas y desaparecidos.
En un gif que presenta elnorte.com sobre el tema, las fosas parecen una enfermedad infecciosa que crece y se dispersa, como una mancha contagiosa, sobre el mapa de la República en el decenio 2006-2016, el periodo en el que la guerra oficial contra el narcotráfico y el crimen organizado alcanzó su clímax, llevando la violencia a todos los rincones del País.
Son contados los estados que se salvan de ese contagio y hay algunos, como Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, en los que la cantidad de fosas sorprende por su número.
En conjunto, las cinco entidades suman un total de mil 160. Durango, que en la lista macabra sólo registra 26 fosas, frente a las 332 de Veracruz, es, sin embargo, el Estado en el que se han encontrado más cuerpos: 497.
En el Censo 2016 del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el rubro de Servicios Públicos indica que el 99.4 por ciento de los 2 mil 449 municipios y/o delegaciones que reportaron datos confirmaron tener panteones y cementerios establecidos, los cuales suman 2 mil 434.
Si comparamos esa cifra con las fosas clandestinas encontradas (mil 978), constatamos la gravedad y lo escandaloso del problema: el número de fosas equivale al 81 por ciento de los panteones y cementerios registrados en el País.
Esas frías estadísticas convertidas en un gif digital, no explican el drama humano ni la problemática social y política que el problema encierra y refleja.
Porque detrás de cada mujer y hombre desaparecido, joven o adulto, poblador de una zona urbana o rural, rico o pobre, delincuente o no, hay una realidad social y política diversa y compleja, que comprende desde la impunidad y la corrupción que han debilitado a nuestras instituciones favoreciendo y encubriendo este tipo de acciones, el infortunio de ser víctima inocente de la violencia, la marginación y la falta de oportunidades que orillan a muchos -sobre todo jóvenes- a emigrar o incorporarse a las filas de la delincuencia y el crimen organizado, hasta la decisión voluntaria de recorrer la senda de la criminalidad en pos de fama y riquezas tan inmediatas como efímeras.
Hace más de una década que los mexicanos dejamos de sorprendernos y escandalizarnos frente a la violencia y su secuela de muertos y desaparecidos. A fuerza de vivirla y de escuchar sobre ella diariamente aprendimos a ignorarla, en una suerte de mecanismo de protección para inmunizarnos frente a ella.
Pero, ¿es humana y éticamente posible rehuir la mirada ante una realidad, como la de esas cientos de fosas clandestinas que violenta la dignidad humana y los más elementales derechos humanos?.
Las fosas, que desde 2006 han ocultado en sus entrañas a miles de personas desaparecidas -2 mil 884 cuerpos, apunta el reporte-, son una prueba insoslayable del quebranto del Estado de derecho que existe en el País y un crudo testimonio del deterioro que aqueja a nuestro tejido social.
¿Quién o quiénes matan? ¿A quiénes asesinan? ¿Por qué lo hacen?¿De qué forma se priva de la vida a un individuo o a un grupo de personas? ¿En qué circunstancias se desaparece a decenas de seres humanos sin que las autoridades y la sociedad nos percatemos?
En México no hemos sufrido un conflicto militar como el que padeció Guatemala de 1954 a 1991, ni hemos vivido la experiencia de Gobiernos militares represivos, como ocurrió en los países sudamericanos citados, que permitan comprender la existencia de esas fosas y desaparecidos.
En un gif que presenta elnorte.com sobre el tema, las fosas parecen una enfermedad infecciosa que crece y se dispersa, como una mancha contagiosa, sobre el mapa de la República en el decenio 2006-2016, el periodo en el que la guerra oficial contra el narcotráfico y el crimen organizado alcanzó su clímax, llevando la violencia a todos los rincones del País.
Son contados los estados que se salvan de ese contagio y hay algunos, como Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, en los que la cantidad de fosas sorprende por su número.
En conjunto, las cinco entidades suman un total de mil 160. Durango, que en la lista macabra sólo registra 26 fosas, frente a las 332 de Veracruz, es, sin embargo, el Estado en el que se han encontrado más cuerpos: 497.
En el Censo 2016 del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el rubro de Servicios Públicos indica que el 99.4 por ciento de los 2 mil 449 municipios y/o delegaciones que reportaron datos confirmaron tener panteones y cementerios establecidos, los cuales suman 2 mil 434.
Si comparamos esa cifra con las fosas clandestinas encontradas (mil 978), constatamos la gravedad y lo escandaloso del problema: el número de fosas equivale al 81 por ciento de los panteones y cementerios registrados en el País.
Esas frías estadísticas convertidas en un gif digital, no explican el drama humano ni la problemática social y política que el problema encierra y refleja.
Porque detrás de cada mujer y hombre desaparecido, joven o adulto, poblador de una zona urbana o rural, rico o pobre, delincuente o no, hay una realidad social y política diversa y compleja, que comprende desde la impunidad y la corrupción que han debilitado a nuestras instituciones favoreciendo y encubriendo este tipo de acciones, el infortunio de ser víctima inocente de la violencia, la marginación y la falta de oportunidades que orillan a muchos -sobre todo jóvenes- a emigrar o incorporarse a las filas de la delincuencia y el crimen organizado, hasta la decisión voluntaria de recorrer la senda de la criminalidad en pos de fama y riquezas tan inmediatas como efímeras.
Hace más de una década que los mexicanos dejamos de sorprendernos y escandalizarnos frente a la violencia y su secuela de muertos y desaparecidos. A fuerza de vivirla y de escuchar sobre ella diariamente aprendimos a ignorarla, en una suerte de mecanismo de protección para inmunizarnos frente a ella.
Pero, ¿es humana y éticamente posible rehuir la mirada ante una realidad, como la de esas cientos de fosas clandestinas que violenta la dignidad humana y los más elementales derechos humanos?.
Fuente.-lucrecialozano@itesm.mx
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