El caso Javier Duarte llegó a las cortes de Estados Unidos. El gobierno de Veracruz intenta recuperar 79 bienes del exmandatario y algunos de sus presuntos cómplices, ubicados en Texas y Florida, que alcanzarían los 100 millones de dólares. Lo hará a través de un juicio civil, lo que le convierte en un caso inédito en la historia judicial estadounidense y en el combate a la corrupción en México.
A principios de este año en cortes de Texas se presentaron las primeras seis demandas en contra de Duarte y sus presuntos socios, entre personas físicas y morales, varios de esos nombres, hasta ahora no identificados en el entramado de corrupción del exgobernador veracruzano, y que incluso no han sido acusados en México de cometer algún delito.
Como parte de su estrategia legal, las autoridades de Veracruz contrataron a uno de los mejores y más polémicos bufetes de abogados texanos. Y no solicitaron el apoyo de las autoridades federales mexicanas ni de alguna agencia estadounidense o del Departamento de Justicia de ese país, lo que también es algo poco usual.
ejecentral tuvo acceso a los documentos de las cortes en Estados Unidos que detallan el avance de los litigios que emprendió el gobierno de Veracruz contra los presuntos socios de Duarte, y en los que se deberá demostrar si esas propiedades fueron adquiridas con dinero obtenido a partir de actos de corrupción contra el estado.
Demanda a todos
El gobierno de Veracruz contrató a Anthony Buzbee, uno de los abogados más reputados de Houston, Texas. Se trata de un republicano, coleccionista de arte y orgulloso de su pasado militar como marine.
A Buzbee le gustan los casos polémicos. Defendió al exgobernador de Texas, Rick Perry, de señalamientos de corrupción. También fue uno de los principales demandantes contra British Petroleum (BP) y llegó a acuerdos con la empresa en 114 casos por 250 millones de dólares.
Ahora el abogado que, dice que, “confía en sus clientes”, representa al gobierno de Veracruz y su primer movimiento fue la reclamación de 38 bienes inmuebles. En los documentos se asegura que siete de ellos aparecen a nombre de José Antonio Bandín y dos en propiedad de su esposa Mónica Babayan. En la misma demanda incluyó 16 propiedades a nombre de la empresa M1 Village, LLC, Texas Southman Inc.
Jaime Reverte, un socio de Bandín, fue demandado por ocho propiedades a nombre de él y sus empresas. Al igual que Julio Antimo, socio de Reverte, cuyo nombre no había aparecido en la red de corrupción y a quien le reclaman cinco predios. Todos los inmuebles se encuentran en el fraccionamiento de lujo Woodlands, en los condados de Montgomery y Spring.
El abogado del gobierno yunista también demandó a los bancos Wells Fargo Bank y a BBVA Compass Bankshare, filial del banco español, para identificar las cuentas pertenecientes a José Antonio Bandín y Mónica Babayan. En ese mismo litigio se encuentra CW Operating Company, Inc., un exclusivo club de golf texano.
Lo usual hubiera sido que el gobierno de Veracruz solicitara el apoyo de la Procuraduría General de la República y de la Cancillería, para que a su vez se trabajara en Estados Unidos, en la localización de los inmuebles y se recabaran las pruebas, con el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) o las autoridades de justicia texanas. Sin embargo, prefirieron innovar y presentar una demanda civil como víctima de los actos de corrupción del exgobernador, sus presuntos socios y los bancos por los que se habría lavado dinero.
Esta estrategia, de acuerdo con expertos consultados por este semanario, le exigirá demostrar que el dinero sí pertenece al erario veracruzano, que fue sustraído ilegalmente y que las personas demandadas son cómplices de Duarte. De lograrlo, no tendrá que compartir los 75 millones de dólares, dinero que calcula por esos bienes, con el gobierno estadounidense o el texano, como lo ordenan los acuerdos firmados entre ambos países. Sólo deberá pagar los honorarios al abogado Buzbee.
El caso no será fácil. El cinco de marzo pasado, Jaime Reverte y Julio Antimo respondieron las demandas; así como las empresas propiedad de ambos ciudadanos estadounidenses. Negaron todo y se deslindaron de cualquier nexo directo o indirecto con Javier Duarte.
Los bancos Wells Fargo Bank y a BBVA Compass Bankshare negaron entregar información sobre algún posible cliente, establecieron que el abogado está obligado a probar los hechos y pidieron llevar el caso a cortes federales. El club de golf también negó cualquier relación con los políticos mexicanos. Y el resto de las personas físicas y morales aún faltan por responder la demanda.
Exclusividad.
Aspecto de una de las residencias en 227 Marinero Court, en Coral Gables, Florida.
Casas vendidas
Casi un mes después de haber presentado sus primeras demandas, Buzbee amplió su caso y reclamó 41 propiedades en Miami, Florida, por un valor total de 25 millones de dólares. En estos documentos se identifica a Iñaki Negrete como el operador financiero de Javier Duarte en Estados Unidos; a Ana María Valásquez, cercana a Negrete; a las empresas Ace Realty Holdings, Nexxos Realty LLC y Vulcan Dynamic Realty Fund LP.
El gobierno veracruzano exige, en este juicio, la reparación del daño por 25 millones de dólares, más los intereses generados catalogados en los documentos como “daño ejemplar”. En este caso los demandados sólo han respondido de manera mediática, ningún documento hay en la Corte para intentar frenar el caso.
El abogado Marco del Toro, hasta hace unos días representante de Javier Duarte, aseguró que “el caso tiene una motivación política”. Mientras que Rafael Recalde, representate de Vulcano y de Iñaki Negrete, declaró a Bloomberg Quist que no hay “una sola ocurrencia fáctica que conecte a mis clientes con supuestos reclamos”.
Un amigo en problemas
En el caso de Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, se le demandó por cuatro propiedades, ofertadas a finales de junio pasado. El proceso con registro 2018-09526, en la corte 61 de Texas, reclama los inmuebles de Whistling Swan Place, que aparentemente fue vendido por dos mil 600 dólares. Además de los domicilios 19 de Nagshead Place; local comercial en 25219 Kuykendahl Road y la residencia más cara, la del 23 de Shimmering Aspen Drive. Está última comprada por la empresa IDG Equity Investments LLC, con residencia en Nevada.
IDG Equity Investments LLC fue creada en mayo de 2017, dos meses después de que Arturo Bermúdez fuese encarcelado por enriquecimiento ilícito en la cárcel del Pacho Viejo. También comparte domicilio con Msnat Fiduciary, en el 112 de North Curry Street en Carson, Nevada, la empresa que maneja la cadena de hoteles Artisan que ejecentral dio a conocer.
fuente.-
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