El proceso de paz en Colombia, que implicó el abandono de las armas por parte de las FARC, trajo un nuevo problema: cuando la exguerrilla dejó de controlar el narcotráfico en ese país, otros grupos llenaron el vacío… y buscaron alianzas con cárteles mexicanos.
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De ese modo, dice a Proceso el vicepresidente colombiano Óscar Naranjo, las mafias de Sinaloa y Jalisco, así como Los Zetas, fortalecieron su presencia en aquella nación. Para el exdirector de la Policía Nacional, la consolidación de la paz y la lucha antinarco van de la mano, y el tema de la asociación entre bandas criminales de ambos países es una de sus principales preocupaciones.
BOGOTÁ.- Óscar Naranjo, vicepresidente colombiano, está convencido de que los cárteles mexicanos son un factor que perturba la consolidación del acuerdo de paz que firmaron hace un año y cuatro meses el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC.
Tras la salida de las FARC del negocio de la cocaína, explica Naranjo en entrevista, cada vez hay más evidencias de los vínculos entre las organizaciones mexicanas del narcotráfico y las bandas colombianas que ocupan los espacios que dejó la antigua insurgencia en los territorios con mayor producción y tráfico de drogas.
“No es un problema menor”, dice el general retirado y exasesor de seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. “Es un problema al que le estamos dando toda la importancia estratégica”.
Para Colombia, señala, “es prioritario romper el vínculo entre organizaciones mexicanas y colombianas y asegurar la captura de los miembros de esas organizaciones trasnacionales que muestran interés en Colombia”.
También, agrega, “es central que nos aseguremos de cortar el flujo de cocaína de Colombia a México y a Estados Unidos, porque si hay algo que perturbe la construcción de la paz en Colombia, es la actividad narcotraficante”.
Hace una semana Naranjo cumplió un año como vicepresidente de Colombia. El mandatario Juan Manuel Santos le encomendó asegurar la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC y articular la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Para el vicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, la paz y la lucha contra el narcotráfico son asuntos que van de la mano, y el tema de la asociación entre cárteles mexicanos y bandas criminales colombianas figura como una de sus principales preocupaciones.
En el suroccidental puerto de Tumaco, el municipio colombiano con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca, el disidente de las FARC Walter Artízala, Guacho, formó una banda de 300 hombres que, según informes de la fiscalía, están al servicio del Cártel de Sinaloa.
Naranjo afirma que la asociación entre organizaciones criminales mexicanas y colombianas y la llegada a Colombia de enviados de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas no son hechos nuevos, pero ahora que finalizó la guerra con las FARC “se ha evidenciado mucho más esa presencia”.
Dice que la fuerza pública colombiana está llegando a zonas de cultivos ilícitos a las que no había llegado en años, “y por esa razón hay nueva evidencia sobre esa vinculación entre delincuentes mexicanos y colombianos”.
Con esa evidencia Naranjo estuvo en México los pasados miércoles 4 y jueves 5 a la cabeza de una delegación del gobierno colombiano; se reunió con Peña Nieto y con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Las alianzas entre grupos de narcotraficantes de los dos países fueron un tema central en esos encuentros.
En palabras de Naranjo, frente a ese fenómeno criminal Colombia está interesada en llevar la cooperación en seguridad y defensa con México a “una nueva dimensión”. Eso incluye medidas concretas, como aumentar la capacidad del mecanismo conjunto de interdicción marítima que pusieron en marcha en el Pacífico las armadas de ambos países y la Guardia Costera de Estados Unidos en diciembre pasado.
Dice que su visita a México fue “justamente para afianzar este tema de cooperación” y dar un carácter “prioritario” a atacar las alianzas entre organizaciones delictivas de los dos países.
Regreso a Los Pinos
Naranjo ya había estado en Los Pinos en sus tiempos de asesor de seguridad de Peña Nieto, en 2012 y 2013. Ahora regresó, por primera vez en calidad de vicepresidente de Colombia.
Dice que a pesar de que dejó de asesorar a Peña Nieto, siempre se ha mantenido al tanto, desde la distancia, de lo que ocurre en México, en particular en materia de seguridad. Sabe, por ejemplo, que el año pasado fue el más violento en la historia moderna de este país, con 29 mil 168 asesinatos.
–¿La estrategia de seguridad que usted propuso en México se puso en práctica? –se le pregunta.
–Como sucede con cualquier asesor o consultor, uno da opiniones sobre opciones y cursos de acción, pero al final la dinámica de cada sociedad, de cada gobierno, lleva a tomar a los gobernantes lo que consideran que son las mejores decisiones. Lo que veo es que la institucionalidad mexicana ha buscado superar el desafío que enfrenta, con nuevas iniciativas, nuevas políticas y nuevas estrategias. Pero otro tema es la realidad que marca la delincuencia, que es mutante y que se mueve a mayores velocidades que los Estados.
–Al principio del gobierno de Peña Nieto se redujeron los delitos violentos. ¿El alza que se observa ahora se puede atribuir a una falla en la estrategia de seguridad?
–Cuando uno estudia los procesos de lucha contra el crimen organizado y las mafias, lo que es evidente es que si reciben una presión sistemática, su primera reacción es recurrir a la violencia. Por lo tanto, yo podría decir que México es víctima de haber sacado a los criminales de las zonas de confort.
“Si uno sacó al Chapo Guzmán de su zona de confort y lo tiene tras las rejas, lo lógico era esperar una ola de violencia alta como resultado de ese cambio de situación.”
–Pero una de sus recomendaciones, cuando fue asesor de seguridad de Peña Nieto, fue evitar, precisamente, que esa violencia afectara al ciudadano.
–Sí. Es el gran reto que tienen las instituciones y los gobiernos. Hay que prepararse para enfrentar lo que pueden ser las reacciones violentas. Pero eso tampoco es una tarea fácil. Hay que considerar que las organizaciones mafiosas tienen en la lealtad de sus miembros un principio rector fundamental; si la lealtad se desvanece, la respuesta es la muerte indiscriminada dentro de la propia organización. Son procesos muy difíciles de controlar.
–México está en campañas presidenciales y en algunos discursos políticos sigue estando presente el concepto de “guerra contra el narcotráfico”. Usted recomendó no usar este término.
–Creo que un concepto de guerra aplicado a seguridad pública no es conveniente. La guerra tiene unas connotaciones de victoria, de vencer al enemigo utilizando la máxima fuerza bélica de un Estado. Aquí no se trata solamente de aplicar la fuerza bélica, sino de aplicar integralmente una serie de políticas que prevengan, disuadan, controlen y aseguren la represión del delito. Es un gran error convertir un tema policiaco-judicial en un tema de guerra.
–En Colombia se está discutiendo una ley de sometimiento a la justicia de miembros de bandas criminales a cambio de rebajas de penas de hasta 50%. ¿Cree que esta legislación puede ser un referente para México?
–Creo que se puede ir a una ley de esa naturaleza, pero con la solvencia institucional suficiente. También, con la certeza de que hay una organización criminal que está dispuesta a someterse a la justicia. Si esto ocurre, en el fondo lo que hay es un reconocimiento de que la institucionalidad es tan poderosa que no permite el desarrollo del crimen.
–Aquí el Clan del Golfo, la organización más perseguida del país, ha manifestado interés en someterse a la justicia a cambio de una rebaja de penas. ¿Para que esto pudiera ocurrir en México tendría que haber primero una organización dispuesta a dar este paso?
–¡Claro! No tiene sentido dar el paso si no hay una manifestación de voluntad de la organización criminal por someterse a la justicia. Y hay que aclarar que no se trata de un proceso político ni de una negociación política, sino de un procedimiento en el que, a través del sistema judicial, se escucha la solicitud de unos abogados que dicen que sus clientes se quieren someter a la justicia.
–Usted sabe que Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de Morena, propuso evaluar la conveniencia de amnistiar a integrantes del crimen organizado para pacificar al país. ¿Qué opina de esto?
–Por respeto a las campañas electorales y al proceso político en México no emito opinión sobre las propuestas de los candidatos.
–Usted fue uno de los negociadores del gobierno colombiano en la mesa de diálogos con las FARC. Es un convencido de que un conflicto armado nunca termina aniquilando al enemigo, sino que debe tener una salida negociada. ¿Esto también aplica para un fenómeno criminal como el de México?
–No. Procesos de crimen organizado que se fundan en economías criminales, como es el narcotráfico, no ameritan una respuesta política. La respuesta política con alguien que está fuera de la ley es viable si hay un conflicto interno originado en las deficiencias de un sistema político. Un criminal cuya motivación es el lucro no debe recibir tratamiento político.
El hombre mejor informado
Naranjo desarrolló gran parte de su carrera policiaca en los servicios de inteligencia desde los noventa, cuando participó en las intercepciones telefónicas al jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, hasta que reestructuró y modernizó, entre 1995 y 2000, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.
–¿Es cierto que usted es el hombre mejor informado de Colombia?
–No. Ese es un mito. Hace muchos años abandoné las tareas de inteligencia. Tengo la información mínima necesaria para poder tomar las decisiones en este cargo (la Vicepresidencia). Además me he propuesto, desde hace muchos años, olvidar. La información que uno acumula como responsable de un servicio de inteligencia es información que pertenece al Estado, pero es información que uno ni siquiera debería recordar.
–¿Es un mito que usted tiene expedientes sobre diferentes personajes de la vida pública colombiana?
–Creo que yo llegué a la Vicepresidencia justamente por demostrar que no tengo esos expedientes. Si yo hubiera dado señales o generado sospechas de que yo era una especie de archivo rodante sobre la vida de los dirigentes de este país, estaría hace mucho tiempo en mi casa, sin ninguna posibilidad. Y además he perdido la memoria –asegura con una sonrisa.
–¿Entonces no existen esos expedientes?
–Es un mito. Lo que sí es que siempre he estado muy dispuesto a rendir cuentas. Si me preguntan, contesto lo que sé. En la Policía Nacional me enseñaron que un funcionario público no puede estar en la falsa dicotomía de que hay un mundo privado y un mundo público. Los funcionarios públicos sólo tenemos un mundo público, no hay vida privada para un funcionario público.
–Ha considerado injustos los señalamientos según los cuales usted tuvo que ver con la creación de las autodefensas de Michoacán mediante un pacto con los hermanos Uriel y Juan José Farías Álvarez, y que fueron publicados en su momento por la revista Proceso.
–Esas afirmaciones caen en el vacío porque no corresponden a la verdad. Lo que hacen es tratar de destruir una trayectoria de 40 años, donde son los hechos los que prueban que nunca en mi actividad como policía, y menos ahora como vicepresidente, he recurrido a procedimientos por fuera de la ley para hacer cumplir la ley. Es un gran contrasentido.
“Por otro lado, podría decir que me duele mucho ver cómo una afirmación de esas también tiende a destruir lo que fue un liderazgo muy fuerte en Colombia para luchar contra el paramilitarismo y el narcoparamilitarismo, donde los hechos y los resultados hablan por sí solos.”
–¿Usted nunca estuvo en Michoacán?
–Yo fui a Michoacán con el Instituto Tecnológico de Monterrey a una conferencia un día. Estuve en Morelia con una agenda que es pública, donde hubo suficientes testigos de que mis únicas reuniones se dieron al interior de la universidad con estudiantes y líderes de la ciudadanía, sobre la base de que yo promovía en ese momento en México el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía (del que era director ejecutivo en el Tec), justamente para invocar comportamientos de legalidad a los ciudadanos.
Fuente.-
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