Gran parte de la opinión pública conoció en 2017 el pico más alto del problema del robo de combustible a Petróleos Mexicanos, cuando el costo del delito se estimó en más de 30 mil millones de pesos, pérdidas que de una u otra forma terminan siendo pagadas por los bolsillos de todos los mexicanos.
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Ahora EL UNIVERSAL da a conocer que el hurto de electricidad y las facturas no pagadas por este concepto a la Comisión Federal de Electricidad representan 2.5 veces las pérdidas que registra Pemex a manos de los llamados huachicoleros.
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No sorprenden, por tratarse de una vieja práctica, las conexiones clandestinas conocidas como “diablitos”, utilizadas por los millones de ambulantes que se instalan en las calles de las ciudades o por asentamientos irregulares que obtienen luz eléctrica de manera también irregular. Es un problema en el que de manera cíclica se escucha a autoridades decir que lo erradicarán, pero la situación no ha cambiado.
Lo que ahora sorprende es que a la morosidad de miles de particulares se suman tanto gobiernos estatales como municipales. Datos que aparecen hoy en este diario señalan, por ejemplo, que el adeudo del municipio de Texcoco con la CFE asciende a 579 millones de pesos, incluso superior al que tiene el gobierno mexiquense, que se ubica en 109 millones de pesos.
En total, desde 1994 hasta la fecha, hay un universo de 6 millones 941 mil clientes que tienen facturas por pagar con la compañía de luz.
Lo que la CFE deja de recibir asciende a 76 mil millones de pesos, 40 mil millones por el robo de energía eléctrica y 36 mil 359 millones por facturas no cobradas.
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La falta de cultura para cumplir con el pago de servicios y las deudas adquiridas es un problema que impide el desarrollo de mejores servicios públicos y que incluso frena la posibilidad de que los bancos cuenten con tasas más bajas para los créditos que otorga.
Muchos argumentan que lo que se paga por combustible o electricidad está acorde con los estándares internacionales, pero el salario de millones de personas no se encuentra en ese nivel. Es cierto, y para estos últimos obligadamente debe haber apoyos o pagos diferenciados.
El problema comienza cuando se permite a grandes potentados o gobiernos estatales evadir sus obligaciones. El ejemplo de cumplir con las obligaciones debe ser en primer lugar de esas partes y cualquier sanción debería ir primero en esa dirección.
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