La iniciativa de ley para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública –como el narcotráfico o la corrupción– es inconstitucional y peligrosa, porque dotaría de un poder omnipotente a los militares para investigar delitos de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno.
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Gutiérrez encabeza un movimiento de militares en
activo y en retiro que exigen respeto a los derechos humanos de los soldados,
que ha puesto énfasis en la necesidad de establecer un marco legal para las
fuerzas armadas.
Subrayó que con la iniciativa del PRI nos estamos yendo
más allá de lo que es un marco jurídico que diera facultad a las fuerzas
armadas para poder realizar funciones de seguridad pública.
Además, el proyecto de ley no es muy claro en
cuanto a las atribuciones de las fuerzas armadas, ya que incluso señala que en
caso de investigación podrán obtener información por cualquier medio. Sería
peligroso dar facultades omnipotentes a los militares, aseveró.
El marco legal señala que todo se debe hacer con
mandamientos judiciales. Escuchas telefónicas, intervención de correos
electrónicos, etcétera, sí se pueden hacer, pero por el camino correcto,
indicó.
La ley no es precisa. Habría alguna justificación si
precisara que las investigaciones de las fuerzas armadas se limitarán a delitos
de alto impacto o terrorismo, pero el problema es que también puede usarse
contra cualquier persona que se oponga al régimen, manifestó.
Una cosa es el marco jurídico para que operen los
militares que realizan labores de seguridad pública y otra cosa es una ley
omnipotente que les permita realizar cualquier investigación con el pretexto de
que se trata de un asunto de seguridad interna, corrupción o terrorismo,
subrayó.
El artículo 129 de la Carta Magna
Arteaga, por su parte, aseveró que la iniciativa de los diputados
priístas es inconstitucional porque el Ministerio Público (MP), federal o
local, es el que tiene el monopolio de investigar los delitos.
Además, subrayó, el artículo 129 de la Carta Magna
precisa que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.
Por ello, antes que aprobar una iniciativa en esos
términos, tendría que modificarse la Constitución, dijo.
Insistió en que las fuerzas armadas no pueden ser
utilizadas como policías o en labores de investigación, porque la Constitución
no les ha dado esas atribuciones. El que se viole cotidianamente la Carta
Magna no legitima lo que se hace ilegalmente, subrayó.
Señaló que la Constitución sólo prevé la aplicación
del artículo 29 para suspender las garantías y derechos individuales en estado
de excepción, lo que permitiría a los militares actuar como pretenden que lo
haga; pero mientras no se aplique dicho artículo el Ejército usurparía
funciones del Ministerio Público y de la policía, aseveró el catedrático de la
Universidad Autónoma Metropolitana.
Fuente.-
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