El Gobierno de Estados Unidos
reactivó el trámite para extraditar a ese país a Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex
Gobernador de Tamaulipas.
El pasado 21 de noviembre, el
Departamento de Justicia solicitó a una Corte federal de Brownsville emitir de
nueva cuenta la orden de aprehensión contra Yarrington y su coacusado, Fernando
Cano Martínez, y expedir cuatro copias certificadas del documento,
"requeridas por el Gobierno de México para tramitar la extradición"
de ambos.
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Al día siguiente, Hilda Tagle,
jueza de la Corte para el Distrito Sur de Texas, autorizó la petición de la
Fiscalía, por lo que se libró de nuevo la orden contra Yarrington y Cano en la
causa penal B-12-431-S1, y se entregaron las copias certificadas solicitadas.
El mismo 22 de noviembre, en una
edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la PGR ofreció una
recompensa de 15 millones de pesos por informes que lleven a la captura de
Yarrington, prófugo de la justicia en México desde agosto de 2012 por cargos de
lavado de dinero.
La Fiscalía ya había tramitado
documentos ante la Corte de Brownsville relativos a la extradición de
Yarrington en marzo de 2014, pero el caso pareció no avanzar ante las
autoridades mexicanas.
El 26 de junio de 2014, un
"testigo material" con identidad protegida compareció en audiencia
cerrada ante la jueza Tagle. Esa fue la última actuación en el caso, hasta la
solicitud de copias del lunes pasado.
Desde mayo de 2013, Yarrington y
Cano enfrentan en la corte texana 11 cargos por una organización criminal
dedicada a narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario, que operó desde
Tamaulipas hacia Estados Unidos durante el sexenio del Mandatario priista, de
1999 a 2004, e incluso desde 1998, cuando era candidato, hasta varios años
después de concluida su administración.
Según la acusación, Yarrington
recibió sobornos para proteger al Cartel del Golfo y los Zetas, que en esa
época eran su brazo armado y no se habían convertido en una organización
independiente.
Cano Martínez, en tanto, creó
múltiples empresas fantasma en Texas para lavar el dinero mediante compras de
bienes raíces y otras inversiones, las más importantes de ellas en San Antonio
por medio de la firma Cantera Parkway.
fuente.-
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