El documento oficial propalado en redes no solo habla de un pago: desnuda la doble moral del gobierno de Claudia Sheinbaum, que presume “primero los pobres” mientras riega millones en el extranjero vía una agencia diplomática, con un proveedor ligado al negocio automotriz chino, y todo disfrazado de programa social “Sembrando Vida” en Cuba.
Qué es el documento en términos políticos
Es un oficio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de AMEXCID, fech ado el 31 de marzo de 2026, donde se ordena un pago dentro de un contrato de “donación de recursos” por el programa “Sembrando Vida” en Cuba (segunda fase).
El texto menciona que el proyecto total autorizado es de 588 millones de pesos, recursos públicos mexicanos destinados a un programa social en la isla, en plena narrativa de austeridad y crisis en salud, seguridad y servicios en México.
AMEXCID es un órgano que depende de la Cancillería mexicana y se dedica, en teoría, a cooperación internacional para el desarrollo; aquí aparece como vehículo para exportar programas sociales emblemáticos del lopezobradorismo-sheinbaumismo, pero pagados por los contribuyentes mexicanos.
Traducción política: mientras en el discurso se insiste en que no hay recursos para seguridad, hospitales, refugios de mujeres o universidades, el gobierno manda cientos de millones a Cuba y lo hace vía una agencia diplomática para que parezca “cooperación solidaria” y no subsidio ideológico.
Los detalles que huelen a negocio, no a solidaridad
El documento instruye el pago a una empresa mexicana: DRAGON CHARGE S.A. de C.V., con RFC DCA2311174V1, por un total de 1,479,600 pesos, desglosados en dos facturas (959,800 y 459,800), a través de BANORTE.
DRAGON CHARGE S.A. de C.V. aparece públicamente ligada a una agencia de autos BYD en Iztacalco, señalada en redes sociales por quejas de consumidores, no por ser una ONG agrícola ni un organismo de cooperación técnica.
Es decir: el dinero del “Sembrando Vida” exportado a Cuba termina pasando por una empresa privada vinculada a autos chinos eléctricos, justo cuando el gobierno impulsó la entrada de BYD como “aliado estratégico” en México.
Mensaje de fondo: bajo el logo de Relaciones Exteriores y la fachada de “desarrollo rural” en Cuba, se está usando la cooperación internacional para alimentar un circuito de contratos con empresas privadas cercanas a la nueva política industrial de autos chinos, no a campesinos mexicanos.
Cómo deja esto parada a Claudia Sheinbaum
AMEXCID y el programa “Sembrando Vida” forman parte del ecosistema de políticas que Sheinbaum adoptó como sello de continuidad: programas sociales, cooperación “humanista” y cercanía con gobiernos aliados como Cuba.
En campaña y ya como presidenta, Sheinbaum se vende como guardiana de los programas sociales y de la austeridad, pero este documento exhibe que su gobierno mantiene —y profundiza— un esquema de cooperación externa millonaria mientras los programas internos en México se recortan o quedan bajo sospecha de uso clientelar.
Ella presume un “Estado austero” y al mismo tiempo su administración avala que, vía la Cancillería, se fondeen 588 millones de pesos a Cuba por un proyecto cuya eficacia y transparencia nadie puede auditar en México.
En la narrativa, Sheinbaum es “la presidenta científica”, la que cuida cada peso; en los hechos, este oficio la pinta como candil internacional que gasta a manos llenas en el extranjero mientras en casa hace oscuridad con recortes y desabasto.
Candil de la calle, oscuridad de casa
Mientras el gobierno financia “Sembrando Vida” en Cuba, en México se reportan problemas de apoyos, retrasos y falta de claridad en los padrones del propio programa, además de conflictos agrarios y ambientales que no se resuelven con la misma premura financiera.
La retórica oficial presume que se combate la pobreza y se cuida el medio ambiente, pero el documento muestra que la prioridad es que el experimento social se exporte a la isla amiga, con chequera abierta y contratos a empresas que nada tienen que ver con campesinos, árboles o agricultura sustentable.
Es el clásico “primero los pobres… de Cuba”, mientras los pobres de Chiapas, Guerrero o Oaxaca siguen esperando infraestructura, seguridad y justicia, sin que exista un oficio igual de diligente para ellos.
En resumen: el oficio ECI/0472/2026 es la prueba de que el gobierno de Claudia Sheinbaum usa la diplomacia mexicana como caja chica ideológica y como plataforma de negocios, luciendo solidaridad afuera y dejando adentro una mezcla de abandono, opacidad y clientelismo.
“La Madre del Bienestar” es la serenata amarga que la 4T le dedica a su verdadera progenitora: una ideología rancia, importada y dogmática, que enseñó primero el manual para entrar al palacio y luego el truco para burlar la ley sin despeinarse.
En esta versión 4T de “Señora, Señora”, la madre no es la abnegada figura mexicana sino la mentora extranjera que nunca quiso a México, pero sí lo suficiente como para dejarlo bien roto, convertido en laboratorio de socialismo marrancio y mañaneras inflamatorias.
Entre premios falsos, frases contradictorias y el titiritero de Palenque moviendo los hilos, la canción resume la herencia: un gobierno títere, una patria en llamas y una élite que, gracias a mamá, aprendió a que México simplemente les vale.
Bajo la propia lógica de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la entrega en bloque de 92 capos a Estados Unidos es jurídicamente insostenible: si “sin pruebas no se detiene ni se extradita a nadie”, entonces o bien se violó la Constitución antes, o hoy se está invocando un estándar probatorio ad hoc para blindar al gobernador de Morena con licencia, Ruben Rocha Moya y su compañía de criminales.
1. El estándar Sheinbaum: “sin pruebas no hay detención”
Sheinbaum marcó un criterio clarísimo: Estados Unidos debe enviar pruebas para detener siquiera provisionalmente a los diez funcionarios mexicanos, entre ellos Rocha Moya, porque lo aportado es “una hoja de papel” con una narconómina.
Además, sostuvo que si Estados Unidos tiene algo contra un mexicano, debe presentar los elementos para que sea juzgado en México, reiterando que la cooperación solo procede con respeto a la soberanía y a la legalidad interna.
En términos de teoría general del proceso, Sheinbaum está elevando el umbral: no solo pide indicios razonables, sino prácticamente adelanto probatorio sólido, antes siquiera de una detención provisional con fines de extradición.
Ese es un estándar mucho más rígido que el que ordinariamente se exige en la etapa preliminar de cooperación penal internacional, donde suele bastar una orden de aprehensión firme del país requirente y datos mínimos de culpabilidad, no la carpeta integra.
2. El dato duro: 92 capos entregados sin ese mismo estándar
Mientras el discurso presidencial exige pruebas exhaustivas para políticos como Rocha, el propio gobierno presume haber entregado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en cárceles mexicanas.
En efecto, entre febrero de 2025 y enero de 2026 México trasladó a 92 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos, incluyendo capos históricos y operadores de alto perfil de Sinaloa, CJNG, Zetas, Familia Michoacana, etc.
Las entregas masivas ocurrieron en tres tandas: el 27 de febrero de 2025 (29 reos), el 12 de agosto de 2025 (26 reos) y el 20 de enero de 2026 (37 reos).es-us.noticias.
Omar Garcia Harfuch, como secretario de Seguridad, defendió que las extradiciones son constantes, no se han detenido “ni un mes” y forman parte ordinaria de la estrategia de seguridad del Estado mexicano.
Si aplicamos el “test Sheinbaum”, surge la pregunta obvia: ¿Estados Unidos aportó pruebas de calidad superior a la mera “hoja de papel” en los 92 casos, o se aceptaron solicitudes con un estándar probatorio mucho más laxo que el que hoy se invoca para blindar a funcionarios?
3. La contradicción jurídica: igualdad, debido proceso y no discriminación
Desde el punto de vista constitucional, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación exigen que personas en situación jurídica comparable reciban trato similar frente al poder público.
Si para los capos bastó la combinación orden de aprehensión extranjera + documentación mínima para justificar la entrega, pero para Rocha Moya y los otros nueve se exige un estándar reforzado de prueba, se configura un doble rasero incompatible con el artículo 1º y con el debido proceso.
En otras palabras: o bien
las 92 extradiciones se autorizaron sin las “pruebas” robustas que hoy se exigen, lo que las volvería cuestionables bajo el estándar que la propia presidenta formula; o
sí existían pruebas equivalentes en esos casos, y entonces la negativa hacia Rocha responde a un criterio político-personalísimo, no jurídico, violando el principio de igualdad ante la ley.
El propio Harfuch reconoce que las extradiciones son parte de la estrategia y se han mantenido de forma continua, encabezadas por la FGR, para evitar que los criminales salgan libres por posibles acuerdos en México.
Es decir, en los hechos se admite que a muchos reos se les “sacó” del sistema mexicano para meterlos en la jurisdicción estadounidense, no porque hubiera un estándar probatorio reforzado, sino por cálculo de oportunidad y seguridad nacional.
4. Seguridad nacional “a la carta”: la coartada Harfuch
Harfuch ha descrito la cooperación con Estados Unidos como continua, con operaciones, detenciones y extradiciones practicadas “con absoluto respeto” a la soberanía mexicana.
En el discurso de Seguridad, además, se ha justificado el envío masivo de reos como una forma de contener amenazas de intervención estadounidense y de evitar la liberación de criminales de alto impacto en territorio nacional.
Eso comporta una interpretación claramente subjetiva de seguridad nacional: se decide entregar selectivamente capos como válvula de escape política y diplomática, más que como resultado de un juicio técnico sobre cada expediente.
La seguridad nacional se convierte así en cláusula general de habilitación discrecional: cuando conviene, se baja el estándar probatorio para sacar 37 o 29 reos de un jalón; cuando se trata de un gobernador, se eleva el listón hasta el cielo.
Desde el punto de vista jurídico, si admites que la seguridad nacional justifica extradiciones con un estándar probatorio rebajado, no puedes luego alegar falta de “pruebas” como pretexto para negar una detención provisional de corte político ligada al mismo fenómeno (narcopolítica).
O sostienes que la seguridad nacional permite un margen amplio y entonces también puedes cooperar frente a Rocha, o confiesas que las extradiciones previas fueron concesiones políticas fuera de un marco probatorio estricto.
5. Por qué, bajo el propio discurso oficial, las 92 entregas quedan en entredicho
Si tomamos al pie de la letra la línea de Sheinbaum —“para detener a alguien se tiene que cumplir con la ley mexicana” y “que se envíen pruebas” de lo que se imputa—, la cadena de 92 entregas queda jurídicamente descolgada.
La gran mayoría de esos reos no fue juzgada primero en México por todos los delitos que se les atribuyen, sino que fueron directamente expulsados hacia jurisdicciones de Washington, Houston, Nueva York, San Antonio, San Diego, etc.
Si hoy se sostiene que el lugar correcto para juzgar a Rocha Moya es México, a partir de pruebas que debe enviar Estados Unidos, entonces ¿por qué decenas de capos no fueron primero sometidos a procesos plenos en tribunales mexicanos?.
La propia narrativa oficial, que presume la extradición como “logro de seguridad”, reconoce que muchos fueron sacados para evitar que salieran libres aquí, es decir, porque el sistema de justicia mexicano no podía o no quería procesarlos adecuadamente.
El resultado:
Para narcos sin fuero ni fuero político, México es simple plataforma logística que los traslada a cortes estadounidenses con estándar probatorio reducido.es-us.noticias.
Para políticos de alto nivel, México se convierte de pronto en tribunal celoso de la prueba, que exige más que la orden de aprehensión y la narconómina del Departamento de Justicia.
Ahí se asienta el núcleo de la ilegalidad, bajo la propia lógica presidencial: si el requisito de pruebas robustas existía desde siempre, las extradiciones exprés de 92 criminales violarían el estándar constitucional que ahora se invoca; si ese estándar es nuevo y selectivo, entonces la arbitrariedad es actual y personalizada, dirigida a proteger a Rocha Moya y demás.
6. Conclusión de abogado caro: o se cayeron las extradiciones, o se cae el discurso
Como abogado de cuota alta, el argumento se articula así:
La presidenta fijó un estándar reforzado de prueba para siquiera detener provisionalmente a políticos reclamados por Estados Unidos.
Ese estándar no fue exigido en los hechos a los 92 criminales entregados en tres tandas, que fueron trasladados como parte de una estrategia de seguridad condicionada por presiones estadounidenses y por cálculos de gobernabilidad.
La diferencia de trato entre “capos desechables” y políticos aliados o cercanos vulnera igualdad, debido proceso y prohíbe una lectura honesta de la seguridad nacional, que se está usando como cláusula de excepción selectiva.
Bajo la perspectiva que hoy sostiene Sheinbaum, las extradiciones previas se vuelven jurídicamente sospechosas: o fueron ilegales por falta de pruebas a su propio criterio, o el criterio actual es una coartada para blindar a Rocha Moya.
En lenguaje llano: si la vara Sheinbaum es la correcta, las extradiciones masivas son impugnables; si las extradiciones fueron correctas, entonces la vara Sheinbaum es un invento coyuntural para proteger a los suyos. En ambos escenarios, la legalidad se rompe por donde más estorba políticamente.
No es una cifra. No fue “uno más” en la contabilidad macabra que desde 2006 se acumula sin tregua. Sergio Daniel tenía 16 años, iba a la preparatoria, entrenaba boxeo y vivía a cinco casas de donde lo mataron. Cinco casas. Esa fue la distancia exacta entre la vida cotidiana y el abismo en este país.
Su madre, Mar Galindo, no llevó estadísticas a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Llevó el corazón abierto, desgarrado, esperando que alguien en el poder pudiera ver lo que los informes ya no alcanzan a mostrar: que cada número tiene nombre, rostro, rutina, sueños interrumpidos.
“El 5 de mayo le arrebataron la vida”, dijo. No “falleció”. No “perdió la vida”. Se la arrebataron. En seco. Sin explicación.
Porque no hubo motivo. No hubo una razón que el Ministerio Público pudiera escribir en sus formatos. No hubo mensajes ocultos en su celular, ni vínculos oscuros que justificar. Nada. El vacío absoluto. La violencia pura, sin coartada.
Y eso, en México, es todavía más aterrador.
Antes de matarlo, ya lo habían marcado. Amenazado. Golpeado. A él y a su hermano de siete años. Ni la infancia se salva cuando la impunidad se convierte en regla. Los agresores, dice la madre, eran jóvenes como él. Mismo barrio, misma edad, distinta elección: unos con cuadernos, otros con pistola.
La colonia Santa Fe, en Ciudad Obregón, no es solo un punto en el mapa. Es un territorio donde —según su propio testimonio— hay quienes se sienten dueños de la vida ajena por cargar un arma. Donde el miedo es ley y el silencio, mecanismo de supervivencia.
“Muchos saben que no pueden hablar”, dice. Porque hablar cuesta la vida.
Por eso Mar Galindo no pidió solo justicia para su hijo. Pidió justicia para todos los alumnos, para todos los que siguen caminando esas calles con el riesgo pegado al cuerpo.
Porque Sergio Daniel no es una estadística dentro de los más de 736 mil muertos acumulados en casi dos décadas de violencia. Es la prueba de que la cifra ya dejó de ser número y se convirtió en tragedia sistemática.
Y mientras el país discute promedios diarios —69 asesinatos al día— hay madres que cuentan en metros: cinco casas de distancia entre ver salir a tu hijo… y no volverlo a ver jamás.
En Sinaloa ya ni disimulan: los sicarios rafaguean un cortejo fúnebre a plena luz del día y el Ejército se limitó a ver desde la ventana como si fuera desfile del 16 de septiembre.
Funeral a tiros, escolta militar de adorno
En Culiacán, dos tiradores en un sedán se le emparejan a un cortejo fúnebre, se bajan con toda calma y abren fuego contra los asistentes. Resultado: dos muertos, tres heridos y la brigada oficial de “no pasa nada” uniformada de verde olivo a unos metros, sin disparar ni una neurona, mucho menos un arma.
Según medios locales, un vehículo militar avanzaba junto al cortejo mientras todo ocurría, pero los soldados aplicaron el famoso protocolo de “observar, sobrevivir y reportar después”.
La escena no es un “Estado fallido”: es un Estado tercerizado. Los uniformados ya no se enfrentan a los grupos armados; los escoltan, les abren paso y si acaso sirven de cámaras de seguridad humanas para que el Ministerio Público luego finja investigar.
Sheinbaum dice que todo va bien
El ataque ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum repite en cadena nacional su mantra favorito: “la inseguridad va a la baja”. Cada vez que lo dice, en algún lugar de la república suena una ráfaga para corregirla. La narrativa oficial es que los homicidios bajan, los abrazos funcionan y el país vive en una especie de Dinamarca tropical; los videos de balaceras en funerales, narco-bloqueos y levantones deben ser, según esta lógica, producto de la “percepción” o de la “derecha mediática”.
Mientras Washington presiona diciendo que México no está haciendo lo suficiente contra los cárteles y amenaza con “intervenir”, el gobierno responde con estadísticas aromatizadas y conferencias matutinas. Los muertos, los heridos y los testigos que ven al Ejército de florero en escenas como la de Culiacán no aparecen en las gráficas, las arruinan.
Sinaloa: gobernador imputado, balas de cortesía
El detalle fino: esto pasa en Sinaloa justo antes del tiroteo a propiedad del gobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, quee tuvo que pedir licencia porque él y nueve de sus compas fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de trabajar para el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y poder político. Es decir, el cártel mandaba ,el gobernador —según la acusación— obedecia, y el Ejército que ahora dice que los combate,solo miraba, que para eso le pagaban.
Rocha Moya no es cualquier desconocido: viene del partido oficial, Morena, y es aliado cercano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el mentor político de Sheinbaum. Con esa alineación, sorprende menos que los soldados se hagan bolita en la cabina mientras los sicarios bajan a tirar bala junto a un cortejo fúnebre; en Sinaloa, la línea de mando ya no se traza en los cuarteles, sino en los expedientes judiciales de Estados Unidos.
Estado espectador y cártel en modo gobierno
Que un comando pueda detenerse, ejecutar un ataque y largarse frente a un vehículo militar sin que haya reacción no es un “descuido”, es un mensaje. El mensaje para la gente: aquí manda quien dispara, no quien porta bandera. El mensaje para los soldados: intervienes bajo tu propio riesgo, porque la cadena de mando parece estar contaminada desde el palacio de gobierno hasta el cuartel.
La ironía es brutal: mientras en los discursos se presume “cooperación bilateral” y “estrategia integral”, es un medio estadounidense el que documenta que la tropa mexicana funge de espectador VIP de un atentado en plena vía pública. El país de la “transformación” terminó produciendo la peor versión posible de la militarización: un Ejército omnipresente, pero políticamente maniatado, que se deja ver en todas las escenas del crimen a las que por cierto, siempre llega tarde,casi a la hora del velorio.
Desde 1985, dos agentes estadounidenses han sido asesinados en territorio nacional por traficantes de droga, dos murieron en un accidente, dos resultaron heridos de bala y otros dos fueron amenazados de muerte, cara a cara, por un capo del narcotráfico.
El caso más reciente de un incidente relacionado con miembros de corporaciones del país vecino fue el de los dos agentes de la CIAfallecidos en un siniestro automovilístico en Chihuahua, tras presuntamente participar en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Desde el 21 de abril, en que el diario Washington Post informó que los fallecidos pertenecían a la agencia de inteligencia, el Gobierno federal ha reiterado casi todos los días una postura soberanista y en su conferencia del 28 de abril la Presidenta Claudia Sheinbaumexpresó que los agentes fallecidos estaban «fuera de la ley».
En este contexto, al día siguiente Estados Unidos dio a conocer la acusación por narcotráfico contra el ahora Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 políticos, funcionarios y ex jefes policiacos de la entidad.
La difusión de la imputación rompió una regla no escrita con la que Estados Unidos había administrado este tipo de asuntos penales hasta entonces: no tramitar una solicitud de detención con fines de extradición contra un político mexicano en funciones.
En el pasado, las agresiones contra agentes estadounidenses en México tuvieron consecuencias mayores para distintos actores y gobiernos.
El desmantelamiento de organizaciones del narcotráfico que parecían invencibles, la disolución de la policía política de un régimen, la parálisis de la economía en la frontera, el secuestro de ciudadanos mexicanos en territorio nacional y la persecución sin descanso de los responsables, son parte de ese corolario.
Algunos de sus objetivos -como extraditar a uno de sus principales enemigos públicos- no los lograron pronto ni por las vías legales, pero supieron esperar hasta por 40 años para finalmente conseguirlo.
Estos son los cuatro incidentes en los que han estado involucrados agentes estadounidenses en México, previo al caso de Chihuahua.
ASESINATO DE CAMARENA
En 1984 el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala descubrieron el mayor centro de acopio y manufactura de mariguana del que hasta hoy se tenga noticia, en el rancho «El Búfalo», en Chihuahua.
La agencia estadounidense proporcionó a México la ubicación y el 6 de noviembre de ese año el Ejército aseguró el complejo de 10 mil hectáreas, en el que laboraban 4 mil campesinos y se aseguraron más de 6 mil toneladas de mariguana.
Los dueños de esta gran industria cobraron las pérdidas con sangre. El 7 de febrero de 1985 Camarena y Zavala fueron secuestrados en Guadalajara y casi un mes después, el 5 de marzo, sus cuerpos con signos de tortura fueron encontrados en un paraje del municipio de Vista Hermosa, Michoacán.
El crimen marcó la más grave crisis diplomática de México y Estados Unidos en todo el siglo 20. Estados Unidos no sólo lanzó una cacería contra los traficantes sinaloenses implicados en el crimen de Camarena, sino que ejerció por distintos flancos una presión inédita sobre su vecino del sur.
El 16 de febrero, cuando Camarena aún estaba desaparecido, los estadounidenses lanzaron la Operación Intercepción para conseguir pistas de su paradero, lo que significó endurecer los controles de la frontera con México y paralizar la actividad económica en esa zona del País.
Como principales responsables del crimen fueron señalados los capos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, «Don Neto», y Miguel Ángel Félix Gallardo, todos detenidos entre 1985 y 1989.
Pero la persecución vino acompañada de revelaciones en la prensa estadounidense que implicaban a militares, policías, empresarios y políticos mexicanos con el narcotráfico.
A los pocos días de la desaparición de Camarena, Francis Mullen, el jefe de la DEA, denunció que Caro Quintero había sido detenido y luego liberado para que huyera de México vía aérea.
Después salió a la luz que, para escapar a Costa Rica, el capo usó una «charola» que lo acreditaba como agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Policía política que dirigía José Antonio Zorrilla, quien a su vez estaba bajo las órdenes del Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.
Una de las consecuencias del escándalo fue que el Presidente Miguel de la Madrid disolvió a la DFS el 29 de noviembre de 1985 y, al inicio del sexenio de Carlos Salinas, Zorrilla fue encarcelado como autor intelectual del crimen del periodista Manuel Buendía, registrado en 1984.
Lo que también se ventiló en aquella época es que los testigos colaboradores de la DEA declararon que, además de Bartlett, el General Juan Arévalo Gardoqui, Secretario de la Defensa; Enrique Álvarez del Castillo, Gobernador de Jalisco; Rubén Zuno Arce, cuñado del ex Presidente Luis Echeverría, y Javier García Paniagua, ex jefe de la DFS, supuestamente frecuentaban a los capos sinaloenses.
La DEA fue por Zuno Arce y lo detuvo en 1989 en Texas; el cuñado del ex Mandatario terminaría sus días en una prisión federal de Florida, purgando una cadena perpetua.
En 1990 la agencia antidrogas contrató a unos «caza recompensas» mexicanos para secuestrar en la Ciudad de México al médico Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener vivo con lidocaína a Camarena mientras era torturado por los traficantes. Álvarez fue trasladado a la Unión Americana y tres años después liberado.
Caro Quintero nunca pudo ser entregado por la vía de la extradición, sin embargo, Estados Unidos conseguiría su objetivo tras aguardar durante 7 sexenios por su enemigo público.
El año pasado los estadounidenses lograron la entrega del capo con un acuerdo en el que México aceptó expulsar ilegalmente a más de 90 presuntos narcotraficantes nacionales.
En su primera audiencia en una Corte de Nueva York, la DEA le colocó al sinaloense las mismas esposas que Camarena usaba para los arrestos.
«Creo que necesitamos decir a la gente en todo el mundo hoy: si ustedes tocan a un agente estadounidense, se verán en serios problemas», advirtió la senadora republicana Paula Hawkins, entonces presidenta de la Subcomisión del Senado sobre Alcoholismo y Drogas, el 8 de marzo de 1985.
Ese fue el día en que Camarena fue enterrado en una ceremonia fúnebre con los honores de un héroe militar.
AMENAZAS DE OSIEL
La tarde del 9 de noviembre de 1999 una camioneta Ford Bronco blanca, con placas diplomáticas, pasó frente a la casa de Osiel Cárdenas Guillén, capo del llamado Cártel del Golfo, en Matamoros, Tamaulipas.
En su interior viajaban Joseph DuBois y Daniel Fuentes, agentes de la DEA y del FBI, junto con Juan Raúl Bermúdez Núñez, reportero de un medio local.
DuBois en ese entonces estaba adscrito la oficina de la agencia antidrogas en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey y Fuentes en la sede de su corporación en Houston.
Unas cuadras después, tres vehículos les dieron alcance y los cercaron; de pronto, se vieron rodeados por 15 hombres armados con rifles de asalto AK-47 y R-15.
El reportero que aquella tarde estaba con los estadounidenses, en su momento declaró a la FGR que tenía contacto directo con Osiel desde 1998.
Por eso, cuando el capo descendió de una Jeep Cherokee blanca y se acercó a la camioneta de los estadounidenses, sólo les exigió una sola cosa: que le entregaran a su «informante».
Los agentes se negaron y el capo les respondió que no tenían alternativa, que de todas formas iban a morir.
«Ahora no te importa, pero mañana, pasado mañana y el resto de tu vida, te arrepentirás de cualquier estupidez que hagas ahora. Te vas a ganar 300 mil enemigos. Piénsalo bien, hombre. No hay forma de que puedas esconderte en ningún sitio. Van a venir a buscarte», le advirtió DuBois, según una entrevista que ofreció al Houston Chronicle, el 15 de marzo de 2010.
«¡Dales piso a esos cabrones!», gritaba Rogelio García, «El Roger», uno de los principales mandos de la organización, según el testimonio rendido ante la FGR por Bermúdez, quien se convirtió en el testigo protegido «José Luis».
DuBois también le advirtió a Osiel que si daba un paso en falso, su horizonte podía ser el mismo que el de los implicados en el asesinato de su compañero de filas Enrique Camarena, en 1985, contra quienes la DEA desató una persecución implacable.
A pesar de la exigencia de sus hombres, ese fue el momento en que Osiel decidió dar marcha atrás. Se retrajo y les gritó a los agentes que se largaran de Matamoros.
Cárdenas no tenía mucho de haberse convertido en el líder máximo del Cártel del Golfo; apenas en 1998 había demostrado su audacia y poder corruptor, al escapar de una casa de arraigo de la FGR en Jardines de Coyoacán, en la Ciudad de México.
El incidente con los agentes, sin embargo, se convirtió en una afrenta personal para las agencias estadounidenses que acortó su reinado criminal.
Sólo cuatro años después, el 14 de marzo de 2003, el capo fue capturado en Matamoros por el Ejército. Para ese entonces, ya habían caído en prisión un General, militares y policías acusados de complicidad con el traficante. Sus principales operadores habían caído antes que él.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, reconoció a DuBois y Fuentes por su «heroísmo excepcional».
LA CAÍDA DE LOS ZETAS
Cuando Los Zetas ya habían consolidado su poderío en casi una veintena de estados de la República, cometieron un error que significaría el principio del fin de la organización criminal, la más disruptiva de las últimas décadas.
El 15 de febrero de 2011 un grupo de sicarios del grupo delictivo abrió fuego contra una camioneta con placas diplomáticas, sobre la Carretera federal 57, en San Luis Potosí.
En el vehículo iban Jaime Zapata y Víctor Ávila, agentes de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE). Viajaban de Laredo, Texas, a la Ciudad de México. Zapata murió antes de llegar a un hospital y Ávila resultó herido.
Fue cuestión de horas para que Washington emitiera una advertencia. «Que no quede duda: cualquier acto de violencia contra nuestro personal del ICE, o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna, es un ataque contra todos aquellos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad», dijo Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Un día después del crimen, el Procurador General Eric Holder anunció la creación de un grupo especial para localizar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.
«Debemos -y lo haremos- erradicar esa escoria que le quitó la vida», prometió Holder.
Julián Zapata Espinoza, «El Piolín»
Los Zetas nacieron a fines de los años 90 como una guardia de ex militares al servicio de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, pero tras la captura del capo en 2003 el grupo empezó a adquirir autonomía y no hizo más que expandirse a base del terror y violencia indiscriminada, con un modelo de negocios basado en la diversificación de sus ingresos ilegales.
No eran sólo traficantes de droga, lograron centralizar el control sobre grupos de delincuencia común y todo giro ilegal a su alcance, incluidos el contrabando de mercancías, armas, prostitución, trata de personas, extorsión y robo de combustibles.
Lo ocurrido en la Carretera 57 inmediatamente lo dimensionaron los líderes de la organización.
El sicario Armando Francisco González, «El Ojitos», declaró a la FGR que desde el momento en que empezó a circular la noticia, los capos de Los Zetas intercambiaron comunicaciones para definir cómo responder a la situación.
Cuando ya tenían claro que el asesino había sido Julián Zapata Espinoza, «El Piolín», los mandos le ordenaron a Sergio Mora Cortés, «El Toto», su jefe inmediato, matarlo o entregarlo a las autoridades.
Mora optó por llamar a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí y el 23 de febrero de 2011 el Ejército capturó a «El Piolín» en una casa del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital potosina.
La detención sólo ocasionó un efecto dominó que resquebrajaría los cimientos de la estructura de los Zetas. Cinco días después «El Toto», quien había delatado a «El Piolín», sería detenido en Saltillo.
Jaime Zapata, agente de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE)
El ex militar Jesús Enrique Rejón Aguilar, «El Mamito», líder fundador de la organización y jefe de «El Toto», fue capturado el 4 de julio del mismo año en Atizapán, Estado de México. Así fueron cayendo más de 20 presuntos implicados en los hechos.
Por encima de «El Mamito» ya sólo había dos jefes: Heriberto Lazcano Lazcano, «El Lazca», y Miguel Treviño Morales, «El 40».
El 7 de octubre de 2012 Lazcano fue abatido por la Marina en Progreso, Coahuila, y el 15 de julio de 2013 las Fuerzas Especiales de la Armada capturaron a Treviño en Anáhuac, Nuevo León.
A partir de entonces, Los Zetas iniciaron un proceso de escisión y debilitamiento que los dejó reducidos a unas cuantas zonas de influencia en Tamaulipas.
Casi todos los detenidos por la muerte de Zapata fueron extraditados y hoy están sentenciados, varios de ellos a cadena perpetua.
Desde 2012, el ICE conmemora cada año el aniversario luctuoso de Jaime Zapata.
«En este aniversario triste, miramos en retrospectiva para lamentar la pérdida, pero también para recordar que fue un hombre valiente y honorable», indicó el ICE en el primer aniversario.
UN MONTAJE Y DOS HERIDOS DE LA CIA
El 24 de agosto de 2012 un grupo de agentes de la División de Seguridad Regional de Secretaría de Seguridad Pública Federaldisparó contra una camioneta Toyota Landcruiser con placas diplomáticas, en un paraje de Tres Marías, en Morelos.
A bordo del vehículo iban Chess Hoods Garner y Stan Dove Boss, agentes de la CIA, y Fabián Molino Yera, Capitán de Fragata de la Secretaría de Marina.
A pesar del blindaje de la unidad, Garner sufrió heridas de bala y esquirlas en el codo y antebrazo derechos; un balazo en el glúteo derecho, y moretones y heridas de esquirla en la zona derecha del abdomen, cadera y glúteo. Boss tuvo lesiones por esquirlas tanto en el hombro y la parte posterior del brazo y muslo derechos, como en la parte derecha del cráneo, que afectaron su lóbulo auricular con «desprendimiento de lobulillo» y exposición de cartílago.
Al menos en público, no hubo protestas del Departamento de Justicia ni de las agencias estadounidenses, las cuales habían mantenido durante los 12 años previos una relación muy estrecha con Genaro García Luna, el titular de la SSP.
Un total de 14 agentes de la Policía Federal fueron detenidos y arraigados por la FGR y más tarde encarcelados por los delitos de tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena.
El 2 de septiembre, apenas unos días después de los hechos, el entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, aseguró que los federales en realidad investigaban un secuestro que había ocurrido unas horas antes en la zona.
Exactamente un mes después de lo dicho por Cárdenas, la agencia de noticias AP dijo que un funcionario estadounidense -al que citó de manera anónima- le informó que había pruebas de que los policías agresores estaban coludidos con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Cuando los federales acudieron a la FGR, repitieron la versión que Cárdenas Palomino había comunicado a la prensa, es decir, que indagaban un secuestro -al parecer de un funcionario- y que dispararon para repeler una agresión.
El 18 de noviembre del mismo año la entonces subprocuradora de Control Regional de la FGR, Victoria Pacheco Jiménez, hizo pedazos esa versión y exhibió lo que, a su parecer, era un montaje y una operación de encubrimiento de la SSP.
La funcionaria reveló que, según los análisis periciales, los casquillos hallados en el lugar eran de armas de la Policía Federal, lo que dejaba en entredicho que los acusados hubiesen repelido un ataque de los agentes de la CIA y el Capitán.
También exhibió a los policías por haber declarado que iban uniformados y en patrullas balizadas el día de los hechos, ya que los videos de Capufe demostraron que estaban vestidos de civil y usaron vehículos particulares.
Con relación al secuestro, dijo que éste era investigado por la Procuraduría de Morelos y no por ellos.
Poco antes de ser llevados a prisión, dijo la subprocuradora, los policías entregaron una declaración por escrito a la PGR en la que admitieron haber mentido y falseado los hechos ante el Ministerio Público, por orden de sus mandos.
Esto derivó en 5 nuevas órdenes de aprehensión contra sus jefes inmediatos.
Pacheco Jiménez relató que dichos mandatos de captura los entregó a la SSP de García Luna para que los detuvieran, pero sólo capturaron al inspector general Juan Manuel Pacheco Salgado.
Los otros no fueron aprehendidos y, además, fueron avisados de la orden judicial, ya que enseguida presentaron amparos y lograron que un juez suspendiera la captura.
En el 2023 un total de 11 de los federales fueron absueltos, tras una década de litigio, y 3 continuaron presos por condenas de 16 años de cárcel.
A pesar de que hubo un castigo contra los directamente responsables y de que este incidente no escaló por la vía diplomática, un alto funcionario de la FGR de aquella época consideró que el intento de montaje ocasionó una molestia en algunos funcionarios estadounidenses y marcaría la suerte de García Luna.
Desde el 10 de diciembre de 2019, García Luna está preso en Nueva York y hoy litiga contra una condena de 38 años de prisión por narcotráfico.
Cárdenas Palomino, el superior jerárquico de los federales que hirieron a los agentes de la CIA, fue encarcelado en México el 5 de julio de 2021.
Él también está acusado en el mismo proceso de García Luna por proteger a traficantes de droga, entre ellos a los Beltrán Leyva.
