La propaganda oficial dice que los homicidios van a la baja. Lo que no especifican los boletínes optimistas de la 4T ,es que los homicidas siguen con agenda llena. La noche del viernes santo, en pleno cierre vacacional, un comando decidió aportar su propio espectáculo a la cartelera turística de Acapulco: un tiroteo en el restaurante Playa Ventura, en la comunidad de San Andrés Playa Encantada, zona rural de Barra Vieja. Resultado: cuatro muertos, tres de ellos mujeres, identificadas como Alejandra, Radacunti y José Inés
Los testigos —sí, esos que todavía se atreven a vivir en Guerrero— contaron cerca de 50 detonaciones. Los agresores llegaron en varios vehículos, descargaron, y se fueron sin prisa. A las nueve de la noche, la escena seguía sin ser intervenida: peritos, agentes y ministerios públicos quedaron literalmente varados en la entrada, esperando quién sabe qué orden divina para entrar.
Mientras tanto, en el otro extremo del puerto, la alcaldesa de Morena, Abelina López Rodríguez celebraba el Jolgorio Acapulqueño, una verbena oficial con cientos de asistentes, luces, música y discursos sobre la “reconstrucción social del tejido acapulqueño”. No es broma: la fiesta seguía mientras los cuerpos se enfriaban a unos kilómetros de distancia.
Pero tranquilos: las cifras dirán que no aumentaron los homicidios. Solo los balazos, el miedo y la costumbre. México vive su propio milagro estadístico de Semana Santa: los muertos se multiplican, pero desaparecen mágicamente de los informes federales.
Hay respuestas del poder que revelan mucho más que un desacuerdo técnico; la expresada por la Presidenta ante el pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no refleja la de un Estado herido por una verdad insoportable que decide corregirse; es la voz de un gobierno irritado porque alguien, desde fuera, se atreve a nombrar lo que se intenta administrar con lenguaje burocrático.
El Comité sostiene que hay indicios fundados de que en México se han cometido y se cometen desapariciones forzadas de forma sistemática, y por eso activa el procedimiento del artículo 34 para llevar la situación a la Asamblea General de la ONU.
La Presidenta responde rechazando el documento, negando su validez y sugiriendo que el problema está mal descrito o mal interpretado. Ahí empieza el verdadero escándalo; no en la existencia del informe, sino en la incapacidad del poder para dejarse interpelar por el dolor y discutir una categoría jurídica, una metodología, un universo de casos o el alcance técnico de una expresión tan grave como el crimen de lesa humanidad.
Resulta poco ético creer que una disputa terminológica altera la experiencia de las madres que escarban con sus propias manos y aprenden a reconocer fragmentos de ropa, de los padres y hermanos que viven años enteros en la frontera insoportable entre la esperanza y la náusea. Un solo desaparecido bastaría para quebrar la autosatisfacción de cualquier gobierno con un poco de conciencia. Un solo desaparecido tendría que detener la retórica, y suspender la propaganda, para imponer una actitud política de emergencia moral.
En México no hablamos de un caso. Hablamos de un registro que rebasa las 130 mil personas desaparecidas en un país en el que la ausencia se vuelve paisaje natural de miles de familias sujetas a una crueldad singular que el lenguaje administrativo no alcanza a tocar.
La muerte termina siempre con una vida y abre un duelo. La desaparición mutila incluso esa posibilidad pues la pena que emana de la desaparición es tan atroz, que hace que la muerte se perciba como un alivio.
La desaparición produce incertidumbre, angustia; es ontológicamente infinita, no caduca porque no hay una certeza que le ponga fina nada, es una herida abierta que no empezará a cicatrizar hasta no obtener una respuesta definitiva.
Ante la muerte, el hombre inicia un proceso de duelo que sana el alma, pero en la desaparición el duelo nunca comienza y nunca termina; es un duelo perpetuo que carcome el espíritu y deja a las familias atrapadas en un tiempo podrido, sin tumba, sin cuerpo, sin verdad, sin descanso. Cada mañana puede traer el milagro o el horror, cada llamada puede ser una pista o una nueva mentira, cada hallazgo en una fosa puede devolver un nombre o multiplicar el espanto; por eso la búsqueda se vuelve incansable, porque no hay descanso en la memoria de quien ignora el paradero del ser amado.
Por eso resulta tan ofensivo que desde el poder se responda con susceptibilidad institucional, como si el problema central fuera la reputación del gobierno y no el calvario interminable de quienes buscan.
La Presidenta dijo estar del lado de las víctimas. Ojalá así sea. Estar del lado de las víctimas exige algo más que pronunciar la frase correcta en la mañanera; exige aceptar que la desaparición forzada no se agota en la caricatura de un gobierno que secuestra directamente a sus opositores, el derecho internacional incluye también la aquiescencia, la tolerancia, la complicidad, la omisión estructural, la colusión de autoridades con redes criminales, la renuncia sostenida a investigar y a proteger. Precisamente ahí se vuelve incómodo el informe del Comité porque rompe la coartada favorita del poder mexicano: fingir que mientras el crimen organizado ejecuta y entierra, el Estado conserva una inocencia abstracta.
Esa ficción ya no resiste la realidad de fosas clandestinas, registros deficientes, cuerpos sin identificar y familias que hacen el trabajo que tendrían que hacer las instituciones.
Cada vez que el poder responde con orgullo herido en lugar de responder con duelo, búsqueda y verdad, vuelve a desaparecer a los desaparecidos. Si la Presidenta quiere estar del lado de las víctimas, tiene una oportunidad nítida y severa: Debe ser menos susceptible frente a la crítica internacional y crear más acciones que puedan tocarse con las manos, más presupuesto verificable para búsqueda e identificación, más protección real para colectivos y madres buscadoras, más fiscalías que investiguen en serio la colusión local, más verdad pública y menos administración del descrédito. Porque frente a una nación sembrada de ausencias, la primera obligación de un gobierno decente es reconocer que ningún cálculo político vale más que la suerte de una sola persona arrancada del mundo y de una sola familia condenada a vivir sin cuerpo, sin justicia y sin paz.
Con informacion: ELUNIVERSAL+/ IGNACIO MORALES LECHUGA/
La idea de que México cuenta con un ejército listo para la guerra suena bien en el discurso, pero no siempre resiste el contraste con la realidad. Esa es, justamente, la premisa que desarrolla la BBC en Mundo, al poner bajo la lupa la naturaleza, los límites y la función real de las Fuerzas Armadas mexicanas.
El punto no es menor: la BBC recuerda que la discusión sobre la capacidad militar del país no se sostiene solo en percepciones, sino en antecedentes concretos, como la compra de los aviones F-5 en 1982, episodio que sirve como punto de partida para entender una contradicción de fondo. En otras palabras, la BBC no plantea una simple crítica de coyuntura, sino una revisión incómoda sobre para qué fue diseñado realmente el aparato militar mexicano.
Para el análisis de la BBC, México tiene ejército, sí, pero eso no significa que tenga una fuerza diseñada para la guerra. La diferencia no es menor: una cosa es exhibir músculo en desfiles, ceremonias y comunicados con tono marcial, y otra muy distinta es construir una institución capaz de sostener combate real, con doctrina, equipo, entrenamiento y logística a la altura.
El problema, como suele ocurrir con ciertas apuestas militares en América Latina, es que el aparato se compró, pero la arquitectura estratégica para usarlo de manera decisiva nunca terminó de cuajar.
La nota de BBC Mundo apunta a una paradoja incómoda: se tiene una institución armada que inspira respeto, pero no necesariamente una máquina de guerra pensada para un conflicto de alta intensidad. Y ahí está la grieta que importa: entre la narrativa oficial de fortaleza y la realidad de capacidades limitadas, hay un abismo que ni el uniforme, ni el ceremonial, ni la retórica patriótica logran tapar.
Más que una fuerza preparada para librar guerras convencionales, el Ejército mexicano ha sido moldeado para otras funciones: control territorial, tareas de seguridad interior, apoyo a autoridades civiles y presencia institucional. Eso no lo hace irrelevante; lo vuelve, precisamente, una pieza útil para un Estado que prefiere administrarlo todo antes que admitir que no está diseñado para pelear una guerra de verdad.
La compra de los F-5 en 1982, envuelta en desfiles y fanfarria, sirve como metáfora perfecta: mucho gesto de potencia, poca evidencia de una estrategia integral de largo plazo. En otras palabras, el país adquirió símbolos de combate, no necesariamente una doctrina capaz de convertirlos en ventaja real.
Atados al pasado revolucionario
«México no tiene enemigos en el vecindario», explica Raúl Benítez-Manaut, un politólogo experto en Seguridad.
«Estados Unidos es demasiado grande y Guatemala demasiado chico, ninguno es una amenaza externa real, y por eso nunca hubo incentivo para construir capacidad letal convencional», asegura hablando de los países vecinos.
Según él, el 90% del arsenal militar mexicano fue comprado a Estados Unidos. Y Washington, asegura, siempre ha tenido una opinión sobre lo que debe o no tener su vecino del sur.
David Saucedo, un consultor en seguridad, añade: «Históricamente los distintos gobiernos quisieron tener un ejército débil para no repetir las historias de golpes de Estado del resto de América Latina».
«Siempre hubo, todavía la hay, una política de, por un lado, respaldarlos; y por el otro, acotarlos».
Pero tener una letalidad convencional limitada no ha impedido que el ejército tenga un espacio central en la vida social y política mexicana: es la institución con mejor aceptación en encuestas, pertenecer a la Marina es uno de los logros más deseados entre padres y madres; y en la calle, todos los días, se ven organilleros con traje militar que, entre admiración, hacen gala del canto patriotero.
Como tantas cosas en este país, mucho de este simbolismo se remonta a la Revolución, el proceso de guerras entre 1910 y 1917 que luego, en los 1920 y 1930, fundó al México moderno bajo las premisas del nacionalismo, la libertad y la justicia social.
«El ejército que se fue conformando a la par que el Estado moderno en las décadas siguientes (a la Revolución) no tuvo como motivación la defensa, sino más bien el control político y la consolidación del régimen que estuvo en el poder por 70 años», dice Erubiel Tirado, un abogado que dedicó su carrera académica al tema.
Pie de foto,La simbología revolucionaria sigue siendo un pilar del ejército mexicano.
Desde entonces, con momentos de más y menos presencia, los mexicanos se acostumbraron a algo inusual en otros países: que los militares, como la policía, hagan tareas de seguridad ciudadana.
En un siglo surgieron nuevas unidades y reformas, las mujeres ganaron protagonismo y los derechos humanos —aunque se violaron durante la persecución al comunismo de mediados de siglo y durante la guerra contra el narco— entraron a la lista de principios institucionales.
Pero los manuales de 1930 se siguen estudiando porque, dicen, los principios de la nación se mantienen. Mucho del legado revolucionario está vigente, así como esa tensión entre la letalidad limitada y el protagonismo sociopolítico.
Joel Trujillo, un antropólogo que ha estudiado a las Fuerzas Armadas a través de entrevistas con militares, propone una expresión cantinflesca para entender al ejército: «No es ni nuevo ni viejo, sino todo lo contrario. Es las dos cosas, anacrónico y moderno, y ninguna a la vez».
Luego explica: «Tienes al menos dos ejércitos; unos soldados poco profesionalizados, formados en 120 días, que dicen que ‘se quedaron en el piedróico’; y otro de militares de jerarquía, formados en colegios top, viajados, que se profesionalizan diariamente, que usan manuales editados el año pasado, influenciados por europeos».
En el ejército mexicano hay una desigualdad tan cruda y tan grande como la que hay en la sociedad.
Las violaciones a los derechos humanos, según la mayoría de expertos, se explican más por el desgaste de la tropa que por maldad o corrupción, que la hay.
Los oficiales mexicanos tienen la costumbre de ponerse pasamontañas, de taparse la cara, cuando patrullan las calles. Lo que parece una medida intimidatoria es, en realidad, según declaraciones de oficiales por diferentes casos, una forma de protegerse ante la amenaza del narco, que los puede identificar y perseguir individualmente.
Entonces: ¿está este ejército mexicano —ni viejo ni nuevo, ni fuerte ni débil— en condición de librar una nueva guerra contra el narco?
Pie de foto,Sheinbaum redobló la apuesta en contra del narco de la mano de los militares.
El narcotráfico, la guerra contemporánea
En 2006 el presidente Felipe Calderón, en alianza con Estados Unidos, ordenó la versión más agresiva de la lucha contra el narco. Se lanzó un despliegue en Michoacán, uno de los estados más afectados. Se aumentó el gasto en Defensa. Se compraron aeronaves Hércules, helicópteros Cougar, equipo de espionaje y vehículos blindados —aunque no cazas supersónicos ni tanques.
Se militarizó aún más la seguridad ciudadana, y el resultado fue un aumento de los homicidios del 200%, una crisis de derechos humanos, el surgimiento de grupos paramilitares, corrupción y la fragmentación de los carteles, promoviendo luchas internas.
«Los militares pusieron la cara y también pusieron los muertos, mientras la clase política, donde siempre estuvo el problema, evadió cualquier reforma o investigación», dice Benítez-Manaut.
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, llegó al poder en 2018 con una receta distinta: mientras se resuelven las causas de la violencia, como la pobreza o la exclusión, planteó negociar con los carteles para evitar la violencia, bajo la idea pragmática de que su existencia es irreversible. Llamó la política «abrazos, no balazos».
Y el resultado fue más o menos el mismo de antes: los homicidios siguieron aumentando y los carteles se expandieron, diversificaron y fortalecieron.
Con AMLO, los militares pasaron a gestionar grandes obras de infraestructura del Estado, como la construcción y gestión de aeropuertos, carreteras y puertos, para aprovechar su disciplina y capacidad organizativa.
En 2024, el gasto militar aumentó 39%, pero la mayor parte de esos recursos, en palabras de Saucedo, «no fueron para armarse ni reclutar, sino para infraestructura».
Ese mismo año llegó al poder Claudia Sheinbaum, aliada de AMLO, y en enero de 2025 llegó Donald Trump con el objetivo ávido de presionar a México en todos los frentes: migración, drogas, seguridad, comercio.
Sheinbaum, aunque dice mantener el principio obradorista de «atender las causas de la violencia», le dio una vuelta a la estrategia: nombró al expolicía Omar García Harfuch al frente de la Seguridad, empoderó a la Guardia Nacional —una polémica policía militar creada por AMLO— y apostó fuerte por la inteligencia —la misma que, con ayuda de EE.UU., permitió la baja de «El Mencho».
Se espera que entre 2026 y 2027, por primera vez en siete años, aumente el presupuesto para equipamiento militar.
La lectura incómoda: el país no tiene una fuerza armada torpe por accidente, sino una fuerza armada adaptada a las prioridades políticas de su tiempo. Y cuando eso ocurre, el uniforme suele cubrir mejor las carencias que resolverlas.
***La BBC es la British Broadcasting Corporation, una radiodifusora pública británica con sede en Londres, considerada una de las organizaciones de noticias y medios más grandes e influyentes del mundo. BBC News funciona como su división informativa y produce cobertura de noticias del Reino Unido y del mundo
En el municipio modelo de la “transformación”, Santa Catarina, gobernado por el ahora Morenista Jesus Nava, la película arranca con su clásico plano general: patrulla 280, placas RMY-507-C, parqueada como si fuera caseta de cobro privada. En pantalla, unos tránsitos con cara de “funcionarios del cambio verdadero” detienen a un trailero. No tiene carga, pero eso no importa: los nuevos peajes ya no dependen del peso, sino del billete.
El guion se acelera cuando los protagonistas le “ganchan” la unidad con una grúa azul —símbolo del progreso municipal— mientras el comandante José María Ramírez Reyes dirige la orquesta de moches desde su Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. Corte a: el chofer, confundido, hace llamadas, y uno de los uniformados le marca la ruta con señas: “Ve al cajero BBVA, compañero, que la mordida ya se volvió transferencia formal.”
ACTO II: El Cajero de la Esperanza
Plano seguimiento: el tráiler avanza, no como fugitivo, sino “escoltado” por su verdugo. Tránsito y víctima se mueven en sincronía perfecta, escolta de honor rumbo al BBVA de La Puerta. Ahí, el protagonista baja, se asoma al cajero, realiza su retiro y —sin crédito fiscal— cumple con su parte del contrato tácito.
El oficial, sentado en el asiento del copiloto, estira la mano. Toma el fajo de billetes con la solemnidad de quien recibe un reconocimiento de la Caintra. Minutos después, milagro burocrático: los documentos retenidos son devueltos y el trailero vuelve a su camino, libre pero con la dignidad embargada.
ACTO III: La Asamblea de los Ilusos
Corte a escena institucional: Caintra, Coparmex, y Canaco denunciando —una vez más— lo que todos saben y nadie toca. Nueve de cada diez extorsiones, aseguran, provienen de “autoridades municipales”. Narrador omnisciente: “En Monterrey, la corrupción se mide en mordidas por kilómetro.”
En la 82 Asamblea Anual, frente a Claudia Sheinbaum y Samuel García, Jorge Santos Reyna expresa “preocupación creciente”. El público aplaude la valentía verbal. Fin de la escena. Nadie se levanta a detener a los actores secundarios, porque en México los villanos también cobran quincena y los héroes hacen ruedas de prensa.
La cámara se aleja del retén, el tráiler vuelve a circular, y el municipio sigue proyectando su misma función a diario: “Extorsión en marcha. Entrada libre. Salida, con cuota.”
Américo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena en Tamaulipas por muy poco tiempo mas, para fortuna de gobernados, encabeza algo más que un árbol genealógico: un consorcio familiar de cargos públicos que calza casi a la perfección con la definición legal de nepotismo, y políticamente lo hunde hasta el cuello en corrupción.
La familia como nómina
La imagen que circula en redes sociales y que precisamente por eso no le gustan ,porque nunca sale del enredo, retrata un “gobierno” donde los apellidos valen más que los concursos de mérito. Ahí aparecen, entre otros:
Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico,saldo de la oración de Jesus Nader al PAN.
Américo Villarreal Santiago, hijo trampa del gobernador,flamante Delegado federal de Bienestar en Coahuila.
Dámaso Anaya Alvarado, detenido en 2022 en plena compra de votos, ahora ector de la UAT en medio de escándalos.
Otros parientes políticos insertados en áreas estratégicas (DIF, Profeco, obra pública), todos orbitando al gobernador y ni se diga su sobrino Roberto García Pedraza encargado e acopiar el soborno del trafico de Huachicol desde la Dirección de Comercio Exterior.
Y ni que decir de Pedro Cepeda Anaya,que desde la Secretaria de Obras pUblicas ha entregado contratos al narco.
No es una suma de casualidades: es un sistema de lealtades de sangre que transforma el presupuesto en herencia anticipada.
Qué dice la ley (y por qué los alcanza)
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que comete nepotismo el servidor público que, usando sus facultades, designe, nombre o intervenga para que se contrate a familiares por consanguinidad hasta cuarto grado o afinidad hasta segundo grado, o cónyuges y concubinas.
El artículo 63 Bis —tal como se ha propuesto endurecerlo— deja claro que la falta existe incluso si el gobernante maniobra “indirectamente” o por interpósita persona para colocar a los parientes en cualquier dependencia dentro del territorio donde ejerce influencia.
Traducido: aunque Américo no firme todos los nombramientos, si su poder político o el de su esposa son la llave que abre las puertas para sus hijos, hermanas, primos o yernos, jurídicamente cae en el supuesto de nepotismo y en un claro conflicto de interés.
Y recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción clasifica el nepotismo como falta administrativa grave, con posibles sanciones que van desde inhabilitación hasta responsabilidades resarcitorias y, en ciertos casos, consecuencias penales asociadas.
Significados y responsabilidad del gobernador
El mensaje político es brutal: el Estado de derecho se subordina al Estado de familia.
Cuando el gobernador convierte el aparato público en agencia de colocaciones del clan Villarreal, viola el principio de imparcialidad y la obligación de servir al interés general, no al árbol genealógico.
La responsabilidad es extensiva y no simbólica:
Porque sin la figura del gobernador ningún pariente llegaría a tales posiciones con ese ritmo y esa concentración.
Porque la línea jerárquica termina en él, y la ley le exige prevenir, denunciar y corregir los conflictos de interés, no apadrinarlos.
En términos de control político, cada nombramiento familiar es un candado de impunidad: si el que te debe el puesto es tu pariente y tu jefe al mismo tiempo, la rendición de cuentas se disuelve en la sobremesa.
Analogías y orígenes históricos
El fenómeno no es nuevo: venimos de una tradición priista donde las gubernaturas eran franquicias familiares, y Tamaulipas conoce bien esa historia con la saga Villarreal desde los años ochenta.
Lo que hoy vende Morena como “cuarta transformación” en realidad parece la “segunda temporada” del feudo familiar, sólo que con otro logo en la boleta.
Históricamente, el nepotismo fue el lubricante de los viejos cacicazgos: en la Colonia el virrey colocaba a parientes; en el siglo XX el gobernador fabricaba diputados, alcaldes y rectores de la misma sangre.
La diferencia es que entonces nadie presumía un Sistema Nacional Anticorrupción ni una Ley de Responsabilidades; hoy, el discurso es republicano pero la práctica es monárquica.
Si usamos una analogía clínica: Tamaulipas no tiene un gobierno, tiene una clínica privada donde el doctor Américo receta plazas a parientes como si fueran antibióticos.
Y cada nuevo nombramiento consanguíneo es otra dosis que vuelve resistente al sistema frente a cualquier intento de transparencia.
Decir que “no hay nepotismo” porque algunos familiares están en otro estado o en otra dependencia es como sostener que un capo no manda porque ya no firma las ejecuciones: el poder se ejerce por influencia, no sólo por rúbrica.
Cuando el yerno, la hermana, el hijo y el primo aparecen una y otra vez en el organigrama, el gobierno deja de ser administración pública para convertirse en acta de matrimonio entre presupuesto y apellido.
La ironía final es que el partido que llegó prometiendo desterrar los privilegios terminó instalando un modelo de “Monarquía de la Esperanza”: la esperanza de que si naces Villarreal, el cargo te espera.
Frente a eso, el mínimo ético y jurídico es llamar las cosas por su nombre: red de nepotismo, conflicto de interés estructural y responsabilidad directa del gobernador Américo Villarreal Anaya conforme al estándar que la propia ley federal fijó para sancionar estas prácticas.
La tragedia en el bachillerato de Lázaro Cárdenas, en Michoacán (occidente de México), donde un adolescente de 15 años mató a dos profesoras, ofrece nuevas claves para entender el horror del pasado 24 de marzo. La Fiscalía estatal dio a conocer ayer jueves nuevos materiales de la investigación contra Osmel H., el alumno que atacó a dos maestras con un rifle semiautomático con el que había posado en sus redes sociales la noche anterior.
Nuevos vídeos de seguridad de la escuela han dado respuesta a una de las preguntas que aún quedaban en el aire: ¿Cómo fue detenido el atacante después de su crimen? Fueron otros estudiantes del colegio Antón Makárenko quienes desarmaron a su compañero y lo entregaron a la policía.
El adolescente no fue “neutralizado” por un gran operativo ni por una hazaña policiaca, sino por sus propios compañeros, que lo desarmaron dentro del baño y lo entregaron a las autoridades. La versión oficial quedó afinada con video de seguridad y ahora el expediente pinta menos épica la escena y más brutal la realidad: los estudiantes hicieron lo que el Estado llegó tarde a hacer .
Lo que realmente pasó
Después de matar a dos profesoras en la entrada del bachillerato Lázaro Cárdenas, en Michoacán, el joven de 15 años se escondió en el baño. Ahí, otros alumnos lo sometieron, le quitaron el arma y lo sacaron de la escuela para entregarlo a la policía .
La pieza incómoda
La Fiscalía también corrigió otra parte del relato: el arma no era un fusil “normal”, sino una hechiza armada con piezas de distintos rifles, aunque de calibre R-15 . Eso abre más preguntas que respuestas sobre cómo llegó a sus manos y por qué pudo aparecer con ella posando en redes la noche anterior al ataque .
Lo que sigue faltando
Lo que sigue sin aparecer es el celular del agresor, una pieza clave para reconstruir motivaciones, contactos y posible planeación del tiroteo . Sin ese aparato, la investigación sigue teniendo un agujero útil para cualquier defensa, y muy incómodo para cualquier fiscalía que quiera vender certeza .
En limpio: el drama no terminó por la intervención impecable de la autoridad, sino porque varios estudiantes hicieron el trabajo de contención que nadie más hizo a tiempo . Y mientras eso se esclarece, el expediente ya deja ver lo esencial: hubo un ataque, hubo una omisión previa, hubo un arma improvisada y todavía falta la pieza que podría explicar el porqué .
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ JUAN CARLOS ESPINOSA
Irving Barrios Mojica no es un “abogado cualquiera”, era el pequeño García Luna de Cabeza de Vaca, como lo conceptuó catedrática especialista en crimianles organizados; es el tipo que se dedicó a forjar una Fiscalía de ordenanzas, de anillos de seguridad y de ruedas de prensa bien coreografiadas mientras al servicio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) ,para que el verdadero trabajo de la justicia se fuera pudriendo en los calabozos.
Bajo su mando, lo mismo con el CDV que con Americo Villarreal ,con quien contra todo pronostico logró intimar, muy pese de haber intentado meterlo al tambo,lo que hubiera sido su unico arresto legítimo, la Fiscalía de Tamaulipas se convirtió en un taller de montajes: se armaban expedientes, se escogían culpables, se operaban políticamente los casos y se dejaba que el “alma” del crimen organizado siguiera respirando tranquila, el sello de la PGR donde hizo sus pininos,aunque se graduó en Tamaulipas.
El propio Felipe Martínez Chávez ,que resulta ser una excelente pluma cuando no se trata de hablar de «Don Americo y su pudrición humanista,lo cristaliza en su columna “Fiscalía, lodos de aquellos polvos”: en la Fiscalía de Irving Barrios Mojica se confeccionaron expedientes, se protegieron intereses, se manejaron tiempos y se dignificó el concepto de “protección selectiva”. Aquí no hubo reforma, hubo maquillaje: se vendió una modernización de la Fiscalía mientras el modus operandi se quedaba en el viejo manual de la corrupción, el complicidad y el chantaje.
Jesús Eduardo Govea: el nuevo inquilino de la mugre
Ahora entra en escena Jesús Eduardo Govea Orozco, quien asume la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas con una currícula tan pesada que cualquiera pondría en duda que lo contrataron como “restaurador institucional” y no como refuerzo de la vieja escuela.
Según el reportaje de Fátima Monterrosa para Televisa, Govea lleva encima más de 20 años de investigación por corrupción y vínculos con el crimen organizado, y eso no es nota de color: es parte de su identidad profesional.
El episodio clave fue la detención de Rogelio González Pizaña, alias “El Kelín” o Z2, operador del Cartel del Golfo en Matamoros: Govea, entonces agente del Ministerio Público, aparece implicado en un canje de detenidos para liberar a un cabecilla del narco.
La Marina detiene a “El Kelín”, se lo llevan a la PGR y luego se descubre que lo sustituyeron por otro detenido, con caras tapadas, camisetas y toda la puesta en escena digna de película de bajo presupuesto.
Por eso mismo la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada abrió la averiguación previa PGR‑UEDO‑031‑02 y el juez federal lo interna siete meses en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez… sin que jamás haya sido absuelto.
La catadura de Barrios Mojica explicada con lógica criminal
Irving Barrios Mojica no “dejó” la Fiscalía sucia por descuido; la dejó así porque esa era la versión funcional para el sistema político que sostenía: el fiscal fuerte que se ve y que se vende, pero que en el fondo autoriza la continuidad de la estructura de rendimiento, la cual, en Tamaulipas, siempre ha sido una mezcla de narco, política y servidores públicos.
Durante sus nueve años, la Fiscalía fue un instrumento de control, no de justicia: se utilizó para mandar mensajes, para presionar y para cerrar casos, no para cerrarlen los ríos de sangre.
El concepto de “lodos de aquellos polvos” que retoma Martínez Chávez no es poético: es clínico. Señala que lo que hoy huele en la Fiscalía no es un problema nuevo, sino la misma materia orgánica que se cultivó durante la era Barrios Mojica: denuncias cuidadosamente seleccionadas, procesos que se desvanecen, gente que desaparece y otras que, mágicamente, se va a sentar en la silla de control.
La incapacidad de Govea para desinfectar la Fiscalía
Don Eduardo Govea no ha podido “desinfectar” la Fiscalía, porque su propio pasado es un desinfectante de marca universal: cuando el epidemiólogo tiene SIDA, no puedes confiar en que va a limpiar el hospital.
El texto de Opinión Pública deja en claro que, en la Fiscalía General de Tamaulipas, “quedan lodos de aquellos polvos”: el esquema de protección, la complicidad silenciosa y la impunidad programada siguen operando, aunque el letrero haya cambiado de Barrios Mojica a Govea.
La incapacidad de Govea no es solo técnica, es moral: llega desde un expediente de vínculo con el Cartel del Golfo, desde un proceso federal nunca cerrado, desde siete meses en máxima seguridad sin absolución y sin reparación.
Eso no es “bagaje”, es ADN institucional. Y cuando un fiscal con esa historia asume el cargo bajo un gobierno donde su gobernador es manchado por la sospecha, pero mas por la evidencia que lo aguarda del otro lado del Río donde nuca guardan nada, la única lectura que le queda al ciudadano es que el discurso de la reforma es sólo maquillaje para el mismo esquema carcomido.
El círculo perfecto: manchados que se sienten cómodos entre manchados
Américo Villarreal Anaya, al proponer a Govea, no hizo un ejercicio de renovación, sino un acto de continuidad por vía de contraste: el hombre que se fue (Barrios Mojica) construyó un castillo de mentiras y el que llega (Govea) llega con su propio historial criminal, con la experiencia de haber jugado en el mismo equipo oscuro.
Así, el nuevo fiscal no se topa con un “desafío” al entrar: entra a casa, se sienta en el sofá del mal y se siente, como quien dice, “en familia”.
Todo el tinglado se sostiene con tres claves:
La Fiscalía como armadura política.
El fiscal como títere y como beneficiario de la red de poder.
Y el ciudadano como fondo de pantalla, aplaudiendo o muriendo mientras se hacen montajes, ahora con sello de “nueva era”.
Si el lector quiere resumirlo en una frase de epígrafe: Irving Barrios Mojica le construyó el mausoleo a la imparcialidad; Jesús Eduardo Govea simplemente entró a vivir entre las tumbas, sin ni siquiera pedir perdón a los muertos.
Que dice «Jelipe» y lo dice bien:
En la Fiscalía General de Tamaulipas quedan lodos de aquellos polvos. Don Eduardo Govea Orozco no ha podido desinfectar la institución. Urge una limpieza de fondo porque sigue oliendo mal, a drenaje.
Algunos de los halcones que Irving se trajo de la FGR y Policía Federal de García Luna, compañeros suyos del “michoacanazo”, siguen respirando y contaminando el ambiente del nuevo Tamaulipas.
Uno de los últimos “lobitos” en irse es Esteban Constantino Velasco Salinas, Fiscal Especializado de Asuntos Internos, quien este lunes presentó renuncia ante los diputados al Congresos local, que se la aceptaron de inmediato y con mucho gusto.
Llegó con los chilangos en 2016 en calidad de visitador; en 2018 ya es Fiscal y en 2019 recibe el nombramiento Fiscal General Especializado.
Ese mismo día, en el recinto de sesiones del Congreso del Estado, rindió protesta como Fiscal en Asuntos Electorales otro panista, René Osiris Sánchez Rivas.
Egresado de la UNAM, Constantino fue de los más aventajados alumnos de Don Irving en el curso de nueve años. Por eso el rápido ascenso.
Y se fue -venció el término de seis años- la Contralora de la Fiscalía (Organo Interno de Control), Dámaris Rojas Lucio, otra de las amigas que trajo en 2016
Es su cuñada, hermana de la esposa Yadira Rojas Lucio, a quien nombró Directora de Unidad para la Protección de Personas que Intervienen en Procedimientos. Ambas cobraban en Fiscalía.
Yadira es titulada en Derecho por la Universidad del Estado de México. Su hermana por la UNAM. Llegaron en el paquete del garrote junto con otros 16 pupillos y pupilas del chilango.
Los diputados acordaron convocar para sustituir a la cuñada.
Parte del equipo que sembraron los cabecistas sigue ahí, los que utilizaron la Ley con dedicatoria y persecución como instrumento de justicia.
Sigue pegado el fuereño Natanael Isaí Castelán Iturría, Vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad, uno de los brazos derechos de Barrios. Es egresado de la Universidad Tecnológica de México.
Hay más, los Contreras, los Aguilar, Catalán Torres y otros forasteros que van para diez años en la institución pese a que cometieron actos de corrupción, en casos tan sonados como el asesinato del periodista Carlos Figueroa, en Nuevo Laredo, donde compraron testigos.
Sigue cobrando Elizabeth Almanza Avalos como Vicefiscal Ministerial. Arribó con los chilangos de la Policía Federal, FGR y de las fiscalías locales del Edomex y Michoacán.
La institución que debería investigar abusos y delitos, fue colonizada por amistades, parentescos y cuadros importados con antecedentes en la PGR y FGR y con episodios tan oscuros como el michoacanazo calderonista.
