Amnistía Internacional en su Informe de abril de 2026 llegó a arruinar la narrativa oficial con un dato incómodo: en 2025, las desapariciones aumentaron 10.5%. Traducido al idioma de la realidad mexicana: más gente se esfuma en un país donde desaparecer suele ser solo una antesala estadística de la muerte.
Pero en Palacio todo va bien. O al menos eso dicen las gráficas.
Porque mientras el gabinete presume reducciones en homicidios, hay una pregunta que nadie en el poder parece dispuesto a responder: ¿cuántos de esos “homicidios evitados” simplemente cambiaron de categoría y hoy engrosan la lista de los 133 mil 500 desaparecidos?
La aritmética del horror en México tiene truco: si no hay cuerpo, no hay crimen… oficialmente y Tamaulipas es subcampeón nacional.
Desaparecer no cuenta (hasta que aparece)
El informe 2026 de Amnistía no solo señala el aumento de desapariciones; también describe el deterioro sistemático de los mecanismos de protección y derechos humanos. Es decir, no es solo que desaparezca más gente, sino que al Estado cada vez le importa menos —o puede menos— encontrarlos.
Y mientras organismos internacionales activan alarmas como el artículo 34 del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU —una medida poco común—, la respuesta mexicana fue digna de manual negacionista:
La presidenta niega categóricamente las desapariciones forzadas.
El Senado pide sancionar al funcionario de la ONU por “especular”.
La CNDH asegura que no hay crisis.
Negar la realidad como política pública: si no existe, no incomoda.
Las buscadoras: el Estado ausente en versión femenina
En este vacío institucional, las que sí buscan —literalmente con las manos— son las familias, sobre todo mujeres organizadas en colectivos.
Ellas hacen el trabajo que el Estado evade:
Encuentran fosas clandestinas.
Recuperan restos humanos calcinados.
Enfrentan amenazas, extorsión y asesinatos.
Y aún así, según Amnistía, ni reconocimiento oficial reciben.
Mientras tanto, el país acumula otro dato brutal: al menos 72 mil 100 cuerpos sin identificar. Un cementerio burocrático que no estorba… porque no vota.
Más vigilancia, menos verdad
Como respuesta a la crisis, el Congreso optó por lo predecible: más control, no más justicia.
Las nuevas reformas:
Amplían la vigilancia estatal.
Introducen plataformas de identidad con datos biométricos.
Facilitan acceso a información confidencial, incluso a fuerzas armadas.
Pero no fortalecen fiscalías. No reducen la impunidad. No aceleran la identificación de cuerpos.
Es decir, más ojos sobre los ciudadanos… y menos respuestas para las víctimas.
Ayotzinapa: el símbolo que el poder quiere enterrar
A más de una década, el caso de los 43 normalistas sigue encapsulando el problema: fuerzas armadas negando información clave a las familias.
Verdad retenida, justicia diferida. Un clásico mexicano.
Periodismo en riesgo, país en negación
Amnistía también recuerda lo evidente: México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Lo cual no sorprende. En un país donde desaparecer personas se normaliza, desaparecer periodistas incómodos es apenas una extensión lógica del sistema.
El contexto global… y la cómoda distracción
El informe coloca a México junto a Venezuela, Nicaragua y El Salvador como focos de preocupación en América. Pero también amplía la mirada: habla de un mundo dominado por líderes “depredadores” como Trump, Putin y Netanyahu.
Un diagnóstico útil… y también funcional.
Porque en medio del caos global, siempre es más fácil diluir responsabilidades internas.
La cifra que no cuadra
Al final, el dato clave no es el aumento de 10.5% en desapariciones.
Es la contradicción estructural:
Menos homicidios en el discurso.
Más desaparecidos en la realidad.
Y en México, desaparecer no es desaparecer: es morir sin estorbar en las estadísticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se rasga las vestiduras por un operativo panista con agentes de EE.UU. en Chihuahua, pero no por los cuatro cadáveres en la barranca: por la “violación” de una ley ,que si somos rigurosos, su propio gobierno pisa todos los días cuando el estratega federal Omar García Harfuch, desfila por Washington con la DEA, el FBI y la CIA,sin cumplir lo que mandata a la letra la Ley de Seguridad Nacional en Mexico,una ley retrogradapromulgada por Andres Manuel Lopez Obrador para enmascarar la descarada protección al crimen organizado que dejo 202 mil muertos, con soberanía.
En Chihuahua: luto selectivo, soberanía sobreactuada
Según el propio gobierno, el accidente en Chihuahua ocurrió cuando dos instructores de la embajada de Estados Unidos y dos agentes estatales regresaban de un operativo para destruir narcolaboratorios, y el vehículo se fue al barranco; no hubo enfrentamiento, no fue “Rápido y Furioso 2”, fue una tragedia de carretera en un contexto de cooperación antidrogas que lleva décadas y que se debe agradecer,no fustigar.
Pero la Presidenta no arrancó ayer preguntando qué carajos pasó con la planeación, seguridad del convoy, responsabilidad de mandos, protocolos de riesgo o apoyo a las familias; arrancó marcando distancia: “no estábamos enterados”, “no es nuestro gobierno, es un gobierno estatal” y deslizando la idea de que en realidad la bronca es que allá, en el feudo panista, se juntan con gringos sin permiso de Palacio.
Es la ecuación perfecta del cinismo: si los muertos caen bajo tu mando, son “daños colaterales de la transformación”; si caen en un estado opositor, son evidencia de “injerencia extranjera” y “operativos ilegales” que tú, pobrecita víctima de los gobernadores, “ni sabías” que existían.
La ley que Sheinbaum invoca… y que Harfuch ya cruzó varias veces
El Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, metido en 2020, no es poesía patriótica: es un manual de cómo se debe manejar la cooperación con agentes extranjeros, con reloj en la mano y testigo en la sala.
Punto por punto:
Artículo 69: los agentes extranjeros solo pueden entrar para intercambio de información, en el marco de convenios bilaterales, y su acreditación y circunscripción territorial la define la SRE, previa coordinación con Seguridad, Sedena y Marina.
Artículo 70: cualquier servidor público, federal o local, que trate con agentes extranjeros debe apegarse a la ley y a los lineamientos; si no lo hace, incurre en responsabilidad administrativa o penal. Debe entregar, en máximo tres días, informe por escrito de reuniones, llamadas o intercambio de información con agentes extranjeros a SRE y Seguridad, y las reuniones deben ser autorizadas previamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, con un representante de SRE presente.
Artículos 71 a 73: los agentes extranjeros no pueden ejercer funciones reservadas a autoridades mexicanas, no tienen inmunidad si cometen delitos y México debe supervisar permanentemente que cumplan; si violan la norma, se pide su retiro y se les aplican las sanciones correspondientes.
Ahora saltemos a la realidad presidencial: Sheinbaum presume, sin rubor, que su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anda “en representación del Gabinete de Seguridad” reuniéndose en Washington con el director de la DEA y otras agencias estadounidenses, en una serie de encuentros sobre cooperación, intercambio de inteligencia, lucha contra el narcotráfico y tráfico de armas.
Y no es la primera vez que el personaje se sienta con la élite de la inteligencia gringa: se han revelado reuniones con la CIA, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y otros organismos para “profundizar la colaboración contra los cárteles mexicanos”.
Algo que nos parece excelente, pues si Mexico se decide a quitarse las lagañas y voluntad con la fuerza se le suma la inteligencia del otro lado del río o la valla,criminales estaran en graves aprietos como ya se ha advertido, pues la mayoría de los logros de «Batman» han sido made in USA y que el Idolo de barro ha aprovechado mediaticamente para ensalzar.
Preguntas incómodas que la narrativa oficial jamás contesta:
¿Esas reuniones de Harfuch estaban autorizadas caso por caso por el famoso Grupo de Alto Nivel de Seguridad que la misma ley exige?
¿Hubo representante de la SRE presente en cada encuentro, como ordena el artículo 70, o Harfuch se paseó solo por los pasillos de Langley y la DEA, a base de foto y comunicado?
¿Se entregaron, dentro de los tres días posteriores, informes por escrito a SRE y Seguridad de cada reunión, llamada o intercambio de información con esas agencias, como manda la ley, o todo se resolvió con un hilo en X y una mañanera?
Si la Presidenta quisiera aplicar a rajatabla la Ley de Seguridad Nacional como ahora finge en Chihuahua, tendría que empezar por revisar el expediente de su propio secretario estrella y sus vínculos con las agencias estadounidenses; si esos informes no existen, si esas autorizaciones no están documentadas, el primer violador de la ley que presume estaría en su gabinete, no en el gobierno panista que hoy le sirve de piñata.
Doble rasero con bandera: cooperación cuando yo la manejo, “injerencia” si me conviene
La postura pública queda así:
Situación
Narrativa presidencial
Marco legal que dicen defender
Cómo se ve en los hechos
Operativo con agentes de EE.UU. en Chihuahua, bajo un gobierno panista
“No sabíamos”, “no es nuestro gobierno”, se sugiere que hay violación de reglas y se cuestiona la presencia de estadounidenses, se va directo al tema de soberanía más que al luto.
Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, cooperación regulada, autorizaciones, informes, supervisión de agentes extranjeros.
Se usa la norma como garrote político contra un estado opositor, sin presentar una sola evidencia concreta de que se haya violado un artículo específico, más allá del escándalo.
Gira de Harfuch por Washington con DEA, CIA, etc., bajo gobierno de Sheinbaum
“Es parte de la colaboración, siempre con respeto a nuestra soberanía”, se presume la cooperación y se vende como logro de seguridad y firmeza frente a EE.UU.
Misma ley, mismos artículos 69 y 70: autorizaciones previas, informes escritos, supervisión, presencia de SRE.
No se transparenta ni una sola acta del Grupo de Alto Nivel, ni informes entregados en tres días, ni se explica cómo se asegura que los agentes extranjeros se ajustan a las limitaciones de la ley. Todo queda en fotos y declaraciones triunfalistas.
La hipocresía es quirúrgica:
Cuando el operativo se hace bajo tu paraguas, la cooperación es “estrategia bilateral responsable” y símbolo de soberanía bien entendida.
Cuando ocurre bajo un gobernador panista y termina en muerte de estadounidenses, la cooperación súbitamente se vuelve sospechosa, “no autorizada” y casi una traición a la patria, aunque se haya hecho en esquemas muy similares a los que tú misma impulsas.
El mensaje al público es claro: la ley no sirve para establecer límites objetivos a la injerencia extranjera, sino como herramienta de propaganda; el pecado no es cooperar con Estados Unidos, sino hacerlo sin pedirle permiso político a la Presidencia en turno.
La omisión más obscena: los muertos como pretexto, no como centro
En toda la construcción del discurso presidencial, el luto es accesorio: las víctimas se mencionan apenas para enmarcar el pleito burocrático y el regaño público al gobierno estatal.
No vemos a la Presidenta exigir una investigación integral sobre:
La cadena de mando que autorizó el operativo.
La evaluación de riesgos en una zona conocida por presencia criminal.
Los protocolos de movilidad nocturna y el uso de rutas de alto peligro.
La responsabilidad de los mandos federales que, se supone, supervisan a los agentes extranjeros en cada operación, según el articulado de la ley.
Lo que sí vemos es a Sheinbaum convertir los cuerpos en argumento para exigir explicaciones políticas, no técnicas; para marcar territorio frente a estados gobernados por la oposición; y para sostener su discurso de “no subordinación” frente a Estados Unidos mientras su secretario viaja a arreglar la “cooperación” en Washington y un reconocido agente de EE.UU con experiencia en Mexico, la exhibe como mentirosa.
Si de verdad le preocupara la soberanía, aplicaría el artículo 74: cuando un gobierno extranjero incita o promueve ilícitos como privaciones ilegales de la libertad o sustracción de personas para llevarlas a juicio en otro Estado, México debe suspender los convenios de cooperación y prohibir actividades de agentes extranjeros en territorio nacional.
¿Ha amenazado jamás con suspender la cooperación cuando la DEA, el FBI o ICE cruzan la línea, o solo cuando le conviene pegarle a un gobernador incómodo?.
Si vamos a citar la ley, empieza por limpiarla en casa
El reproche no es menor: una Presidenta que convierte una tragedia en Chihuahua en monólogo sobre violaciones legales ajenas, mientras mantiene a Harfuch como rostro de la “colaboración bilateral”, no está defendiendo la ley, la está usando como escenografía.
Si la Ley de Seguridad Nacional se tomara en serio, habría:
Auditoría pública de todas las reuniones del gabinete de seguridad con agentes extranjeros desde 2020, con fechas, participantes, autorizaciones del Grupo de Alto Nivel y los informes entregados a SRE y SSPC en los tres días siguientes.
Revisión de responsabilidad administrativa o penal de cualquier funcionario, federal o local, que no haya cumplido esos requisitos, empezando por el círculo cercano de la propia Presidenta.
Una política de duelo y reparación para las familias de los agentes muertos (mexicanos y estadounidenses) que no dependa de si el gobernador es de Morena o del PAN.
Mientras nada de eso ocurra, cada vez que Sheinbaum invoque la “soberanía” y la “legalidad” para reclamarle a un gobierno panista por cooperar con Estados Unidos, el eco que se escucha es el del viejo nacionalismo de utilería: gritar contra la injerencia mientras se negocia en lo oscurito, llorar por la ley ajena mientras se le pasa por encima en casa, y usar a los muertos como telón de fondo para seguir administrando la misma colaboración que, en público, se finge cuestionar.
En Teotihuacán, donde el Estado presume patrimonio milenario pero no logra garantizar lo básico —la seguridad—, la postal turística se convirtió en escena de crisis. Las autoridades ya pusieron nombre y nacionalidad a las 13 personas lesionadas en el tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, un episodio que expone, otra vez, la fragilidad del control institucional incluso en zonas de alta vigilancia simbólica.
Entre las víctimas hay dos menores: Gerónimo González, colombiano de apenas 6 años, con impactos en tibia y peroné, y Leticia Mondea, brasileña de 13, quien logró trasladarse posteriormente a la Ciudad de México. La escena no distingue pasaportes ni edades: el turismo internacional terminó atrapado en una situación que México insiste en calificar como “aislada”, aunque cada vez resulta más difícil sostener ese discurso.
El menor colombiano fue canalizado del Hospital General de Axapusco al de Especialidades de Ixtapaluca, donde también atienden a Dayana Paola Castro Calderón (37, Colombia), con lesiones en rótula y glúteo, y a Delicia Li de Yong (29, Canadá), herida en la región supraescapular. En paralelo, otros lesionados —de Rusia, Brasil y Colombia— fueron estabilizados en Axapusco con daños que van desde fracturas de fémur hasta lesiones musculoesqueléticas.
El mosaico de víctimas se completa con ciudadanos estadounidenses atendidos en hospitales privados de la zona: Jaslin Landaverde, Gregoire Magadini, Jalen Aybar y Alejandra Graciano, además de Alex Daniel Marco Witz y Barriet-D Marco Witz, estos últimos con heridas que incluyeron posible daño visceral. La dispersión hospitalaria no solo refleja la urgencia del momento, sino también la fragmentación del sistema de atención en crisis.
La Secretaría de Gobernación confirmó el saldo: dos muertos —una mujer canadiense y el agresor— y 13 heridos, de los cuales ocho siguen hospitalizados. El agresor, según los reportes, tomó rehenes antes de ser abatido por elementos de la Guardia Nacional, en una intervención que quedó registrada en video por un visitante. La narrativa oficial subraya la “neutralización” del atacante; lo que queda menos claro es cómo llegó armado a una de las zonas arqueológicas más vigiladas del país.
El gobierno federal asegura mantener contacto con familiares y representaciones diplomáticas, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entra en escena con líneas telefónicas y acompañamiento institucional. Es el protocolo: contención posterior, comunicación diplomática y gestión de daños.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 55 10 00 20 00, extensión 57508, así como la cuenta @CEAVmex.
Listado de heridos
Hospital de Especialidades de Ixtapaluca: En este centro médico se encuentran las siguientes personas, algunas trasladadas desde otros recintos:
Gerónimo González (Colombiano) – Menor de edad trasladado desde el Hospital General de Axapusco.
Dayana Paola Castro Calderón (Colombiana) – 37 años.
Delicia Li de Yong (Canadiense) – 29 años.
Hospital General de Axapusco:
Maikol Michelle Mitrocil (Rusa) – 32 años.
Luisa Fernanda Puentes Alzate (Colombiana) – 22 años.
Francis Arlette Rivero (Brasileña) – 55 años.
Clínica San Martín (Teotihuacán): Atendidos inicialmente aquí y trasladados por sus propios medios a un Hospital Ángeles:
Alex Daniel Marco Witz (Estadounidense) – 29 años.
Barriet-D Marco Witz (Estadounidense) – 61 años.
Hospitales privados de Teotihuacán (con posterior traslado a Ciudad de México):
Leticia Mondea Folsta (Brasileña) – 13 años (se trasladó por sus medios a la CDMX).
Jaslin Landaverde (Estadounidense) – 26 años.
Gregoire Magadini (Estadounidense) – 38 años.
Jalen Aybar (Estadounidense) – 27 años.
Alejandra Graciano (Estadounidense) – 34 años.
Lo incómodo es lo estructural.
Teotihuacán no es un punto cualquiera: es vitrina internacional, símbolo histórico y destino turístico estratégico. Si ahí ocurre un evento de esta naturaleza, la pregunta ya no es solo quién disparó, sino qué falló antes de que alguien pudiera hacerlo.
Porque en México, incluso entre pirámides milenarias, la seguridad sigue siendo más relato que garantía.
En Tamaulipas ya no saben ni cómo disfrazar el olor a fuga: se escapa un ex GOPE multiasesino , aparece la clásica promesa de recompensa, se activan los reflectores y, como siempre, la verdad queda enterrada debajo de una cortina de “investigación en curso” que desde el inicio oculto la identidad del fugado, un ex-miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) ,identificado en medios como José Arturo “A” o José Arturo “N”, ligado a la masacre de Camargo ocurrida en el ejido Santa Anita el dia 22 de enero de 2021, cuando 19 personas fueron asesinadas y calcinadas bajo el gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca,quien primero quisó culpar al Cartel del Golfo.
El fiscal de Justicia Jesús Eduardo Govea Orozco entra aquí como personaje imposible de ignorar. No sólo encabeza la narrativa de búsqueda e investigación para dar con el paradero del prófugo, sino que carga sobre la espalda un pasado que él mismo ha intentado explicar como persecución, mientras reportes periodísticos lo conectan con el expediente de Matamoros de 2001, cuando fue detenido por su presunta participación en la fuga de “El Kelin”, un lugarteniente de pesos y de «pesos» del capos Osiel Cardenas Guillen.
Y aunque Govea niega vínculos con el crimen organizado y sostiene sin pruebas que todo fue un operativo arbitrario aunque paso 7 meses recluido en un penal de alta seguridad, que otra vez mangonea Cardenas Guillen, el antecedente criminal no desaparece: en un estado donde la desconfianza al gobernador Americo Villarreal es latente, casi deporte estatal, tener a un fiscal con ese historial y luego verlo administrar otro caso de fuga no ayuda precisamente a disipar sospechas.
Del otro lado está el general Arturo Pancardo, que salió a escena con la serenidad del funcionario que no quiere salpicarse, mientras la fuga se pudre en la cancha ajena: la Fiscalía investiga, la SSP “colabora”, los custodios ya detenidos después de decir que no , y el expediente avanza con la velocidad típica de la justicia tamaulipeca, esa que siempre corre cuando ya se escapó el culpable.
Lo que huele raro no es sólo la evasión;es la coreografía completa: un fugado de alta peligrosidad que sabe demasiado de algo nunca totalmente aclarado , una recompensa de 300 mil pesos, custodios ahora presos, autoridades repartiendo responsabilidades y una información pública tan recortada desde el inicio que parecia diseñada para proteger la fuga más que para esclarecer su paradero.
Y luego viene la joya: la prensa actuando como tonto útil. En vez de exigir el nombre completo del prófugo, la ruta de custodia, los responsables directos y el porqué de tanto enredo, muchos medios replicarón el boletín en modo servil, como si su trabajo fuera aplaudir la opacidad gubernamental en vez de romperla.
Cuando el nombre se reserva, cuando los detalles se fragmentan y cuando la versión oficial llega mascando chicle, el mensaje real es otro: aquí alguien quiere que la fuga parezca accidente y no síntoma de un mal gobierno que se parece tanto al que le antecedió.
La sospecha se vuelve más incómoda por el antecedente del propio Govea. En publicaciones periodísticas y declaraciones difundidas por el propio fiscal, él reconoce que fue detenido en 2002 en Matamoros por un caso vinculado a una supuesta red de protección al crimen organizado, aunque insiste en que fue un procedimiento ilegal y que terminó liberado sin exhibir documentales que prueben fue absuelto y no dejado en libertad por cansancio procesal.
El pasado de Govea no prueba por sí solo una maniobra presente, pero sí explica por qué cualquier fuga que pase por sus manos no se lee como un simple tropiezo administrativo, sino como una escena donde demasiados actores parecen saber exactamente qué no deben decir.
