«CUANTOS VAN ?…39,073 con SHEINBAUM y 735 MIL MUERTOS en TOTAL»: «SUJETO DISPARA en la PIRAMIDE de la LUNA en TEOTIHUACAN y MATA TURISTA CANADIENSE»…deja otros mas heridos.

Una turista canadiense asesinada en la Pirámide de la Luna y un tirador que se vuela la cabeza frente a familias enteras dicen más de la “pacificación” de Claudia Sheinbaum que cualquier grafiquita mañanera con colores patrios. No es un incidente aislado: es un punto más en una gráfica que ya suma decenas de miles de muertos en 566 días de gobierno, mientras el oficialismo presume un “ahorro” en formol como si el problema fueran las funerarias y no los asesinatos.

La masacre en Teotihuacán

El Gabinete de Seguridad informó que un hombre subió a la Pirámide de la Luna, desde donde comenzó a disparar contra turistas, mató a una mujer canadiense y lesionó al menos a tres personas, para luego suicidarse. La escena, con el agresor atrincherado en lo alto del monumento y visitantes corriendo despavoridos hacia las puertas del sitio arqueológico, convirtió una visita familiar en un campo de tiro improvisado.

En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, pero la narrativa oficial se limita a la típica plantilla: operativo desplegado, investigación en curso, zona acordonada. Detrás de cada frase aséptica hay una familia extranjera que regresa a casa con una urna o con alguien conectado a un respirador, y un país que vuelve a confirmarse como destino turístico donde la muerte forma parte del tour.

566 días de cadáveres

Según el propio tablero de TResearch, al 20 de abril de 2026 se contabilizan 39,073 homicidios en lo que va del sexenio de Sheinbaum, con un promedio de 69 asesinatos diarios en 566 días. El gobierno vende que “bajó” respecto al infierno de López Obrador, pero 69 personas al día no es una estrategia de seguridad: es una administración del colapso donde la única constante es la morgue llena.

En los mismos 18 meses de mandato, TResearch registra 38,162 homicidios para Sheinbaum frente a 54,646 en el mismo tramo de AMLO, una caída aproximada de 30% que se traduce, según el gabinete, en 35 homicidios menos diarios. El truco contable es obvio: comparar con el peor periodo de la historia reciente permite presumir “mejores números” aunque el país siga acumulando decenas de miles de asesinados y escenas como la de Teotihuacán.

La cuenta macabra desde Salinas

Si se miran los datos históricos, la alfombra bajo la que intentan barrer la sangre ya no alcanza: Salinas cerró con 76,767 homicidios dolosos, Zedillo con 80,671, Fox con alrededor de 60,280, Calderón con 120,463, Peña Nieto con 156,066 y López Obrador con cerca de 202,336 asesinatos.

A esa montaña de muertos hay que sumar los 39,073 homicidios acumulados en lo que va del sexenio de Sheinbaum, lo que empuja la cifra combinada de estos gobiernos por encima de los 735 mil 656 asesinatos, mas lo que se acumulen. hoy

La llamada “Cuarta Transformación” se limita a administrar la misma tragedia con otra paleta de colores y otro eslogan: se presume que antes se mataba más rápido, como si hoy se matara con tarifas de promoción. El país vive de gobierno en gobierno sumando decenas de miles de víctimas, y la discusión pública se reduce a qué presidente logra que la curva baje un poquito mientras sigue creciendo el panteón nacional.

Más allá del “ahorro” en formol

La narrativa oficial insiste en que hay menos homicidios diarios, como si el logro del sexenio fuera que al SEMEFO le dura un poquito más el formol. El punto no es si los refrigeradores están un poco menos saturados, sino que se ha normalizado que 50, 60 o 70 personas asesinadas al día sean una cifra políticamente vendible.

Para las víctimas y sus familias, no existe “disminución porcentual” que alivie el hecho de que su ser querido fue una estadística más en una tabla que se actualiza diario. La mujer canadiense que murió en Teotihuacán no es evidencia de que “vamos mejor” ni daño colateral de la gráfica: es la prueba de que, mientras el gobierno celebra su presunto ahorro en formol, México sigue siendo un país donde hasta las pirámides se convirtieron en tiraderos de cuerpos.

UN «ACTO HORRENDO» dice CANADA

El Gobierno de Canadá calificó como un «horrendo acto de violencia» el tiroteo en Teotihuacán en el que un hombre mató a una canadiense e hirió a otro de la misma nacionalidad.

La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Ananda, expresó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima, y agradeció la comunicación con la Cancillería mexicana encabezada por el Secretario Roberto Velasco.

«Como resultado de un horrendo acto de violencia armada, un canadiense fue asesinado y otro herido en Teotihuacán, México. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindar asistencia», escribió la diplomática en su cuenta de X.

Con informacion: TRESEARCH / ELNORTE/

EL «FRACKING en MORENA»: «MAGENTA DESMENUZA REVIENTE de la ROCA PARTIDISTA y CUESTIONA CUANTOS PEDAZOS de VAN a DESPRENDERSE el DIA que CANTE PENILLA»…mas propiamente dicho,la Organización Criminal.

El análisis mas reciente de la mesa de Círculo Magenta, básicamente explica que el fracking ya no es solo para las piedras: ahora también se le aplica a Morena, a sus dirigentes, a sus huachicoleros fifís y al ego de Andy López Beltrán.

El fracking energético: despertar con resaca ideológica

Claudia Sheinbaum salió a decir que siempre sí le gusta el fracking porque “soberanía energética”, después de seis años de catecismo anti-fracking de la 4T.

Los magentas lo explican clarito: se inyecta agua a presión para reventar lutitas en la Cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas) mientras México sigue importando alrededor de 65% del gas que consume y se pone la soga energética al cuello frente a Estados Unidos.

El episodio pinta la escena: mercados felices, Texas festivo, Burgos soñando empleos, y la 4T vendiendo como “soberanía” lo que en realidad es pánico porque si mañana EU decide mandar todo su gas de fracking a Europa, la industria mexicana colapsa.cnnespanol.

Los analistas sueltan el dardo: no es que México haya innovado, es que despertó de un coma ideológico de 15 años y de pronto descubrió que la geopolitik hoy se mide en BTUs, no en mañaneras.

El fracking político: reventar la roca Morena

De ahí se brincan al fracking realmente divertido: el de Morena, donde la roca a perforar se llama Andy.

La metáfora es brutal: si en el subsuelo inyectas agua para fracturar la roca, en el partido se inyectan investigaciones gringas, cambios en el SAT y manotazos de Sheinbaum para fracturar la red del hijo del ex presidente.

En la superficie, Luisa María Alcalde jura que no se va de la dirigencia, que todo es complot mediático, pero Código Magenta la describe ya con maletas listas y Citlalli subiendo al ring para operar las candidaturas rumbo a 2027.

El diagnóstico es demoledor: con los números actuales, Morena podría perder entre 6 y 8 de las 17 gubernaturas en juego, y la presidenta no está dispuesta a que el “huachicol político” de Andy le reviente el tablero electoral.

La línea magenta es clara: Sheinbaum está usando el fracking interno para marcarle frontera a Andy sin todavía romper de lleno con Andrés Manuel, pero dejando claro quién controla las válvulas del gas partidista.

Y rematan con veneno: si Andy quiere empezar “desde cero” en Tabasco, que primero devuelva lo del huachicol, el balastro y las concesiones a sus amigos; fracking moral, no nada más electoral.

El fracking fiscal: sacar gas del SAT

Otro pozo donde le meten dinamita a la red de Andy es el SAT.

Antonio Martínez Dagnino sigue de titular “nominal”, pero las decisiones ya pasan por otro grupo político, porque Sheinbaum no quiere que el hijo del ex presidente meta mano en la caja registradora del Estado.

Código Magenta conecta puntos: el SAT de Dagnino operó casos espinosos como las presiones a empresas y magnates, y su relevo abre la puerta a un perfil más técnico, menos tatuado con el sello de Palenque.

Sumado a eso, Claudia también está incómoda con otros cuadros que reportan a Andy, como el responsable de finanzas en CDMX o Horacio Duarte en Edomex; en palabras magentas, la presidenta ya empezó a mover alfiles, no monaguillos.

El mensaje de la mesa es quirúrgico: fracking administrativo para cortar los ductos de dinero, de información y de impunidad que conectaban al SAT y a ciertas oficinas clave con la red del junior.

El fracking judicial: OFAC, narcos y la red Andy

Ahí entra el fracking versión OFAC: Estados Unidos agujereando la corteza del sistema morenista con sanciones y expedientes.

Uno de los casos estrella es el del abogado Peñilla, exhibido como defensor de narcos pesados como el Z-40 y ahora intervenido por OFAC y ligado tanto a grupos criminales como a operadores jurídicos de Morena en Tamaulipas y al propio Andy.

La mesa lo plantea así: cuando se siente con los gringos, la pregunta no será si canta, sino qué ofrece a cambio de que no lo hundan, y cuántos pedazos del partido se van a desprender en el proceso.

Encima, aparece la triada de Pemex–Infonavit: Octavio Romero, Marcos Sereira y Javier Núñez López, ex chofer de la familia López Beltrán convertido en jurídico que firmó miles de millones en contratos direccionados a la red de Andy.

Magenta suelta la bomba: hay 100 mil millones de pesos en contratos asignados a amigos y familiares del círculo de Andy, y ahora el Departamento de Justicia trae la lupa encima gracias a testigos protegidos como Alejandro Rovirosa.

Según el relato, Sereira viajó a declarar a Estados Unidos y puso el dedo en Adán Augusto López Hernández como beneficiario mayor del esquema, mientras los fiscales en Texas ya tienen bien trazada la red Andy.

Fracking global: cuando Sheinbaum quiere jugar a internacionalista

Para rematar la metáfora, la mesa se va al fracking geopolítico.

Sheinbaum, que era alérgica a los foros internacionales, ahora quiere ir a España al encuentro de la Internacional Socialista, rodearse de izquierdas variopintas y salir en la foto anti-Trump.

Los magentas prenden las alarmas: esa postal puede ser el ácido que termine fracturando la relación con el actual presidente Donald Trump, personaje con psique inflamable y memoria selectiva cuando se trata de lealtades.

Le preguntan, casi con sorna, si vale la pena encabezar la porra contra Washington mientras México depende de EU para gas, maíz, frijol y hasta para sobrevivir energéticamente.

La advertencia es clara: una cosa es fracking bien calculado hacia dentro (Morena, SAT, operadores, redes de huachicol) y otra es dejar que te arrastren al fracking global, donde un mal movimiento con Trump puede acabar reventando la soberanía energética que dices estar construyendo con la Cuenca de Burgos.

En el cierre, Círculo Magenta deja la frase tipo epitafio: si Sheinbaum no mide sus fracturas internas y externas, puede terminar en un escenario tan turbulento que, como diría García Márquez, no vivamos para contarlo.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«PLAN ESTRATEGICO o…MAS CHORO ?»:LA «FISCAL de FGR en MEDIO de OTRA LARGA LISTA de COMPROMISOS IMPECABLEMENTE REDACTADOS pero SISTEMATICAMENTE INCUMPLIDOS»…el éxito pasa por acabar con la impunidad que pasa por el mismo Estado,pero eso nunca pasa

La procuración de justicia en México no “ha sido uno de los eslabones más frágiles del Estado”; ha sido, en demasiados casos, su coartada perfecta. La distancia entre la ley y la realidad no es una herida abstracta: es una política tolerada, administrada y, a veces, convenientemente ignorada. La impunidad no apareció por generación espontánea ni por “inercias históricas”; es el resultado de decisiones concretas —o de la ausencia deliberada de ellas— dentro de instituciones que hoy prometen reinventarse.

Decir que la justicia “no es un privilegio, sino un derecho” suena bien en el papel, pero en la práctica mexicana sigue operando como un bien escaso, condicionado por poder, dinero o utilidad política. Romper inercias no es redactar planes estratégicos; es procesar a quienes las sostienen, empezando por dentro.

En el llamado Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 recien echado a andar por Ernestina Contreras, Fiscal General de la Republica (FGR) ,afirma colocar a las víctimas en el centro. La pregunta incómoda es inevitable: ¿cuándo dejaron de estar en la periferia? Porque durante años, la víctima ha sido expediente, estadística o estorbo procesal. Hablar de verdad, justicia y reparación como “componentes inseparables” contrasta con un historial donde la verdad se negocia, la justicia se posterga y la reparación rara vez llega.

La Fiscalía promete abandonar un modelo “reactivo, fragmentado y burocrático”. Sin embargo, ese modelo no es un error técnico: es el reflejo de una institución que ha funcionado más como administradora de conflictos que como garante de derechos. Sustituir palabras —de “inercia” a “inteligencia”— no sustituye resultados. La inteligencia, por cierto, no se decreta: se construye con autonomía real, capacidades técnicas verificables y, sobre todo, voluntad política para tocar intereses.

Se reconoce que el fenómeno criminal es complejo, estructurado y dinámico. Nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso sería ver investigaciones que desmantelen redes completas en lugar de producir detenciones selectivas, mediáticamente rentables pero estructuralmente inútiles. Apostar por evidencia científica suena correcto; el problema es cuando la evidencia incomoda narrativas oficiales y termina archivada.

La transformación “ética” que se invoca —erradicar corrupción, opacidad e indiferencia— es, en rigor, una admisión de que esos vicios siguen vivos dentro de la institución que promete combatirlos. La integridad no es una aspiración declarativa; es una práctica comprobable. Y la transparencia no se mide en discursos, sino en acceso real a información, en auditorías independientes y en consecuencias para quienes fallan.

Cada carpeta de investigación representa, sí, una historia. Pero también representa un termómetro de la institución: cuántas se judicializan, cuántas se caen, cuántas se congelan. Recuperar la “sensibilidad institucional” suena loable, aunque insuficiente si no viene acompañada de eficacia procesal. Escuchar sin resolver es otra forma de simulación.

El Plan Estratégico asegura que la Fiscalía “reconoce sus desafíos” y “asume su responsabilidad”. Falta el paso que históricamente se ha evitado: asumir costos. Porque transformar la procuración de justicia en México no depende de redactar mejores diagnósticos, sino de romper pactos de impunidad, incluso —y sobre todo— cuando esos pactos atraviesan al propio Estado.

Si la justicia deja de ser promesa y se vuelve realidad, no será por la fuerza de un documento, sino por la evidencia verificable de que la ley se aplica sin excepción. Hasta entonces, el riesgo es que este plan se sume a la larga lista de compromisos impecablemente redactados y sistemáticamente incumplidos.

Asi lo dice la Fiscal:

La procuración de justicia en México ha sido durante décadas, uno de los eslabones más frágiles del Estado. La distancia entre la ley y la realidad ha generado una herida persistente: la impunidad. Por ello, asumir que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, implica romper con inercias históricas y reconstruir desde sus cimientos la función del Estado frente a las víctimas.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 parte de una premisa fundamental: colocar a las víctimas en el centro, como eje rector de toda acción institucional. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación del daño son componentes inseparables de una misma obligación ética y jurídica. Cuando el Estado investiga, no solo busca sancionar; busca restituir, dignificar y reconstruir.

Con esta convicción, la Fiscalía General de la República abandona un modelo reactivo, fragmentado y burocrático, para dar paso a una lógica estratégica, basada en inteligencia, coordinación y análisis científico. Este tránsito —de la fragmentación a la inteligencia, de la inercia a la acción— es estructural. La justicia no puede seguir siendo entendida como un trámite o una estadística, sino como el cimiento de la democracia y del contrato social. Cuando falla, no solo se vulnera a la persona: se debilita el tejido entero de la sociedad.

La reingeniería institucional que expone el Plan reconoce, además, la complejidad del fenómeno criminal contemporáneo. Ya no se trata de delitos aislados, sino de estructuras dinámicas, articuladas, que requieren respuestas igualmente sofisticadas. De ahí la apuesta por un modelo de investigación sustentado en evidencia científica, trabajo multidisciplinario y coordinación interinstitucional.

Esta transformación, también es ética. Implica erradicar prácticas que durante años minaron la confianza ciudadana: la corrupción, la opacidad, la indiferencia. Una Fiscalía que aspire a ser justa debe ser, primero, íntegra. Por esto, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para recuperar legitimidad. En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para responder a la demanda histórica de que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible.

Cada carpeta de investigación representa una historia, un agravio y una expectativa legítima de respuesta. Fortalecer la procuración de justicia implica, por tanto, no solo perfeccionar procedimientos, sino recuperar la sensibilidad institucional: escuchar con seriedad, actuar con responsabilidad y garantizar que cada decisión tenga como horizonte la dignidad humana. Se trata de una justicia que encuentra su sentido en servir al pueblo y que da sustento real a la misión de garantizar acceso efectivo a la justicia y a la visión de consolidar una institución íntegra, eficaz y humana.

Con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República reconoce sus desafíos, asume su responsabilidad y decide emprender la ruta de la transformación, para que la justicia deje de ser una aspiración y se convierta en un mandato ineludible frente al pueblo; para que la Ley deje de ser privilegio, sino garantía para todas y todos.

Fiscal general de la República

Con informacion: ELUNIVERSAL+/

«CRIMEN SI PAGA»: A «ALCALDE de MORENA PLAGIADO y RESCATADO ACUSADO en NARCOMANTAS le DIERÓN BLINDADA y MAS ESCOLTAS en VEZ de INDAGARLO junto con EDIL ESCORPION de MATAMOROS»…rescatar la imagen, ha sido el verdadero quehacer oficial.

En el México de la simulación institucionalizada, no todos los secuestros pesan igual ni todos los rescates ameritan la misma intensidad. Hay categorías. Y en la cúspide de la pirámide está, por supuesto, el funcionario del poder en turno. El alcalde morenista de Taxco acusado en narcomantas, Juan Andrés Vega Carranza, lo comprobó en carne propia: operativo masivo, despliegue de más de 500 elementos, helicópteros surcando el cielo y, como cereza del pastel, rescate exitoso junto a su padre, Juan Vega Arredondo. Todo muy eficiente… cuando se quiere.

El problema no es el rescate. El problema es el contraste obsceno.

Porque mientras al edil lo devuelven con escoltas, camioneta blindada y protección estatal —un paquete de seguridad que ya quisieran cientos o miles de ciudadanos abandonados a su suerte—, el resto de Taxco vuelve a la normalidad de la desprotección: fuerzas federales y estatales se repliegan discretamente, como si la misión hubiera sido cumplida, pero no lo fue.

Familias de desaparecidos, esos daños colaterales permanentes del narcoestado funcional, no tardaron en hacer la pregunta incómoda: ¿y nuestros desaparecidos cuándo? ¿Dónde estuvo ese despliegue quirúrgico cuando se los llevaron? ¿Dónde están los helicópteros, los 500 elementos, la urgencia institucional?

La respuesta, aunque nadie la diga en voz alta, se escribe sola: el Estado mexicano no reacciona ante el crimen, reacciona ante el costo político.

El subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros de la entidad gobernada por Morena, confirmó lo evidente sin querer: el alcalde ya tenía medidas de seguridad desde días antes, pero ni una palabra sobre cómo ocurrió realmente el rescate. Un operativo de ese tamaño sin narrativa clara no es opacidad: es control de daños.

Y mientras Vega Carranza permanece en bajo perfil, apareciendo ocasionalmente en oficinas como si nada hubiera pasado, el mensaje es brutalmente claro: la prioridad no es desmantelar a la Familia Michoacana ni garantizar seguridad sostenida en la región. La prioridad es apagar el incendio mediático.

Taxco hoy no está más seguro. Solo está menos incómodo para el gobierno.

Porque aquí no hubo una estrategia contra el crimen organizado. Hubo, otra vez, un ejercicio de administración de crisis con enfoque electoral: rescatar al actor político, retirar la escenografía militar y dejar intacto el escenario donde la violencia sigue operando con normalidad.

En otras palabras: no fue un operativo de justicia. Fue un rescate de imagen.

Con informacion: ELNORTE/

SE «MOVIA como PEZ en el PANTANO»: LA «INTELIGENCIA NACIONAL en MANOS de MILITAR SERVIA con PENILLA al ZETA-ABOGADO que SERVIA a AMERICO»…y cuando eso pasa terminan por no servir.

Estados Unidos no habría soltado un simple nombre para decorar una lista negra: habría abierto una puerta a una red donde se mezclan abogados, operadores políticos, gobiernos estatales, inteligencia y presuntos negocios con olor a huachicol. Según María Idalia Gómez con Aristegui Noticias, las sanciones de la OFAC contra personas vinculadas al Cártel del Noreste no sólo castigan finanzas, también mandan un mensaje directo al gobierno mexicano y exhiben que el expediente de Juan Pablo Penilla Rodríguez sigue creciendo en suelo estadounidense.

La periodista sostiene que Penilla no aparece como un abogado cualquiera que “asesora” y ya. Según lo que revisó en documentos estadounidenses, representa a la viuda de Sergio Carmona, personaje señalado por sus vínculos con Tamaulipas y por una influencia política que habría llegado hasta decisiones administrativas y campañas electorales. Dicho sin maquillaje: no es un caso de litigio, es una maraña donde el dinero, el poder y la protección politica se abrazan demasiado fuerte.

Audomaro en la mira

El golpe más ruidoso de la entrevista fue la referencia al general en retiro Audomaro Martínez, exdirector del CNI en el sexenio de López Obrador. Gómez afirmó que documentos estadounidenses vinculan tanto a Audomaro como a sus hijos con Penilla, y que esa relación estaría asociada con negocios y operaciones ligadas al huachicoleo en Tamaulipas.

Lo que remata la bomba es la acusación más delicada: que Penilla habría recibido protección e información de inteligencia para favorecer su posición como abogado y operador. 

En palabras de la propia periodista, a Audomaro y a sus hijos los vinculan como personas que “le ofreció y otorgó protección e información de inteligencia”. Si eso se sostiene en documentos, el asunto ya no es chisme de pasillo: es una acusación de altísimo calibre contra la arquitectura de seguridad del sexenio pasado que tuvo un general con todas las estrellas embarradas de chapopote.

El caso Penilla no está solo

Gómez advirtió que esto no debe leerse como un escándalo aislado, sino como una ventana a una red más amplia que toca gobiernos estatales, actores políticos y estructuras de poder en varias entidades. Mencionó que las primeras acusaciones directas alcanzan a un gobierno estatal, en este caso Tamaulipas, pero también a nexos con Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Veracruz y hasta círculos de la Ciudad de México.

Es decir: el expediente no trae un solo nombre para quemar en la hoguera mediática, sino una constelación de relaciones que cruza regiones, cargos y favores. Y cuando un caso empieza a tocar tantas plazas, normalmente no estamos viendo una anécdota, sino una operación con demasiadas manos en la masa.

La pista de Casa Madero

Otro punto que llamó la atención fue el episodio de Casa Madero. Según Gómez, la empresa habría enfrentado problemas por falta de agua y luego presuntas extorsiones criminales, y en ese contexto Penilla se habría ofrecido para intervenir y resolver la situación.

Ese detalle importa porque muestra el tipo de espacios donde un abogado así puede entrar a ganar relevancia: donde hay conflicto, presión, necesidad de mediación y una frontera muy borrosa entre gestión legal, influencias y protección. En ese terreno, los “favores” suelen convertirse en moneda de cambio, y las redes de poder se hacen invisibles justo porque parecen solución.

Lo que realmente exhibe

La lectura de Gómez es que Estados Unidos apenas está soltando las primeras piezas de un rompecabezas más grande, y que el verdadero alcance del caso todavía no se ha mostrado completo. Lo que ya está a la vista, sin embargo, es suficiente para incomodar a más de uno: un abogado presuntamente conectado con estructuras criminales, con figuras del antiguo aparato de inteligencia y con operadores políticos en varios estados.

En resumen, el caso Penilla no se parece a una historia de abogado exitoso, sino a una radiografía del método mexicano de siempre: poder público, intermediarios “respetables”, dinero sucio y un Estado que, cuando menos, parece haber visto demasiado y preguntado demasiado poco.

Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/