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jueves, 19 de junio de 2025

“NO ERA DROGA LIQUIDA,ERA DIESEL”: “HARFUCH TE PRESUMIO DECOMISO de 250 LITROS de HEROINA porque FEDERALES que las CONOCEN de OLIDAS se las OLIERON”…se lo llevaron al bote 48 horas y ni un ud. disculpe le dieron.


Luego de la recurrente ausencia de detenidos en casos de trafico de huachicol por todo el pais y que han sido dados a conocer por Omar Garcia Harfuch,Secretario de Seguridad Federal,es importante advertir que la simulación de decomisos ,es una práctica documentada y arraigada en la Policía Federal, corporación de la que proviene Omar García Harfuch, y existen elementos sólidos para argumentar se sigue presentando en contexto de la “nueva estrategia de mas con los mismos”.

Evidencias de simulación en la Policía Federal

Casos recientes de decomisos falsos: Documentos filtrados y la investigación de la periodista Anabel Hernández demuestran que, bajo la gestión de altos mandos provenientes de la Policía Federal, se han presentado como éxitos decomisos que resultaron ser una farsa. 

Un ejemplo es el supuesto decomiso de 250 litros de heroína líquida en Durango, anunciado públicamente por García Harfuch. Los peritajes oficiales demostraron que la sustancia no era droga, sino diésel, y aun así se difundió como un logro en materia de seguridad.

Que dice la prensa alemana Deutsche Well:

La historia detrás del decomiso de 250 litros de heroína

“…El 9 de abril pasado, al filo de las 5 de la tarde, José Luis F., de 35 años de edad, originario de Navolato, Sinaloa, conducía un tráiler tipo Torton, modelo 1998, de color blanco con morado. Transitaba por la carretera 49D, dentro del municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo al informe de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, a la altura de la entrada del ejido 6 de octubre, un grupo de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) le hizo el alto.

Según los documentos relacionados con la carpeta de investigación FED/DGO/0000340/2025, de la cual obtuve copia, el oficial recibió la orden de corroborar una denuncia anónima que supuestamente había llegado a la FGR:

“Quiero denunciar a un trailero que no sé bien como se llama, pero le dicen el niño y/o el niñote, que pasa de Sinaloa a Ciudad Juárez, va cargado de droga, creo cristal o algo así, dice que siempre se va y regresa por la carretera 49D porque varias veces lo he oído platicar de eso y que cuando regresa aprovecha el viaje para traer armas y cajas de cartuchos que luego vende en Sinaloa para alivianarse, según él, se avienta hasta tres viajes al mes. En ocasiones trae un camión blanco con morado en el cual dicen que lleva la droga en tanques de diésel, a veces trae tráiler con caja y a veces con tanque. A veces le cambian el tracto, pero él sabe dónde clavar bien lo que lleva, no sé si en el tracto o en los remolques, pónganle la cazadora y atórenlo…”

Cabe señalar que en el Informe de Investigación Criminal nunca se especifica la fecha en que llegó el supuesto anónimo, ni quién lo recibió, ni si fue a través de una llamada telefónica o si fue por escrito.

Es sabido que, para justificar detenciones arbitrarias, la FGR y su Policía Federal Ministerial (PFM) utilizan la existencia de una llamada anónima, que generalmente es falsa, para con ese pretexto inventar una situación de “flagrancia” y detener a una persona. En muchas ocasiones, el modus operandi de estas autoridades es sembrar drogas y armas, y alterar las verdaderas circunstancias en las que se dan las detenciones.

Según la Fiscalía de Gertz Manero, a las 17:15 del 9 de abril de 2025, se encontraba el grupo haciendo vigilancias fijas y móviles en cumplimiento del mandamiento ministerial ordenado dentro de la carpeta de investigación ya mencionada. La justificación es que estaban buscando a un trailero conduciendo un camión “blanco con morado” que llevaba oculta droga en tanques de diésel.

Cinco oficiales, que estaban en vehículos tipo pick-up con placas de circulación particulares del Estado de Jalisco y otra camioneta pick-up con placas particulares del Estado de México, afirman en su informe que a las a las 17:23 del 9 de abril, en el kilómetro 26 más 600 de la carretera 49D, en el tramo Gómez Palacio-Bermejillo, vieron pasar a un camión que coincidía con las características del denunciado.

Según el documento, le marcaron el alto “con señales audibles y visibles”, pero el chofer no detuvo su marcha.

Cabe señalar que, según el expediente, los vehículos en que viajaban los policías de Gertz Manero no tenían insignias. Al mencionar que eran placas particulares queda claro que no viajaban en vehículos oficiales. Es decir, no viajaban en unidades con alguna característica que pudiera identificarlos como vehículos de las fuerzas del orden.

Esto hace reflexionar sobre la discrecionalidad con que se hacen estos operativos. Si hay un abuso de autoridad, violencia o desaparición forzada, los testigos no podrían decir que vieron a autoridades participando en los hechos.

Según los agentes, lo siguieron hasta la zona donde había un acotamiento para detenerlo. José Luis F. bajó del tráiler que conducía, dio su nombre. Según el Informe de Investigación Criminal, cuando los miembros de la PFM le exigieron una explicación de por qué no se había detenido, él les dijo que no sabía si eran autoridades o malandros.

Testigos de los hechos a quienes entrevisté refieren que las cosas no ocurrieron así.

José Luis F. iba transitando por la carretera 49D cuando, en un retén donde había patrullas y autos civiles, le hicieron el alto y él si se detuvo.

En el expediente se afirma que los agentes le dijeron que estaban investigando a un tráiler de características semejantes y que José Luis F. dijo que traía elotes y los dejo revisar la unidad.

Según la versión oficial, se hizo una revisión externa y comprobaron que efectivamente llevaba elotes. Y que los dos tanques de combustible que alimentan al camión iban cargados.

Según los agentes de la FGR, el contenido de un tanque “correspondía con las características de los hidrocarburos” y con absoluta especulación se determinó que el otro tanque contenía un líquido de color más oscuro y olor diferente que, “en base a la experiencia” de los agentes era heroína líquida.

Se ordenó la detención de José Luis F. por “hechos posiblemente constitutivos de delito”, y lo llevaron a las oficinas de la FGR en Gómez Palacio, Durango, donde fue puesto a disposición del Ministerio Publico.

Se procedió al “trasvase” de la supuesta heroína líquida, con la cual los elementos de la Policía Federal Ministerial llenaron 5 bidones de capacidad de 50 litros, dando una cantidad de 250 litros de la presunta droga.

De acuerdo con la información recabada por testigos de los hechos, los policías de la FGR presionaron al chofer del camión para que declarara que transportaba droga, a lo cual él se negó y reiteró que solo llevaba elotes y que era imposible tener droga líquida en el tanque de combustible porque llegaría al motor y lo arruinaría.

José Luis F. fue trasladado a los separos de la FGR y quedó detenido cerca de 48 horas.

Su captura quedó inscrita en el Registro Nacional de Detención, de acuerdo a la ficha de la cual tengo copia.

Mientras estaba detenido, agentes de la FGR hicieron una investigación e inspección incluso en domicilios de la familia de José Luis F. en Culiacán, Sinaloa, sin encontrar nada irregular.

Se enviaron a servicios periciales de Durango las muestras de la supuesta “heroína liquida”….DW.

Mecanismos de simulación: En el caso citado, se utilizó una denuncia anónima sin fecha ni responsable, y los agentes actuaron sin identificación oficial. El expediente muestra que la detención y el aseguramiento se justificaron solo en la “experiencia” de los agentes, sin pruebas periciales en el momento de la detención, lo que apunta a un modus operandi de simulación para fabricar resultados y mandar mensajes de exito al estilo “García Luna”.

Falta de rectificación institucional: Ni García Harfuch ni la FGR han aclarado públicamente el falso decomiso, perpetuando la narrativa de éxito y evitando la rendición de cuentas. Esto genera dudas sobre la veracidad de otras cifras y operativos presumidos como éxitos durante su gestión.

Contexto estructural en la Policía Federal

Trayectoria de Harfuch: Omar García Harfuch inició su carrera en la extinta Policía Federal Preventiva en 2008 y sin pasar los exámenes de confianza, aun asi fue ascendiendo rápidamente hasta ser titular de la División de Investigación y luego comisionado de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Estas áreas han sido señaladas por su opacidad y por priorizar la presentación de “resultados” mediáticos sobre la efectividad real en el combate al crimen.

Presión por resultados y simulación: La cultura institucional de la Policía Federal, especialmente en los sexenios recientes, ha estado marcada por la presión para mostrar éxitos inmediatos ante la opinión pública y autoridades superiores, lo que ha incentivado la simulación de detenciones y decomisos. La falta de controles externos y la opacidad en los procedimientos han facilitado la fabricación de operativos ficticios o la exageración de logros embelleciendo capturas, muchas fantasiosas.

Conclusión

La evidencia muestra que fingir decomisos es una práctica arraigada en la Policía Federal, de donde proviene Omar García Harfuch. La simulación de operativos y la presentación de resultados falsos han sido documentadas en casos recientes y forman parte de una cultura institucional orientada a la propaganda y la simulación, más que a la rendición de cuentas o la eficacia real en la seguridad pública.

Con informacion: Deutsche WellGOB/COMUNICADO

“HARFUCH NO DETIENE NADIE SI es HUACHICOL”: “GARCIA LUNITA TE VUELVE a VER la CARA y TE VENDE MEGADECOMISOS donde NUNCA HAY ATORADOS”…y nunca es nunca,asi que síganle creyendo.


En los días recientes, el gobierno federal encabezó dos operativos contra el robo y procesamiento ilegal de combustibles, ambos bajo la coordinación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Pero a pesar de la magnitud de estos decomisos y los anteriores del gobierno,es decir en todos, destaca que en ninguno de los casos se reportaron detenidos, lo que refuerza la tendencia observada en operativos previos bajo la gestión de Harfuch.

1. Decomiso récord en Allende, Nuevo León

El 18 de junio de 2025, fuerzas federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en un predio de la colonia El Maguey, municipio de Allende, Nuevo León. El resultado fue el aseguramiento de 1.2 millones de litros de hidrocarburo robado, junto con diez contenedores móviles, un tractocamión, diez pipas, seis tanques cilíndricos, dos bidones de mil litros y un tambo de 200 litros. 

2. Mini refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, Veracruz, se localizó y aseguró una “mini refinería” clandestina que procesaba crudo robado. En el lugar se encontraron más de 500 mil litros de crudo, siete tanques móviles de gran capacidad, cuatro tanques verticales y equipo para la producción de diésel artesanal, nafta ligera, solventes y aceites tratados. 

Patrón: Grandes decomisos, sin detenidos

En ambos casos, la información oficial y los reportes de prensa coinciden en que no se presentaron detenidos tras los operativos, a pesar de la magnitud de los decomisos y la infraestructura asegurada. Esta ausencia de detenidos es una constante en los operativos encabezados por Omar García Harfuch,pero solo contra el huachicol, incluso cuando se trata de acciones coordinadas con múltiples dependencias federales y estatales.

Conclusión

Los recientes decomisos en Allende, Nuevo León y Coatzacoalcos, Veracruz, representan algunos de los golpes recientes contra el huachicol. Sin embargo, estos y los que anteceden, refuerzan la regla observada en los operativos bajo la gestión de Omar García Harfuch: se logran aseguramientos de grandes volúmenes de hidrocarburo e infraestructura, pero no se presentan detenidos, lo que deja abierta la pregunta sobre la efectividad en el desmantelamiento de las redes detrás de este delito en medio de la complicidad del gobierno y sus socios que no quiere tocar,solo mandar mensajes mediáticos de “exito”.

Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/ REDES

“PODRIAN TUMBAR a TANIA”: “IMPUGNACIONES por INELIGIBILIDAD de MAGISTRADA REINA de los ACORDEONES es JURIDICAMENTE SOLIDA”…independientemente de quien o quienes la impugnen.


La impugnación presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ,contra la designación de Tania Gisela Contreras López como Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas,como cita Elefante Blanco,presenta sólidos fundamentos jurídicos, basados en requisitos constitucionales y principios de imparcialidad. A continuación, se analizan los argumentos clave:

Requisitos de elegibilidad constitucional

El PAN alega que Contreras López incumple el artículo 116, fracción III de la Constitución federal y el artículo 111, fracción IV de la Constitución de Tamaulipas, al haber ocupado un cargo equivalente a secretaria (Consejería Jurídica) durante el año previo a la convocatoria electoral. Este requisito es categórico:

“No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente (…) durante el año previo al día de la designación”.
La equivalencia funcional de la Consejería Jurídica con una secretaría estatal sustenta esta impugnación, ya que el puesto implica jerarquía de funcionario público, incompatible con la elegibilidad judicial”.

Conflictos de interés en el proceso de validación

El PAN solicitó la recusación de dos magistrados del Tribunal Electoral local:

  1. Selene López, prima hermana de Contreras López.
  2. Arturo Barrientos, quien mantiene amistad con Jorge Beas (esposo de la candidata) y colaboró con él en la Subsecretaría de Legalidad.
    Estos vínculos violan el principio de imparcialidad judicial, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que exige evitar cualquier apariencia de parcialidad. La tesis XXX/2023 del TEPJF establece que:

“La proximidad familiar o laboral entre juzgadores y partes genera presunción de parcialidad, justificando la recusación para garantizar la equidad procesal”.

Jurisprudencia aplicable

  • Inconstitucionalidad por reducción de plazos: El TEPJF ha invalidado normas que reducen plazos de separación de cargos (como el caso de Tamaulipas en 2012), por violar principios de equidad electoral.
  • Control de convencionalidad: La SCJN ha reiterado que los requisitos de elegibilidad deben interpretarse restrictivamente para evitar conflicto con estándares internacionales de independencia judicial.
  • Tesis relevantes:
  • Tesis VI/2021: Exige verificación estricta de antecedentes para evitar que funcionarios en ejercicio accedan a cargos judiciales.
  • Tesis IX/2022: Declara nulos procesos donde existan conflictos de interés no declarados en órganos electorales.

Conclusión jurídica

Los argumentos del PAN se sostienen en:

  1. Ineligibilidad constitucional por el cargo previo de Contreras López.
  2. Vulneración del debido proceso al no recusarse a magistrados con conflictos de interés.
    La jurisprudencia citada refuerza que el incumplimiento de requisitos de elegibilidad y la falta de neutralidad en tribunales electorales anulan los actos derivados, lo que podría invalidar la designación si se comprueban los hechos. La resolución final dependerá del análisis probatorio por el IETAM y el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Con informacion: ELEFANTE BLANCO/

“NADA CAMBIA solo RECICLAN VICIOS”: “ESTAMPAS de LACRAS de la JUSTICIA dejan VER POCAS ESPERANZAS porque PODER JUDICIAL que ATERRIZA y la FGR que se QUEDA son parte del PROBLEMA”…doña Justicia esta y estará en crisis terminal.


El diario español,El Pais,publica hoy un interesante articulo que actúa como claro vaticinio de lo que viene en materia de administración y procuración de justicia en Mexico ,y con algunas estampas del poder judicial que ya se va nos subraya los problemas persistiran porque la Fiscalía —el verdadero núcleo de la impunidad y la fabricación de culpables— permanece intacta. La frase “la fiscalía que se queda” es un leitmotiv que denuncia la permanencia de malas prácticas y la ausencia de rendición de cuentas real.

Entre líneas, el artículo es un grito de alarma: la justicia mexicana está en crisis terminal, atrapada entre la simulación, la impunidad y la tortura. El relevo en la Suprema Corte es apenas un gesto simbólico si no se transforma la Fiscalía y se destierra la cultura de la fabricación de culpables. El periodismo y la sociedad civil deben seguir vigilantes, porque el poder judicial que “aterriza” y la Fiscalía que “se queda” siguen siendo, hasta ahora, parte del problema.

El texto advierte a las nuevas autoridades (Morena y el nuevo poder judicial) que heredarán un sistema judicial desacreditado y fallido. La ironía final (“las fallas del aparato de justicia serán suyas”) es una advertencia: si no reforman de fondo, serán responsables de los mismos abusos.

Por que lacras ?

La palabra lacra tiene varios significados, pero en el contexto social y moral, se refiere principalmente a un defecto, vicio o daño duradero que marca negativamente a una persona, institución o sociedad. 

Definición de “lacra” en el contexto de la justicia mexicana

En el ámbito de la procuración y administración de justicia en México, lacra se refiere a aquellos vicios, prácticas corruptas, abusos de poder y actores que, lejos de buscar la verdad y la equidad, perpetúan la impunidad, la fabricación de culpables y la violación sistemática de derechos humanos. Estas lacras no sólo son defectos individuales, sino males estructurales que contaminan y degradan el sistema judicial, impidiendo su correcto funcionamiento y minando la confianza ciudadana.


Argumento sobre el uso del término

Utilizar el término lacra para describir a los elementos corruptos dentro del sistema judicial mexicano es pertinente y justificado desde una perspectiva crítica y de denuncia. La historia reciente —marcada por montajes mediáticos, tortura para obtener confesiones, expedientes “dormidos y hasta roncando” con justicia selectiva— demuestra que no se trata de casos aislados, sino de prácticas arraigadas que funcionan como verdaderas enfermedades crónicas del sistema.

Estas lacras, entendidas como manchas profundas y persistentes, explican por qué, a pesar de los cambios de administración o de los relevos en la Suprema Corte, los vicios se van a reciclar y la justicia seguira siendo una promesa incumplida para la mayoría. Nombrarlas así no sólo es una forma de señalar su gravedad, sino de exigir una transformación de fondo, más allá de los discursos y las buenas intenciones.

Asi lo dice Vanessa Romero en El Pais:

“….Doce años atrás, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la libertad a Florence Cassez: la francesa atrapada en un montaje mediático orquestado por Genaro García Luna y transmitido por Carlos Loret.

El espectáculo televisivo articulado por la Agencia Federal de Investigación, sumado a otras violaciones al debido proceso, terminó por contaminar el juicio por entero: el famoso efecto corruptor.

Pese a la contundencia de aquel falló, Israel Vallarta —compañero de Cassez, detenido a partir del mismo teatro, golpeado y torturado—, no corrió con idéntica suerte. Porque en este país hay una justicia para french poodles y otra para perros callejeros. La cita es de José Ramón Cossío.

Diecinueve años y seis meses. Eso ha esperado Vallarta por una resolución con su nombre y apellido.

Estampas del poder judicial que agoniza.

Y eso que el propio Fiscal General de la República —mientras exigía 329 años de prisión para el inmortal Israel Vallarta— admitía, hace algunas mañaneras, que el caso Cassez fue un montaje.

Estampas de una Fiscalía que se queda.

Una semana atrás, la historia —memoriosa y con gusto por el remedo— volvió a escupir a la arena pública un caso idéntico: igual de mediático, igual de falso, igual de obsceno.

Poco menos de dos décadas hicieron falta para que el caso que durante años cargó el apellido de un hombre que nunca fue hijo, nunca fue secuestrado, nunca fue asesinado —Hugo Alberto Miranda—, mereciera, al fin, un gesto de justicia.

Fueron diecinueve años —desde aquellos remotos días en que López Obrador acampaba en Reforma pidiendo voto por voto, casilla por casilla—, los que Juana Hilda González Lomelí pasó en injusto encierro.

Estampas del poder judicial que agoniza.

Los últimos tres de esos diecinueve años, el expediente de Juana Hilda durmió —y hasta roncó— en el escritorio del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Nadie, en todo ese tiempo, lo llamó a apuro o a rendir cuentas.

¿No que protestaban desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿No que guardarían y harían guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿No que mirarían en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Estampas del poder judicial que agoniza.

A pesar de Ortiz Mena, y gracias a algunos ministros y abogados tercos, a la muerte de Isabel Miranda y a la obstinación periodística de Ricardo Raphael, la Primera Sala de la Suprema Corte —en una de sus últimas sesiones— listó a resolución el amparo de Juana Hilda y, finalmente, resolvió.

¿Causa de la liberación? Confesión arrancada bajo tortura.

¿Resolución? Libertad inmediata.

Y perseguir a los responsables.

Misiones para la fiscalía que se queda. Y para el poder judicial que aterriza.

La resolución entraña la esperanza —esa hueca palabrita— de que los procesos de las cinco víctimas que siguen presas por obra de la señora Wallace, al fin, se resuelvan. Se espera, en primera instancia —repito, primera—, una resolución para Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. Quince años la llevan esperando. También se aguarda que avance el amparo de los hermanos Castillo y de César Freyre. Su espera ha durado un lustro.

Estampas del poder judicial que agoniza.

El fallo emitido la semana pasada en favor de Juana Hilda es —al pan pan; al vino vino— una inesperada herencia. La Suprema Corte que se despide, sabiendo que buena parte del desastre judicial duerme plácido en las fiscalías, deja al menos un gesto valioso: un abrazo a la presunción de inocencia.

El proyecto de Ortiz Mena deja un antídoto contra nuestras falsarias fiscalías que todavía consiguen confesiones —la reina de la prueba— a punta de tortura. El dolor como origen de la evidencia.

En la resolución del caso de Juana Hilda, la Corte fue clara: una confesión arrancada bajo tortura exige liberación inmediata. Y en esos casos la Fiscalía no merece —esas son las palabras de la Corte— una nueva oportunidad para volver a iniciar el proceso. Repetirlo sería revictimizar.

La Fiscalía ha perdido el derecho de considerarse autoridad competente.

Estampas de una Fiscalía que se queda.

Con ello, la SCJN y Ricardo Raphael han transformado el caso Wallace. Ya no debería recordarse por Hugo Alberto —el hijo que no era hijo—, ni por la crueldad de su madre, sino por el precedente que deja: la obligación de liberar a quienes confesaron bajo tortura.

Brenda Quevedo incluida.

Misiones para el poder judicial que aterriza.

Que tiemble la Fiscalía. Si no quiere ver a sus acusados en libertad, tendrá que controlar a sus agentes, vigilar a sus policías. Respetar derechos humanos. Desincentivar la tortura y las pruebas ilícitas. Asumir, de una vez por todas, que la carga de la prueba le corresponde al Estado.

Misiones para una Fiscalía que se queda.

Las herencias que recibirá el poder judicial que aterriza —y la Fiscalía, que quedará intacta—, deberían inquietar a Morena y a quienes sueñan con gobernar por mil años.

Las fallas del aparato de justicia serán suyas. A lo que hoy apuntan, mañana los señalará. Las estampas del mañana les pertenecerán: estampas del Poder Judicial Transformado.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/VANESSA ROMERO/EL PAIS

“ANTES ROBABAN MAS los AUTOS y AHORA MAS las PERSONAS ?”: “HALLAN en BRECHA de CERRALVO la CAMIONETA de ENFERMERO PLAGIADO en la CARRETERA a REYNOSA”…van 10 en menos de una semana.


Las autoridades policiacas localizaron la camioneta del enfermero que el domingo fue privado de su libertad en la Carretera Reynosa.

Una fuente policial confirmó que el vehículo fue encontrado la tarde de ayer en una brecha, en zona despoblada de Cerralvo, pero el hallazgo se dio a conocer hasta hoy.

Mencionó que se confirmó que la Nissan Rogue es la que conducíaPedro Antonio Lorenzo Martínez, de 48 años, cuando regresaba a Reynosa, Tamaulipas, donde tiene su domicilio y trabajo.

El vehículo fue trasladado a Monterrey donde sería analizado a detalle por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Lorenzo Martínez es enfermero del Hospital General Regional No. 270 del IMSS, ubicado en la Carretera Reynosa-San Fernando.

La víctima había salido de Cadereyta alrededor de las 18:00 horas del domingo e iba de regreso a su casa.

Sin embargo, ya no llegó a su domicilio.

Las autoridades estiman que fue privado de su libertad por delincuentes del Cártel del Noreste, que operan en esa zona y que ese día habrían plagiado también a tres mujeres, así como a cinco músicos del grupo Los Juniors de Monterrey y su chofer.

De los diez secuestrados, sólo los músicos fueron liberados el martes por la mañana.

Ayer por la tarde también se localizó abandonado el auto que traían Natalia Gisela Ramírez Nolasco, de 50 años; María de la Luz Lara Lara, de 48; y Teresa Lizbeth Pérez Fuentes, de 26.

El Ford Fussion en el que el domingo regresaban a sus casas en Reynosa fue hallado abandonado en el cajón de una tienda Oxxo y gasolinera, en el kilómetro 64 de la Carretera a Reynosa, en Los Ramones.

En ambos casos las víctimas no han sido localizadas.

Con informacion: ELNORTE/

EL “90% de VOTOS FUE con ACORDEONES”: “NUEVO TRIBUNAL de CORRUPTOS EMULOS de RAMON AYALA sera quien VIGILE JUECES y MAGISTRADOS CORRUPTOS”…mero saldo de la ingeniería de la coacción y la manipulación con ropaje de legalidad.


El 90% de los ciudadanos votaron por los candidatos que aparecieron en los “acordeones” para la elección de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, una coincidencia que probabilísticamente es equivalente a sacarse la lotería. 

El dato ha sido desvelado por Martín Faz, uno de los cinco consejeros electorales que se ha opuesto a validar la elección judicial. Los números ponen en perspectiva la cascada de irregularidades que se han ido observando y dibujan unos comicios plagados de “prácticas antidemocráticas” que se pensaban erradicadas tres décadas atrás, sostienen los consejeros críticos.

Los hallazgos más escandalosos han ocasionado que los votos de 1.322 casillas en total fueran inválidos. De este total, 818 corresponden a la elección de ministros. Relleno de urnas, boletas planchadas, es decir, sin doblar (lo que convalida que no fueron ingresadas en la casilla), superávit de votos, es decir, los sufragios emitidos superaron el número de votantes; casillas zapato, donde los candidatos se llevaron el 100% de la votación, otras con folios consecutivos llenados con una caligrafía idéntica, otras con un porcentaje de participación físicamente imposible de alcanzar por un simple cálculo de tiempo; material electoral que luego apareció con boletas llenadas en la urna. Esto es apenas una parte del aluvión de irregularidades que el organismo ha podido comprobar en un puñado de centros de votación.

La distribución masiva de “acordeones” en todo el país ha sido el punto de quiebre para que cinco de las 11 consejerías del organismo electoral pongan en cuestión los polémicos comicios. Claudia Zavala, Arturo Castillo, Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel se resistieron a validar la elección. La declaratoria de validez del proceso, que alcanzo menos del 13% de participación de un padrón de 9,9 millones, ha sido objeto de un debate jurídico. El INE no tiene en todo caso facultades para invalidar una elección y declarar la no validez es más una declaración política dentro de la pugna interna que divide al órgano electoral.

Este es el argumento de la consejera, Carla Humphrey, para explicar el sentido de su voto. Un sufragio decisivo que marcó la diferencia y cerró la posibilidad de que el instituto no validara la elección y turnara la resolución del problema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la única instancia con competencia para declarar la nulidad de los comicios. “Nadie en ese consejo puso sobre la mesa que se declaran inválidas [las elecciones] y que no se entregaran las constancias, se quedó en un punto intermedio”, refiere la consejera.

En el contexto actual del sistema judicial mexicano, y a la luz de los recientes acontecimientos en la elección del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, se puede definir estas figuras como:

“Operadores institucionales revestidos de autoridad jurisdiccional, investidos con la suprema encomienda de fiscalizar, depurar y sancionar las conductas de quienes ejercen la potestad de impartir justicia, pero cuya legitimidad y autonomía resultan profundamente erosionadas por la impronta de prácticas antidemocráticas, la cooptación de voluntades y la suplantación del sufragio libre por dictados exógenos, todo ello bajo el velo de una arquitectura procedimental que presume imparcialidad y rigor, pero que en la praxis se ha visto contaminada por la reproducción sistémica de vicios ancestrales, reminiscentes de épocas de ignominia institucional.”

Fundamentación

El Tribunal de Disciplina Judicial, órgano supremo de vigilancia y sanción del Poder Judicial, ha sido conformado a través de un proceso electoral plagado de irregularidades: desde la distribución masiva de “acordeones” que dictaron el sentido del voto, hasta el relleno de urnas, boletas planchadas, superávit de sufragios y patrones de votación estadísticamente imposibles, todo lo cual ha sido documentado por consejeros electorales críticos y organismos internacionales.

La coincidencia del 90% de los votos con los “acordeones” y la imposibilidad matemática de tal uniformidad, revelan que la autonomía del voto fue suplantada por la imposición de intereses ajenos a la ciudadanía, lo que convierte a estos magistrados en “fiscales de la justicia” cuya legitimidad es cuestionable y cuya función disciplinaria se ve desvirtuada por su origen viciado.

La sofisticación de la corrupción judicial moderna radica en su capacidad de camuflarse bajo formas legales y procedimientos aparentemente democráticos, pero que en realidad perpetúan la cooptación, la simulación y la subordinación del aparato judicial a poderes fácticos o políticos, erosionando los principios de imparcialidad, independencia y acceso efectivo a la justicia.

La elección popular de jueces y magistrados, lejos de garantizar la depuración del sistema, puede exacerbar la influencia de intereses externos, comprometiendo la autonomía de los órganos disciplinarios y convirtiendo la fiscalización judicial en un mecanismo de control político más que en una garantía de integridad institucional.

En suma, estos “fiscalizadores de la justicia”, surgidos de un proceso electoral contaminado, pueden ser descritos como:

“Eximios custodios de la ortodoxia jurisdiccional, cuya misión de depuración y vigilancia se ve inexorablemente lastrada por la génesis de su mandato, el cual emerge de un entramado procedimental donde la voluntad popular ha sido suplantada por la ingeniería de la coacción y la manipulación, perpetuando así la opacidad y la simulación bajo el ropaje de la legalidad.”

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO