El 90% de los ciudadanos votaron por los candidatos que aparecieron en los “acordeones” para la elección de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, una coincidencia que probabilísticamente es equivalente a sacarse la lotería.
El dato ha sido desvelado por Martín Faz, uno de los cinco consejeros electorales que se ha opuesto a validar la elección judicial. Los números ponen en perspectiva la cascada de irregularidades que se han ido observando y dibujan unos comicios plagados de “prácticas antidemocráticas” que se pensaban erradicadas tres décadas atrás, sostienen los consejeros críticos.
Los hallazgos más escandalosos han ocasionado que los votos de 1.322 casillas en total fueran inválidos. De este total, 818 corresponden a la elección de ministros. Relleno de urnas, boletas planchadas, es decir, sin doblar (lo que convalida que no fueron ingresadas en la casilla), superávit de votos, es decir, los sufragios emitidos superaron el número de votantes; casillas zapato, donde los candidatos se llevaron el 100% de la votación, otras con folios consecutivos llenados con una caligrafía idéntica, otras con un porcentaje de participación físicamente imposible de alcanzar por un simple cálculo de tiempo; material electoral que luego apareció con boletas llenadas en la urna. Esto es apenas una parte del aluvión de irregularidades que el organismo ha podido comprobar en un puñado de centros de votación.
La distribución masiva de “acordeones” en todo el país ha sido el punto de quiebre para que cinco de las 11 consejerías del organismo electoral pongan en cuestión los polémicos comicios. Claudia Zavala, Arturo Castillo, Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel se resistieron a validar la elección. La declaratoria de validez del proceso, que alcanzo menos del 13% de participación de un padrón de 9,9 millones, ha sido objeto de un debate jurídico. El INE no tiene en todo caso facultades para invalidar una elección y declarar la no validez es más una declaración política dentro de la pugna interna que divide al órgano electoral.
Este es el argumento de la consejera, Carla Humphrey, para explicar el sentido de su voto. Un sufragio decisivo que marcó la diferencia y cerró la posibilidad de que el instituto no validara la elección y turnara la resolución del problema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la única instancia con competencia para declarar la nulidad de los comicios. “Nadie en ese consejo puso sobre la mesa que se declaran inválidas [las elecciones] y que no se entregaran las constancias, se quedó en un punto intermedio”, refiere la consejera.
En el contexto actual del sistema judicial mexicano, y a la luz de los recientes acontecimientos en la elección del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, se puede definir estas figuras como:
“Operadores institucionales revestidos de autoridad jurisdiccional, investidos con la suprema encomienda de fiscalizar, depurar y sancionar las conductas de quienes ejercen la potestad de impartir justicia, pero cuya legitimidad y autonomía resultan profundamente erosionadas por la impronta de prácticas antidemocráticas, la cooptación de voluntades y la suplantación del sufragio libre por dictados exógenos, todo ello bajo el velo de una arquitectura procedimental que presume imparcialidad y rigor, pero que en la praxis se ha visto contaminada por la reproducción sistémica de vicios ancestrales, reminiscentes de épocas de ignominia institucional.”
Fundamentación
El Tribunal de Disciplina Judicial, órgano supremo de vigilancia y sanción del Poder Judicial, ha sido conformado a través de un proceso electoral plagado de irregularidades: desde la distribución masiva de “acordeones” que dictaron el sentido del voto, hasta el relleno de urnas, boletas planchadas, superávit de sufragios y patrones de votación estadísticamente imposibles, todo lo cual ha sido documentado por consejeros electorales críticos y organismos internacionales.
La coincidencia del 90% de los votos con los “acordeones” y la imposibilidad matemática de tal uniformidad, revelan que la autonomía del voto fue suplantada por la imposición de intereses ajenos a la ciudadanía, lo que convierte a estos magistrados en “fiscales de la justicia” cuya legitimidad es cuestionable y cuya función disciplinaria se ve desvirtuada por su origen viciado.
La sofisticación de la corrupción judicial moderna radica en su capacidad de camuflarse bajo formas legales y procedimientos aparentemente democráticos, pero que en realidad perpetúan la cooptación, la simulación y la subordinación del aparato judicial a poderes fácticos o políticos, erosionando los principios de imparcialidad, independencia y acceso efectivo a la justicia.
La elección popular de jueces y magistrados, lejos de garantizar la depuración del sistema, puede exacerbar la influencia de intereses externos, comprometiendo la autonomía de los órganos disciplinarios y convirtiendo la fiscalización judicial en un mecanismo de control político más que en una garantía de integridad institucional.
En suma, estos “fiscalizadores de la justicia”, surgidos de un proceso electoral contaminado, pueden ser descritos como:
“Eximios custodios de la ortodoxia jurisdiccional, cuya misión de depuración y vigilancia se ve inexorablemente lastrada por la génesis de su mandato, el cual emerge de un entramado procedimental donde la voluntad popular ha sido suplantada por la ingeniería de la coacción y la manipulación, perpetuando así la opacidad y la simulación bajo el ropaje de la legalidad.”
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO
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