La mas reciente declaración de Ricardo Monreal sobre Morena,publicada ayer por ELNORTE ,la de estar “vacunado” contra vínculos con criminales es un guion listo para un sketch de comedia política.
La vacuna milagrosa: inyección de inmunidad retórica
Efectos secundarios: Memoria selectiva y visión borrosa para reconocer aliados en cuarta fila.
Manual del buen vacunado morenista
Protocolo de desvinculación express “¿Fotos con cuestionados? ¡Error de lente! El pueblo siempre pide selfies”. Según este manual tácito, la proximidad física no implica complicidad… excepto cuando es la oposición la que aparece en las imágenes.
Galardones con efecto boomerang El reconocimiento a Penilla en San Lázaro se convierte en “Premio Atrapame si puedes”, donde la responsabilidad se transfiere por Bluetooth al primer panista en rango. La táctica: usar el “Fue-ellos-que-lo-invitaron-3000”, modelo legislativo 2024.
El doble filo de la “vacuna”
Mientras los senadores describen al gobierno “entre la espada y la pared” con el caso Zambada, queda en evidencia que la famosa inmunidad:
Es selectiva: solo cubre a morenistas, no a expresidentes en mañaneras
Ironía final: El verdadero “entrampamiento” parece ser la capacidad de sostener discursos de pureza moral mientras se navega entre galardones cuestionables y operaciones de imagen. La única “vacuna” comprobada es contra el rubor político.
Los exportadores ya pagan un “arancel criminal” y en una semana llegará el nuevo impuesto que advirtió el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para los productos mexicanos.
Productores de berries, aguacates, limones, maíz y jitomates, quienes están expectantes ante posibles aranceles de EU, ya pagan desde hace años en México otro “impuesto”… a los grupos criminales.
En la Tierra Caliente, en Michoacán, los cobros a limoneros dejan a grupos como “Los Viagras”, “Caballeros Templarios” o al CJNG alrededor de 30 millones de pesos semanales, y los aguacateros deben pagar hasta 2 mil 500 pesos al crimen por hectárea de parcela, aunado a otra cuota impuesta a los empacadores.
Si los agricultores no ceden a las presiones, les cortan el agua, les queman producciones, les roban tractores o les cierran caminos para que no muevan sus mercancías.
Gracias a la omisión y hasta complicidad de autoridades, los sicarios han logrado imponer sus cuotas a cada producto desde que se siembra, empaqueta y distribuye, o de lo contrario, las amenazas pasan a los balazos y asesinatos, como ocurrió con el limonero José Luis Aguiñaga, ultimado en Michoacán en 2024.
Jorge Esteves, líder del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), advirtió que la inseguridad está golpeando al campo mexicano y a los precios finales de los productos.
“El campo es especialmente vulnerable a la inseguridad (…) Por favor, no nos dejen morir solos”, pidió al Gobierno federal.
A su llamado, se sumó el de Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, quien calificó de “impuesto disfrazado” estas cuotas.
“Es un sobrecosto a la producción en muchas áreas.
Es un tema difícil, a veces uno queda comprometido, pero hay que decirlo”, dijo el representante ganadero.
“Los camioneros, si no pagan, te quitan el camión ahí por la carretera o te lo queman”, dijo Guadalupe Mora, el jefe de la tenencia de La Ruana y hermano de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas que fue asesinado.
“Acá pagan cuota a todo el mundo, todo aquel que produce cualquier tipo de, digamos, de agricultura, de frutos, de verduras. Es un narco-arancel”, expresó Guillermo Valencia, dirigente estatal del PRI.
Los empresarios de berries (arándano, frambuesa, zarzamora y fresa), cuyas principales siembras están en Michoacán y Jalisco, también han señalado desde 2024 ser afectados por extorsiones, principalmente en lugares como Jacona y Zamora.
En Sinaloa, entidad líder en exportar tomate y maíz a Estados Unidos, productores de Culiacán, Navolato, Eldorado, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Sinaloa municipio), Ahome y El Fuerte están bajo el asedio del Cártel de Sinaloa y el grupo “Los Mazatlecos”, quienes imponen cobros al uso de agua en los distritos de riego.
“Ellos (criminales) tienen información muy delicada, mucha pública, otra que no, como datos de uno mismo, de familia, de socios, saben dónde vivimos y calculan cuánto ganamos”, dijo un agricultor consultado por Grupo REFORMA.
“Nos han incrementado los precios por hectárea. El año pasado fueron hasta mil 500 pesos más, que según por la sequía, pero sabemos que no podemos oponernos, porque sabemos que quien se opone le va mal”, añadió otro productor de maíz elotero.
De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el 84 por ciento de las exportaciones agroalimentarias de México es dirigido hacia Estados Unidos.
En la primera quincena de febrero, la inflación general aceleró 3.74 por ciento, principalmente por el mayor costo de los productos agropecuarios y en particular por el tema de los cárnicos que se incrementaron 10.4 por ciento.
“Durante el 2025 se ha observado un aumento en los precios al productor lo que se atribuye en parte a la depreciación de la moneda, a los elevados precios internacionales de los productos agropecuarios, al cambio climático y a la inseguridad en México, lo que en conjunto ha incrementado los costos para los productores”, detalló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Con información de Nallely Hernández y Óscar Uscanga /ELNORTE
El domingo 23 de febrero se registraron siete asesinatos en Sinaloa, con lo que la semana 24 de la “Ola de Violencia” cerró con 43 casos en total para un crecimiento de 115 por ciento con respecto a la semana inmediata anterior, cita NOROESTE.
Estas cifras reflejan una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes, cuyas dimensiones pueden medirse a través de tres ejes principales: homicidios, desapariciones forzadas y robo de vehículos. Los datos recopilados entre el 9 de septiembre de 2024 y el 23 de febrero de 2025 revelan:
1. Homicidios dolosos: exterminio sistemático
899 asesinatos registrados (5.3 diarios).
Promedio móvil diario (7 días): 5.2 ejecuciones.
En febrero de 2025: 106 homicidios (4.6 diarios), superando el promedio histórico previo a la “ola de violencia”.
Comparativo clave:
Período
Promedio diario
Enero-agosto 2024
3.1
Febrero 2025
4.6
2. Privaciones de la libertad: la “muerte en vida”
1,008 personas desaparecidas (6 diarios), cifra superior a los homicidios.
Solo el 61% de los casos (615) tienen denuncia formal en la Fiscalía General del Estado.
Tasa de impunidad: 39% de las desapariciones carecen de investigación oficial.
3. Robo de vehículos: combustible del crimen organizado
3,236 vehículos robados (19.4 diarios).
Febrero 2025: 412 denuncias (18.7 diarios), indicando uso logístico para operaciones criminales.
Contextualización de la barbarie
La disputa entre los cárteles de Los Guzmán y Los Zambada ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla donde:
La tasa de homicidios duplica el promedio nacional previo a 2024.
Cada 4.5 horas desaparece una persona, con cero garantías de localización.
El robo de autos crece un 240% respecto a 2023, alimentando redes de transporte ilícito.
Esta violencia sistémica, combinada con la inegable complicidad instituciona, equivale a un colapso del Estado de derecho, donde la población civil queda atrapada entre el terror criminal y la incapacidad gubernamental. Los datos no solo muestran números: revelan una descomposición social acelerada y una generación marcada por el duelo y el miedo.
Todo esto bajo otra estrategia inutil,pues cualquier plan debiera tener como eje rector el benéficio tangible en materia de seguridad y si esta no la perciben los ciudadanos,es señal inequívoca que esta fallando el plan,el resto es retorica,vulgar rollo mañanero para el pueblo, pero no por el pueblo.
La justicia ha llegado para Wilberto, Gustavo Ángel, Jonathan, Alejandro y Gustavo,los cinco jóvenes que fueron acribillados por elementos de la Secretaría de Defensa la madrugada del 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo.
La tragedia ,tan solo una mas de muchas,expone una dolorosa paradoja institucional: las fuerzas creadas para proteger a la ciudadanía convertidas en verdugos.
Este caso, donde cuatro militares ya fueron condenados por el asesinato de cinco jóvenes en 2023, deja al descubierto varias capas de reflexión sobre seguridad y justicia en México:
Fracturas en el modelo de seguridad
El operativo del 16º Regimiento de Caballería Motorizada revela fallas sistémicas en los protocolos castrenses:
Los agresores actuaron sin órdenes superiores según el capitán Elio Conde.
Usaron vehículos oficiales para perseguir y embestir la camioneta civil
Intentaron manipular la narrativa grabando una falsa confesión a sobrevivientes
La justicia tardía (dos años para obtener sentencia) contrasta con la velocidad letal del ataque, donde los soldados dispararon 113 veces según peritajes. Esto refleja cómo la impunidad opera como cómplice estructural de la violencia institucional.
Costo humano de la militarización
Los testimonios de los sobrevivientes dibujan un panorama de terror cotidiano:
Alejandro Pérez presenció el ejecución sumaria de su hermano pese a pedir auxilio
Gustavo Ángel Suárez fue asesinado días después de anunciar su paternidad
Las familias enfrentaron obstáculos burocráticos para reclamar los cuerpos
Este episodio evidencia cómo la estrategia de “guerra contra el narco” ha normalizado la brutalidad castrense en zonas fronterizas, donde operan 28,000 efectivos militarizados según datos oficiales.
Sin embargo, persisten deudas pendientes:
Omisión de mandos superiores en la cadena de responsabilidades
Ausencia de reparación integral a las familias
Falta de mecanismos civiles efectivos para investigar abusos militares
Este caso, donde la justicia llegó tras una lucha persistente de víctimas y periodistas, plantea una pregunta crucial: ¿Será el principio del fin de la impunidad castrense o solo un oasis en el desierto de violencia institucional que ha dejado 4,463 víctimas de homicidio doloso en Tamaulipas desde 2006?
La respuesta dependerá de transformar este fallo judicial en reformas estructurales que sometan a todas las fuerzas armadas al escrutinio civil democrático.
“….La justicia ha llegado para Wilberto, Gustavo Ángel, Jonathan, Alejandro y Gustavo,los cinco jóvenes que fueron acribillados por elementos de la Secretaría de Defensa la madrugada del 26 de febrero de 2023, cuando festejaban que uno de ellos iba a ser padre.
Iban en una camioneta con otros dos jóvenes —que sí sobrevivieron— por Nuevo Laredo (Tamaulipas) cuando fueron emboscados por patrullas militares. Este lunes, un juez federal ha condenado a cuatro uniformados del 16º Regimiento de Caballería Motorizada por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Han pasado dos años desde que Gustavo Ángel Suárez comunicó feliz a su familia y amigos que su esposa se había quedado embarazada. Tenía 21 años, vivía a caballo entre San Antonio (Texas, Estados Unidos) y Nuevo Laredo y hacía apenas un mes que había pagado el enganche de una camioneta. Su padre, Humberto Suárez, contó a EL PAÍS cómo recibió la noticia: “El sábado él me llamó y me dijo que si le regalaba un pescado. Yo le dije que sí y él me dijo ‘¿sabes qué? Vas a ser abuelo’. Andaba bien chiflado”, se reía el hombre de la alegría de la noticia.
Esa noche, Gustavo Ángel y seis amigos (Wilberto Mata, Jonathan Aguilar, Alejandro Trujillo,Gerardo y los hermanos Gustavo y Alejandro Pérez) salieron a un antro a celebrarlo. Regresaban en la camioneta nueva cuando se les atravesaron los militares. Fueron perseguidos por al menos tres vehículos del Ejército mexicano. Una de las camionetas castrenses chocó contra la de los jóvenes por detrás y, acto seguido, los soldados empezaron a disparar. Los acribillaron sin mediar palabra.
“Cuando ya salí de la camioneta, escuché que los militares decían, ‘¡mátenlo, mátenlo!’ Me pusieron pecho a tierra. Luego aún escuché dos disparos más, y ya al rato vi a mi hermano tirado en el piso”, narró Alejandro Pérez, que sobrevivió al ataque. Tras los primeros disparos, los militares se acercaron a los jóvenes. “Alcancé a ver cómo un elemento le disparó a un compañero que ya estaba herido. Él pedía una ambulancia, pero un elemento militar le disparó de nuevo”, declaró Pérez, que vio morir a su hermano, “luego me preguntaron si quería vivir o morir y yo les respondí que quería vivir. Y ellos me dijeron que me declarara culpable, mientras ellos me grababan en vídeo. Que dijera que íbamos huyendo, lo cual no es verdad”.
Esa grabación no ha marcado diferencia en el juicio, donde se ha sentenciado a Agustín ‘N’, Bernardo ‘N’, Jorge ‘N’ y Juan Carlos ‘N’, todos ellos con grado de cabo de caballería y quienes comparecieron en la audiencia por videoconferencia desde una prisión militar.
Ha sido clave para la resolución del juez el testimonio del capitán, Elio Conde, quien afirmó que “los cuatro cabos dispararon sin existir una orden superior de por medio”. El juez federal Juan Gonzaga Sandoval, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, ha considerado que no existió ninguna razón válida para la agresión. La próxima semana se conocerán las penas para los sentenciados.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN
Todo empieza con una llamada nerviosa que llega al Centro de Atención al Turista de Ciudad de México poco antes de la una de la tarde del viernes pasado. Al otro lado del teléfono hay un hombre agitado que no se identifica. Parece extranjero.
Como puede, narra que está secuestrado en Casa Talavera, un hostal a dos cuadras de la plaza del Zócalo, en pleno corazón turístico de la capital. Dice que son 27 personas y que todas están encerradas en la habitación 506, en el quinto piso del edificio. Dice que los han torturado, les han robado todo su dinero y los pasaportes. Dice también que les han quitado los celulares, pero han logrado esconder uno o dos, desde los que ahora se ponen en contacto. No los dejan salir desde hace dos semanas. Hay 25 ciudadanos indios, una mujer nepalí y un salvadoreño.
Han cruzado a México desde Guatemala, por la frontera de Chiapas, algunos días antes e irregularmente. Su idea, como la de la enorme mayoría, no es quedarse en el país, sino alcanzar Estados Unidos. Poco después de pisar territorio mexicano son contactados por “unos sujetos de nacionalidad mexicana”, según fuentes de seguridad de la capital. Les ofrecen alojarse en su hotel.
El grupo acepta. Y sin darse cuenta, acaban retenidos por 15 días en una habitación de “aproximadamente tres por dos metros” con literas. Solo les permiten utilizar sus teléfonos para llamar a sus familiares y pedirles más dinero: el manual clásico de la extorsión a migrantes en México.
Los secuestrados se comunican también con los agentes a través de mensajes de WhatsApp, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, desde dos números de teléfono distintos. La conversación es algo surrealista: el secuestrado intenta hablar en español, seguramente con ayuda de alguna aplicación de traducción, pero dice cosas sin sentido. El policía responde en un inglés torpe, pero consiguen entenderse. La parte más coherente del intercambio sucede así:
13.36. Hombre secuestrado: Llamada perdida.
13.37 Hombre secuestrado: Hermano por favor ayudanos.
13.37. Hombre secuestrado: Llamada perdida.
13.38. Agente de policía: TELL ME [Dime].
13.38. Agente de policía: HOW CAN I HELP YOU ???? [¿Cómo te puedo ayudar?].
13.38. Hombre secuestrado: yes help plz [sí, por favor, ayuda].
El hombre continúa pidiendo ayuda. Hace más llamadas perdidas. Envía su ubicación y fotografías que muestran cortes y enormes hematomas en sus brazos. También otra imagen desenfocada en la que se aprecia a varios hombres hacinados en un cuarto minúsculo. Un teléfono distinto envía también la misma ubicación y suplica: “Hellp me [sic]”. Los secuestrados han encontrado el número de la Policía Turística de la capital a través de Mi Policía, una aplicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los agentes salen en cinco coches y llegan a las 14.24 al número 25 de la avenida Pino Suárez.
Desde la calle no se ve el hostal. La entrada es a través de una taquería que vende carnitas y pastor. Hay que caminar hasta el fondo del pasillo, la trastienda, donde hay un ascensor y unas escaleras. Es un buen lugar para un secuestro: además del restaurante y un taller de costura no hay vecinos. Casi todo el edificio está vacío. Los agentes suben al quinto piso. La puerta del hotel es roja y está protegida por una reja del mismo color. Sobre la pared azul hay unas luces de neón que dicen: “México, mi amor”.
Abre la puerta una mujer de 52 años que se identifica como la dueña del hotel. Se llama Laura Talavera. Mientras la entrevistan, los agentes escuchan ruidos de fondo. Voces, gritos en un idioma que no son capaces de entender. Así es como encuentran a los 27. Ninguno de los indios habla español y solo uno de ellos habla inglés, por lo que la comunicación con ellos es difícil. Le tocará al salvadoreño echar luz sobre la situación.
Aun así, la policía saca en claro lo necesario: llevan 15 días secuestrados, incomunicados, han sido torturados —“presentaban golpes visibles“, dirá dos días después en una rueda de prensa Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital, “además estaban nerviosos y sucios”. Hay otros dos hombres, mexicanos, en el hotel, a los que los migrantes identifican como sus torturadores: Marcos Yael, de 29 años, y su hermano Alan Yankeri, de 20. Por sus apellidos, presumiblemente son los hijos de la dueña. El más joven lleva en la cintura una pistola de color negro que usaba para amedrentar a los secuestrados. Es una réplica.
Los tres secuestradores son detenidos en el momento. Los 27 migrantes reciben atención médica en el lugar. Casi todos muestran síntomas de una crisis de ansiedad. Los arrestados y las víctimas son trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, pero después de una hora allí, los responsables deciden que no es de su competencia “debido a que no se acredita la delincuencia organizada”. Así que todos son canalizados a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro. Allí, se abre la carpeta de investigación.
Como, salvo el salvadoreño, nadie habla español, los agentes contactan a la Embajada de la India para que envíe dos traductores y al jefe consular. Mientras tanto, los 27 comen algo —“raciones secas”—. Después de declarar, son alojados en un centro de asistencia social en la alcaldía Venustiano Carranza. Llegan allí, por fin y tras un día muy largo, a las 21.20. Dos policías custodian el edificio. En Casa Talavera, los agentes también hacen guardias de dos en dos en la puerta desde el viernes. La mañana del lunes todavía seguirán allí. Sobre la puerta del hotel, una cinta de clausura de la Fiscalía capitalina.
Preguntas sin resolver
El operativo, después de todo, ha sido discreto. Los de la taquería de abajo apenas se han dado cuenta de que algo pasa, o eso dicen. Igual con varios comerciantes cercanos. Ninguno es consciente de haber visto grupos grandes de extranjeros antes alrededor del hostal. De hecho, en la acera de enfrente, hay una patrulla de policía constantemente, comentan, que está ahí también cuando este periódico acude al lugar.
El camarero de uno de los restaurantes cercanos, un venezolano, también migrante, también de camino a Estados Unidos hasta que Donald Trump frustró cualquier aspiración que tuviera de cruzar la frontera, dice que en ocasiones los clientes del hostal comen en el establecimiento, pero que nunca nadie se había quejado de nada parecido.
El caso plantea preguntas, aun así. ¿Cómo es posible que dos jóvenes de 20 años y una señora de 53 sean capaces de retener solos a 27 personas jóvenes? ¿Formaban parte de un grupo organizado, a pesar de que la Fiscalía no encontrara en un primer momento indicios de ello? ¿Cómo llega un grupo de una veintena de personas de apariencia extranjera y sin hablar el idioma a un hotel en una calle que siempre está frecuentada, custodiada constantemente por una patrulla policial, sin que nadie se dé cuenta?
También apunta a la existencia de una ruta establecida para ciudadanos de esas nacionalidades a través de Chiapas. El pasado octubre, el Ejército masacró a seis migrantes que viajaban hacinados en un grupo de 33 personas en la parte trasera de un camión de carga de ganado. Entre ellos había ciudadanos de Nepal, India y El Salvador, además de gente procedente de Perú, Honduras, Egipto, Cuba y Pakistán. Las organizaciones de derechos humanos han vuelto a alertar, con el regreso al poder de Trump en Estados Unidos, que la estrategia de blindar las fronteras y militarizar la contención migratoria aboca a las personas a buscar rutas clandestinas donde se exponen a secuestros y extorsiones. Como los 27 de Ciudad de México.
Con informacion: ALEJANDRO SANTOS CID/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
En septiembre de 2024 ,Ismael el “Mayo Zambada” se declaró inocente ante un tribunal federal de Nueva York de 17 cargos de delitos graves, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas, ahora “El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte”, dijo a Reuters el abogado Frank Pérez.
Un acuerdo de culpabilidad es un mecanismo legal que permite resolver un caso penal sin llegar a juicio, mediante la aceptación de responsabilidad por parte del acusado a cambio de beneficios procesales.
Este proceso, utilizado en el 95-98% de los casos federales según datos estadounidenses, implica importantes consideraciones estratégicas y consecuencias jurídicas.
Elementos clave del acuerdo de culpabilidad
Definición legal: Contrato vinculante entre fiscalía y defensa donde el acusado admite culpabilidad o no impugna cargos (declaración nolo contendere) a cambio de:
Reducción de cargos (ej: de delito mayor a menor)
Recomendación de sentencia menor
Eliminación de cargos adicionales
Implicaciones para el acusado (caso Zambada):
Evita riesgos procesales: En este caso, elimina la posibilidad de pena de muerte al aceptar un cargo no capital
Certidumbre en sentencia: Reduce la exposición a condenas máximas (para Zambada, de 17 cargos podría concentrarse en 1)
Renuncia a derechos: Pierde posibilidad de juicio, apelación y confrontación de testigos
Beneficios para la fiscalía:
Ahorra recursos al evitar juicio prolongado
Garantiza condena sin riesgos de absolución y permite obtener colaboración en otros casos,segun sean los términos del acuerdo, como cita el portal Abogado.com
Consideraciones específicas en narcotráfico
En casos como el de Zambada, los acuerdos suelen incluir:
Cláusulas de cooperación: Revelar información sobre estructuras criminales
Protección penal: Exclusión de cargos relacionados con violencia extrema
Ventajas logísticas: Mejores condiciones carcelarias durante el proceso
Tabla comparativa: Juicio vs. Acuerdo
Aspecto
Juicio
Acuerdo de culpabilidad
Duración proceso
1-5 años promedio
3-12 meses
Exposición penal
Máximas condenas
Reducción promedio del 60%
Costos económicos
Alto (USD 500k-2M)
Moderado (USD 50k-200k)
Control del resultado
Incierto
Predecible
El caso mencionado muestra una estrategia de negociación de cargos, donde Zambada busca minimizar su exposición legal aceptando responsabilidad limitada. Para la fiscalía, representa la oportunidad de:
Evitar un juicio complejo con testigos vulnerables
Obtener información estratégica sobre el Cártel de Sinaloa
Cimentar procesos contra otros líderes narco
Este tipo de acuerdos, aunque controversiales, constituyen un pilar del sistema acusatorio estadounidense, equilibrando eficiencia procesal con resultados penales concretos. Su aplicación en casos de narcotráfico internacional refleja la compleja interacción entre justicia retributiva y pragmatismo institucional.
