La denuncia contra Barrios Mojica proviene de cuando fue mando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, lo acusa de manipulación de testigos protegidos en su contra.
El caso de la familia Herrera Valles, con los hermanos Arturo, Javier y el hijo de éste último, todos integrantes de la Policía Federal, comenzó en 2008. En febrero de ese año, el excomisario entregó dos cartas al presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde expuso posibles actos de corrupción cometidos por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna.
Seis meses después, la PF inició un procedimiento disciplinario por presunta conducta indebida, incluidas ausencias no autorizadas contra Javier Herrera. Al mes siguiente fue despedido de su puesto de comisario y el 4 de septiembre, su hermano Arturo, quien se desempeñaba como inspector general en Villahermosa, Tabasco, fue arrestado por el delito de crimen organizado.
A 12 años de que inició el proceso legal, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México otorgó el amparo a Javier Herrera Valles y revocó la resolución de 2018 emitida por la PGR, que impedía investigar al equipo de Morales Ibáñez. Esta decisión es un giro relevante para la familia Herrera Valles, quien habló públicamente de la presunta colusión del gobierno calderonista con el crimen organizado.
ARTÍFICE DE TESTIGOS PROTEGIDOS
"Él (Irving Barrios Mojica) fue el artífice de los testigos protegidos que hicieron tanto daño a muchísimos servidores públicos y que al final de cuentas debe ser investigada su actuación", expresó Javier Herrera en entrevista.
José Salvador Puga Quintanilla, alias "El Gordo", fue el testigo estrella de la PGR de Felipe Calderón. En septiembre de 2008, Puga Quintanilla y otro hombre fueron detenidos por secuestro en el Estado de México. En los días posteriores a su captura, "El Gordo" fue aceptado como testigo colaborador, con el nombre clave El Pitufo. La familia Herrera Valles acusa a Barrios Mojica de utilizarlo para inculpar al entonces mando de la Policía Federal de tener vínculos con el Cártel del Golfo.
"La denuncia la presenté en marzo de 2014 contra Marisela Morales y los servidores públicos que integraron mi averiguación previa... hubo una serie de irregularidades, ha sido una situación muy complicada porque la PGR en ese tiempo parece ser que ha estado protegiendo a los servidores públicos que yo denuncié", comentó Javier Herrera.
La PGR mantuvo preso a Arturo Herrera hasta el 10 de agosto de 2011, cuando se decretó que no había pruebas en su contra por delincuencia organizada. Sin embargo, Javier Herrera estuvo 4 años en prisión por el delito de delincuencia organizada. El seis de septiembre de 2012, un juez federal decretó su inocencia y ordenó su libertad.
La denuncia al Fiscal Barrios Mojica
En marzo de 2014, Javier Herrera denunció a la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales, a su coordinador de fiscales Irving Barrios Mojica, a 3 Ministerios Públicos que participaron en la integración de la averiguación previa en su contra, y los testigos protegidos Pitufo, Roberto López Nájera, con nombre clave Mateo", y Roberto López Nájera, identificado como "Jennifer".
En mayo de 2020, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), admitió, de manera excepcional, al caso "1413-08, Javier Herrera Valles y Arturo Herrera Valles y familia. México".
La petición fue presentada ante la CIDH en diciembre de 2008 bajo alegatos de detención ilegal, maltrato en custodia y deficiencias sustantivas en los procesos penales contra Javier y su hermano Arturo Herrera Valles.
Los hermanos alegan que las acciones del Estado resultaron en el acoso de miembros de la familia, así como otras violaciones, como el derecho a la libertad de expresión, derechos políticos y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad.
Las normas internacionales aplicables a casos como este, donde se alegan violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, el recurso apropiado y efectivo es precisamente la realización de una investigación penal efectiva destinada a aclarar los hechos y, si es necesario, individualizar y enjuiciar a los responsables.
La CIDH destaca en su informe que a pesar de que el Estado mexicano afirma estar llevando a cabo una averiguación sobre el caso, "la comisión considera que el hecho de que dicha investigación no haya concluido después de un período de más de 10 años constituye un retraso injustificado a los efectos de la admisibilidad; y que, a este respecto, la petición cumple con la excepción al requisito de previo agotamiento de los recursos internos, de conformidad con el artículo 46.2.c de la Convención Americana".
La decisión de la CIDH tuvo lugar tras detención de Genaro García Luna en la localidad de Grapevine, en Texas, en diciembre de 2019, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido "sobornos multimillonarios" del Cártel de Sinaloa.
