Tomás Yarington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, parece haber puesto fin a su pesadilla ahora que en Estados Unidos fue sentenciado a nueve años de cárcel por el delito de lavado de dinero. En 2021 se declaró culpable del resto de los cargos que pesaban en su contra y es muy probable que haya negociado con las autoridades norteamericanas, pues poco faltó para que lo terminara liberando, ya que lo que se esperaba para él no era menos que una cadena perpetua.
De pronto todo se derrumbó. De aquel voluminoso expediente criminal sólo le pudieron acreditar lavado de dinero por 3.5 millones de dólares, nada que ver con lo que se plasmó en el expediente mexicano, donde el exmandatario de Tamaulipas es acusado de recibir maletas repletas de dólares durante su mandato por parte de los cárteles del Golfo y Los Zetas. Ahora se afirma que todo aquello fue una maquinación de la entonces procuradora Marisela Morales, para quien piden juicio político.
Largo fue el proceso de investigación, con todo y sus fugas y dilaciones, que pusieron el político priista contra la pared desde el año 2012, cuando empezó a ser investigado formalmente, aunque la extinta Procuraduría General de la República (PGR) estableció en sus indagaciones que los presuntos vínculos de Yarrington con el narcotráfico se habían evidenciado desde principios de los años noventa del siglo pasado, cuando fue alcalde de la ciudad de Matamoros.
Con una carrera política meteórica, Yarrington fue alcalde y muy pronto construyó un andamiaje político y financiero para ser gobernador. Y a punto estuvo de ser candidato a la presidencia de la República, pues trabajó fuerte para alcanzar la nominación de su partido en 2006 cuando emprendió una campaña de andanadas en contra de Roberto Madrazo, llamado TUCOM –Todos Unidos contra Madrazo –quien finalmente se impuso en la contienda interna del PRI.
Tomás Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005. Antes de terminar su periodo su entorno estaba plagado de escándalos no sólo por la violencia desatada en estado por el narcotráfico sino por su inocultable enriquecimiento exhibido mediante la adquisición de propiedades lujosas en México y Estados Unidos que tuvo que poner a nombre de varios presuntos testaferros, muchos de ellos contratistas del gobierno que encabezó.
La Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) lo comenzó a investigar antes de que concluyera su gobierno, por ahí del año 2003. La indagatoria entonces estuvo a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, quien en una conversación sostenida en sus oficinas de la avenida Reforma me confirmó que, en efecto, su equipo trabajaba en la integración de una averiguación previa por narcotráfico en contra del entonces mandatario tamaulipeco.
Pobreza en Estados Unidos
Además de los personajes que representaban a los cárteles del Golfo y Los Zetas la indagación incluía a varios funcionarios del gabinete estatal, considerados entonces cómplices de la corrupción y de la protección al crimen organizado. Uno de ellos era Tomás Cayuela, quien se desempeñaba como procurador estatal, quien apareció señalado en varios expedientes como pieza clave de Yarrington en la recolección de dinero para apuntalar, en aquel 2006, la campaña política del político actualmente preso en Estados Unidos.
En el año 2012 se giraron las primeras órdenes de aprehensión contra Yarrington. Los delitos: vínculos con la delincuencia organizada y lavado de dinero. Luego salió a flote la lista de testaferros. Y cuando se vio acorralado por la justicia despareció del mapa nacional y, cinco años después, en 2017, fue capturado en Florencia, Italia, cuando salía de cenar de un restaurante.
Vivía cómodamente en Paola, Calabria, Italia, y para moverse usaba varias identificaciones falsas. Ingresó a Europa con una credencial del INE, emitida en 2014, a nombre de José Ángel Márquez Pérez; también portaba una licencia de manejo tipo A, expedida por el gobierno de la ciudad de México, a nombre de su alias. También utilizaba una credencial de la Asociación Cristiana de Jóvenes, con sede en la ciudad de Austin, Texas.
Durante un lustro estuvo ausente de la justicia. En los expedientes integrados tanto en México como en Estados Unidos se le vinculó con el cártel de Los Zetas y del Golfo: ambas organizaciones criminales tuvieron un amplio auge en Tamaulipas durante su gobierno. El cártel del Golfo entonces era encabezado por Osiel Cárdenas Guillén, en tanto que Los Zetas estaban dirigidos por Heriberto Lazcano –en una primera etapa –y después por Miguel Ángel Treviño Morales. El primero fue asesinado en Coahuila y el segundo capturado en 2012.
De las investigaciones criminales se desprende que Yarrington presuntamente brindó protección a estos grupos y así lo señalan varios testigos, muchos de ellos lavadores de dinero de ambos cárteles, que declararon en México y Estados Unidos, respectivamente.
Tras su captura en Italia fue sometido a un juicio de extradición. El gobierno mexicano cedió que el político priista fuera enviado a Estados Unidos. Entre 2017 y el 2022, Yarrington se declaró culpable de los cargos que se le imputaron, todos ligados a la delincuencia organizada. No se sabe oficialmente si negoció con las autoridades estadunidenses o se acogió al programa de testigos colaboradores, pero lo cierto es que la sentencia de nueve años le resultó bastante accesible por no decir que barata no obstante el embrollo en el que estaba implicado.
Del cúmulo de millones de dólares que le atribuyeron, ganancias por la protección al narcotráfico, según las autoridades, en Estados Unidos sólo le pudieron probar que lavó unos 3.5 millones de dólares, dinero que, de acuerdo con el expediente de aquel país, recibió como sobornos de las organizaciones criminales.
El político tamaulipeco se declaró culpable en marzo de 2021, tres años después de haber sido extraditado de Italia; lo curioso es que, si no hubiera sido porque se acogió al programa de testigo colaborador, no tendría explicación por qué las autoridades de Estados Unidos desestimaron otros cargos como fraude bancario y conspiración para exportar cocaína y marihuana a Estados Unidos. Un resumen de la Corte estimó, antes de su sentencia, que Yarrington pudo haber lavado unos nueve y medio millones de dólares. Aún así resulta poco, pues en México las investigaciones de la PGR establecieron que en el gobierno de Tamaulipas se utilizaron hasta los programas sociales para lavar dinero proveniente de la delincuencia organizada. Ahora resulta que todo esto resultó un cuento fantástico armado con testigos mentirosos.
La historia de Yarrington no es distinta de la de otros personajes del crimen: Por ejemplo, Osiel Cárdenas fue sentenciado en secreto y, tras colaborar con las autoridades, le impusieron una pena de menos de diez años. Podría salir antes del 2030.
Otro caso fue el de Dámaso López, “El Licenciado”, exsocio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” y cómplice en la maquinación de la primera fuga del capo del penal de Puente Grande, en el año 2001 Le habían impuesto una cadena perpetua, pero luego de que se acogió al programa de testigo protegido la pena le fue reducida a diez años.
Ahora Yarrington parece aprestarse a cobrar venganza de algunos exfuncionarios que lo acusaron, según él, falsamente, de tener nexos con el crimen.
Todo indica que su primera víctima será la exprocuradora Marisela Morales –famosa por fabricar expedientes criminales con testimonios falsos durante el gobierno de Felipe Calderón –a quien demandará sea sometida a juicio político.
Para ello, la defensa del exgobernador de Tamaulipas –encabezada por Tulio Ruiz –presentó y ratificó en un solo acto ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Morales Ibáñez “por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y garantías individuales de Tomás Yarrington.
De acuerdo con el escrito de denuncia de 31 páginas la exprocuradora y excónsul en Milán, Italia, filtró información de carácter confidencial a algunos medios de comunicación que formaban parte de una averiguación previa, con fines estrictamente electorales en el marco del proceso electoral presidencial.
El objetivo es que el Poder Legislativo resuelva inhabilitar a Morales para ocupar cargos en la administración pública.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, Morales Ibáñez se ganó la mala fama de construir expedientes criminales con testigos no dignos de fe; ella encabezó la llamada Operación Limpieza en la extinta FGR, pero ningún funcionario encarcelado entre 2006 y 2012 permanece preso por presuntos nexos criminales. Todos recuperaron su libertad porque los testigos usados para armar el expediente nunca pudieron probar sus dichos.
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(Foto: Twitter/loba_indomable)
