Más de tres centenares de operaciones de intervención telefónica han sido desplegadas por la Guardia Nacional entre enero de 2020 y diciembre de 2021, con el presunto propósito de “prevenir la comisión de delitos”.
De acuerdo con bases de datos oficiales analizadas por EMEEQUIS, la Guardia Nacional solicitó en el periodo señalado 303 permisos judiciales para la intervención de comunicaciones privadas de la ciudadanía mexicana.
El lapso de las escuchas coincidió con el proceso electoral 2020-2021 en el que se renovaron el Congreso federal y 15 gubernaturas.
Apenas el 25 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el proyecto del decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al argumentar que violaría el derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos y no combatiría las extorsiones telefónicas.
Cabe señalar que la Guardia Nacional atraviesa una severa crisis de reputación pública originada en casi un millar de denuncias por violaciones a derechos humanos y la implicación de sus elementos en por lo menos 11 homicidios, además del descrédito derivado de la participación de personal e infraestructura de la corporación en actos proselitistas.
El caso Ángel Yael, estudiante de Guanajuato abatido injustificadamente por una bala de esta corporación, es el más reciente episodio de desprestigio.
¿QUÉ TANTO ESCUCHAN?
La Guardia Nacional, a través de la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha realizado, entre 2020 y 2021, 303 intervenciones de comunicaciones privadas de la ciudadanía mexicana. En dicha cifra, se incluye el acceso al registro de comunicaciones de usuarios de empresas telefónicas implicadas.
En la información oficial, recopilada por EMEEQUIS de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el rubro de “Empresa Concesionaria de los Servicios”, se expone solamente: “TELCEL, MOVISTAR, TELMEX, AT&T Y OTRAS”. Esta leyenda aparece en todos los periodos de tiempo reportados; es decir, no se especifica qué empresa ofreció qué tipo de servicio ni en qué periodo de tiempo.
Cuestionadas sobre su participación en las operaciones de escucha, esto dijeron las empresas telefónicas a EMEEQUIS:
AT&T México: “AT&T en México no entrega ni comparte información sobre sus usuarios o dispositivos móviles a ninguna autoridad, con excepción de las autoridades de procuración de justicia en los supuestos que la legislación nacional establece.
“En AT&T estamos comprometidos con la protección de los datos personales de nuestros clientes y colaboradores, por ello continuamos implementando todas las medidas necesarias para mantener los datos confidenciales y seguros. Los reconocimientos por parte de organismos como Better Business Bureau (BBB) y NYCE certifican el cumplimiento de la ley por parte de AT&T en México en la materia”.
Telcel: “Telcel cumple estrictamente con la Ley. En los casos donde se solicitan intervenciones, estas son siempre instruidas por jueces de control a petición de la Guardia Nacional con base en la legislación aplicable”.
Movistar no entregó una postura a este medio de comunicación.
Ayer se realizó una protesta de miles de jóvenes en Guanajuato por el asesinato de Ángel Yael presuntamente a manos de un elemento de la Guardia Nacional. Foto: Cuartoscuro.com.
En 2020, la Guardia Nacional realizó 92 solicitudes para intervención de comunicaciones privadas, y 32 solicitudes de acceso al registro de datos de comunicaciones de usuarios de las empresas telefónicas del país.
Es decir, en dicho año, el total de intervenciones fue de 124. Para 2021, la corporación intervino 124 veces las comunicaciones privadas y tuvo acceso 55 veces al registro de las empresas telefónicas mencionadas. O sea, 179.
Asimismo, en los últimos dos años, todas las intervenciones de comunicaciones privadas (216) que ha realizado la Guardia Nacional han durado un periodo de tiempo de 60 días, aproximadamente dos meses cada una.
Arribo de elementos de GN a Tijuana para contener homicidios en enero pasado. Foto: Cuartoscuro.com.
CONTRADICCIÓN DE LA PROPIA GN
En los informes anuales oficiales de la Guardia Nacional los datos difieren. En 2020 no se reportó ninguna cifra al respecto. Y en 2021 en el rubro de “expedientes integrados para la intervención de comunicaciones privadas para la investigación y prevención de delitos”, la institución únicamente reporta 53 expedientes de 33 que tenía programados.
No obstante, la base de datos de la PNT indica que en 2020 la GN realizó 124 solicitudes de intervención privada, y en 2021, 179. Dando un total de 303 intervenciones en los últimos dos años.
Según los datos incluidos por la entidad en dicha base de datos, todas las solicitudes e intervenciones mencionadas se dieron con autorización judicial. También se indica que las intervenciones a comunicaciones privadas se dieron “Mediante el empleo de aparatos eléctricos, oral, escrita.”
En lo que respecta al acceso al registro de datos de las empresas, todas se dieron “mediante la entrega de la información por parte de las empresas telefónicas”.
Además, la base de datos informa que la Guardia Nacional no ha realizado solicitudes para la localización geográfica. Los datos tampoco informan el número de teléfonos o usuarios intervenidos, ni datos específicos.
EL FUNDAMENTO LEGAL: ¿PREVENCIÓN DEL DELITO?
Bajo la política de prevenir el delito, la GN fundamenta sus acciones de espionaje en en la Ley de la Guardia Nacional que expone en su artículo noveno: “Prevenir la comisión de delitos” (fracción I), “Realizar investigación para la prevención de los delitos” (fracción III), y “Recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva” (fracción V).
En esta última fracción, también se menciona que: “En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de las personas. Los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio”.
A pesar de lo expuesto, 21 fracciones adelante en el mismo artículo se expone que:
“Solicitar por escrito, previa autorización del Juez de control a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos.” (fracción XXVI).
En los artículos 100, 101, 102 y 103 de dicha ley se expone que la Guardia Nacional podrá solicitar la intervención de comunicaciones “cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”.
Los delitos a los que se refiere la Ley son los siguientes:
ORIGEN DE LA GUARDIA NACIONAL
El 27 de mayo de 2019 se publicó oficialmente la Ley de la Guardia Nacional, y con ello, se puso en marcha esta nueva fuerza de seguridad mexicana a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana impulsada desde el inicio del gobierno de López Obrador. No obstante, desde el 2 de julio de 2019, cuando tuvo su primer desplante, el trabajo de la Guardia Nacional ha sido acompañado por la polémica.
Actualmente, a casi tres años de su creación, la lista de agresiones y violaciones a Derechos Humanos por parte de la fuerza de seguridad ha ido en aumento, casi al mismo ritmo que la delincuencia en el país.
En el pasado, elementos de la GN han sido relacionados con agresiones a migrantes, corrupción con huachicoleros, y múltiples violaciones a derechos humanos: según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Guardia Nacional se encuentra entre las 10 instituciones que más quejas han recibido en dicho sistema.
Más recientemente, la noticia del asesinato del joven estudiante Ángel Yael fue un elemento que resquebrajó la credibilidad de la corporación. El pasado 27 de abril se reportó el homicidio con arma de fuego de un estudiante de 19 años de la Universidad de Guanajuato. Según medios de comunicación, el culpable fue un elemento de la Guardia Nacional. En dicha balacera, también resultó herida una joven de 21 años que viajaba en el mismo automóvil.
Pese a que inicialmente el elemento señalado como presunto homicida fue puesto a disposición de las autoridades, después fue liberado. El presidente López Obrador explicó que pruebas de balística demostraron su inocencia y que se detuvo a otro elemento como el presunto disparador.
Ambos habrían disparado pero sólo uno dio muerte a Ángel Yael, dijo AMLO.
No obstante, en la versión oficial de la GN se destaca que sólo un elemento activó su arma, por lo que entra en contradicción con la postura del presidente.
@aldo_canedov
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