El caso de Debanhi Escobar ha traidoo muchas especulaciones desde que se confirmó su muerte el pasado 21 de abril y una de ellas menciona a un tal “El Jaguar”.
Al darse a conocer supuestas conversaciones de WhatsApp de la joven de 18 años con una de sus amigas, justo la noche del 9 de abril reluce tal apodo como alguien que le da miedo.
En el presunto chat, la amiga le dice que el joven es de fiar que se vaya con él, pero Debanhi le dice que esta rara la situación y no piensa irse con él.
Pero ¿Quién es “El Jaguar”, realmente es amigo de Debanhi?
En redes sociales se menciona que, Gustavo Soto es apodado “El Jaguar”, y es el hermano del dueño de la empresa de transportes Alcosa, misma a la que Debanhi llegó a pedir ayuda.
Sin embargo, hay dos situaciones que se están tomando por hechos, pero aun no hay ninguna confirmación de ellos.
Ángel fue asesinado a un costado de la barda de la ex Hacienda Copal, instalaciones que la Universidad de Guanajuato utiliza como parte de su campus de la División Ciencias de la Vida, en Irapuato.
El ataque no provino de un ladrón, sicario o enemigo personal, sino de un Policía Militar adscrito a la Guardia Nacional que, según las autoridades, actuó con incertidumbre y desconcierto.
La versión oficial, ofrecida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC), señala que junto con Ángel, otros dos universitarios, una identificada como Edith Alejandra Carillo, la cual resultó lesionada, y otro todavía sin identificar, también fueron atacadospor el uniformado adscrito a la lucha contra el huachicol en la zona.
EL RECLAMO
Un día después del crimen en Irapuato, cientos de alumnos y profesores del Campus Ciencias de la Vida, que agrupa las carreras de Veterinaria, Agronomía, Energías Renovables, Alimentos, Agronegocios y Enfermería, se unieron con veladoras, aplausos, oraciones, pero también exigencias de justicia.
"Esta sede es un espacio donde nuestra comunidad estudiantil quiere y merece estar aquí, preocupada para estudiar, para llevar una vida universitaria, no para estarse cuidando que no la maten".
EL MIEDO COLECTIVO
Aunque no lo conocieron, Joceline Martínez y otro estudiante universitario estuvieron presentes a las 9:00 horas para exigir que no ocurra un crimen más contra la comunidad estudiantil.
Nuestra Universidad era el lugar donde estabamos felices, y ahora ni ahí estamos seguros, nos da mucho miedo, estamos unidos porque somos una sola comunidad, estamos conmocionados, lo que pasó no tiene nombre".
Ángel estaba sólo conviviendo, lo mataron, fue dentro de la comunidad, nosotros frecuentamos ahí por las prácticas, laboratorios, nos da miedo, incertidumbre, no fue un ladrón, fue un agente de la Guardia Nacional"
ÁNGEL, EL ESTUDIANTE
Lucía Rangel, madre del estudiante de 20 años, externó que se enteró del crimen porque una amiga de su hijo la visitó, así como también por la llamada de un profesor universitario.
Ella, junto con su esposo y su otra hija, de 14 años de edad, son originarios de Irapuato, donde Ángel le contó su meta de culminar la Licenciatura, estudiar una Maestría en Investigación y, después, seguir con el Doctorado.
Mientras tanto, el joven se hacía de recursos económicos trabajando artículos de pieldurante sus tiempos libres.
Su grupo está muy consternado, estamos dolidos, si llegaron a conocerlo era un chavo increíble, muy alegre, era de apreciarse. Les agradecemos si le damos un segundo aplauso, nos acompañan un minuto de silencio y una porra para él, porque se lo merece".
Después de haber permanecido privadas de su libertad por espacio de 16 horas, dos mujeres militares que fueron secuestradas por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron liberadas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un comunicado, la dependencia indicó que la liberación de las mujeres se registró a las 16:20 horas, sin detallar las circunstancias en las que se dio este hecho.
"La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento que a las 16:20 horas de esta fecha, fueron liberadas las dos militares pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que se encontraban privadas de su libertad", indicó.
Por la mañana, la dependencia había informado que el plagio de las dos mujeres, una subteniente y una sargento, ocurrió a las 00:30 horas en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde se encontraban de vacaciones.
La Secretaría responsabilizó del crimen a Juan Carlos Valencia González, lugarteniente del cártel, quien habría ordenado el secuestro en represalia por el abatimiento de Saúl Alejandro Rincón Godoy, el Chopa, y el encarcelamiento de su madre Rosalinda González Valencia.
Rincón Godoy fue detenido el pasado 22 de abril, en tanto que González Valencia fue capturada el 15 de noviembre de 2021 en Zapopan, Jalisco, y actualmente está recluida en un penal federal.
Dentro de la operación Jaiba Brava, el gobierno de Tamaulipas entregó directamente 8,191,920 pesos del presupuesto contra la inseguridad a la operación del TM Futbol Club, de acuerdo con información consultada por Elefante Blanco.
La administración estatal aprobó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contratara servicios del cuadro celeste a petición del coordinador general administrativo Julio César Ramírez Cepeda y con el aval del entonces titular, vicealmirante Luis Felipe López Castro.
Este nuevo contrato es parte de la operación que implementó el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca para financiar la empresa deportiva de Grupo Orlegi, presidida por Alejandro Irarragorri dueño de los clubes Santos Laguna y Atlas.
En 2017, durante el primer año del gobierno de Cabeza de Vaca, Tamaulipas tuvo una crisis de homicidios dolosos, extorsiones, violencia familiar, agresiones sexuales y diversos tipos de robo. La violencia repuntó, con 1,629 personas asesinadas, dentro de estos homicidios conmocionó el ataque a balazos en que murió Miriam Rodríguez, madre que buscaba a su hija desaparecida en San Fernando, Tamaulipas.
El vicealmirante no firmó
Elefante Blanco tuvo acceso al contrato, cotización, solicitud de compra, resolución del comité de compras, la autorización de la adjudicación directa y fianza. Los documentos muestran que se realizó un procedimiento administrativo fast track, al igual que en los 6 contratos signados anteriormente por un monto de 41,679,999 pesos.
La directiva del TM Futbol Club entregó la cotización al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas, vicealmirante Luis Felipe López Castro, el 28 de julio. El cuadro celeste propone dar un servicio en “desarrollo y promover programas integrales que ayuden a erradicar la violencia, fortalecer la convivencia familiar y recuperar la paz en el estado. Este concepto lo desglosa en 9 acciones para mejorar la imagen y difundir las campañas de seguridad.
Siete días después, el vicealmirante López Castro envía la solicitud de autorización de adjudicación directa al titular de la Secretaria de Administración, Jesús Nader Nasrallah. El 22 de agosto, el actual alcalde de Tampico respondió de forma aprobatoria a la petición de la SSP. Al pasar una semana, la dependencia de seguridad emitió la requisición firmada por Ernesto Garza Treviño, Julio César Ramírez Cepeda, José Rubén Sánchez Saldaña y los secretarios de ambas áreas.
La operación Jaiba Brava queda reflejada en el pedido de compra emitido por el gobierno de Tamaulipas, donde se evita detallar la descripción del servicio y solamente se lee: “conforme a la propuesta del proveedor, servicios incluidos, servicio de promoción de imagen”. Esta redacción es similar a la usada por las secretaría de Bienestar Social y Educación, el Instituto del Deporte y la Coordinación de Comunicación Social en los documentos que cada una emitió para entregar el dinero.
El contrato por los servicios de imagen y promoción de la Secretaría de Seguridad fue cerrado el 4 de septiembre de 2017. A la reunión acudieron y firmaron los directores de la Secretaría de Admisnistración: Román Castillo Airola, amigo de la familia Cabeza e Vaca; y Horacio Ortiz Ornelas, hijo de Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; estos dos signaron todos los documentos de la operación Jaiba Brava. El único que no firmó el contrato fue el vicealmirante Luis Felipe López Castro, y en su representación jurídica acudió Julio César Ramírez Cepeda, coordinador general de la administración de la SSP.
Los 8,191,920 pesos del presupuesto para combatir la inseguridad fueron asignados de la partido Ramo 28, dinero con el que contaba el gobierno estatal a diferencia de los otros contratos que pagó mediante un servicio de crédito, como indican los documentos oficiales.
