La administración estatal aprobó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contratara servicios del cuadro celeste a petición del coordinador general administrativo Julio César Ramírez Cepeda y con el aval del entonces titular, vicealmirante Luis Felipe López Castro.
Este nuevo contrato es parte de la operación que implementó el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca para financiar la empresa deportiva de Grupo Orlegi, presidida por Alejandro Irarragorri dueño de los clubes Santos Laguna y Atlas.
En 2017, durante el primer año del gobierno de Cabeza de Vaca, Tamaulipas tuvo una crisis de homicidios dolosos, extorsiones, violencia familiar, agresiones sexuales y diversos tipos de robo. La violencia repuntó, con 1,629 personas asesinadas, dentro de estos homicidios conmocionó el ataque a balazos en que murió Miriam Rodríguez, madre que buscaba a su hija desaparecida en San Fernando, Tamaulipas.
El vicealmirante no firmó
Elefante Blanco tuvo acceso al contrato, cotización, solicitud de compra, resolución del comité de compras, la autorización de la adjudicación directa y fianza. Los documentos muestran que se realizó un procedimiento administrativo fast track, al igual que en los 6 contratos signados anteriormente por un monto de 41,679,999 pesos.
La directiva del TM Futbol Club entregó la cotización al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas, vicealmirante Luis Felipe López Castro, el 28 de julio. El cuadro celeste propone dar un servicio en “desarrollo y promover programas integrales que ayuden a erradicar la violencia, fortalecer la convivencia familiar y recuperar la paz en el estado. Este concepto lo desglosa en 9 acciones para mejorar la imagen y difundir las campañas de seguridad.
Siete días después, el vicealmirante López Castro envía la solicitud de autorización de adjudicación directa al titular de la Secretaria de Administración, Jesús Nader Nasrallah. El 22 de agosto, el actual alcalde de Tampico respondió de forma aprobatoria a la petición de la SSP. Al pasar una semana, la dependencia de seguridad emitió la requisición firmada por Ernesto Garza Treviño, Julio César Ramírez Cepeda, José Rubén Sánchez Saldaña y los secretarios de ambas áreas.
La operación Jaiba Brava queda reflejada en el pedido de compra emitido por el gobierno de Tamaulipas, donde se evita detallar la descripción del servicio y solamente se lee: “conforme a la propuesta del proveedor, servicios incluidos, servicio de promoción de imagen”. Esta redacción es similar a la usada por las secretaría de Bienestar Social y Educación, el Instituto del Deporte y la Coordinación de Comunicación Social en los documentos que cada una emitió para entregar el dinero.
El contrato por los servicios de imagen y promoción de la Secretaría de Seguridad fue cerrado el 4 de septiembre de 2017. A la reunión acudieron y firmaron los directores de la Secretaría de Admisnistración: Román Castillo Airola, amigo de la familia Cabeza e Vaca; y Horacio Ortiz Ornelas, hijo de Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; estos dos signaron todos los documentos de la operación Jaiba Brava. El único que no firmó el contrato fue el vicealmirante Luis Felipe López Castro, y en su representación jurídica acudió Julio César Ramírez Cepeda, coordinador general de la administración de la SSP.
Los 8,191,920 pesos del presupuesto para combatir la inseguridad fueron asignados de la partido Ramo 28, dinero con el que contaba el gobierno estatal a diferencia de los otros contratos que pagó mediante un servicio de crédito, como indican los documentos oficiales.
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