Lo anterior, coincidieron, ya es el mayor problema en la recta final de la que es considerada la mayor contienda electoral en la historia del país, por el número de cargos públicos en disputa.
Tras las amenazas de La Familia Michoacana a la candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de México, Zudikey Rodríguez, y el asesinato de Alma Rosa Barragán, abanderada de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato, el especialista en seguridad Ricardo Márquez Blas consideró que los grupos delictivos serán los triunfadores de la contienda electoral, pues como nunca han tenido margen de operación en el país ante la inacción de las autoridades.
“Uno de los seguros ganadores de este proceso electoral es el crimen organizado, pues al concluir el proceso el narco tendrá representantes o simpatizantes en distintos puestos de representación popular, desde regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, hasta gobernadores”, alertó Márquez Blas.
El extitular de Plataforma México de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad aseguró que hay zonas del país donde los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como sus células, operaron desde la fase de selección de los candidatos.
“Nunca habían tenido tanto margen de operación como el que están teniendo ahora. Y es también claro que hay zonas del país donde han operado desde la fase de selección de candidatos. Ahora están operando en la elección de candidatos y posteriormente van a operar en la protección a sus actividades y en la extracción de recursos públicos para fortalecer sus finanzas y capacidades de operación”, anticipó.
Con el asesinato de la candidata Alma Rosa Barragán Santiago, ocurrido el miércoles, suman 88 los políticos privados de la vida desde septiembre de 2020, 34 de ellos aspirantes a diferentes cargos, según información de Etellekt Consultores, lo que para el investigador de la UNAM Raúl Benítez Manaut significa que los criminales están “aventajándose de una cierta parálisis del gobierno en la capacidad para detenerlos”.
También integrante del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, Benítez Manaut expuso que las asesinatos de candidatos ya superaron a los registrados en la elección de 2018 y el clima de violencia política se sigue agravando.
“Es una situación muy grave, pero también en lugares donde no pasa nada el crimen organizado ya se definió, por ejemplo en donde tienen hegemonía, como en Tamaulipas El Cártel del Golfo, y en Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Michoacán, entre otros”.
El director de la consultoría en riesgo político Integralia, Luis Carlos Ugalde Ramírez, lamentó que no haya un interés serio del gobierno federal por generar una verdadera estrategia de blindaje frente al “amedrentamiento” de los grupos criminales.
“Este ya es el mayor problema del proceso electoral en marcha, el que el crimen organizado ha asustado, cooptado, amedrentado y ejecutado a muchos candidatos a gobiernos locales, sobre todo municipales, y, con frecuencia, de municipios remotos”, sentenció.
Ugalde Ramírez, expresidente del IFE, añadió que las acciones realizadas hasta ahora por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no han prevenido los asesinatos, levantones y secuestros que ocurren todos los días a los candidatos.
“Esta situación de violencia en la que se encuentra el país deja de lado el hecho de que hay muchos candidatos que sí fueron cooptados y que, por lo tanto, no se genera violencia, es decir, este problema es de la violencia que observamos, pero sobre todo de la no violencia, y la no violencia ocurre cuando el crimen sí manda, sí pone candidatos y sí define ganadores”.
Y añadió: “Lo más grave de todo esto es que López Obrador es totalmente omiso ante lo que está pasando. En lugar de generar un frente común, sentar a los partidos, generar un mensaje de rechazo, una suerte de empatía política de los partidos y del Estado mexicano, se ha reducido a mandar sus condolencias cada vez que muere uno más”.
Plan más reactivo que preventivo
Para el especialista en seguridad Alejandro Hope y el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, la estrategia del gobierno federal contra la violencia política en el país se implementó tarde y es más reactiva que preventiva, pues se detona después de que los políticos son violentados.
En marzo, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, para blindar a los candidatos de los tres niveles de gobierno amenazados por el “partido del crimen organizado y del crimen de cuello blanco”, previa denuncia ante la fiscalía correspondiente y según el nivel de riesgo en su localidad.
Hasta el 21 de mayo, la funcionaria reportó 398 casos de candidatos en seguimiento y atención, de los cuales 13 fueron asesinados, 187 amenazados, 101 agredidos, 44 sin confirmación de riesgo, 42 otros y 11 privados temporalmente de la libertad.
A 148 candidatos se les ha brindado protección, con elementos de la Guardia Nacional, de seguridad estatal y federal y de otras autoridades, con base en la estrategia que establece protocolos territoriales, el reforzamiento de la seguridad en zonas violentas y mesas de trabajo para alertar de políticos con nexos con el crimen organizado.
“El plan tiene una deficiencia de diseño importante, porque es reactivo y tiende a detonarse cuando ya hay una amenaza y es a solicitud del candidato. Me parece que debería ser proactivo para estos casos en donde las autoridades podrían mapear riesgos desde antes y saber de arranque cuáles son los puntos calientes”, consideró Alejandro Hope.
Al respecto, el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, calificó de insuficientes las acciones de una autoridad, que, dijo, no tiene una estrategia de seguridad definida.
