El 5 de junio de 2014, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad".
De inmediato, Eduardo Sánchez, vocero de Enrique Peña Nieto, le respondió por la misma red social: "Afortunadamente @EPN goza de cabal salud. Gracias por preguntar @lopezobrador_".
La discusión se zanjó en dos mensajes. Ni en ese momento ni en los seis años de gobierno, Enrique Peña fue capaz de transparentar su expediente médico e informar con precisión sobre su estado de salud. Lejos de considerarlo un asunto público, la Presidencia clasificó como "confidencial" cualquier dato y documento relacionado con la salud del Mandatario.
Así, las respuestas de la Presidencia a las solicitudes de transparencia fueron idénticas a las ofrecidas por los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox: la salud del Presidente sólo le concierne a él y es un asunto privado.
En México, la discusión pública sobre la salud del Presidente aparece en coyunturas y como herramienta de ataque político. Con Peña Nieto fue un tema recurrente desde su primer año de gobierno. En 2013 lo operaron para quitarle un nódulo tiroideo y en junio de 2015 lo intervinieron de urgencia para extraerle la vesícula. En ambos casos, la información se difundió desde Los Pinos. Inclusive, la Presidencia organizó ruedas de prensa con los médicos que participaron en ambas operaciones y ofreció copiosos detalles médicos de lo que había sucedido con el Mandatario.
Con todo, en los últimos dos años de su gobierno aumentaron los rumores sobre su deterioro físico y una posible enfermedad. En septiembre de 2016, en respuesta a una declaración de Peña en la que afirmaba que en materia de corrupción no había nadie que se atreviera a lanzar la primera piedra, López Obrador especuló de nuevo sobre la salud del Mandatario: "Es lamentable lo que comentó el Presidente, creo que debe estar, lo lamento muchísimo, debe de estar enfermo, debe de tener una profunda depresión, hasta lo estoy viendo físicamente mal".
Desde la oposición, López Obrador aprovechó la falta de información oficial sobre la salud de Peña. Desde el poder, su gobierno actúa con la opacidad de las administraciones anteriores y mantiene los mismos argumentos que usaron sus antecesores para no revelar los datos médicos.
Siete solicitudes de transparencia, en siete dependencias federales, no permiten conocer si López Obrador ha sido sometido a una valoración médica ni saber detalles de su expediente clínico. Todas las solicitudes requirieron una copia del expediente clínico, valoración médica y resultados de las pruebas físicas realizadas a López Obrador ya como Mandatario.
La primera se hizo a la Oficina de la Presidencia de la República, encargada de resguardar todo lo relacionado con el Presidente. El resto de peticiones se enviaron a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, la Marina, la Defensa Nacional y Pemex, instituciones federales que cuentan con infraestructura hospitalaria y servicios médicos públicos a los que podría acudir el Presidente.
Las dependencias interpretan de forma distinta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
El ISSSTE ni siquiera se atreve a revelar si existe un historial médico de López Obrador en sus archivos. El 16 de enero, su Unidad de Transparencia determinó que sólo suponer la posesión del expediente ya implica la revelación de datos personales, por lo que declara confidencial ese pronunciamiento.
La Secretaría de Salud no niega la existencia de un informe clínico del Presidente en sus archivos, pero se limita a responder que el expediente y las pruebas médicas son datos personales que sólo serán entregados a López Obrador, con lo que cierra la puerta a considerarla información de interés público.
El IMSS, que tiene la red hospitalaria más grande del País, responde el 17 de enero que "no es de su competencia" y que el centro hospitalario del Estado Mayor Presidencial es el encargado de proporcionar información sobre el expediente clínico del titular del Ejecutivo, por lo que pide hacer la solicitud a la Presidencia de la República y a la Defensa Nacional.
Sin embargo, el IMSS remite a dos dependencias incapaces de ofrecer documentos. La Sedena asegura que no tiene ningún expediente médico de López Obrador, mientras que la Presidencia responde que el EMP podría tener los datos, pero esa entidad se encuentra en "receso", por lo que está imposibilitada para dar la información. Además, advierte que, en solicitudes anteriores, el Estado Mayor ha clasificado como confidencial el expediente clínico del titular del Ejecutivo.
En otra parte de la respuesta a la solicitud 0210000091018, la Presidencia de la República señala que su Dirección de Recursos Humanos no tiene registro de un expediente clínico ni de valoraciones o resultados de pruebas médicas realizadas a López Obrador.
Pemex clasifica la solicitud como una petición de datos personales, por lo que advierte que sólo podrá entregar la información a AMLO. Sin embargo, indica que en sus archivos no hay informes médicos o valoraciones clínicas porque el Presidente no es derechohabiente de los servicios que se brindan a trabajadores, familiares y jubilados de la paraestatal.
La Marina, por su parte, no tiene un archivo médico del Mandatario porque no ha sido valorado en sus hospitales ni en sus servicios médicos, explica en respuesta a la solicitud 0001300123018.
Ante la relevancia del cargo y la concentración de decisiones en el Presidente, el derecho a conocer su salud ha sido reclamado desde hace años.
En 2013, la batalla por la difusión pública del expediente médico de Peña llegó hasta el Poder Judicial. La organización Artículo 19 inició un juicio de amparo para obtener la información, argumentando el interés público, después de que la Presidencia señalara que el expediente era "confidencial" y que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ahora INAI) avalara la respuesta oficial. Artículo 19 perdió en dos instancias judiciales y el caso se cerró.
Esta organización civil no ha sido la única voz en México en pedir que la salud del Presidente sea una excepción a la privacidad. El 9 de diciembre de 2008, el senador Ricardo Monreal --entonces del PT y hoy coordinador de Morena en el Senado-- presentó una iniciativa para reformar la Constitución y obligar al titular del Ejecutivo a someterse a exámenes médicos y revelar sus resultados.
"A lo largo de la historia se ha confirmado que la condición emocional, física y psicológica de los gobernantes ha repercutido en forma positiva o negativa en el devenir de las naciones", escribió en su propuesta.
Para justificar los cambios constitucionales, Monreal argumentó que "la salud física y mental de los gobernantes, de los servidores públicos, es una parte importante de la salud de la República, quienes tienen la alta responsabilidad de servir a la nación tienen que tener la capacidad suficiente para poder cumplir con su encomienda". La iniciativa no avanzó, ni siquiera fue objeto de debate.
En Estados Unidos ninguna ley obliga al Presidente a una revisión médica y a revelar sus resultados, sin embargo, desde Ronald Reagan es una costumbre que el Mandatario en turno se someta a un examen clínico cada año y difunda su estado de salud. El razonamiento de la Casa Blanca sobre el carácter público de esta información es claro: ante la importancia de la figura presidencial, y lo que representa, es necesario ofrecer certeza a los estadounidenses de que está en buenas condiciones para desempeñar el cargo.
Quién puede consultarla y en qué condiciones debe abrirse la información sobre la salud del Presidente son temas de discusión en sociedades como la francesa y la estadounidense, donde los Mandatarios han ocultado enfermedades y trastornos.
Una encuesta de Gallup realizada en 2016 revela que el 51 por ciento de los estadounidenses cree que el Presidente debe transparentar toda la información médica que pueda afectar su desempeño, mientras que el 46 por ciento considera que debe tener el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a reservar su expediente médico. En las sociedades democráticas los datos clínicos del jefe del Ejecutivo son de interés público y una exigencia ciudadana.
De inmediato, Eduardo Sánchez, vocero de Enrique Peña Nieto, le respondió por la misma red social: "Afortunadamente @EPN goza de cabal salud. Gracias por preguntar @lopezobrador_".
La discusión se zanjó en dos mensajes. Ni en ese momento ni en los seis años de gobierno, Enrique Peña fue capaz de transparentar su expediente médico e informar con precisión sobre su estado de salud. Lejos de considerarlo un asunto público, la Presidencia clasificó como "confidencial" cualquier dato y documento relacionado con la salud del Mandatario.
Así, las respuestas de la Presidencia a las solicitudes de transparencia fueron idénticas a las ofrecidas por los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox: la salud del Presidente sólo le concierne a él y es un asunto privado.
En México, la discusión pública sobre la salud del Presidente aparece en coyunturas y como herramienta de ataque político. Con Peña Nieto fue un tema recurrente desde su primer año de gobierno. En 2013 lo operaron para quitarle un nódulo tiroideo y en junio de 2015 lo intervinieron de urgencia para extraerle la vesícula. En ambos casos, la información se difundió desde Los Pinos. Inclusive, la Presidencia organizó ruedas de prensa con los médicos que participaron en ambas operaciones y ofreció copiosos detalles médicos de lo que había sucedido con el Mandatario.
Con todo, en los últimos dos años de su gobierno aumentaron los rumores sobre su deterioro físico y una posible enfermedad. En septiembre de 2016, en respuesta a una declaración de Peña en la que afirmaba que en materia de corrupción no había nadie que se atreviera a lanzar la primera piedra, López Obrador especuló de nuevo sobre la salud del Mandatario: "Es lamentable lo que comentó el Presidente, creo que debe estar, lo lamento muchísimo, debe de estar enfermo, debe de tener una profunda depresión, hasta lo estoy viendo físicamente mal".
Desde la oposición, López Obrador aprovechó la falta de información oficial sobre la salud de Peña. Desde el poder, su gobierno actúa con la opacidad de las administraciones anteriores y mantiene los mismos argumentos que usaron sus antecesores para no revelar los datos médicos.
Siete solicitudes de transparencia, en siete dependencias federales, no permiten conocer si López Obrador ha sido sometido a una valoración médica ni saber detalles de su expediente clínico. Todas las solicitudes requirieron una copia del expediente clínico, valoración médica y resultados de las pruebas físicas realizadas a López Obrador ya como Mandatario.
La primera se hizo a la Oficina de la Presidencia de la República, encargada de resguardar todo lo relacionado con el Presidente. El resto de peticiones se enviaron a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, la Marina, la Defensa Nacional y Pemex, instituciones federales que cuentan con infraestructura hospitalaria y servicios médicos públicos a los que podría acudir el Presidente.
Las dependencias interpretan de forma distinta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
El ISSSTE ni siquiera se atreve a revelar si existe un historial médico de López Obrador en sus archivos. El 16 de enero, su Unidad de Transparencia determinó que sólo suponer la posesión del expediente ya implica la revelación de datos personales, por lo que declara confidencial ese pronunciamiento.
La Secretaría de Salud no niega la existencia de un informe clínico del Presidente en sus archivos, pero se limita a responder que el expediente y las pruebas médicas son datos personales que sólo serán entregados a López Obrador, con lo que cierra la puerta a considerarla información de interés público.
El IMSS, que tiene la red hospitalaria más grande del País, responde el 17 de enero que "no es de su competencia" y que el centro hospitalario del Estado Mayor Presidencial es el encargado de proporcionar información sobre el expediente clínico del titular del Ejecutivo, por lo que pide hacer la solicitud a la Presidencia de la República y a la Defensa Nacional.
Sin embargo, el IMSS remite a dos dependencias incapaces de ofrecer documentos. La Sedena asegura que no tiene ningún expediente médico de López Obrador, mientras que la Presidencia responde que el EMP podría tener los datos, pero esa entidad se encuentra en "receso", por lo que está imposibilitada para dar la información. Además, advierte que, en solicitudes anteriores, el Estado Mayor ha clasificado como confidencial el expediente clínico del titular del Ejecutivo.
En otra parte de la respuesta a la solicitud 0210000091018, la Presidencia de la República señala que su Dirección de Recursos Humanos no tiene registro de un expediente clínico ni de valoraciones o resultados de pruebas médicas realizadas a López Obrador.
Pemex clasifica la solicitud como una petición de datos personales, por lo que advierte que sólo podrá entregar la información a AMLO. Sin embargo, indica que en sus archivos no hay informes médicos o valoraciones clínicas porque el Presidente no es derechohabiente de los servicios que se brindan a trabajadores, familiares y jubilados de la paraestatal.
La Marina, por su parte, no tiene un archivo médico del Mandatario porque no ha sido valorado en sus hospitales ni en sus servicios médicos, explica en respuesta a la solicitud 0001300123018.
Ante la relevancia del cargo y la concentración de decisiones en el Presidente, el derecho a conocer su salud ha sido reclamado desde hace años.
En 2013, la batalla por la difusión pública del expediente médico de Peña llegó hasta el Poder Judicial. La organización Artículo 19 inició un juicio de amparo para obtener la información, argumentando el interés público, después de que la Presidencia señalara que el expediente era "confidencial" y que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ahora INAI) avalara la respuesta oficial. Artículo 19 perdió en dos instancias judiciales y el caso se cerró.
Esta organización civil no ha sido la única voz en México en pedir que la salud del Presidente sea una excepción a la privacidad. El 9 de diciembre de 2008, el senador Ricardo Monreal --entonces del PT y hoy coordinador de Morena en el Senado-- presentó una iniciativa para reformar la Constitución y obligar al titular del Ejecutivo a someterse a exámenes médicos y revelar sus resultados.
"A lo largo de la historia se ha confirmado que la condición emocional, física y psicológica de los gobernantes ha repercutido en forma positiva o negativa en el devenir de las naciones", escribió en su propuesta.
Para justificar los cambios constitucionales, Monreal argumentó que "la salud física y mental de los gobernantes, de los servidores públicos, es una parte importante de la salud de la República, quienes tienen la alta responsabilidad de servir a la nación tienen que tener la capacidad suficiente para poder cumplir con su encomienda". La iniciativa no avanzó, ni siquiera fue objeto de debate.
En Estados Unidos ninguna ley obliga al Presidente a una revisión médica y a revelar sus resultados, sin embargo, desde Ronald Reagan es una costumbre que el Mandatario en turno se someta a un examen clínico cada año y difunda su estado de salud. El razonamiento de la Casa Blanca sobre el carácter público de esta información es claro: ante la importancia de la figura presidencial, y lo que representa, es necesario ofrecer certeza a los estadounidenses de que está en buenas condiciones para desempeñar el cargo.
Quién puede consultarla y en qué condiciones debe abrirse la información sobre la salud del Presidente son temas de discusión en sociedades como la francesa y la estadounidense, donde los Mandatarios han ocultado enfermedades y trastornos.
Una encuesta de Gallup realizada en 2016 revela que el 51 por ciento de los estadounidenses cree que el Presidente debe transparentar toda la información médica que pueda afectar su desempeño, mientras que el 46 por ciento considera que debe tener el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a reservar su expediente médico. En las sociedades democráticas los datos clínicos del jefe del Ejecutivo son de interés público y una exigencia ciudadana.
El historial de AMLO
En los últimos años, Andrés Manuel López Obrador ha hecho públicas algunas informaciones médicas:
2013 Dic. 3 Alrededor de las 2:30 de la madrugada, López Obrador presenta un "infarto agudo al miocardio" y es ingresado a la sala de cateterismo del hospital Médica Sur. El cardiólogo que lo atiende explica que este tipo de infartos sobreviene por una obstrucción de una arteria coronaria --generalmente por placas de colesterol-- que, en este caso, pudo ser destapada.
2017 Dic. 20 Durante una gira por Oaxaca, el entonces aspirante presidencial afirma que tiene presión arterial alta. "Soy hipertenso y me tengo que tomar unas pastillas, un coctel de pastillas diarias, para que no me aumente la presión", dice.
2018 Oct. 2 Acude al Instituto Nacional de Cardiología. Declara que fue una revisión de rutina y que los doctores le confirmaron que su salud es buena.
fuente.-
Muchos creen que el primer selfie fue tomado en 2003, cuando fueron introducidas las cámaras frontales, pero el pionero Cornelius se había tomado uno 164 años antes.
Narciso se enamoró de su imagen.
Es bueno quererse, pero no tanto.
Sí: los hombres tienden a ser más narcisistas que las mujeres.
Muchas mujeres que se toman muchos selfies no es que estén enamoradas de sí mismas sino que ansían atención.
Histeria, hasta ya entrado el siglo XX, era una enfermedad (inventada) que afectaba sólo a las mujeres y sus síntomas incluían insomnio, irritabilidad, nerviosismo, infelicidad, desobediencia e impertinencia, de acuerdo con los médicos.
Al parecer, causan infelicidad.
¡Bien hecho!
