La agencia antidrogas norteamericana transfirió millones de dólares -a través de cuentas secretas- entre 2010 y 2012 a cuentas de narcotraficantes para poderles fincar cargos por lavado de dinero, con autorización de la PGR.
A la fecha, los presuntos blanqueadores de capitales son procesados en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero les espera la posible extradición para ser juzgados por lavado de dinero en Estados Unidos.
Al protagonista de las transferencias de dinero en Tijuana, Cuauhtémoc Quintero Angulo, lo asesinaron en mayo de 2012; su hermana Sofía también fue inculpada
Las transferencias cablegráficas que la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos realizó a cuentas bancarias de narcotraficantes mexicanos por varios millones de dólares procedentes de la venta de drogas en su territorio, entre 2010 y 2012, materializaron el delito de lavado de dinero que mantiene presos a presuntos delincuentes y pendientes de ser extraditados.
Con anuencia de las autoridades mexicanas, las pesquisas y acciones de la agencia norteamericana permitieron detectar las actividades delincuenciales de más de una docena de personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa que operaban en Tijuana y Guadalajara, transportando, inicialmente dinero a granel de la Unión Americana hacia México, y conforme avanzaron las investigaciones, la DEA les “ayudó” a completar la tarea, remitiéndoles el dinero a través de transferencias desde cuentas encubiertas.
Las acciones estelarizadas por la DEA en Los Ángeles, California, fueron auxiliadas por sus oficinas en Newark, Atlanta, Queens, Nueva York; Filadelfia, Charlotte y Columbus, así como sus pares en Tijuana y Ciudad de México. También se contó con la participación de la Real Policía Montada de Canadá, la Policía Nacional de Panamá, autoridades de Costa Rica y la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con información emitida por el director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (oficio ‘MEW:MDR:JPM:MER:ek DOJ: 182-40090’), se advierte que desde mayo de 2010, la Agencia Antidrogas en Los Ángeles, así como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEIDO, y la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se coordinaron “de manera conjunta para investigar un caso de lavado de dinero”.
La indagación estableció que sujetos mexicanos eran responsables del blanqueo de capitales por varios millones de dólares, por lo que la DEA infiltró agentes encubiertos dentro de la organización criminal, quienes se ganaron la confianza de los narcotraficantes para que pasara por sus manos parte de ese dinero y se realizaran transferencias a México a través de cuentas secretas de la agencia estadounidense.
La identidad de los operadores fue descubierta durante los poco más de dos años que duraron las pesquisas. Las más de 40 transferencias cablegráficas que realizaron en la dependencia antinarcóticos y otra importante cantidad de entregas en efectivo de agentes encubiertos directas a las manos de los narcolavadores, permitieron identificarles. Ahora varios de ellos están presos.
Los imputados en el lado mexicano son Rogelio Gleason Ayala, Marco Iván Zaragoza Pelayo “Julio”, Angélica Celeste Gómez Ramírez, Rogelio Ariel Gleason Ruiz, Víctor Francisco Gleason Ayala, Sofía Lore Quintero Angulo, Carmen María López Bojórquez, Francisco Javier Vera Medina, Gregorio Salcedo Zepeda, Víctor Manuel González Valencia, Rafael Rivera Salomón Carolina López Angulo y Cuauhtémoc Quintero Angulo, este último asesinado en Tijuana días antes de que culminara la investigación.
Del lado norteamericano, otros presuntos narcos también fueron detenidos, y en algunos casos, se les dejó en libertad para seguir sus pasos y así encontrar a sus cómplices. La labor de los agentes infiltrados permitió a la DEA recibir el dinero de los criminales, y con autorización de la SEIDO, devolvérselos a las cuentas de los individuos mencionados y sus empresas “fantasma” registradas ante las autoridades, pero físicamente no existieron.
Las supuestas compañías estaban asentadas en Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Atizapán y Naucalpan, Estado de México; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y principalmente en Guadalajara, Jalisco, puntos de la República Mexicana a los que se realizaban las transferencias bancarias de Estados Unidos y eran recibidas a través de cuentas de los bancos HSBC, Santander, BBV Bancomer, Banamex e IXE. En una de las instituciones bancarias contaban con la complicidad de uno de sus funcionarios que apoyó a la red delictiva a abrir cuentas bancarias ficticias, a sabiendas que el dinero recibido era de procedencia ilícita.
Las empresas vinculadas a la investigación son Rorvi Internacional, SA de CV; Importadora y Comercializadora Digital, SA de CV; Materiales y Suministros para la Construcción, SA de CV; Jumar de Occidente, SA de CV; y Casa de Cambio Azul y Plata, entre otras.
2010, dólares por Tijuana
El grupo de Investigaciones Financieras de la DEA, con oficinas en Los Ángeles y Guadalajara, inició el seguimiento por operaciones de lavado de dinero, de un grupo de personas responsables de la transportación de activos procedentes de la droga, desde la frontera sudoeste de Estados Unidos, a Tijuana y hacia la llamada “Perla Tapatía”.
La intercepción de llamadas telefónicas a un hombre de apellido Quintero, identificado como lavador de dinero que al parecer trabajaba para el Cártel Arellano Félix (CAF) en Tijuana, pero que entregaba parte de las ganancias provenientes del tráfico de drogas al Cártel de Sinaloa, y a la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Guadalajara, permitió seguir a otros sospechosos dentro y fuera de territorio estadounidense.
Por parte de la Dirección Regional de la Administración para el Control de Drogas, de la Embajada de Estados Unidos en México, se aseguró que la red detectada tenía “capacidad de transportar grandes cantidades de divisas a través de transferencias bancarias a México”, por ello solicitaron la colaboración para que las autoridades aztecas participaran de la investigación conjunta.
En abril de 2010, con los agentes encubiertos dentro de la organización criminal, la DEA comenzó a recibir dinero procedente del narcotráfico de un sujeto identificado como “El Duque”, en South Gate, California. El efectivo tendría como destino la ciudad de Tijuana, donde operaba el tal Quintero. En mayo se volvió a recibir dinero del “Duque” y su esposa, y se les mantuvo bajo vigilancia permanente a distancia.
Mientras eso ocurría en California, en México, la agencia de la DEA en Tijuana (mencionada en la investigación, pero no aparece entre las oficinas enlistadas por la embajada de EU en México) solicitó y recibió la autorización del gobierno de México para entregar el dinero a Quintero en esta ciudad fronteriza. Policías norteamericanos y mexicanos atestiguaron, escondidos, la entrega de miles de dólares en un hotel tijuanense. El receptor subió con el dinero a una camioneta Suburban con placas de circulación del Estado de Sonora y se marchó.
El tipo de operación se repitió otras veces en mayo de ese año. En Los Ángeles se recibía el dinero del narco y los agentes encubiertos de la DEA en Tijuana, coordinados con autoridades mexicanas, entregaban el efectivo en la frontera a sujetos que lo enviaban a Guadalajara. No todos los traficantes de drogas que entregaban el dinero pudieron ser identificados.
El 21 de mayo de 2010, con el apoyo del Departamento de Policía de El Monte, la DEA ubicó una residencia relacionada con los narcos mexicanos en South Gate. Tras obtener una orden de cateo, los agentes aseguraron en el inmueble un millón 800 mil dólares y detuvieron a un traficante identificado como Félix Salazar. También hallaron equipos para empaquetar dinero.
En otro cateo, en una casa de Paramount, California, se aseguró otra importante cantidad de efectivo y fueron detenidos “El Duque” y su esposa.
Tres días después, la oficina de la DEA en Tijuana, en coordinación con la SSP, entregó miles de dólares al narcolavador en turno y se conoció que el destino del efectivo fue Guadalajara. Los días 5 y 7 de junio, agentes nuevamente entregaron dinero del narco a su oficina en Los Ángeles. La moneda norteamericana recorrió la ruta que ya conocía y cruzó la Garita de San Ysidro para ser puesta en manos de los lavadores mexicanos.
En Nueva York, un narcotraficante confío 499 mil 560 dólares a los detectives infiltrados en el Cártel de Sinaloa el 14 de julio de ese año; una semana después, el dinero procedente del comercio de narcóticos fue entregado en Tijuana para seguir su camino hacia el sur. Esta vez el receptor hizo una escala en una casa de seguridad de la ciudad fronteriza. Al sitio llegó una mujer a bordo de una camioneta Suburbancon matrícula de Jalisco. Identificada como Carmen María López Bojórquez, se dijo que la emisaria transportó el capital hasta Guadalajara.
Después de esta transacción de dinero, la agencia antidrogas del vecino país decidió suspender la recepción y entrega de activos hasta mediados de 2011.
2011, transferencias a bancos
En el sur de California, el 18 de julio de 2011 traficantes solicitaron que sus presuntos cómplices, que eran los agentes encubiertos, recogieran tres diferentes cantidades de dinero. Dos de los montos fueron recogidos en la comunidad de Fontana y otro más en San Bernardino. La oficina de la DEA hizo el trámite y entregó el dinero a los narcolavadores. El tijuanense Cuauhtémoc Quintero Angulo daba las órdenes de qué hacer con el efectivo. Esa vez se entregaron miles de dólares a un mensajero y las autoridades de ambos países no supieron del destino final de los billetes, por lo que decidieron suspender las transacciones a granel y a partir de entonces comenzaron las transferencias cablegráficas bancarias, realizándose la primera de ellas el 18 de agosto de 2011 por 469 mil 845 dólares a una cuenta del banco HSBC.
Idéntica cantidad envío la DEA de Los Ángeles, cinco días después a otra cuenta de la misma institución bancaria. Un narcotraficante investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había entregado el dinero a los agentes de la oficina en Chicago. El 24 de agosto, en la “Ciudad de los Vientos” hubo una aprehensión que tuvo por resultado el aseguramiento de 234 mil 833 dólares, 49 kilos de marihuana y 12.8 gramos de hachís.
La movilidad de los traficantes de drogas mexicanos puso en manos de la DEA en Queens, Nueva York, 304 mil 400 dólares el 19 de septiembre siguiente. El dinero fue depositado por la oficina de la DEA de Los Ángeles en una cuenta de HSBC en México. El seguimiento al delincuente que entregó el dinero permitió la detención de tres sujetos el 5 de octubre en Nueva York. Tenían en su poder tres kilos de cocaína. Ocho y nueve días más tarde, la DEA transfirió 465 mil 940 dólares, y 443 mil 590 dólares a cuentas bancarias.
La solicitud del movimiento la hizo Cuauhtémoc Quintero
El 17 de octubre, agentes antidrogas estadounidenses de la oficina de Atlanta, Georgia, recibieron 443 mil 590 dólares de un emisario del Cártel de Sinaloa para que fuesen transferidos a una cuenta del banco IXE. Al día siguiente hubo una nueva entrega de dinero de otros sujetos de la organización criminal.
A finales de ese mes, agentes encubiertos de la DEA tuvieron una serie de reuniones con uno de los mexicanos lavadores de dinero en la ciudad de Panamá, con el conocimiento y apoyo de la Policía Nacional del país centroamericano. El personaje dijo a los que creía “colegas”, que el dinero que estaba siendo blanqueado era producto de la venta de drogas en Estados Unidos y solicitó a sus interlocutores le ayudaran a realizar transferencias cablegráficas de dinero a Colombia.
En Atlanta, producto de la vigilancia que se realizaba sobre quienes aportaban los dólares para su transferencia a México, el 30 de noviembre de 2011 los policías antinarcóticos detuvieron a un individuo que en un hotel acababa de recibir una maleta que subió a la cajuela de un automóvil. Ahí guardaba 37 kilos de cocaína.
En el último mes de ese año continuaron las transferencias bancarias. El día 6 se enviaron varios miles de dólares a la cuenta de BBV Bancomer de una empresa automotriz. El día 8, dinero recabado por la DEA en Newark fue depositado en cuenta de casacambistas en México. El día 12, 10 mil 979 dólares recibidos por agentes de la DEA en Filadelfia, Pensilvania, de un sujeto vigilado, tuvieron como destino una cuenta de Santander. En la misma fecha se hizo otro movimiento de 363 mil 812 dólares para otro lavador en León, Guanajuato.
Diciembre de 2011 terminó con un envío de dinero captado en Atlanta, el día 19, a destinatarios mexicanos. Fue productivo para los investigadores que lograron conocer que el empleado bancario que abría cuentas a los lavadólares era Francisco Javier Vera Medina. En Newark se detectó a un miembro de la red criminal en un edificio de departamentos, y en su seguimiento, el día 29, fue posible asegurar una importante cantidad de dólares a tres sujetos que no fueron arrestados.
2012, culminan pesquisas
Cuauhtémoc Quintero Angulo viajó a Panamá para reunirse con los agentes encubiertos de la DEA los días 10 y 11 de enero de 2012. También asistió Marco Iván Zaragoza Pelayo, considerado el jefe de la organización de lavado de dinero en Guadalajara y otros de sus cómplices. Reconocieron su filiación al Cártel de Sinaloa y sus vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán. El blanqueo de dólares se efectuaba a través de casas de cambio en diversas ciudades mexicanas y distribuidores asiáticos de discos compactos y electrónicos.
El mismo 10 de enero, la DEA solicitó la autorización de la SEIDO para transferir 422 mil 925 dólares a una cuenta bancaria en Guadalajara. Dos días después, los norteamericanos enviaron otra cantidad captada en Charlotte, Carolina del Norte, a un banco mexicano. El día 19 hubo nueva transferencia de dinero a Guadalajara, y el 23, en Little Rock, Arkansas, la agencia antidrogas aseguró un cargamento de dólares que tenían etiqueta del narco.
El 3 y 4 de febrero siguientes, los agentes infiltrados se reunieron con narcos mexicanos en Las Vegas, Nevada. Los criminales estaban interesados en que sus contactos les ayudaran a transferir dinero desde México hacia Colombia. También expresaron su necesidad de lavar dinero que tenían en Europa y Japón. El empleado bancario Francisco Vera Medina, manifestó a los oficiales de la DEA que él laboraba para Santander, y abría y cerraba cuentas con nombres falsos para facilitar el blanqueo de capitales. Además, confesó avisar a los narcos cuando las autoridades investigaban dichas cuentas.
En esos días, la oficina de la DEA en Newark detuvo un vehículo de miembros del cártel sinaloense, asegurando 181 kilos de marihuana. Durante este arresto, fue identificada una bodega de cuyo cateo fue posible incautar 727 kilos del mismo enervante. El 23 de febrero, se hizo una transferencia bancaria a una cuenta en Oaxaca, y el día 28, dinero recibido por la DEA en Filadelfia fue enviado a un banco HSBC en México. Los agentes obtuvieron datos de GPS del teléfono utilizado para recoger el dinero, descubriendo que el móvil se localizaba en Los Ángeles.
En marzo se incrementaron las transacciones bursátiles del dinero sucio. El día 6 se envió dinero a cinco cuentas diferentes en la República Mexicana. El 7, hubo transferencia a León, Guanajuato. El 8, a una cuenta Banamex en la Capital de Oaxaca. El 9, se despachó dinero captado por la DEA en Commerce, California, y en Atlanta hacia México, llegando 256 mil 498 dólares a una cuenta de Santander, en León. El 12, activo captado en South Gate, fue derivado hacia nuestra nación.
Ese mes hubo aseguramiento de tres kilos de cocaína en Charlotte, en Carolina del Norte, en una residencia y un vehículo, así como avances en la identificación de otros miembros del grupo de lavadólares en Culiacán, Sinaloa. Cuatro transferencias siguieron el día 13 de marzo, una por 11 mil dólares a una cuenta de HSBC en Guadalajara, otra por 125 mil 992 dólares a la cuenta Santander de León, y dos más a diferentes cuentas de otros bancos a la misma ciudad guanajuatense. Dos días después, 24 mil 400 dólares cayeron a la cuenta Santander de León.
Marco Iván Zaragoza Pelayo se reunió en Costa Rica con su socio Ignacio Lira Rico y dos agentes encubiertos de la DEA, el 15 de marzo. Presuntamente Zaragoza planteó a los falsos narcotraficantes que estaba interesado en transportar cocaína escondida en contendores desde Panamá hasta el Puerto de Long Beach, California, agregando que también estaba interesado en transportar cocaína desde Costa Rica hasta la Ciudad de México. El de Jalisco ofreció a los oficiales presentarles a otros lavadores de dinero con la necesidad de mover efectivo desde Estados Unidos a México, así como 500 mil dólares semanales de la Unión Americana a Costa Rica. Durante la reunión, uno de los agentes infiltrados entregó a Marco Iván una bolsa con 236 mil 500 dólares.
Para el 21 de marzo, la oficina de la DEA en Los Ángeles tramitó la entrega de 256 mil 498 dólares que fueron entregados por un traficante en Toronto a la Real Policía Montada de Canadá. Los canadienses colaboraron y liberaron la custodia del dinero, para su transferencia final a cuentas bancarias en México. Ese día, otro narco entregó una fuerte suma a la oficina de la agencia en Colombus, Ohio, y tras detenerle, decomisaron 25 gramos de heroína.
Nuevamente, el día 22, la Policía Montada de Canadá reportó la captación de dólares americanos a un narco y los liberó para que la DEA hiciera transferencias de 62 mil 996 dólares a cada una de las cuentas en el banco Santander. En Canadá quedaron abiertas investigaciones contra miembros de la red criminal mexicana. Dos días después, en Newark un traficante fue interceptado con una cantidad significativa de dólares, pero fue liberado -sin el dinero- para darle seguimiento.
El 26 de marzo de 2012, la DEA solicitó autorización a la SEIDO para transferir dinero sucio a dos diferentes cuentas bancarias en Guadalajara. Al siguiente día, 24 mil 400 dólares entregados por la policía canadiense a la agencia norteamericana también fueron derivados a una cuenta mexicana. El 2 de abril, dinero recibido en la oficina de Atlanta tuvo igual destino, al mismo tiempo que se logró información relevante tras la detención de dos traficantes y el aseguramiento de moneda americana, además de dos kilos de cocaína.
Diferentes cuentas bancarias en Zapopan, Jalisco, fueron compensadas desde las cuentas encubiertas de la DEA los días 17 y 26 de abril. El dinero de esas transacciones, fue previamente entregado por un narcotraficante a la Policía Montada en Vancouver, Canadá.
Asesinato en Tijuana
Siete días antes de que se diera la última transacción de la DEA a las cuentas bancarias mexicanas, en Tijuana, el 16 de mayo de 2012, en la delegación La Mesa, fue asesinado el presunto lavador de dinero Cuauhtémoc Quintero Angulo, de 41 años de edad. El informe de la autoridad norteamericana refiere desconocer el motivo del crimen.
Poco antes de las once de la noche, tres sujetos embozados ingresaron a la casa de aquel hombre en Avenida Britania número 5401, Fraccionamiento Hipódromo Quinta Sección, y amagando con armas de fuego ordenaron a su esposa e hijos introducirse en el baño de una de las recámaras de la planta alta. Uno de los allanadores exigió a Cuauhtémoc entregar un dinero, pero al no obtener la respuesta requerida, le dispararon en dos ocasiones con una escuadra calibre 38 súper para privarle de la vida.
Las autoridades en Baja California solo manifestaron que Quintero Angulo contaba con una ficha signalética por el delito de fraude y había sido deportado de los Estados Unidos. Por su parte, autoridades federales que ya compartían investigaciones con la DEA, a través de una fuente extraoficial, señaló que el ejecutado se manejaba con un bajo perfil en Tijuana y tenía una tortillería sobre la calle Agua Caliente.
En los primeros días de junio de ese mismo año, agentes federales detuvieron a Sofía Lore Quintero Angulo, hermana del difunto, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Guadalajara. La mujer fue localizada en su domicilio de la calle Tulipanes, del fraccionamiento Lomas de Agua Caliente Novena Sección.
La captura causó asombro, pues apenas tres semanas antes habían asesinado al fraterno de Sofía y aún se desconocían las causas que motivaron su detención. Incluso, a la fecha es poca la información pública que se tiene sobre el caso.
El empleado bancario Francisco Javier Vera Medina y el lavador de dinero Marco Iván Zaragoza Pelayo ya recibieron sentencia en México por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A ambos les fue impuesta la condena de cinco años de prisión, la pena mínima establecida en el Código Penal Federal por dicho delito. También, al igual que sus coacusados en la causa penal 308/2012, cuentan con imputaciones en su contra en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Central de California por cargos como asociación delictuosa para lavar dinero y asociación delictuosa para asistir e instigar la distribución de sustancias controladas, entre otros.
Autoridades podrían acusar a alguien de lavar dinero si evade impuestos
Especialistas del Colegio de Contadores Públicos de Baja California alertaron que quienes evaden impuestos podrían ser acusados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de lavado de dinero y ser sancionados con multas que superan los 4 millones de pesos, o incluso la cárcel.
El presidente de la Comisión de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de esa asociación, Jorge Arturo Pavón García, explicó que el lavado de dinero siempre deviene de un delito subyacente, como el narcotráfico, la trata de personas y la defraudación fiscal, entre otros.
“Si dejas de pagar impuestos, de reportar la totalidad de tus ingresos, la autoridad puede sospechar que esos ingresos no declarados son producto de actividades ilícitas”, así que el contribuyente tendrá que comprobar que dichos recursos son lícitos.
Agregó que instituciones financieras, empresas y comercios están obligados por Ley a reportar las actividades: relevantes, en las que se recibe efectivo por más de 7 mil 500 dólares; e inusuales, que tienen que ver con el perfil transaccional del cliente, es decir, que éste haga alguna operación que no vaya acorde con sus ingresos.
Así como las internas preocupantes, que se presentan dentro de una institución, por lo que aplican a los trabajadores de los bancos y empresas, detalló el contador público durante el Foro de Prevención de Lavado de Dinero-Defraudación Fiscal y Defensa Penal, en el que los expertos dijeron que durante 2015 y 2016, la SHCP presentó 113 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“De esas 113 denuncias, la SEIDO abrió 184 indagatorias, sin embargo, la PGR solo consignó 36 asuntos, de los cuales únicamente ocho tenían un detenido”.
De acuerdo con el estudio Estructuras Financieras del Crimen Organizado, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el crimen organizado lava 150 mil millones de dólares en el país. Con ello, México se sitúa en la tercera posición entre las diez naciones con mayores flujos financieros ilícitos.
En su oportunidad, la presidenta de esa asociación, Araceli Alicia Guzmán, informó que los sectores vulnerables para el lavado de dinero son las empresas inmobiliarias, de outsourcing, insourcing, compra de carros y casas de cambio, negocios que tienen gran presencia en Tijuana.
Para evitar ser relacionado con el delito de lavado de dinero, recomendó a los empresarios tijuanenses llevar en regla su contabilidad, hacer los reportes que solicita la autoridad, tratar de no manejar dinero en efectivo, pidiéndole al cliente cheques de caja, así como investigar a socios y prestamistas.
Asimismo, expuso que los contadores públicos y abogados, son los profesionistas más expuestos a ser vinculados con el lavado de dinero, por lo que se aconseja saber quién es el cliente al que se dará asesoría.
En ese sentido, Brenda Medina, auxiliar de contabilidad en la matriz de una casa de cambio, consideró importante que se informe sobre estos temas para evitar incurrir, por desconocimiento, en este delito.
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