La austeridad no ha llegado al Instituto Nacional Electoral (INE): 10 consejeros –encabezados por el doctor Lorenzo Córdova Vianello– perciben, cada uno, 303 mil pesos brutos (220 mil pesos netos) mensuales, integrados por sueldo y compensación garantizada, revela el oficio INE/DEA/4635/2017.
Esos ingresos superan en 94 mil pesos las percepciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien según el Portal de Obligaciones de Transparencia gana 209 mil 135 pesos brutos al mes (142 mil 33 pesos netos).
El onceavo consejero electoral –del que no se revela la identidad en el documento obtenido por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– gana menos que sus colegas pero más que el presidente de la República: sus percepciones brutas ascienden a 270 mil 715 pesos al mes (187 mil 888 pesos netos).
La élite electoral –que se enfrenta a una profunda crisis de legitimidad– lejos está de las penurias que pasan 53 millones 418 mil mexicanos que sobreviven en situación de pobreza, de acuerdo con cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Además de las percepciones mensuales que reciben los consejeros, el erario les paga tres costosas prestaciones por igual. Se trata de un aguinaldo de 350 mil 178 pesos; dos primas vacacionales por 32 mil 688 pesos en total (1 mil 634 pesos por día hábil descansado); y 545 pesos diarios, con excepción de fines de semana, para alimentación (11 mil 970 pesos mensuales). Tan sólo el gasto diario en comidas representa 6.8 salarios mínimos, tasados este 2017 en 80 pesos por jornada laboral.
De la información del INE se desprende que los 11 consejeros cuestan a los mexicanos 49 millones de pesos anuales (a razón de 4 millones 522 mil 542 pesos por funcionario, con excepción del que obtiene “sólo” 3 millones 775 mil 86 pesos).
Seguros y otros beneficios
El gasto en esos 11 servidores públicos no para ahí. A cada uno se le otorga un seguro de vida de cobertura básica por 40 meses de percepciones brutas (en la mayoría de casos, esto es 12 millones 121 mil pesos); un seguro colectivo de retiro que va de 10 mil a 25 mil pesos; y un seguro de gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales en la Ciudad de México.
Además, en caso de que alguno de los consejeros electorales falleciera, el INE prevé gastos funerarios hasta por 80 mil pesos (1 mil veces el salario mínimo, indica el oficio).
Para “defender la democracia”, la élite electoral cuenta con más privilegios, como el hecho de no desgastar su vehículo particular para trasladarse de su domicilio a cualquier lugar, sin importar que se dirija o no a una actividad pública.
Ello, porque el Instituto le asigna a cada consejero un vehículo. Una lujosa camioneta Chevrolet Tahoe –con valor superior a los 560 mil pesos– al consejero presidente; y a los otros 10 consejeros, camionetas Toyota RAV4 con valor superior a los 300 mil pesos, consta en el inventario de noviembre de 2016. Y no podía faltar la gasolina y el mantenimiento de esos automotores, también pagados por la hacienda pública.
Por si esto no fuera suficiente, Córdova Vianello, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Beatriz Claudia Zavala Pérez obtienen del INE un teléfono móvil con cobertura ilimitada y hasta un iPad.
El problema con este tipo de gastos es que en México no hay “austeridad republicana”, observa el doctor en estudios sociales José Manuel Luque Rojas. Eso es algo de lo que adolece todo el gobierno y no sólo el Instituto, considera.
“Por supuesto que el INE debería de ajustarse y ser más austero”, señala el también investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agrega que, por las facultades que le asignó la reforma constitucional de 2014, el INE ahora es un monstruocon tentáculos en todos lados y por ello ejerce un presupuesto público millonario.
“A eso se le suman los gastos suntuosos que no se justifican, porque [los consejeros electorales] tienen altos salarios, iPads, celulares, [gastan] mucha gasolina, vehículos… pues eso se suma. Pero al final de cuentas, si nosotros exigimos austeridad en las estructuras del INE –los consejos, las juntas, las comisiones de vigilancia– entonces les vamos a atar las manos. Lo que sí podemos exigir es que tengan salarios adecuados a la situación del país, y eso hay que exigirlo también a los gobernantes y legisladores.”
La dote matrimonial de Lorenzo
Desde tiempo atrás, la austeridad ha sido algo distante del consejero presidente del INE: el 30 de octubre de 2000, cuando se desempeñaba en un cargo menor al actual, el doctor Córdova Vianello obtuvo 39 mil 875 pesos por concepto de dote matrimonial con cargo al erario del entonces Instituto Federal Electoral. Es decir, que se le entregaron casi 40 mil pesos de dinero público a Lorenzo Córdova por casarse.
Después de que la prensa diera a conocer este abuso de la burocracia electoral, la dote matrimonial –aclara el INE en la respuesta a la solicitud de información UE/17/02123, hecha por Contralínea– fue eliminada el 16 de diciembre de 2009 de las gratificaciones. Sin embargo, eso no garantizó que el gasto de la institución se volviera congruente con la realidad del país, donde las mayorías padecen marginación y miseria.
Y es que, actualmente, el Instituto no sólo paga a su personal aguinaldo, prima quinquenal, primas vacacionales, seguros y gastos de defunción, sino que el despilfarro sigue mediante “ayudas” para “renta” hasta por 20 mil pesos mensuales, durante un periodo no mayor de 6 meses; y para despensa, por 350 pesos al mes, en forma permanente.
Asimismo, otorga gratificaciones por el Día de las Madres a sus trabajadoras con esta condición, por 250 pesos, y por el Día de Reyes y Día del Niño, 250 pesos por cada celebración a los funcionarios que tienen hijos menores de 12 años.
Con dinero público, el INE también cubre los gastos de traslado y menaje de casas, y otorga becas académicas a favor del personal de plaza en los cargos de contralor general, directores ejecutivos, directores, jefes de unidad técnica, subcontralores, coordinadores del registro federal de electores, vocales ejecutivos locales, directores de área de estructura, vocales ejecutivos locales, vocales secretarios, vocales locales, vocales ejecutivos, secretarios distritales, subdirectores de área, vocales distritales, coordinadores operativos, jefes de departamento, jefes de monitoreo a módulos y homólogos, consta en su Manual de percepcionespara 2017.
El Manual también contempla el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los funcionarios que cumplan con su trabajo. Éstas pueden ser: “estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, compensaciones extraordinarias y pagos equivalentes, que se otorgan a los servidores públicos de mando, cuya asignación se encuentra sujeta a requisitos de realización futura e incierta y que no forman parte integrante de la percepción ordinaria”.
Y piden más presupuesto
Aunque el presidente Enrique Peña decretó una época de austeridad gubernamental desde hace un par de años, los consejeros electorales buscan aumentar su presupuesto público para el próximo año.
Por ello, el Consejo General ha solicitado 18 mil 226.4 millones de pesos como presupuesto ideal del INE. Al respecto, Lorenzo Córdova justificó la petición al decir que en 2018 se realizará la “elección más grande de nuestra vida democrática [sic]” (Proceso, 28 de agosto de 2017).
Ese monto planteado en el proyecto presupuestario es 3 mil 155 millones de pesos superior al aprobado por la Cámara de Diputados para este 2017, que asciende a 15 mil 71 millones de pesos.
Al respecto, el doctor Efraín Érick Poot Capetillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, considera que “la enorme cantidad de dinero que están solicitando [los consejeros] es parte de los gastos que comúnmente tienen. Por supuesto que debe haber estrategias más claras de en qué se va a gastar el dinero, pero los recursos que solicitan parecen estar justificados. Lo que hace falta es transparencia y rendición de cuentas”.
La tendencia es que el INE destina la mayor parte del dinero público a gasto corriente (sueldos, prestaciones, operación, papelería, equipos de cómputo, pensiones y jubilaciones) y no a gasto de capital (inversión).
En el actual ejercicio, por ejemplo, de los 15 mil 71 millones de pesos que le fueron aprobados, al cierre del año habrá empleado 14 mil 799.39 millones en el gasto corriente, y sólo 271.79 millones en gasto de capital, indica el análisis El presupuesto público federal de México en materia electoral, 2016-2017.
Elaborado por el investigador Reyes Tépach, integrante de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, el estudio detalla que en este ejercicio la organización de procesos electorales tuvo un costo de 80 millones 620 mil pesos en gasto corriente, y de apenas 1 millón 480 mil en gasto de capital.
“El problema [del presupuesto] es más de fondo que de forma: no creo que los consejeros del INE sean responsables. Lo son respecto de los gastos superfluos que tienen, de las prerrogativas que ellos mismos acuerdan para sí en el margen de la autonomía, pero lo demás es responsabilidad de los partidos y de la clase política, porque está en la ley”, considera el doctor Luque Rojas.
Emilio Álvarez Icaza (izq.)
El descrédito de los consejeros y el Instituto
El gasto multimillonario en esta institución no se refleja en su aprobación social. Los consejeros del INE han sido cuestionados e incluso un sector de la sociedad civil organizada (sobre todo el que encabeza el aspirante presidencial y defensor de los derechos humanos Emilio Álvarez Icaza) ha pedido su renuncia, por considerar que no han sido garantes del voto ciudadano.
Para el doctor Poot Capetillo, “al INE le están pasando la factura que en realidad le deberían cobrar a los partidos políticos, porque costó mucho crear un instituto electoral, primero con el IFE: profesionalizarlo, dotarlo de credibilidad. Lógicamente cuando los partidos comenzaron a influir de manera importante en la conformación del Consejo General, éste empezó a ser acotado. Cuando, con las llamadas cuotas, los partidos comenzaron a influir de manera decisiva en la designación de ciertos personajes como consejeros, fue el momento en el que empezó el camino de la deslegitimación del papel que le tocaba jugar al Instituto”.
En entrevista, el investigador refiere que la transición de árbitro federal a nacional también ha repercutido en la imagen, el desempeño y hasta en el gasto del Instituto. “Hay un aspecto que suele pasar desapercibido: esto no fue la evolución propia del Instituto, sino un acuerdo al que llegaron los partidos en el marco del Pacto por México: con la reforma electoral se le dotó de una serie de atribuciones, pero al mismo tiempo éstas fueron acotadas. Así, de forma precipitada absorbió muchas funciones y, al mismo tiempo, también las críticas”.
En 2015, los consejeros electorales empezaron a resentir el déficit de confianza. Algo que se acrecentó con el tiempo, al grado que en este 2017 fueron acusados de parcialidad a favor del Partido Revolucionario Institucional y, por ello, organizaciones como Ahora les exigieron su renuncia.
Al respecto, el doctor Luque Rojas explica que la crítica a la institución y a los consejeros arreció con los procesos electorales de 2016 y 2017. Aunque sí hay deficiencias en el INE, observa, el problema no es realmente del Instituto.
“El problema principal es de las normas sobre el funcionamiento del Instituto: todo está establecido en la ley y eso no lo hizo el INE, lo hicieron los legisladores y los partidos políticos en un gran acuerdo dizque para resolver problemas de la democracia. En esa lógica se inscriben sus decisiones [de los consejeros].”
El investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa recuerda que el procedimiento para nombrar a los consejeros está en manos de los partidos. “Cómo explicar que los partidos políticos acuerden que vaya fulano o zutano al INE, [pues porque] son cuotas. Pero resulta que son los mismos partidos los que los descalifican cuando en una elección cerrada, por ejemplo, no encuentran eco a las demandas de nulidad. Éste es el fondo del asunto, más allá de que sí han errado en algunas decisiones porque no han utilizado de forma adecuada, en parte porque son cuotas, las atribuciones que tienen para obligar a los actores políticos a que respeten la ley”.
Para la realización de este trabajo se solicito conocer la versión de los consejeros electorales, a través del área de Comunicación Social. No obstante, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Ley Kumamoto, vía para acotar presupuesto electoral
La llamada Ley Kumamoto, que reforma el marco legal en materia electoral de Jalisco para reducir en 60 por ciento el presupuesto a los partidos políticos locales –impulsada por el legislador independiente Pedro Kumamoto–, es el camino para adelgazar el presupuesto público a los partidos, considera el doctor Efraín Érick Poot Capetillo.
Para el investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán especializado en ciencia política, el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a esa reforma el pasado 28 de agosto, al considerarla constitucional, es sumamente importante para Jalisco y el resto del país.
“Ésa es la reforma que se necesita a nivel nacional, aunque ya no da tiempo para estas elecciones. Con ésta se puede limitar el presupuesto a los partidos a algo acorde con la realidad mexicana, porque el presupuesto va a estar amarrado, no al padrón electoral, sino al número de votos obtenidos”, indica.
Para 2018, el Instituto Nacional Electoral aprobó –el pasado 18 de agosto– que a los partidos se les otorguen 6 mil 788 millones de pesos, considerado el presupuesto más alto en la historia del financiamiento electoral.
Al respecto, el doctor José Manuel Luque Rojas observa que “acusar al INE por ese presupuesto es como querer matar al mensajero: al final de cuentas, para calcular el monto de la asignación del presupuesto a los partidos políticos, al funcionamiento de las estructuras estatales y al consejo general del INE, las juntas locales y todo lo que tiene que ver con la estructura, se usa la fórmula establecida en la Constitución.
“Entonces, ¿quién puso la fórmula? ¿El INE? No. La pusieron los legisladores al establecer cuál iba a ser el financiamiento a los partidos políticos. Cuando se aplica la fórmula da una cantidad estratosférica. Eso está mal, pero no es culpa del INE, ellos sólo están aplicando lo que dice la ley.”
Fuente.-Nancy Flores
