El abogado Martín Lozano indicó que debido a que las acusaciones de las autoridades parten de indicios no razonables sino de sospechas, su defendido no permanecerá 24 meses en prisión y que el caso "se resolverá más pronto de lo que esperamos".
Un percance que costó la vida a un soldado y dejó heridos a otros cuatro, uno de ellos de gravedad, sucedido el pasado viernes 18 de agosto en las inmediaciones de Petatlán, Guerrero, puso al descubierto la manera irregular con que operan las tropas de la 27 zona militar al mando del general Adelfo Castillo López, un oficial cuestionado en su actuar en un área donde la delincuencia campea a sus anchas y la inseguridad tiene contra la pared a la población.
Son jornadas en las que el general de brigada Adelfo Castillo López, comandante de la 27 zona militar en Pie de la Cuesta, Guerrero, prolonga el horario de servicio de sus tropas fuera de toda lógica. Esta falta de tacto que se tradujo en la ausencia de medidas de prevención, ocasionó el pasado viernes 18 de agosto del 2017 un fatal accidente de un vehículo militar donde un soldado falleció y cuatro más resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Eran alrededor de las nueve de la mañana del viernes 18 de agosto, cuando de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, salieron un par de vehículos para dirigirse al cuartel del 75 batallón de infantería en Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero.
El relato de los militares que iban de escolta, tiene algo en común, todos coinciden en que las prolongadas jornadas de trabajo, que inician a las cuatro de la mañana y terminan cerca de la media noche, no les permiten recuperarse del todo ya que son varias ocasiones en que el cansancio acumulado deja huella en varios de los efectivos que prestan servicio como escolta del general Castillo López.
“Andábamos de escolta con el general comandante de la 27/o zona militar en dos vehículos cheyenne, adelante iba en la primera camioneta el general Adelfo Castillo López, el traía el mando y nosotros veníamos en la segunda camioneta, uno de nosotros manejando. Veníamos en ese vehículo seis efectivos de tropa, cuatro atrás en la batea. Yo venía manejando y un sargento venia de copiloto, en el trayecto de la carretera ya iba muy cansado porque el general Castillo López dicta la orden de que todos debemos estar levantados desde las 04:00 de la mañana. Y solo nos permite descansar hasta las 23:30 o hasta la media noche, y al otro día seguimos en actividades. Y pues yo como conductor de un vehículo descansaba poco tiempo, esa ocasión sobre la carrera Acapulco-Zihuatanejo me voltee con la camioneta cheyenne en un lugar que se llama el Tuzal, faltando escasos 10 minutos para llegar a Petatlán. Al momento del impacto el que iba de tirador en la caja del vehículo, salió volando y cayó lejos pero como la camioneta dio vueltas lo alcanzó a aplastar y falleció. Uno de los heridos fue trasladado de emergencia y está internado en el hospital central militar en la ciudad México, y cuatro más están aquí en el batallón en reposo con leves golpes”.
Todos los integrantes de la escolta accidentada, pertenecían al 75 batallón de infantería.
Compañeros de uno de los afectados en el accidente, dijeron a este Blog que la secretaría de la Defensa Nacional, pretende fincarle cargos por homicidio doloso al conductor, sin considerar su estado físico ya que conducía cansado por exigencias fuera de normatividad dictadas por el general Castillo.
“Pretenden excluir de toda responsabilidad al general, siendo que él es corresponsable y que no observó las medidas básicas de prevención de un evento de esta naturaleza, como hacer altos cada hora para verificar el estado de salud y la fatiga de sus conductores. Eso lo hacen por procedimiento todos los comandantes en cualquier desplazamiento a motor”, señala uno de sus colegas entrevistado vía telefónica.
Una zona “caliente”
La 27 zona militar tenía hasta hace poco tiempo su cuartel general en El Ticuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Su posición estratégica funcionó durante varios años para las operaciones contra la guerrilla en esta zona donde se levanta la sierra cuya parte de mayor altitud se le conoce como Filo Mayor. También por su cercanía con la Costa Grande, área de paso y salida de droga de las regiones montañosas rumbo al mar.
La unidades que dependen de la comandancia de la 27 zona al mando del general Castillo López son el 48 batallón de infantería, con sede en el municipio de Cruz Grande, en la Costa Chica de la entidad; el 56 de infantería, en el puerto de Acapulco; el 68 de infantería, en Pie de la Cuesta; el 75 en Petatlán; el 109 en Atoyac y el 4/o. Grupo de Morteros, en Zacacula.
Ante este número de unidades desplegadas en la zona de las costas de Guerrero y parte de la sierra, las visitas de inspección y supervisión por el mando de la zona, son una práctica constante y rutinaria por las condiciones que atraviesa la seguridad en la entidad.
Horas después del fatal accidente del pasado día 18 de agosto, se reportó el fallecimiento en el lugar del soldado Ismael Santiago García, otro elemento de tropa resultó con fractura craneoencefálica y su estado de salud fue reportado hasta principio de esta última semana de agosto como muy grave. Otros tres soldados resultaron con heridas moderadas que no ponen en riesgo su vida,
Otra de las irregularidades reportadas por los militares fue que el personal del 75 de infantería que prestaba el servicio de escolta del comandante de la 27 zona, lo hicieron en el vehículo con matrícula 0868330, el cual resultó averiado por el percance, mismo que pertenece al 68 batallón. “Esta es una situación irregular, porque existe una orden del alto mando que en las operaciones militares el personal utilice armamento y vehículos orgánicos de sus mismas unidades, para tener mayor eficacia en el tiro, en el caso de las armas porque cada usuario las conoce. En el caso de los vehículos cada conductor debe conocer el funcionamiento de su propio automotor de cargo, cosa que no ocurrió en este accidente, porque al conductor el general Castillo le ordenó emplearlo sin que fuera de cargo del elemento militar”.
Un rasgo en el ejercicio del mando del general Castillo López, añaden, más allá de su actitud prepotente, es que acostumbra gritar a jefes y oficiales, llamándoles la atención delante de la tropa, actitud que puede considerarse un abuso de autoridad en la milicia, y que según la circunstancia puede sancionada por el código de justicia militar.
El alguacil del condado de Harris, cuya capital es Houston (Texas, EU), Ed González, informó hoy del hallazgo de una furgoneta inundada con los cadáveres de seis miembros de una familia hispana, incluyendo cuatro menores, en un suburbio de la ciudad afectada por la tormenta tropical Harvey.
“Teníamos la esperanza de que hubieran sido capaces de escapar y buscar refugio en otro lugar, pero nuestros peores presagios se han cumplido", lamentó ante los medios el alguacil del condado de Harris, en el que viven 6,5 millones de personas.
El conductor, que era tío de los menores, había informado a las autoridades del posible ahogamiento de sus familiares después de lograr el pasado domingo salir del vehículo en el que iban todos y agarrarse a un rama cuando este era arrastrado por las aguas.
Los equipos de emergencia lograron rescatar entonces al conductor, un varón de mediana edad, pero no pudo rescatar a sus familiares dada la fuerza del agua.
Según el oficial, el vehículo fue arrastrado por una corriente a unos 11 kilómetros por hora y fue encontrado hundido más de un metro bajo el agua en una calle de Pasadena, un suburbio de Houston en el que habita una amplia comunidad latina.
“Con la disminución de las precipitaciones hemos podido ver finalmente el vehículo y lamentamos informar que hay dos cuerpos adultos sin vida flotando justo al lado", dijo González.
El alguacil añadió que es probable que los cuatro cuerpos de los menores de la misma familia estén encerrados aún en la parte trasera de la furgoneta, ya que las puertas están cerradas.
Entre las víctimas figuran los bisabuelos de la familia, de 81 y 84 años, respectivamente, y cuatro menores de 16, 14, 8 y 6 años de edad, informó el domingo la cadena local KTRK.
Los menores fueron identificados como Devy, Dominic, Xavier y Daisy Saldívar.
Houston es la zona más afectada por las catastróficas inundaciones ocasionadas por el huracán Harvey, que ha dejado ya al menos una veintena de fallecidos y decenas de miles de desplazados.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó hoy de la situación debido a las inundaciones, pero aunque no confirmó datos de víctimas mortales, diferentes medios estadounidenses apuntan ya que al menos 30 personas han podido perder la vida por culpa de Harvey.
En junio del 2015, Lucero Guadalupe Sánchez López parpadeaba hasta 59 veces por minuto. Padecía un tic nervioso que había desarrollado de tanto repetir ante las cámaras de televisión, que no había visitado al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1.
En ese entonces 'El Chapo' —el capo más peligroso del mundo— estaba recluido en esa cárcel, mejor conocida como El Altiplano, después de haber sido capturado por las autoridades mexicanas en febrero de 2014, y Lucero era diputada por Sinaloa, un estado al norte de México, cuna del narcotraficante.
La historia de aquella visita se convirtió en un escándalo, cuando a algún jefe de información, se le ocurrió rebautizar a Lucero como la 'Chapo Diputada'. Dicen que ahí, le estalló el tic.
Hasta las revistas del corazón se sumaron: que si Lucero y 'El Chapo' se enamoraron cuando ella era muy pobre; que venía un bebe en camino; que Lucero era la debilidad del narco.
A la televisora con mayor alcance a nivel nacional, cercana al gobierno, incluso le filtraron una fotografía donde supuestamente Lucero presentaba una identificación oficial en el área de seguridad y guarda del penal.
Sin una indagatoria oficial, pero sí gracias a la prensa, quedó indisolublemente ligada al narcotraficante.
En ese entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que abriría una investigación en contra de la diputada sinaloense por delincuencia organizada y falsificación de documentos, ya que según la autoridad, había ingresado al penal con una identificación falsa.
A pesar de las múltiples declaraciones de funcionarios en su contra y a casi tres años, las autoridades mexicanas no han logrado comprobar la relación de la sinaloense con 'El Chapo' Guzmán.
Documentos obtenidos por VICE News demuestran que la PGR incluso se 'deshizo' de la única evidencia en contra de la exdiputada. A través de un oficio admiten que borraron la cinta que demostraba que Lucero visitó al capo en prisión.
En un oficio que firma el Director de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos en México, fechado en mayo del 2015, admiten que no cuentan con las videograbaciones, debido a que su sistema "se reinició a los 27 días".
"Al respecto hago de su conocimiento que esta Dirección a mi cargo no cuenta con las videograbaciones solicitadas", respondieron a través del oficio con terminación 1920/2015.
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Lucero Sánchez nació en Cósala, un pueblito enclavado en la sierra sinaloense de apenas 6.000 habitantes. En 2013 la joven de apenas 24 años ganó la diputación por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), rompiendo récord de votación en la historia de ese lugar. Para los pobladores de la zona, Lucero los representaba: era una joven humilde que trabajó limpiando casas, a la que le habían asesinado a su esposo a balazos. En la campaña los pobladores hacían burritos, que vendían y el dinero lo aportaban a su campaña.
Pero Lucero se volvió noticia nacional en 2015, cuando Televisa trasmitió un reportaje donde se le exhibía entrando al penal a visitar a Guzmán Loera. La fotografía de la mujer, extraída de un supuesto video, dio la vuelta en los medios mexicanos.
Posteriormente, ella fue detenida el 20 de enero de 2016 en Culiacán Sinaloa, cuando se trasladaba a bordo de su camioneta en la que llevaba a su hijo pequeño al hospital por una quemadura en el brazo, y según una queja presentada por Lucero ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos así fue la detención:
—¡Ya bájese licenciada, no nos obligue a bajarla a la fuerza!
—¡No me voy a bajar, oigan están cometiendo abusos contra mi y mi familia!
—¡Pues es una orden superior!
—¡Bueno déjame aunque sea ir a mi casa a dejar a mis hijos y por algo de ropa!
En la calle a punta de rifles, pistolas rodeada de carros blindados y hombres encapuchados, se la llevaron en un vehículo sin placas, dejando a su niño de un año en una banqueta.
Esta información se encuentra en un expediente que guarda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre este caso.
Ese día la trasladaron al aeropuerto de Culiacán con rumbo a Ciudad de México, para que se presentará a declarar sobre su supuesta relación con Guzmán Loera.
"Mientras yo caminaba las cámaras me retrataban y tomaban video reporteros vestidos de federales. Y yo exclamé: 'otra vez armando el show', una mujer me respondió que todavía venía el verdadero show. Me hacen un recorrido para que los medios me graben y tomen fotografías, y luego me suben algunos pisos y me recibe el ministerio público federal", cuenta la exdiputada según el expediente de la CNDH.
Lucero asegura que estuvo más de 12 horas detenida, la interrogaron y la retuvieron prácticamente "secuestrada". Cuando finalmente se iba le prometieron que sólo faltaba un interrogatorio más, donde en lugar de agentes del ministerio público había algunos medios de comunicación que trataron de engañarla.
"Estoy casi segura que era Televisa. Me puse histérica, cuestioné, ellos respondían que era solo parte del proceso penal. Entonces dijo que 'era solo una entrevista', y yo le dije con voz molesta. '¿No que no eras reportero?'".
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En enero del 2017, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos. Una corte federal en Nueva York lo solicitó por lavado de dinero y tráfico de drogas. El narcotraficante hizo todo lo posible por mantener su caso en México, pero su equipo de abogados fracasó.
En cambio Lucero —a quien dejaron libre tras ese interrogatorio— tomó el 21 de junio un vuelo de su natal Sinaloa a la ciudad de Tijuana: el objetivo era llegar a Estados Unidos, y pedir asilo político para sus hijos, según declararía después.
Según ella desde que se revelara la supuesta relación sentimental con Guzmán Loera y se esparciera el rumor de que el bebé era hijo del capo, había sido amenazada por narcos enemigos del exlíder del Cártel de Sinaloa. Por eso quería huir.
Según la acusación de la Fiscalía Federal del Sur de California trató de ingresar a EE.UU. a las 9:30 de la mañana por la garita Cross Borde Xpress. En base al testimonio del agente que la detuvo, al buscar su nombre en la computadora, se dio cuenta que había una investigación en EE.UU. en su contra.
Desde el año 2012 autoridades de seguridad de ese país, habían intervenido las llamadas de distintos miembros del Cártel de Sinaloa.
Parte de la investigación en poder de VICE News, revela que Lucero se hacía llamar en la organización "Piedra", y participó activamente en el lavado de dinero y distribución de droga dentro del cártel.
Para el año 2013 la joven utilizó un teléfono de la compañía Iusacell, y el mismo Joaquín Guzmán le ordenó que consiguiera un teléfono a otro miembro de la organización, para comunicarle que recibiría 10.000 dólares derivado de ganancias del narcotráfico.
Según las autoridades cuando Guzmán se escapó en julio del 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano pretendió esconderse con "su novia", una diputada de Cósala.
Las autoridades estadounidenses han expuesto documentos que probarían la culpabilidad de la joven exdiputada.
Desde aquel día que intentó cruzar a California, Lucero se quedó en calidad de detenida en una prisión en la ciudad de San Diego y apenas este 25 de agosto fue trasladada a Washington donde enfrentará cargos más firmes en su contra.
En cambio las autoridades mexicanas aseguran que la evidencia en contra de Lucero, sencillamente se borró.
Autoridades estatales saben que hubo desvío de recursos por parte de la administración anterior, pero dejaron todo “bien maquillado” que es difícil comprobar las anomalías, pero se sigue haciendo el trabajo para encontrar culpables y sancionar.
Mario Soria Landero, contralor del Gobierno del Estado, comentó que se ha castigado y suspendido a funcionarios, pero no se han podido inhabilitar, ya que es un proceso muy largo y se tiene que dar derecho de audiencia.
“Ya terminando todo el proceso, entonces ya viene la sanción administrativa en caso de existir quebranto y se turna a la procuraduría para que haga las investigaciones y se proceda”, dijo.
Para maquillar cualquier anomalía, la administración anterior contrató a una empresa a la cual le pagaron 16 millones de pesos para que cuando al revisar se dificultara encontrar los desvíos, esta empresa incluso está inhabilitada.
“Sí sabemos que hubo muchas anomalías, muchos desvíos de fondos, muchas obras que no se hicieron con las especificaciones, pero ha sido muy difícil determinar dónde está la falla de la obra, prácticamente hablando, ellos cumplieron con todo, si pedían cinco fotografías, pusieron ocho, el paquete fue muy bien armado”, expresó.
Para el Estado es complicado porque las cuentas están aprobadas por el Congreso, lo que dificulta las funciones a la Contraloría, y ahora la Auditoria Superior es la que puede abrir una investigación, pero mediante queja específica para ver la obra.
“Nos dejaron una tarea complicada, fueron muy inteligentes, hicieron un trabajo muy bueno, el reto lo aceptamos y daremos a conocer lo que vayamos encontrando en el camino, hicieron un trabajo muy profesional y eso nos está dificultando las cosas”, recalcó el funcionario estatal.
En los últimos meses, las organizaciones de derechos humanos y de monitoreo de internet han descubierto evidencia de que el gobierno mexicano utiliza sofisticados spywares hechos por una compañía israelí para monitorear a periodistas, disidentes e incluso a opositores políticos, según se informa en una serie de artículos en el New York Times.
Ahora, un ex espía mexicano asegura que hace años, un gobernador mexicano usó un tipo diferente de spyware hecho por la infame compañía italiana, Hacking Team –para vigilar a otros empleados del gobierno y políticos, incluyendo a periodistas e incluso al propio Presidente de México.
El lunes, Rodolfo Raúl González Vázquez, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), anunció que iba a entablar una demanda contra el ex gobernador del estado sureño de Puebla, Rafael Moreno Valle. Raúl González acusa a Moreno Valle de monitorear al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, además de otras 24 personas, entre ellas políticos y periodistas, según informes locales.
Durante una rueda de prensa, González Vázquez dijo que se trata de un "departamento de espionaje clandestino", que debe considerarse "un grupo criminal".
Gracias a los documentos internos de Hacking Team, sabemos que México era el cliente más importante de la empresa. En los últimos años, parece que su competidor de Israel, NSO Group, se ha apoderado del mercado local. Los disidentes, periodistas e investigadores con spyware que hace poco fueron expuestos con el malware de NSO.
Un artículo del New York Times de enero de este año detalló algunos de los abusos del gobierno de Puebla al usar el software espía de Hacking Team, también conocido como RCS o Galileo. La empresa ha sostenido durante mucho tiempo que no tenía conocimiento de la manera en que los clientes utilizan sus herramientas. Pero eso no siempre fue cierto. Los antiguos empleados, que han dejado la empresa por razones éticas, dijeron que estaban conscientes de algunos abusos, y trataron de advertirle a la compañía de ellos.
Desde antes Puebla parecía ya tener problemas. Cuando la empresa estaba discutiendo su contrato con el gobierno local, un empleado del Hacking Team que viajó a México le advirtió a la gerencia que había algo sospechoso acerca de las personas que estaban tratando de comprar RCS en nombre de Puebla, según un ex empleado que estaba al tanto de esta advertencia, y habló con Motherboard en condición de anonimato.
Hacking Team no respondió a una solicitud para hacer comentarios.
Según una fuente mexicana que trabaja en la industria de la vigilancia, y que también pidió hablar sólo bajo anonimato, esto es sólo otro incidente que muestra cómo el spyware se ha convertido en una herramienta fundamental para los políticos mexicanos.
"Hay personajes corruptos que utilizan spyware para objetivos personales", dijo la fuente en una llamada telefónica. "Lo usan para mantener el poder y el control".
La Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción (FECC) del Estado citó a declarar al ex Gobernador en calidad de
probable responsable para un interrogatorio que se tenía previsto el pasado
lunes 21 de agosto.
Aunque el agente del Ministerio Público Édgar
Adrián López Rodríguez advirtió a Hernández en el citatorio que, de no asistir,
podría usarse la fuerza pública,la diligencia no se llevó a cabo porque el
indiciado presentó un amparo.
Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, jueza décima sexta de
distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión
provisional contra cualquier orden de aprehensión, búsqueda, localización,
presentación o citatorio en el fuero común. Hasta antes de la investigación del fuero común,
Hernández no tenía ningún pendiente legal en México, aunque sí en Estados
Unidos.
A nivel federal, el ex Gobernador fue
investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada en el mismo
expediente por el que fue acusado Tomás Yarrington, quien ahora se encuentra
sujeto a un juicio de extradición en Italia, pero la PGR archivó el caso por
falta de elementos probatorios.
