A principios de los años ochenta, el apellido Zambada todavía no era una marca de horror reconocible a ambos lados de la frontera. Esa discreción le permitía a Ismael, El Mayo Zambada, caminar por California sin convertir cada salida en una operación de camuflaje. Tenía 32 años y empezaba a montar la infraestructura del negocio: bodegas, transportistas, distribuidores, clientes y lavadores de dinero. Una cadena de suministro bastante menos presentable que las que presumen las escuelas de negocios.
Con los años, el área metropolitana de Los Ángeles se convertiría en el principal centro de distribución de drogas y recolección de ganancias ilícitas del Cartel de Sinaloa en Estados Unidos. El patriarca, que durante décadas consiguió mantenerse fuera de una celda, cumple desde este verano una condena de cadena perpetua impuesta por un juez neoyorquino. Tanto esconderse para terminar con domicilio permanente bajo custodia federal.
En marzo de 1982, cuando todavía no había pisado una cárcel —una racha que prolongaría durante las siguientes cuatro décadas—, El Mayo no encontró inconveniente en dejar su nombre verdadero en el acta de nacimiento de uno de sus hijos: Ismael Zambada Sicairos.
El registro, sin embargo, salió con su propio enredo burocrático. “Cicairos”, escrito con c, quedó asentado como segundo nombre del recién nacido. Así aparece en documentos custodiados por la oficina del registro civil del condado de Orange, California, que revisó EL PAÍS. Antes de los alias, las identidades alternativas y los expedientes criminales, ya había una confusión de ventanilla.
También el padre quedó registrado con una peculiaridad: Ismael G. Zambada. La inicial de su apellido materno ocupó el lugar correspondiente a un segundo nombre, aunque este es Mario, del que deriva su conocido apodo. El documento resulta excepcional dentro de las bases de datos del Gobierno estadounidense: ahí aparece El Mayo, pero no como acusado en una causa penal. Por una vez, el papel hablaba de un nacimiento y no de una conspiración.
La madre, María R. Cicairos, tenía 30 años. Dio a luz a las 6:27 de la mañana del 7 de marzo de 1982, en el Martin Luther King Medical Center, situado entonces en la calle Romneya, en Anaheim. El edificio alberga ahora un colegio comunitario.
El niño que acabaría conocido como Mayito Flaco nació a seis kilómetros de Disneyland, ese emblema estadounidense que se vende como “el lugar más feliz del mundo”. La proximidad no explica nada por sí sola, pero deja una postal incómoda: la fábrica de fantasías familiares a unos minutos del nacimiento de un heredero del crimen organizado.
Por razones que siguen sin conocerse, la DEA mantuvo en secreto durante muchos años el origen de este integrante de los Zambada. Aquel recién nacido terminaría al frente de la facción que su padre construyó con balazos, sobornos y una longevidad criminal fuera de lo común.
No hay evidencia de que El Mayo y María Cicairos se hayan casado en el condado de Orange. Según funcionarios de esa jurisdicción consultados por EL PAÍS, el acta es uno de los pocos registros públicos donde aparecen los nombres de ambos y el de su hijo.
El documento quedó asentado el 17 de marzo de 1982, diez días después del nacimiento. El médico J. N. Hernández atendió el parto. Al día siguiente del alumbramiento, según los expedientes públicos, María fue la única que firmó el certificado. El padre dejó el nombre; la madre puso la firma.
Dos capos, un mismo condado
Mayito Flaco es un heredero del narcotráfico Made in California. Según la DEA, tomó las riendas de Los Mayos alrededor de julio de 2024, cuando su padre fue detenido en Nuevo México. El relevo no llegó con ceremonia de jubilación: llegó después de una traición, según la versión del propio patriarca.
El Mayo sostiene que su ahijado, Joaquín Guzmán López, lo secuestró en un rancho de Culiacán y lo obligó a subir a un jet que lo llevó al otro lado de la frontera. La detención abrió la fractura que terminó convertida en una guerra interna del Cartel de Sinaloa: Los Mayos contra la facción comandada por Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán.
Culiacán y otras ciudades del norte de México quedaron atrapadas en la barbarie. La disputa parece empujar hacia dos desenlaces: que uno de los bandos se rinda o que el otro lo borre. La población, mientras tanto, paga una guerra de sucesión que nunca pidió.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, la OFAC, describe así el papel del heredero: “Mayito Flaco retiene el mando y control sobre Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades criminales del grupo, incluido el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro”. La dependencia expuso ese señalamiento al anunciar las sanciones contra él y varios de sus presuntos cómplices que operan en Baja California. No habla de un apellido decorativo, sino de una jefatura operativa.
El condado de Orange tiene otro nombre destacado en ese catálogo: Juan Carlos Valencia González, señalado como uno de los jefes del Cartel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Según la información recogida en el texto original, asumió el liderazgo en febrero pasado, después de que fuerzas militares abatieran a su padrastro y fundador de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Valencia González, buscado por la DEA como objetivo prioritario, nació el 12 de septiembre de 1984 en un hospital de Santa Ana, a 18 kilómetros del centro médico donde nació Mayito Flaco. Entre ambos alumbramientos apenas transcurrieron dos años y medio. Dos futuras figuras del narcotráfico, un mismo condado y hospitales separados por un trayecto corto.
En su caso, el padre biológico, Armando Valencia Cornelio, uno de los fundadores del Cartel del Milenio —vinculado en su momento con el de Sinaloa—, optó por no aparecer en la base de datos del Gobierno de California. A diferencia de El Mayo, prefirió no dejar esa huella administrativa.
Cambiarse el nombre, conservar la herencia
En 2001, a los 19 años, Mayito Flaco vivía en una comunidad de clase media, a 15 kilómetros del centro de Phoenix, Arizona. En la calle Krall podía pasar por un vecino más. El domicilio quedó registrado en un trámite con el que intentó esconder el vínculo con su padre y evitar que lo localizaran tanto los enemigos del capo como las autoridades.
El 1 de noviembre de ese año, un juez del condado de Maricopa concedió su solicitud de cambio de nombre. Desde entonces quedó registrado como Fernando Sicairos Aispuro. La intención era poner distancia entre su identidad y el apellido Zambada. Pero la burocracia, tan torpe para unas cosas y tan persistente para otras, conservó la genealogía: Ismael G. Zambada seguía apareciendo como padre y María Cicairos como madre.
El texto original sitúa la conclusión del proceso el 10 de mayo de 2022. Ese día, Mayito Flaco firmó con la nueva identidad y dejó una rúbrica poco legible, como si el nombre todavía no terminara de acomodársele en la mano.
La modificación complica la búsqueda de sus registros públicos en California. Para encontrar los pocos documentos relacionados con él, hay que rastrear la identidad adoptada hace 25 años. Cambió el nombre que abría los archivos, no el parentesco que explicaba su lugar en la organización.
La OFAC lo plantea sin rodeos: pese al intento de ocultar su linaje mediante el cambio de nombre a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, Mayito Flaco siguió siendo una figura clave en las operaciones del Cartel de Sinaloa durante las últimas dos décadas, bajo la tutela de su padre.
Nueve meses antes de aquella solicitud ante un tribunal de Phoenix, El Mayo había ayudado en la fuga de Puente Grande, Jalisco, de quien se convertiría en su principal socio: El Chapo Guzmán. Según el relato recogido en el texto original, Guzmán escapó oculto en un carrito de lavandería. Después, ambos se embarcaron en la construcción del Cartel de Sinaloa, que llegaría a ser el más poderoso de México. Mientras el hijo buscaba otra identidad, el padre ampliaba el negocio.
Para mayo de 2005, cuando tenía 23 años, Mayito Flaco ya participaba, según una acusación penal, en las actividades criminales de su padre junto con su hermano menor, Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo.
La acusación, presentada en 2014 ante una corte federal de San Diego, sostiene que El Mayo y sus dos hijos encabezaban desde entonces una conspiración para enviar grandes cargamentos de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana al sur de California, además de participar en operaciones de lavado de dinero. La investigación de la DEA en San Diego identificó también otro nombre en su repertorio: “Caballero”.
La caída de tres de sus hermanos fue despejándole el camino hacia el mando de Los Mayos. La sucesión familiar avanzó entre detenciones: cada hermano fuera de circulación dejaba al que seguía libre más cerca de la silla del padre.
La carretera del negocio
El condado de Orange está atravesado de sur a norte por la interestatal 5, una arteria de 2.130 kilómetros que conecta San Diego con Seattle. El Mayo y sus socios convirtieron esa vía en una de las principales rutas de tráfico de drogas en Estados Unidos. La autopista servía para viajar, sí, pero también para que el negocio encontrara clientes y devolviera dinero.
La frecuencia del contrabando llevó a las fuerzas de seguridad a mantener patrullajes constantes e intensificar las revisiones en los retenes. Esos operativos forman parte de una estructura integrada por distintas agencias, incluida la DEA, conocida como Los Angeles High Intensity Drug Trafficking Area, HIDTA.
Del lado mexicano, el corredor criminal comienza en Tijuana y Mexicali, dos de las principales plazas de Los Mayos. Según la OFAC, el sistema de corrupción que el patriarca cimentó hace años sigue funcionando, ahora al servicio de su hijo. La herencia no incluía únicamente rutas y cargamentos: también protección.
En esa red destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California y afiliada a Morena. La dependencia del Departamento del Tesoro lo identifica como un “operador político” de Los Mayos.
“Carlos Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades y proteger al Cartel de Sinaloa de la intervención del Gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California”, sostiene la OFAC. El señalamiento lo coloca en una posición particularmente incómoda: no como un simple conocido del poder, sino como un presunto facilitador de la protección que necesita el grupo criminal.
La cancelación de las visas de Torres Torres y de la gobernadora, ocurrida en mayo según el texto original, fue el primer indicio de las sanciones anunciadas esta semana por el Tesoro. Una medida administrativa que puede abrir paso a investigaciones o cargos penales, aunque no equivale por sí misma a una condena.
La estructura descrita por las autoridades estadounidenses combina lugartenientes que controlan las plazas fronterizas mediante asesinatos, secuestros, ataques y sobornos; empresarios que presuntamente utilizan sus compañías para lavar y mover ganancias ilícitas; y funcionarios corruptos que ofrecen protección política y policial. El negocio necesita violencia, dinero y puertas que se abran desde dentro.
El martes, la OFAC sancionó a Mayito Flaco, a otros 20 supuestos cómplices y a 25 compañías. Entre estas aparecen casas de cambio y empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento. En total: 21 personas y 25 entidades señaladas por sus presuntos vínculos con la red.
Proveedores, contratos y sicarios
Una de las empresas sancionadas, Inteliproof Efficient, tenía contratos para suministrar uniformes y equipo táctico a la policía de la Fiscalía General del Estado de Baja California. La situación deja una pregunta incómoda: una compañía señalada por presuntos vínculos con una red criminal también vestía y equipaba a quienes debían combatir el delito.
Otra firma incluida en las sanciones, Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría, conocida también como Promociones CHF de Baja California, obtuvo varios contratos de la Secretaría de Turismo estatal para labores de promoción. El expediente alcanza tanto al equipo policial como a la publicidad turística.
Ambas compañías pertenecen a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, empresario y conferencista incorporado esta semana a la lista de sanciones del Tesoro estadounidense. La medida prohíbe hacer negocios con las personas y entidades designadas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El Gobierno de Marina del Pilar reconoció la relación con esos proveedores y ordenó una “revisión exhaustiva” para descartar “cualquier riesgo”. La oficina de la gobernadora respondió que las sanciones no estaban vigentes cuando se celebraron los contratos y aseguró que las empresas habían cumplido, en su momento, con todos los lineamientos.
La defensa oficial se sostiene en el calendario y en los requisitos administrativos. Eso no despeja por sí solo los señalamientos sobre las compañías, pero tampoco permite convertir aquellos contratos en prueba automática de complicidad gubernamental. El expediente exige algo más sólido que indignación y algo menos cómodo que un comunicado.
La influencia atribuida al Mayito Flaco, además, no termina donde acaba el dinero ni donde se levanta la frontera. Según la OFAC, uno de sus asociados, Lorenzo Castillo Maldonado, cumple una larga condena en una prisión mexicana y tiene bajo su mando a pandillas que le ayudan a traficar drogas, lavar dinero y conseguir sicarios para asesinar a sus rivales en el sur de California.
El círculo vuelve así al territorio donde nació el heredero. California no aparece únicamente como el lugar del acta de nacimiento: también figura como mercado, ruta, destino del dinero y escenario de la violencia atribuida a su organización. El nombre pudo cambiar; la frontera nunca fue un límite para el negocio.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ISAIAS ALVARADO/
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