La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) vuelve a estar en el centro del escándalo. Bajo el rectorado de Dámaso Anaya —detenido en 2022, según documentó Reforma, y primo del gobernador multiacusado de Morena, Américo Villarreal— reaparece el fantasma del porrismo, ahora tras la denuncia de una brutal “novatada” que habría dejado a un estudiante de Veterinaria en terapia intensiva.
En la Universidad Autónoma de Tamaulipas parece que el llamado “nuevo rumbo” viene con reversa incluida: reversa hacia los tiempos de porros, impunidad, abusos y escándalos que se suponían enterrados junto con las peores etapas de la vida universitaria.
Hoy, la institución dirigida por Dámaso Anaya, enfrenta una nueva y gravísima acusación: un estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria habría terminado en terapia intensiva luego de una brutal novatada atribuida a grupos de choque estudiantiles. No es una travesura, no es una “bienvenida” y tampoco es una anécdota universitaria: es una agresión salvaje que, de confirmarse, exhibe el fracaso de las autoridades para prevenir, vigilar y castigar la violencia dentro de sus propios planteles.
De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales por Nestor Troncoso, el joven, originario de Tamuín, San Luis Potosí, fue obligado a ingerir un alimento al que es severamente alérgico, pese a advertirlo. Después habría sido atado de cabeza, sufrió convulsiones y fue abandonado por quienes presuntamente participaron en la agresión. Otros estudiantes habrían intervenido para auxiliarlo y pedir ayuda médica.
La pregunta no es menor: ¿dónde estaban las autoridades universitarias mientras los porros hacían de las suyas? Porque el porrismo no nace de la nada ni se sostiene solo con gritos, capuchas y violencia; prospera cuando hay tolerancia, omisión o complicidad desde arriba.
Y no se trata de un episodio aislado. La rectoría de Dámaso Anaya carga ya con una pesada colección de señalamientos públicos, escándalos internos y episodios que contradicen la propaganda institucional del “nuevo rostro” universitario.
El propio rector fue detenido en 2022, según publicó Reforma, cuando se desempeñaba como secretario de Desarrollo Rural de Ciudad Victoria; el reporte periodístico señaló que fue sorprendido con efectivo, sobres de nómina con nombres y números, así como propaganda electoral vinculada al entonces candidato morenista Américo Villarreal.
Ahora, como rector y protegido por una relación familiar que no puede ignorarse, Anaya encabeza una Universidad que vuelve a ser mencionada por violencia, denuncias de presunto porrismo, funcionarios cuestionados y una preocupante falta de consecuencias visibles. Una institución pública no puede administrarse como patrimonio de familia ni convertirse en refugio de amistades, cuotas y silencios.
Que dice el humor social
La conversación social no está leyendo el caso como una simple “novatada”, sino como el síntoma de una institución permisiva, con una cultura de violencia universitaria que muchos usuarios consideran conocida, tolerada y políticamente protegida. El reclamo central no es sólo contra los presuntos agresores: la indignación escala directamente hacia la UAT, la Facultad de Veterinaria y el rector Dámaso Anaya.
1. Predomina la indignación: “No fue una broma”
La mayoría de los comentarios rompe de tajo con la idea de que se trató de una bienvenida estudiantil o una “perreada” de rutina. La audiencia la interpreta como una agresión grave, especialmente por los elementos difundidos sobre la alergia, las convulsiones, el abandono y la hospitalización del joven.
El lenguaje usado por los usuarios es revelador: hablan de “aberración”, “delincuentes”, “criminales”, “malvivientes” y “porros”. Es decir, el debate dejó de estar en el terreno de la disciplina escolar para colocarse en el de la responsabilidad penal.
Frases como “los culpables ya deben estar tras las rejas”, “cárcel para todos” y “castigo ejemplar” muestran que la exigencia predominante no es una sanción administrativa ni un comunicado de condolencias: piden consecuencias judiciales, expulsión y reparación.
2. La UAT es vista como responsable, no como espectadora
La reacción colectiva no compra la narrativa de que la Universidad sea una víctima ajena a lo ocurrido. Por el contrario, varios comentarios fijan una tesis recurrente: si el hecho ocurrió en el entorno universitario, la institución tiene responsabilidad por acción u omisión.
La frase que se repite, con distintas palabras, es: “La UAT debe responder”. No basta con identificar a estudiantes involucrados; la exigencia abarca a directivos, mandos de la Facultad de Veterinaria y rectoría.
El ángulo más sensible para una nota es éste: la sociedad está trasladando el costo político de la agresión hacia la autoridad universitaria. El problema ya no es únicamente quién participó en la novatada, sino quién permitió que una práctica de ese tipo sobreviviera, operara o escalara dentro de una universidad pública.
3. Dámaso Anaya queda en el centro
Dámaso Anaya aparece nombrado de forma directa en varios comentarios. Los usuarios no lo colocan como una figura distante ni meramente protocolaria, sino como el responsable que debe dar la cara, ordenar una investigación, identificar a los involucrados y evitar cualquier encubrimiento.
“Dámaso, haz tu trabajo” resume el tono social. Otros comentarios lo acusan de indiferencia, de proteger a los agresores o de permitir que persistan grupos violentos. Son señalamientos de usuarios en redes, no hechos probados, pero expresan una percepción pública dañina: que la rectoría no controla la institución o que, peor aún, escoge no hacerlo.
La presión digital se articula en tres exigencias hacia el rector:
- Que informe qué ocurrió realmente y cuál es el estado médico del estudiante.
- Que identifique y sancione a los responsables conforme a derecho.
- Que aclare si existían antecedentes, tolerancia institucional o estructuras de porrismo dentro de la Facultad.
Los cuatro relatos que compiten
| Relato social | Qué sostiene | Qué revela |
|---|---|---|
| Indignación penal | No fue una novatada, fue una agresión que debe llevar a cárcel | La audiencia percibe un límite cruzado: la violencia dejó de ser “tradición” y se convirtió en presunto delito |
| Responsabilidad institucional | La UAT y Veterinaria debían prevenir, vigilar y actuar | Hay desconfianza hacia las autoridades y temor de encubrimiento |
| Porrismo y protección | Los presuntos agresores son vistos como porros o grupos con impunidad | El caso reactiva el imaginario de viejas redes violentas universitarias |
| Desmentido y politización | Una minoría afirma que la información es amarillista, que no hubo terapia intensiva y que se trata de una “perreada” | La UAT enfrenta no sólo un problema de violencia, sino una disputa por la versión de los hechos |
El punto más delicado
Existe una respuesta minoritaria, pero relevante, que busca bajar la gravedad del caso. Una comentarista sostiene que nunca hubo terapia intensiva, cuestiona la versión difundida y presenta la agresión como una práctica conocida entre estudiantes de Veterinaria.
Esa postura no neutraliza la indignación; de hecho, puede agravarla. Porque incluso si la discusión fuera sobre la precisión de un dato médico, subsiste el cuestionamiento de fondo: ¿por qué una “perreada” o novatada incluiría actos que pongan en riesgo la salud o integridad de un alumno?
La disputa pública, entonces, no debe presentarse como una elección entre “fue brutal” o “fue una tradición”. La pregunta periodística es otra: ¿qué prácticas fueron realizadas, quiénes las ejecutaron, quién las conocía, qué protocolos fallaron y cuál es la condición médica comprobable del estudiante?
La reacción social dibuja una Universidad con un problema de credibilidad. La gente no pide una foto de rectoría en el hospital, ni un boletín con lenguaje burocrático, ni una promesa de “investigar hasta las últimas consecuencias” que nunca llega a ninguna parte. Exige nombres, expediente, sanciones, expulsiones, atención médica y una postura clara contra el porrismo.
En resumen:
La indignación en redes no tiene matices: para decenas de usuarios, lo ocurrido en la Facultad de Medicina Veterinaria no fue una broma estudiantil ni una tradición de bienvenida; fue una agresión que llevó a un joven a una condición médica grave y que ahora pone bajo la lupa a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
La conversación pública no se está concentrando únicamente en los presuntos agresores. El reclamo va directo a la UAT, a la Facultad de Veterinaria y, particularmente, al rector Dámaso Anaya. La pregunta que se repite es incómoda, pero elemental: ¿cómo puede ocurrir una agresión de esta magnitud dentro de una casa de estudios sin que nadie supiera, nadie interviniera o nadie respondiera?
“Cárcel”, “expulsión”, “castigo ejemplar” y “que den los nombres” son las demandas que predominan. La ciudadanía no está pidiendo otra comisión decorativa ni un comunicado de esos que lamentan todo sin explicar nada. Pide responsables, sanciones y certeza de que los grupos violentos no siguen operando bajo el disfraz de novatadas.
La UAT no puede esconderse detrás de tecnicismos, silencios ni versiones a medias. Si hubo agresión, deben actuar la Fiscalía, las autoridades universitarias y los órganos de derechos humanos. Si hubo omisión o encubrimiento, la responsabilidad no termina en quienes sometieron al estudiante: sube hasta quienes tenían el deber de impedirlo.
Porque una Universidad que no puede garantizar que un alumno sobreviva a sus primeros días de clase no está fallando en protocolo; está fallando en lo esencial.
La UAT debería ser un espacio de formación, ciencia y movilidad social; no una fábrica de miedo donde estudiantes de primer ingreso corran el riesgo de terminar hospitalizados por la barbarie de quienes se creen dueños del campus. Si el rectorado no puede desmantelar a los grupos violentos, investigar a fondo y sancionar a responsables —incluidos funcionarios que hayan omitido actuar—, entonces no dirige una Universidad: administra un escándalo permanente.
Porque mientras desde el poder se presume transformación, en los pasillos universitarios parece haber regresado la vieja escuela: porros sueltos, autoridades ausentes y una comunidad estudiantil pagando el costo. La publicación enlazada atribuye a la UAT un historial de hechos y señalamientos graves durante la actual rectoría; esas imputaciones requieren investigación y esclarecimiento por autoridades competentes.
Con información: REDES/
