México no va camino a un “TikTok tropical” al estilo Corea del Norte mañana por la mañana, pero el amago de “regular las benditas redes sociales” sí abre la puerta para modelos de control de plataformas mucho más agresivos, disfrazados de protección de menores, seguridad y combate al crimen organizado.
El amago: regular sin “censurar”
Sheinbaum lleva al menos dos años hablando de “regular contenidos” y “plataformas digitales” mientras jura que no es censura, que todo es por los niños, la violencia y la IA desatada.
En la práctica, ya tiene en marcha acuerdos con Google, Meta y TikTok para “prevenir violencia digital” y reforzar mecanismos de denuncia, lo cual suena razonable… hasta que ves quién coordina y qué facultades legales le quieren dar.
La joya jurídica es la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde la flamante Agencia de Transformación Digital podría bloquear plataformas, sitios y apps, aparentemente por temas fiscales o de seguridad, pero con una redacción tan laxa que cabe desde Facebook hasta el portal incómodo del reportero malquerido.
En la mañanera, la presidenta ya dijo que “no es censura” y que solo hay que “corregir la redacción”, es decir, maquillar el garrote para que parezca pincel regulatorio.
Corea del Norte como manual de usuario
Si México abrazara el modelo norcoreano que tanto asusta en memes y análisis, el guion sería bastante claro: intranet patriótica, acceso segmentado y vigilancia total.
Un futuro norcoreanizado implicaría que la Agencia digital mexicana se convierta en portero, un «Gatekeeper» obligatorio de cualquier servicio, con capacidad de “apagar” redes y dominios en función de criterios de seguridad nacional definidos en Palacio y no en la Constitución.
El contenido crítico al gobierno podría seguir técnicamente permitido, pero solo en plataformas internas certificadas, donde el opositor de Twitter mutaría en usuario de “RedPatriótica.mx”, moderado por lineamientos “contra la desinformación” redactados por la propia autoridad.
El ecosistema informativo se replegaría: medios digitales incómodos podrían ser bloqueados por supuestas violaciones fiscales o de ciberseguridad, con auditorías selectivas como versión legal del botón de “apagado”.
La versión China: crédito social de like y retuit
El modelo chino es menos caricaturesco pero más sofisticado: control algorítmico, muro de fuego y una coreografía permanente entre Estado y corporaciones tecnológicas.
Tras el amago regulatorio, México podría moverse hacia un esquema híbrido donde se mantiene el acceso a plataformas globales, pero se condiciona la operación a cumplir lineamientos de moderación acordados con el gobierno… y supervisados por la Agencia.
Ahí entrarían listas de palabras sensibles, campañas de “información oficial” que plataformas deben priorizar y sanciones si el algoritmo no coopera con la narrativa de turno sobre seguridad, violencia o estabilidad institucional.
Un “Gran Cortafuegos Mexicano” podría empezar como norma fiscal y terminar como filtro de propaganda extranjera y contenidos “desestabilizadores”, un concepto que ya aparece en las reformas y en el discurso sobre riesgo digital y reclutamiento criminal.
El futuro probable: censura beta, versión padrinos y mamás preocupadas
En lo inmediato, lo más verosímil no es el apagón total tipo Pyongyang ni el firewall perfecto tipo Pekín, sino un régimen de regulación beta: se arranca por menores, escuelas y “adicción digital”, y se va ampliando a seguridad, crimen organizado y estabilidad política.
La narrativa será siempre la misma: salvamos a los niños del algoritmo, combatimos el grooming y frenamos el reclutamiento criminal, mientras se acumulan facultades para apagar plataformas y bajar contenidos incómodos sin control judicial claro.
Para periodistas y creadores de contenido, el riesgo es que cada pieza crítica pueda ser empaquetada como “contenido dañino”, “desinformación” o “interferencia extranjera”, con la Agencia como árbitro de última instancia.
En un país con tradición de mañaneras como juicio sumario mediático, la combinación de discurso moral y poder tecnológico es el preludio perfecto para una censura institucional que se niega tres veces antes de decretarse en versión reglamento.
Con información: REDES/MEDIOS/
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