México lleva 20 años jugando a la «guerra al narco” en modo campaña… pero con civiles de verdad, capos intercambiables y gobiernos que solo cambian la cara del mismo fracaso.
La “gran victoria histórica” (otra vez)
La muerte del Mencho se vende como “la mayor victoria del Gobierno mexicano”, “acontecimiento histórico”, “punto de inflexión” y demás pirotecnia discursiva que suena sospechosamente igual a 2009 con Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, abatido por la Marina.
Luego se repitió el mismo libreto triunfal con Ignacio Coronel en 2010, capo de Sinaloa.
Más tarde con Tony Tormenta, del cártel del Golfo, también en 2010.
Y otra vez en 2012 con Heriberto Lazcano, el Z3, fundador de los Zetas.
Ahora, 22 de febrero de 2026, la puesta en escena regresa: el Ejército mata a Nemesio Oseguera, el Mencho, máximo jefe del CJNG, y el Gobierno de Claudia Sheinbaum lo vende como el nuevo capítulo glorioso de la misma guerra que lleva dos décadas siendo un desastre.
La diferencia es que esta vez la función coincide con el aniversario 20 de la guerra de Calderón, aquella que arrancó con los operativos conjuntos en Michoacán en 2006.
De “abrazos no balazos” a “balazos por encargo”
Después de seis años de López Obrador jugando a la convivencia cordiale con el crimen —eufemísticamente “abrazos no balazos”—, Sheinbaum regresa a la línea dura no por convicción, sino porque Donald Trump exige sangre a cambio de aplausos.
No es un giro de Estado, es un giro de cliente: se ajusta la política de seguridad a las necesidades del vecino que compra las drogas.
El resultado inmediato es el clásico: más de 250 bloqueos en 20 estados, 25 militares muertos en combate y media economía local paralizada en un clima cercano al estado de sitio.
El país se detiene mientras las células del CJNG demuestran quién manda en grandes regiones, justo lo que Trump lleva tiempo denunciando para justificar su presión.
No es la primera vez que un golpe contra un capo incendia el país: pasó en 2019 con la captura fallida de Ovidio Guzmán, cuando López Obrador lo liberó horas después en uno de los episodios más vergonzosos de su sexenio.
También ocurrió en 2024 con la trampa de Joaquín Guzmán, otro de los hijos del Chapo, que terminó en la detención de Ismael Zambada, el Mayo, y otro estallido de violencia.
Tres partidos, dos décadas, cero seguridad
En 20 años han pasado por la Presidencia todas las banderas posibles: la derecha del PAN, el PRI “neoliberal” y dos gobiernos de la izquierda extravagante de Morena.
El resultado común es brutal y simple: México no es hoy un país más seguro para sus habitantes que en 2006.
A la distancia, incluso con todos sus matices, la decisión de Felipe Calderón destaca como la política más irresponsable y dañina de un siglo, algo que hasta el propio AMLO repetía como mantra.
Enrique Peña Nieto, lejos de corregirla, se dedicó a continuarla con ligeras variaciones cosméticas.
Cuando López Obrador intentó algo “distinto”, no solo no redujo asesinatos ni desapariciones, sino que terminó profundizando la mezcla tóxica entre clase política y crimen organizado.
El saldo es digno de un parte de guerra civil: medio millón de personas asesinadas y unas 140.000 desaparecidas desde 2006.
Y un país que en aquel entonces, igual que ahora, sigue completamente infestado por el crimen.
Sheinbaum, el Ogro del Norte y la misma policía de siempre
Frente a las amenazas y exigencias de Trump, Sheinbaum regresa al punto de partida acompañada de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Él no es un outsider ni una ruptura, sino parte de las mismas élites policíacas que diseñaron y ejecutaron la guerra contra el narco desde tiempos de Calderón.
Acusada de inacción o complicidad con los narcos —con las famosas imágenes de López Obrador saludando a la madre del Chapo como “poster” del problema—, Sheinbaum se ve obligada a demostrar mano dura, aunque jure que su guerra no tiene nada que ver con la de su archienemigo Calderón.
La entrega constante de criminales a Estados Unidos, muchas veces atropellando el debido proceso, y operaciones como la ejecución del Mencho funcionan como ofrendas rituales al Ogro del Norte.
Nada de eso hará más seguro al país.
Lo único que garantiza es más violencia interna cuando los herederos del Mencho se despedacen entre sí para quedarse con el negocio, ya sea consolidando al CJNG o fragmentándolo en bandas más pequeñas, exactamente como ha pasado antes.
En cualquiera de los dos escenarios, el statu quo permanece intacto.
Cortina de humo, no política de seguridad
Quienes hoy aplauden la acción drástica de Sheinbaum olvidan convenientemente que el problema no es cazar capos, sino la lógica entera que sostiene esta guerra.
Sí, un Estado funcional tiene que perseguir delincuentes, pero México lleva dos décadas demostrando que derribar jefes no se traduce en menos muertos ni menos droga.
La desaparición del Mencho no convierte al país en un lugar seguro ni corta la cadena que lleva sustancias a cada esquina de Estados Unidos.
La operación es, en el mejor de los casos, una cortina de humo que atiende síntomas, distrae a Trump y calma un rato a la opinión pública, pero ignora por completo las causas de fondo.El origen del desastre: la prohibición made in USA.
Desde hace unos 60 años, América Latina libra esta guerra fratricida como extensión de la política puritana de salud pública de Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte de la demanda de drogas.
Mientras esa demanda exista, no habrá muro, operativo, operativo conjunto ni operativo “histórico” que detenga el flujo.
Lo inconcebible es que la legalización de las drogas haya desaparecido casi por completo del discurso político regional, como si se tratara de un tabú o un tema de ciencia ficción.
Es verdad que legalizar ya no bastaría para eliminar la violencia, porque los narcos diversificaron su portafolio: trata de personas, robo y tráfico de combustibles, extorsión y un catálogo amplio de delitos.
Pero sería un paso imprescindible para desmontar una prohibición que ha fracasado estrepitosamente
Estado de Derecho: el gran ausente
Perseguir, detener o ejecutar capos seguirá siendo una puesta en escena inútil mientras México no tenga un auténtico Estado de Derecho.
Antes de AMLO, el sistema de justicia penal ya era prácticamente decorativo, con niveles de eficacia inferiores al 0,5%..
Con la reforma judicial impulsada por López Obrador y consolidada bajo Sheinbaum, esa ineficacia se extendió al resto de los tribunales.
Los mismos que deberían perseguir la corrupción estructural y vigilar las transacciones financieras que alimentan tanto a los grupos criminales como a los políticos que los protegen.
En esa realidad, tumbar capos equivale a cambiar de gerente sin auditar la empresa.
Dos formas de fracasar, una salida incómoda
La disyuntiva real no está entre “abrazos no balazos” y la guerra contra el narco V4.T
Ambas son dos formas distintas de fracasar ante el mismo problema.
La pregunta de fondo es si México seguirá repitiendo los errores de los últimos 20 años o si por fin se atreverá a desmontar la lógica perversa que los sostiene.
Eso implica construir un auténtico Estado de Derecho con jueces capaces de procesar y condenar, de forma transparente, a todos los eslabones de la cadena: desde los sicarios hasta los financieros, pasando por los políticos que han hecho carrera administrando la guerra y sus cadáveres.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/JORGE VOLPI/
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