En Mazatlán, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum desplegaba su gira de discursos, escoltas de «Harfuch» y espejismos de seguridad, la realidad —esa que no cabe en el programa oficial— se coló a balazos. Rubí Patricia, madre buscadora, fue asesinada justo mientras el Estado se vanagloriaba de “avances” en la búsqueda de desaparecidos. Una coincidencia tan grotesca que parece diseñada por la sátira nacional.
El colectivo Sabuesos Guerreras de Culiacán no tuvo que dorar la píldora: lo llamaron como es, una muestra de impunidad absoluta. Porque si matar a una buscadora durante la visita presidencial no es un mensaje claro de quién manda, entonces ya ni la semiótica puede salvarnos.
El crimen, dicen, no fue solo un golpe al corazón de las familias que buscan; fue un escupitajo en la cara del Estado mexicano y su pretendida estrategia de “paz con justicia”. Esa misma estrategia que presume cifras maquilladas mientras ignora que, en la calle, los verdaderos rastreadores son las madres y no las instituciones que deberían protegerlas.
El colectivo lo puso sin florituras: “Si Rubí Patricia era una buscadora activa, ¿dónde estaban las medidas de protección?” Buena pregunta. Tal vez extraviada entre los reportes de prensa del vocero presidencial o encubierta bajo el polvo de alguna carpeta archivada.
En su pronunciamiento, Sabuesos Guerreras exigió que la Fiscalía General atraiga la investigación y que el asesinato sea reconocido como lo que es: un ataque directo contra una defensora de derechos humanos. Pero en México, hasta eso parece un lujo burocrático.
Porque al final, dicen, las madres ya no solo buscan a sus hijos, ahora también deben buscar justicia para sus muertas. Y mientras la federación presume control y narrativa, lo único que se le escapa entre los dedos —con sangre y tierra— es la poca credibilidad que le quedaba.
Con información: NOROESTE/
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