Un enfrentamiento entre grupos de civiles armados de su majestad el Cartel de Sinaloa,ocurrido en la sindicatura Benito Juárez, o Villa Juárez, Navolato, culminó la noche de ayer jueves en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, con cuatro fascinerosos armados y dos civiles inocentes heridos, llamados daños colaterales.
Los primeros reportes ciudadanos de la confrontación en Villa Juárez llegaron alrededor de las 21:30 horas, y alertaban sobre una balacera que se extendió por varios minutos.
Ante este hecho, circularon fotografías en las que se apareció a habitantes de la sindicatura refugiándose en las instalaciones de un circo.
Hasta las 22:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se pronunció en torno a estos eventos y aseguró que el área estaba controlada por el Grupo Interinstitucional, conformado por corporaciones de seguridad locales y federales.
No obstante, en el mismo comunicado exhortó a la población permanecer resguardada y evitar transitar por la zona entre la sindicatura Villa Juárez, en Navolato; y la de Costa Rica, en Culiacán.
“Ante el reporte de enfrentamientos entre civiles armados en el área entre Costa Rica y Villa Juárez, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en operativo y la situación está controlada por lo que se pide a la población mantenerse resguardada y evitar acercarse a la zona. Los mantendremos informados”.
Apenas 26 minutos después del primer informe, la dependencia reveló que en Villa Juárez resultaron heridas dos personas, a quienes identificaron como víctimas colaterales de los hechos.
Se trata de Juan Manuel, de 28 años; y Jesús Antonio, de 37 años, a quienes trasladaron para brindarles atención médica.
En el mismo consolidado dieron a conocer que, al emprender la búsqueda de los implicados en el enfrentamiento armado, elementos de seguridad federal fueron agredidos en la sindicatura de Costa Rica, a la altura del Ejido Canán.
En dicha prolongación de eventos, la Secretaria de Seguridad Publica de Sinaloa dio a conocer que abatieron a cuatro presuntos delincuentes.
“Se registraron 2 personas lesionadas como daño colateral del enfrentamiento entre civiles armados en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de #Navolato, Sinaloa, quienes fueron atendidos por las autoridades de seguridad y canalizados para recibir atención médica”.
“Derivado de estos eventos y cuando se estaba en la búsqueda de los delincuentes, en la carretera federal a la altura del Ejido Canán, sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, personal de Defensa fue agredido por lo que al repeler abatió a 4 presuntos delincuentes.
Los dañinos daños colaterales
Todas las autoridades en todo Mexico,particularmente las militares,han normalizado los llamados “daños colaterales” como consecuencia inherente de operativos de seguridad, evadiendo responsabilidades legales y éticas mediante un marco de impunidad sistémica. Este enfoque refleja una política de seguridad militarizada que prioriza el uso de la fuerza sobre la protección civil, según evidencian múltiples fuentes:
1. Normalización de la violencia institucional
Las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad han operado bajo una lógica bélica que asume víctimas civiles como inevitables. Entre 2019 y 2021, la Sedena reconoció 47 casos de afectaciones colaterales –incluyendo 10 muertes y 10 lesionados– sin sancionar a los responsables ni presentar denuncias penales, como debiera ser en cualquier estado de derecho, incluso ocurre en “Tumbuctu”.
Este patrón se extiende históricamente: desde el inicio de la guerra al narco bajo el gobierno notoriamente militarizado y notoriamente nefasto de Felipe Calderon,cuado en compañía del ejercito convirtieron un problema de seguridad publica en uno mas grave de seguridad nacional.
2. Mecanismos de impunidad
- Indemnizaciones secretas: La Sedena ha firmado convenios confidenciales e ilegales para compensar económicamente a víctimas, evitando procesos judiciales y ocultando información pública.
- Falta de investigaciones independientes: Solo 94 de 195 casos fueron reportados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), incumpliendo la obligación de transparencia.
- Negligencia deliberada: Operativos como el de Nuevo Laredo (2018), donde la Marina mató a una familia con helicóptero artillado, fueron catalogados como “daños colaterales” sin procesar a mandos superiores.
3. Responsabilidad jurídica y política
- Violación de derechos humanos: Estudios académicos demuestran que entre 2006 y 2018, el Estado mexicano cometió ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas bajo el pretexto del combate al narcotráfico, usando la figura del “daño colateral” para eludir responsabilidad.
- Corrupción estructural: La infiltración del crimen en instituciones –documentada desde los años 70 con casos como el del policía Arturo Durazo– ha convertido a cuerpos de seguridad en actores de violencia, no en garantes de orden.
4. Impacto social y legal
- Crisis de legitimidad: El índice de letalidad de las fuerzas armadas revela que por cada militar herido en operativos, hay 3.5 civiles afectados, evidenciando desproporcionalidad en el uso de la fuerza.
- Vacío normativo: La Ley de Seguridad Interior (2017) legalizó tareas castrenses en seguridad pública, facilitando que crímenes contra civiles se clasifiquen como “errores operativos”.
Conclusión lastimosa
Las autoridades tienen responsabilidad penal por omisión (no investigar) y responsabilidad política por diseñar estrategias fallidas que escalan la violencia. La impunidad no es un defecto, sino un componente estructural de un sistema que protege a sus agentes mientras criminaliza a las víctimas. Como señala Amnistía Internacional, la militarización de la seguridad pública ha convertido a México en un “campo de batalla” donde la vida civil vale menos que los objetivos operativos.
Con informacion : NOROESTE/ MEDIOS/
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