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jueves, 13 de febrero de 2025

LA “ESPOSA del MENCHO NO y el CONTADOR SI”: “JUEZA FEDERAL NIEGA LIBERTAD a SEÑITO del LIDER del CJNG para ESPERAR la APELACION de FGR que NO espero JUEZ HAMPON en CASO de LIDER del CDG”…un titipuchal de billetes le abrió la cerradura.


La jueza federal Tania Gómez Ibarra, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos, negó ayer 12 de febrero de 2025 la suspensión definitiva solicitada por la defensa de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”). 

Esta decisión mantiene a la acusada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos.

Fundamentos de la resolución

La jueza Gómez Ibarra determinó,a diferencia del caso del “CONTADOR”,espero a que la FGR apelara la decisión, de tal suerte que:

1. La ejecución de la libertad debe esperar el fallo del Tribunal Colegiado sobre la apelación de la FGR
2. Otorgar la suspensión equivaldría a anticipar efectos de una sentencia no firme
3. La medida preservaría la materia del juicio de amparo en curso

“Ordenar la materialización inmediata del beneficio haría nugatorio el pronunciamiento de fondo”.

El contraste con el “CONTADOR CARDENAS” del CDG

Por otro lado ,la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, ha generado un debate judicial en México, particularmente por las decisiones contradictorias entre jueces y la postura de la Fiscalía General de la República (FGR). A continuación, el análisis comparativo:


1. Resolución del juez Gregorio Salazar Hernández (noviembre 2024)

El titular del Juzgado de Control en Almoloya de Juárez ordenó la liberación inmediata del líder del Cártel del Golfo, argumentando que:

  • La FGR no presentó pruebas contundentes sobre los delitos de extradición
  • No acreditó investigaciones vigentes en México contra Cárdenas Martínez
  • No existía riesgo de fuga al demostrarse su arraigo domiciliario en Matamoros.

Medidas impuestas:

  • Presentación semanal en Matamoros ante el alcalde Alberto “Beto” Granados
  • Fianza de 5 millones de pesos.
  • Brazalete electrónico (no cumplido).

Críticas de la FGR:

  • Acusó tardíamente al juez de obstrucción a la justicia y abrió carpeta de investigación
  • Señaló que la decisión ignoró el pronóstico de reincidencia.

2. Prórrogas del juez Enrique Beltrán Santes (diciembre 2024 – enero 2025)

El juez de guardia otorgó dos prórrogas para posponer la colocación del brazalete electrónico:

  • Primera prórroga (26/11/2024): 1 mes adicional sin notificar a la FGR
  • Segunda prórroga (26/12/2024): 2 meses más, alegando “dificultades logísticas”.

Postura de la FGR:

  • Denunció que las resoluciones se emitieron sin dar vista al Ministerio Público, violando el principio de contradicción procesal
  • Promovió recursos de revocación y quejas ante el Consejo de la Judicacia Federal

3. Contraste en los criterios judiciales

AspectoJuez Salazar HernándezJuez Beltrán Santes
Participación de la FGRIgnoró recursos de apelación presentados por la fiscalíaOtorgó prórrogas sin notificar a la FGR, limitando su derecho a réplica
Fundamentos legalesArgumentó falta de pruebas para prisión preventivaJustificó prórrogas por “diligencias pendientes”, sin exigir avales técnicos
Impacto en medidasImposición de medidas cautelares no vinculantes(brazalete no colocado)Validó el incumplimiento de medidas, creando un precedente de impunidad.

4. Reacciones institucionales

  • FGR: Ha insistido en que ambos jueces actuaron con opacidad procesal, favoreciendo la evasión de controles en un caso de narcotráfico internacional
  • Tribunal Colegiado: Ordenó en enero de 2025 que la FGR compartiera evidencias de su investigación contra Salazar Hernández, en un intento por transparentar el proceso.

Este caso evidencia las fracturas entre el poder judicial y las instituciones de procuración de justicia en México, donde criterios discrecionales han primado sobre protocolos de seguridad en casos de crimen organizado. La falta de coordinación permite que figuras como El Contador operen en un limbo jurídico, incluso con órdenes de extradición activas, bajo libertad condicional y sin brazalete electrónico en el tobillo que le sigue permitiendo desplazarse sin inconvenientes.

Con informacion: RIODOCE/MEDIOS

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