NO CABE DUDA, la 4T cuida muy bien de los suyos. Cosa de ver que, de inmediato, los morenistas salieron a proteger a Cuauhtémoc Blanco.
TRAS CONOCERSE la petición de desafuero que hizo la Fiscalía de Morelos, la mayoría de Morena en el Congreso estatal se movilizó NO para pedir cuentas al ex gobernador, sino para tratar de destituir al fiscal, como diciendo “a los nuestros no los tocan”.
EL MANTO PROTECTOR sobre el ex futbolista ahora diputado federal es muy similar al que se ha visto en otros casos de polémicos andatarios morenistas. De entrada, por supuesto, está el caso de Rubén Rocha Moya, al que hasta saludos le mandan desde la ceremonia solemne por el aniversario de la Constitución.
NI QUÉ DECIR de Adán Augusto López, cuya gestión es señalada por el actual gobernador de Tabasco, Javier May, de coludirse con el crimen organizado. Y el senador, ni se inmuta. Aunque habrá que ver qué ocurre con las denuncias por corrupción que presentó el gobierno del estado contra el ex delantero. ¿Igual serán olvidadas?
Un repetitivo patron de conducta delictiva de Morena y gobierno
Los recientes casos de protección política en la 4T evidencian un patrón de blindaje institucional que contradice los principios de transparencia y justicia que predica la Presidenta Claudia Sheinbaum de dientes para afuéra. Estos hechos revelan mecanismos de impunidad estructurados, donde las lealtades partidistas priman sobre el Estado de derecho:
1. El caso Cuauhtémoc Blanco: destitución exprés como mensaje
La Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero del exgobernador por presunta violación a su media hermana[13][15]. Horas después, el Congreso local –controlado por Morena– destituyó al fiscal Uriel Carmona con un trámite express .
- Mecanismo de protección: Eliminar a figuras incómodas que investigan a aliados políticos, aún cuando existen denuncias graves
- Dato clave: Carmona enfrentaba acusaciones previas, pero su remoción ocurrió solo tras intentar procesar a Blanco.
2. Rubén Rocha Moya: narcovínculos y respaldo oficial
El gobernador de Sinaloa ha sido señalado por presuntos pactos con el Cártel de Sinaloa, incluido el asesinato de rivales políticos. Morena respondió con:
- Acciones de blindaje: Marchas simulando apoyo popular y declaraciones de respaldo desde el Senado, usando consignas idénticas a las de López Obrador durante su desafuero en 2005.
- Contexto: Auditorías federales detectaron malversación de 2,557 millones de pesos durante su gestión, sin consecuencias penales.
3. Adán Augusto López: impunidad tras acusaciones de narcocolusión
Como exgobernador de Tabasco, su secretario de Seguridad –Hernán Bermúdez– fue identificado en documentos militares como operador de “La Barredora” (célula del CJNG).
- Protección partidista: Pese a las alertas de inteligencia desde 2019, López ascendió a Secretario de Gobernación y luego a senador, sin investigaciones formales.
- Contraste: El actual gobernador de Tabasco, Javier May, lo acusó públicamente de encubrir redes criminales, sin que Morena actuara.
Transparencia vs. realpolitik: el doble estándar
- Discurso vs. práctica: Mientras Morena promueve en su plataforma “combate a la corrupción”, casos como los de Blanco y Rocha Moya muestran que aplica reservas de información y dilaciones procesales para proteger a sus figuras.
- Reforma judicial riesgosa: La propuesta de elegir jueces por votación popular –respaldada por Morena– podría politizar la justicia, facilitando absoluciones por conveniencia electoral.
Mensaje a la ciudadanía: jerarquías de impunidad
Estos episodios refuerzan la percepción de que existen dos categorías de ciudadanos:
- Protegidos por el poder: Funcionarios con fuero que evitan procesos penales mediante maniobras legislativas (ejemplo: anulación de desafueros en horas).
- Ciudadanos comunes: Sujetos a un sistema judicial lento y selectivo, donde el 98% de los delitos no se denuncian o quedan impunes.
La consigna “a los nuestros no los tocan” se traduce en una arquitectura institucional donde la rendición de cuentas depende de cálculos políticos, no de principios éticos o jurídicos. Esto erosiona la confianza en las instituciones y normaliza la idea de que la ley es negociable para quienes ostentan poder.
Con informacion: TEMPLO MAYOR/REFORMA/
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