El Magistrado Carlos Loranca Muñoz, vinculado al empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo “El Cachetes”, señalado por el Gobierno como líder huachicolero en Puebla, fue reinstalado en su puesto tras una sanción por falta de transparencia en sus ingresos.
El Magistrado fue destituido en febrero 2021, por no reportar ingresos de seis millones de pesos, pero la Judicatura aplicó la ley equivocada para sancionarlo, según consideró la Corte, que ordenó su reinstalación.
Loranca Muñoz es un Magistrado adscrito durante más de veinte años a tribunales federales de Puebla, una entidad de intensa actividad en el robo de gasolina. Sus conexiones con líderes huachicoleros son conocidas públicamente e incluso han sido difundidas fotografías con delincuentes y hasta el extinto gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y politicos panistas como Javier Lozano.
Loranca había sido destituido e inhabilitado por 15 años, pero el 9 de diciembre pasado se le notificó que era reinstalado. Ahora tendrá derecho a cobrar todos los salarios que dejó de percibir desde hace casi siete años, cuando fue suspendido para realizar la investigación.
El monto total de este pago ascenderá a unos 15 millones de pesos, pues Loranca cobró 33 por ciento de su salario mientras estuvo suspendido, y dejó de percibirlo por completo desde que fue destituido hace casi cuatro años.
La Corte determinó que todo el procedimiento contra Loranca se debió llevar con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que entró en vigor el 19 de julio de 2017, y no, como se hizo, con base en la vieja Ley Federal de Responsabilidades de 1982.
Pero no reparó en la acusación original de sus ingresos millonarios no aclarados.
Qe dice la ley que “causalmente” no aplicaron los hombres de la ley
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)
Esta ley entró en vigor el 19 de julio de 2017 y, según la Corte, debió ser la base para llevar a cabo todo el procedimiento contra Loranca. Algunos aspectos relevantes de esta ley son:
1. Ámbito de aplicación: Es de orden público y observancia general en toda la República.
2. Objetivo: Distribuye competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.
3. Sujetos: Contempla tanto a servidores públicos como a particulares.
4. Sanciones: Establece sanciones para faltas administrativas graves y no graves, que pueden incluir amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas.
5. Autoridades competentes: Define las autoridades encargadas de investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa.
La aplicación incorrecta de la ley en este caso llevó a la Corte a ordenar la reinstalación del Magistrado Loranca. Es importante notar que la decisión de la Corte se basó en el aspecto procesal de qué ley debió aplicarse, sin entrar en el fondo de la acusación original sobre los ingresos no aclarados del magistrado.
Con informacion: ELNORTE/MEDIOS
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