La reforma constitucional sobre prisión preventiva a votarse hoy en la Cámara de Diputados puede llevar a la cárcel a presuntos sospechosos de delitos fiscales sin demostrar culpabilidad, alertaron expertos.
Los nuevos delitos que se agregan al Artículo 19 de la Constitución son defraudación fiscal, contrabando y expedición, enajenación y compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
“Genera una inseguridad jurídica porque cualquier persona que pueda estar perseguida por estos delitos va a enfrentar la prisión preventiva oficiosa”, indicó un experto en el tema que prefirió el anonimato.
“Es decir, va a ameritar una sanción de cárcel sin haberse demostrado los hechos, ni demostrar su culpabilidad.
“(Estarán expuestas, por ejemplo) todas las empresas que realizan operaciones en México que se considere que puedan tener un delito fiscal de compra y venta de comprobantes fiscales”, expuso.
Al ser imputado un contribuyente de alguno de los delitos fiscales, agregó, el juez estaría obligado a dictar prisión preventiva de manera automática, sin necesidad de evaluar el riesgo de fuga u otros factores.
Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que la prisión preventiva oficiosa, al ser aplicada de forma automática, viola derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el debido proceso.
Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista del Despacho Pérez Góngora y Asociados, señaló que se debe tener mucho cuidado en catalogar ese tipo de delitos, porque, por ejemplo, podrían acusar de contrabando a alguien que pasa mercancía de otro país y que en su momento no comprueba el pago de aranceles.
Luis Casarín, director general de vocación social de la Anade Nuevo León y socio de AEquitas Consultoría, consideró que la recaudación “persuasiva” ha sido una herramienta útil para la autoridad fiscal en la recaudación.
“Con esta reforma no se tardará en tener noticias de que se amenace a empresarios sin importar el tamaño de las empresas con la acusación de delitos fiscales. La arbitrariedad da pie a la corrupción y no hay nada más arbitrario que la prisión preventiva oficiosa”, manifestó.
Javier Suárez Torres, presidente de Asociación Nacional de Abogados de Empresa Nuevo León (Anade) y socio del Despacho Suárez Tijerina, consideró que lo más probable es que se apruebe en todos sus términos esta iniciativa, y que luego pueda ser usada como un elemento de amenaza hacia los contribuyentes.
Con informacion: ELNORTE/ *Imagen ilustrativa de lo que deberia pasar/
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