La "desidia, impunidad y complicidad" que parecen ser "hermanas" de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,han contribuido sobremanera para que esta entidad haya sido distinguida al final de su "triste mandato" con deshonrosos galardones,la segunda entidad con mas desaparecidos, que destaca por tener cuatro de los mas grandes sitios de extermino del pais, que lo han llevado a ser considerado lider nacional en el hallazgo fosas clandestinas,que demuestra que en esta entidad los carteles o la policia que en los hechos son de la misma corporación, "te levantan,te matan,te entierran o incineran" con suma facilidad e impunidad y han provocado que sea esta entidad ,la que mayor rezago presenta en la identificación de cadaveres,de 52 mil cuerpos sin nombre por todo Mexico.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas,dijo recientemente :"...la impunidad no es un rasgo exclusivo del ámbito federal. La impunidad es en su gran mayoría atribuible a las fiscalías estatales, y a los vínculos estructurales que existen entre los actores de la desaparición, es decir bandas del crimen organizado y funcionarios estatales y policiales", apunta en entrevista Juan Carlos Gutiérrez, director de i(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Señala el caso de Édgar Veytia, ex Fiscal de Nayarit que purga una condena de 20 años en Estados Unidos por narcotráfico .
El Fiscal ordenó un día la desaparición de 20 personas, con utilización de vehículos y estructuras policiales, pero, apunta, no ha sido procesado por ese delito.
Al 24 de agosto, sumaban 104 mil 783 los casos incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, que contiene datos de 1964 a la fecha. De ellas, 34 mil 982 corresponden a este sexenio.
La cifra acumulada de desaparecidos, de 1964 a la fecha, superó hace unas semanas los 100 mil y provocó nuevos llamados, nacionales e internacionales, a atender la gravedad del problema.
Los casos se reparten por todo el territorio nacional, aunque tienen sus registros más altos en Jalisco, Tamaulipas y Estado de México, que concentran más un tercio del total. Del total de desapariciones, 33.8 por ciento corresponde al sexenio pasado y 33.3 al actual.
Las fosas clandestinas
El fenómeno de la desaparición forzada en México, advierte Juan Carlos Gutiérrez, director de i(dh)eas, está indisolublemente ligado a la violencia del crimen organizado y a la impunidad.
Alerta sobre "las complicidades que existen en el ámbito local por las estructuras criminales de poder enquistadas en las fiscalías de los estados".
Mientras tanto, la crisis forense, ya reconocida de forma oficial, no parece tener visos de solución en el corto plazo.
Desde hace un par de años se ha asumido como un dato de consenso el de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, fosas comunes y otros espacios.
La Fiscalía General de la República (FGR) estimó en 2020 que los servicios forenses del País acumulaban más de 9 mil cuerpos sin identificar. Y el año pasado, el Inegi reportó que existen en México 7 mil 611 fosas comunes en 226 panteones del País. Solo en 2020 fueron inhumados ahí 10 mil 427 cuerpos, 4 mil 611 de ellos sin identificar.
En respuesta a los reclamos de familiares de desaparecidos y la presión de organismos internacionales, el Estado mexicano empezó a dar apenas hace cinco años los primeros pasos para enfrentar la crisis.
Las bases fueron establecidas por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada en noviembre de 2017 y arrancó la construcción de todo un entramado de instituciones que incluye un Sistema Nacional de Búsqueda, la CNB, comisiones locales, fiscalías especializadas y un Centro Nacional de Identificación Humana.
La mayor parte de ese entramado se ha puesto ya en marcha o está en proceso, con el Banco Nacional de Datos Forenses -responsabilidad de la FGR- como el gran pendiente, pero los resultados han sido todavía limitados, mientras siguen aumentando las cifras de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar.
Más que logística
Enríquez señala en entrevista que, en el contexto de violencia que ha experimentado el País, se ha incrementado significativamente el número de cuerpos que llegan a los servicios médicos forenses, en muchos casos sin elementos de identificación, hasta saturarlos.
Y el asunto se complica todavía más con el hallazgo de fosas clandestinas, que, indica, evidencian además como un patrón el que personas desaparecidas en un estado son con frecuencia sepultadas en otro.
"No es lo mismo hacer la identificación de los restos de una persona a la que se ha privado de la vida en un enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada y que llegan al servicio médico forense y se tratan con los protocolos de criminalística para poder hacer la identificación y la entrega a sus familiares, que de restos que probablemente ya están afectados por la exposición, esqueletizados, fragmentados", apunta.
"Requieren otro tipo de análisis, que implica tiempo, infraestructura y personal. Finalmente, los servicios médicos forenses no tienen suficiente personal para hacer frente a la dimensión del problema que estamos viviendo".
Algo de lo que pueden dar fe los familiares de Aldo de Jesús Pérez Salazar, José Arturo Domínguez Pérez, Alexis Domínguez Pérez, Milynali Piña Pérez e Ignacio Pérez Rodríguez, desaparecidos el 15 de agosto de 2012 cuando regresaban a Ciudad Mante, Tamaulipas, procedentes de Texas.
Recurrieron a las Policías y Procuradurías estatales y federales sin encontrar respuesta, emprendieron su propia búsqueda, se unieron a otros colectivos de familiares. Y siguen buscando y demandando respuestas.
"Porque nadie tendría que dedicarse a esto, es que seguiremos exigiendo resultados", señaló hace unos días Edith Pérez, madre de Aldo de Jesús y José Arturo, e integrante de los colectivos Voz y Dignidad por los Nuestros y Milynali Red en la ceremonia de inicio de adecuaciones del inmueble que ocupará el Centro Nacional de Identificación Humana.
Sin embargo, advierte Enríquez, integrante del Consejo Nacional Ciudadano de la CNB, no se trata solamente de un tema de recursos.
"Estamos en una situación realmente grave. Se ha normalizado en el discurso, se ha repetido tanto, pero para la sociedad no termina de estar claro todo lo que representa esta crisis, que no es nada más un problema de logística que se salió de las manos. Esto es resultado de décadas de impunidad en el País", remarca.
"No solo se trata de tener mejores edificios para los servicios médicos forenses, o más instrumentos y más materiales. Además de hacer esto y de tener personal suficiente, bien remunerado y con condiciones de trabajo adecuadas, también tiene que haber una garantía de que esto va a continuar en los siguientes años".
En este momento, considera, el reto más importante consiste en garantizar el intercambio de información y la complementariedad de esfuerzos, incluyendo los de los colectivos de búsqueda.
"Es ahí donde me parece que estamos ahora atorados. Por un lado hay tal vez acciones de búsqueda que hacen las comisiones y que no se están reflejando en las investigaciones, y viceversa, un camino de repente en la investigación que requiere hacer acciones de búsqueda en determinados espacios, en los que las comisiones ya han intervenido y la información no se tiene registrada", detalla.
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