La Fiscalía General de la República (FGR) perdió el caso de una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos contra Francisco Javier Serafín Villalobos, contador de algunas empresas de Emilio Lozoya y de su esposa Marielle Helene Eckes.
Sara Olimpia Reyes García, magistrada del Tribunal Unitario en Materia Penal de Toluca, resolvió en definitiva no vincular a proceso a Serafín porque las pruebas esenciales en su contra, los informes bancarios, fueron incorporados ilícitamente a la investigación.
Es por ello que confirmó la decisión dictada el 8 de octubre por Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el sentido de no procesar al contador por el delito de defraudación fiscal.
Este fallo dictado en la instancia de apelación ya no puede ser impugnado por la Fiscalía, razón por lo que Serafín Villalobos ha librado la imputación.
La FGR y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentaron en su momento los agravios o argumentos para impugnar el fallo del juez, mismos que fueron contestados por el defensor de Serafín, Javier Esquinca, según documentos judiciales.
Para desestimar el caso, la magistrada Reyes García consideró que si bien la información financiera del imputado fue obtenida mediante una orden judicial, lo cierto es que fue autorizada para una investigación diversa.
Lo anterior, porque esos informes financieros fueron solicitados y obtenidos con base en una carpeta de investigación por lavado de dinero y la FGR incorporó dichos documentos a la indagatoria por defraudación fiscal.
Para que la información tuviera validez, debió haberla tramitada el Ministerio Público ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para su investigación por fraude al fisco federal.
El origen de este expediente es una querella de la PFF ante la FGR, en la que acusa a Serafín Villalobos de haber omitido el pago al fisco de 3 millones 113 mil pesos por impuesto sobre la renta, del 2014 al 2018.
Como persona física, el fisco federal le reprocha que en 2014 presuntamente defraudó a Hacienda con 888 mil pesos; en 2015, con 925 mil; en 2016, con 571 mil; en 2017, con 299 mil y en 2018, con 430 mil pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló en mayo de 2019 todas sus cuentas bancarias, tras detectar que había sido comisario de la empresa Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo (GIFD), fundada por Emilio Lozoya.
Serafín también tiene el antecedente de haber sido el representante legal de Yacani, una empresa fundada en 2014 por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, y Tania Beatriz López Abud, quien fuera empleada de Altos Hornos de México (AHMSA).
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