Las autoridades de Estados Unidos sostienen que un narcotraficante recientemente detenido contaba con la protección del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de su hermano, Antonio “Tony” Hernández, para procesar entre 300 y 500 kilos de cocaína al mes, un nuevo indicio de los nexos entre narcotráfico y política en el país centroamericano.
Las autoridades estadounidenses arrestaron al traficante Geovanny Daniel Fuentes Ramírez en el aeropuerto internacional de Miami, Florida, el 1 de marzo, acusado de delitos relacionados con drogas y armas, como anunció el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa del 3 de marzo.
Los fiscales alegan que, a partir de 2009, Fuentes Ramírez comenzó a operar un laboratorio de cocaína en la ciudad costera de Omoa, en el departamento de Cortés, ubicado en la costa caribe al noroeste de Honduras. El laboratorio podía producir entre 300 y 500 kilos de cocaína al mes, según lo señala la denuncia criminal.
La ubicación de Omoa es muy estratégica, dado que se encuentra muy cerca de Puerto Cortés, uno de los puertos comerciales más grandes de Honduras. También se encuentra cerca de Puerto Barrios, otro gran puerto situado justo en la costa oeste, en el vecino Guatemala. Ambas ciudades forman parte de una importante ruta de la cocaína en el corredor centroamericano.
Las autoridades señalan que, con el fin de garantizar la protección y el paso seguro de los cargamentos de drogas, Fuentes Ramírez supuestamente sobornó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, así como a políticos de alto rango y miembros del Congreso. También se cree que rendía cuentas directamente al hermano del presidente Juan Orlando Hernández, el excongresista Tony Hernández, quien fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en octubre de 2019.
Según un funcionario de inteligencia militar hondureño que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, Fuentes Ramírez y Tony Hernández fueron socios en el narcotráfico desde por lo menos 2012. InSight Crime consultó a un jefe de policía retirado que se dedicó a investigar el narcotráfico en Honduras en la primera mitad de la década, quien dijo que Fuentes Ramírez también tenía relaciones con varios políticos y funcionarios hondureños.
Además del laboratorio de drogas, dicen las autoridades, Fuentes Ramírez también utilizaba una pista de aterrizaje clandestina en el departamento de Cortés para recibir y transportar cargamentos de cocaína colombiana, así como para sacar los cargamentos de drogas fabricados dentro del propio laboratorio.
Por su parte, el presidente Hernández se refirió a las acusaciones que lo vinculaban a Fuentes Ramírez como “100 por ciento falsas”, y agregó en una publicación en Twitter que tales afirmaciones estaban basadas “en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus condenas”.
Análisis InSight Crime
La más reciente denuncia criminal de Estados Unidos sugiere que los poderes políticos de Honduras no solo se hicieron los de la vista gorda para facilitar el tráfico de cocaína colombiana a través del país y en dirección a Estados Unidos, sino que además ayudaron a ocultar la producción nacional de drogas durante más de una década.
De hecho, los niveles de corrupción parecen haber llegado a lo más alto de la familia Hernández y al propio presidente.
Alrededor de 2013, Fuentes Ramírez presuntamente le pagó US$25.000 a un “funcionario hondureño de alto rango” identificado como “CC-4” —presuntamente el presidente Hernández, aunque no es nombrado directamente en la acusación— con el fin de asegurar la protección del laboratorio de cocaína en Omoa, como se lee en la demanda criminal. CC-4 estaba supuestamente interesado en el laboratorio de drogas debido a su “proximidad a un importante puerto marítimo comercial”, como apuntan los funcionarios estadounidenses.
A cambio, dicen las autoridades, CC-4 acordó utilizar las fuerzas armadas de Honduras para garantizar la seguridad de las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez. Sin embargo, CC-4 le dijo a Fuentes Ramírez que tendría que rendirle cuentas directamente a su hermano, Tony, quien estaba “administrando las actividades de narcotráfico en Honduras”, agregan los fiscales.
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No es la primera vez que el nombre del presidente Hernández aparece en las investigaciones de narcotráfico de Estados Unidos. Como parte de la investigación sobre la conspiración del hermano del presidente para traficar drogas, las autoridades estadounidenses alegaron que el presidente Hernández, nuevamente identificado como CC-4, se reunió con el exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexander Ardón Soriano, alrededor de 2008, para discutir el acuerdo de narcotráfico al que había llegado con Tony.
Después de que el entonces presidente Porfirio Lobo ganara las elecciones de 2009, Ardón y Hernández supuestamente se reunieron una vez más, según los fiscales, para discutir sobornos que debían ser pagados a otros congresistas con el fin de allanar el camino para la elección de Hernández como presidente del órgano legislativo, lo que más tarde lo llevaría a la presidencia.
Durante el juicio a Tony, la parte acusadora también alegó que el presidente Hernández recibió millones de dólares en sobornos para financiar su exitosa campaña presidencial de 2013, dineros que procedían, entre otros, del excapo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien ahora se encuentra en prisión. El presidente de Honduras ha negado rotundamente tales acusaciones.
Como jefe de Estado, el presidente Hernández goza actualmente de inmunidad frente a un enjuiciamiento de Estados Unidos. Sin embargo, como indica la reciente denuncia criminal, cuando abandone el cargo en 2022, las autoridades de Estados Unidos podrían iniciar un proceso criminal en su contra.
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