Arturo Zaldívar (Querétaro, 1959) se convirtió en enero de 2019 en el primer presidente de la Suprema Corte de México que no hizo carrera judicial. El abogado de perfil progresista llegó a la cumbre de la judicatura días después de que Andrés Manuel López Obrador inició su mandato prometiendo el fin de los excesos y la corrupción en la política. Zaldívar desestimó el ser un contrapeso del poder ejecutivo para, en cambio, convertirse en otro ariete de la transformación.
En algo más de un año como presidente del Tribunal Constitucional, Zaldívar ha sacudido la judicatura, una opaca institución que había pasado décadas al margen de la rendición de cuentas. Ha promovido medidas para acabar con el nepotismo, ha inhabilitado o destituido a 16 juzgadores por corrupción y ha puesto en marcha un programa que vigila el patrimonio de los jueces y magistrados. También lanzó oposiciones dirigidas solo a mujeres, que concluyeron con el nombramiento de 38 nuevas juezas. Zaldívar, ministro hasta 2024, se ha jugado el resto con la reforma judicial que anunció hace algunos días. Se trata del más ambicioso programa de cambio para el cuerpo conformado por 1.500 togados federales. La propuesta llega en un momento de urgencia en México, un país que, sobre el papel, presume obediencia a la Constitución y centenares de leyes, pero donde día a día la última palabra la tiene la impunidad.
Pregunta: ¿Su reforma judicial es una autocrítica?
Respuesta: La reforma parte de una autocrítica. Antes de llegar a la presidencia de la Corte hice un diagnóstico de lo que teníamos que reformar nosotros para evitar que viniera una reforma de fuera. A partir del año pasado, tomamos medidas muy importantes para combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. Además, impulsamos a las mujeres con medidas de paridad y fortalecimos la defensoría pública e intentamos generar un nuevo perfil de juez y jueza.
P. La reforma judicial había estado apartada de la agenda del presidente López Obrador. ¿Qué cambió para que se volviera una prioridad?
R. Cuando yo llegué a la presidencia de la corte, en enero de 2019, había más de cien iniciativas de reforma al poder judicial federal. Unas eran muy agresivas o fuertes en cuanto al tamaño de los cambios que se querían hacer. Algunas incluso ponían en riesgo su independencia y autonomía. Hubo un consenso de que la reforma saliera del propio poder judicial. Esta propuesta calla muchas críticas que se habían hecho y esperaban una reforma entreguista que pusiera en peligro al poder judicial.
P. Hubo una salida en falso en un evento en el Senado donde el consejero jurídico, Julio Scherer, y el fiscal general, Alejandro Gertz, sin convocarlo a usted, presentaron una reforma al sistema. ¿Hubo fallas de comunicación?
R. No, son dos reformas distintas. Una reforma es a la procuración de justicia y otra es a la impartición de justicia. No tiene nada que ver una con la otra.
P. La reforma solo afecta a la judicatura federal. ¿Cuándo comenzarán a notarse los cambios propuestos?
R. La reforma será un parteaguas en el poder judicial federal. Traerá cambios positivos en la vida de la gente, sin duda. Pero si no se reflexiona sobre la justicia local y la justicia cotidiana no podremos hacer un cambio paradigmático. Estamos muy conscientes de que esta reforma es transcendente, pero tendría que estar acompañada por otras reformas que no nos toca proponer ni analizar.
P. Usted dijo en septiembre que el país necesitaba un “poder judicial integrado por jueces y juristas que entiendan el dolor de la gente”. ¿Es suficiente la empatía para componer un problema sistémico?
R. No, a ver, si nosotros tomamos un aspecto aislado pues no es suficiente, pero esta es parte de una visión integral. Estamos proponiendo, a partir de una escuela de formación judicial muy seria con criterios académicos muy rígidos, jueces y juezas que tengan herramientas argumentativas muy sofisticadas, pero que al mismo tiempo puedan hacer sentencias accesibles y fáciles de entender, que sean sensibles al dolor de la gente, sensibles a la realidad social y que tengan empatía. Juezas que sepan juzgar con perspectiva de género, jueces que sepan juzgar y tratar temas de personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas, de personas integrantes de la comunidad con diversidad sexual.
P. Mencionaba antes la defensoría pública. ¿Cómo la fortalecerá?
R. Ya tenemos una defensoría pública que es otra a la que recibimos. Hemos aumentado el número de lenguas indígenas y nos hemos metido en muchas materias, como la preparación. ¿Qué queremos hacer ahora? Que los defensores sean educados en una escuela de formación judicial con los estándares académicos más altos.
P. La reforma establece que los defensores de oficio podrán ahora dar asesoría en materia familiar, y no solo en laboral y penal…
R. A través del amparo podemos jalar casos para que podamos llegar a la gente más olvidada. Toda esta gente que no puede llegar aún a la justicia federal, nosotros llegaremos a ellos. Hemos dicho que los defensores públicos se van a constituir en defensores del pueblo. No es un concepto demagógico. Es lo que buscamos. Ahí sí podemos bajar a nivel de la justicia cotidiana y elevarla a la justicia federal. No nos podemos meter en materia local, pero podemos promover un amparo federal en material local que, al ser amparo, se hace federal.
P. ¿Qué tanta resistencia ha encontrado a este espíritu transformador?
R. Hubo muchas resistencias porque obviamente hemos tocado intereses importantes, redes clientelares y redes familiares. Hay que decir, sin embargo, que la mayoría de los jueces y juezas federales son gente honorable, honesta y preparada. Pueden estar preocupados quienes no actúan conforme deben actuar. Sí hubo, durante los primeros meses, una resistencia muy importante. Hay sectores en el poder judicial donde hay inconformidad porque había privilegiados que están perdiendo privilegios. Estoy convencido de que lo que estamos haciendo es en beneficio de la gente.
P. ¿Cómo recibió el resto de ministros la reforma? Se ha dicho que muchos se enteraron del contenido cuando la presentó.
R. Esto es absolutamente falso. Todos los temas que tienen que ver con la corte son temas que habíamos platicado desde hace tiempo. Es decir, no hubo ninguna sorpresa.
P. La reforma también fortalece el papel de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional.
R. Sí, claro.
P. Una de las medidas es el cambio de formación de jurisprudencia.
R. Va a ser muy importante porque ahora requerimos jurisprudencia por reiteración, cinco sentencias en el mismo sentido. De aprobarse la propuesta, pasaríamos a un sistema de precedentes. Con una resolución de las salas con cuatro votos, o del pleno por ocho, las razones o consideraciones que resuelven el caso serán vinculantes para todos los jueces del país. Esta también es una forma de hacer más cercana la justicia constitucional a la gente. Ya no tendrán que esperar, porque a veces se puede llevar años para que haya una jurisprudencia. Bastará una decisión.
P. Es el caso de la marihuana, que fue legalizada con una sentencia en 2016 y aún no es realidad. ¿No ha hablado con el presidente sobre ese fallo?
R. El Senado nos pidió a finales del año pasado una prórroga para cumplir con la sentencia o ejecutarla antes de que nosotros tengamos que hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad. Accedimos a eso. Nosotros no tenemos en este momento por qué opinar. Ahí está nuestra sentencia.
P. Usted ha dicho que la reforma busca reforzar el Consejo de la Judicatura. Algunos críticos han expresado que el consejo está controlado por simpatizantes de Morena, el partido de López Obrador.
R. Las tres personas que aluden como cercanas a Morena son personas honorables, honestas, trabajadoras, inteligentes, que están haciendo un espléndido trabajo y que no están gestionando ni litigando asuntos como sí lo llegaron a hacer en el pasado consejeros que venían de otros partidos. No hay ninguna decisión o comportamiento que hayan tomado las consejeras Loretta Ortiz, Verónica de Gyvés y el consejero Bernardo Bátiz que pueda ser acusado de parcial a algún grupo político.
P. Una de las cosas que podrá hacer el consejo con la modificación al artículo 100 constitucional es la creación de tribunales especiales sobre derechos humanos.
R. Eso ha generado mucha discusión. Creo que es lo más controvertido porque se dice que queremos tribunales para los proyectos del presidente…
P. Para el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía…
R. La verdad es que no es el caso. Lo que se tuvo en mente para esta propuesta, que será cosa que los legisladores la valoren, fueron temas como el caso Ayotzinapa. Si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad en ese momento de decir: “Este asunto es un asunto de Estado. Vamos a darle el tema a este juez, que lo tenemos probado, que es serio y experimentado”. Quizás se hubiera avanzado en el asunto y no se hubiera complicado tanto. Casos como el de la guardería ABC o maxiprocesos contra el crimen organizado… Hay veces en que el juez está en el mismo Estado donde fue detenido el capo y donde el juez, por más seguridad que le demos, tiene un temor muy fundado de su familia y de él. Si nosotros no tenemos instrumentos para llevar ese caso a otro lugar se complica mucho porque ya no es un tema de corrupción de jueces. Es un tema de seguridad y de que se sientan totalmente libres en sentido jurídico y psicológico de poder actuar como deben actuar. En eso estamos pensando. Sí quiero ser muy enfático, esto no tiene nada que ver con obras públicas.
P. Mencionaba usted Ayotzinapa. López Obrador le hizo una invitación para reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos. ¿Por dónde comenzaría?
R. A nosotros no nos toca investigar. Asistiré con gusto y con compromiso a esas reuniones, particularmente para escuchar y saber los avances. Pondré todo mi apoyo de lo que a mí me toca hacer y pueda hacer, que en este momento no tengo claro qué es.
P. ¿Puede resolverse el caso?
R. No lo sé, pero lo que sí creo es que todas las autoridades en el ámbito de nuestras atribuciones debemos estar comprometidas. Es un caso de Estado, paradigmático, que debe resolverse para mandar un mensaje claro que ese tipo de cosas no puede seguir ocurriendo impunemente en México.
Fuente.-Diario español/
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