Una iniciativa en materia de interrupción del embarazo fue presentada en la Cámara de Diputados, pero no es para despenalizar, sino para castigar con trabajo comunitario o tratamiento médico para quien haya realizado esta práctica.
La propuesta es de la diputada de Morena, Jannet Téllez Infante, quien busca reformar el artículo 332 del Código Penal Federal, en el que se imponen las penas por aborto.
En su iniciativa, la legisladora mantiene las sanciones ya establecidas en el Código Penal para la mujer que voluntariamente decida abortar (de seis meses a un año de prisión) y elimina las tres circunstancias que actualmente se deben considerar:
1. Que no tenga mala fama.
2. Que haya logrado ocultar su embarazo.
3. Que este sea fruto de una unión ilegitima.
Además, propone que las sanciones de cárcel sean sustituidas por trabajo comunitario o tratamiento médico integral que le "ayude" con las "consecuencias" generadas por abortar.
De manera que su propuesta es que el artículo 332 quede redactado de la siguiente manera:
"Tratándose de la sanciones a que se refiere este artículo, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral o trabajo en favor de la comunidad; bastará que lo solicite y ratifique la mujer ante la autoridad judicial.
"El tratamiento referido (...) tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto procurado previa valoración del personal médico correspondiente, quien determinará lo necesario para la atención.
"En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas, las autoridades sanitarias brindarán la asesoría y, en su caso, la orientación en español y en la lengua o lenguas en uso en la región", se lee en la iniciativa.
Esta propuesta es enviada a la vez que la propia Cámara de Diputados lleva un proceso para discutir la despenalización del aborto a nivel nacional. A inicio de este mes, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género–a excepción de las legisladoras del PAN y Encuentro Social (PES)– emitieron su opinión favorable sobre la iniciativa para reformar la Ley General de Salud, en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva.
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