Los nombres de las personas beneficiadas por los programas sociales de la Federación pueden consultarse. Si un adulto mayor recibe pensión, si un joven obtiene una beca, si una madre soltera alcanza un apoyo, sus datos son públicos, transparentes y verificables.
En cambio, hasta hace unos cuantos días, si una empresa multinacional, un banco, una constructora, una tienda de autoservicio o una persona física de renombre recibía un beneficio fiscal, entonces sus datos personales eran considerados como secreto máximo.
También frente a la transparencia, México es un país desigual: a los ricos se les oculta, mientras a los pobres se les expone. No importa que ambos reciban apoyos de parte del gobierno, ni que los primeros obtengan beneficios de varias decenas de millones, mientras que los segundos arañan unos cuantos cientos de pesos.
Esta realidad tenderá a cambiar con la decisión de los jueces y también, a regañadientes, de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Después de una guerra litigiosa que duró cinco años, esta semana se dio a conocer una lista con la mayoría de las personas contribuyentes, morales y físicas, exceptuadas de pagarle al fisco entre 2007 y 2015.
En ese periodo el monto total de cancelaciones y condonaciones ofrecidas por el SAT y la Cámara de Diputados, ronda los 250 mil millones de pesos. Gracias al cambio de actitud, respecto a la transparencia, hoy es posible saber quiénes fueron algunos de los favorecidos de esta política tan laxa como sospechosa.
El SAT liberó información sobre una lista de personas que obtuvieron beneficios por 150 mil millones. Queda sin embargo conocer la otra lista, la de los favorecidos por un monto aproximado de 100 mil millones.
¿Por qué el SAT no entregó toda la información? Pues porque el segundo grupo se amparó para proteger su identidad. Es decir que los más ricos de los ricos contribuyentes fueron a comprarse a los mejores contadores y abogados para esconderse bajo sus faldas.
Son 201 contribuyentes quienes se encuentran en la otra lista. Haciendo un cálculo, acaso injusto, tocaría un beneficio de 500 millones por cabeza. Digo injusto porque la opacidad que protege a los amparados hace que no podamos conocer realmente cuánto se perdonó a cada cual.
En este tema se repite el argumento: mientras más rico el contribuyente, más protegida se halla su identidad. En sentido inverso, mientras más pobre la persona, más desigual el trato.
No tiene explicación moral, ni tampoco constitucional, que el SAT haya litigado durante tanto tiempo para mantener escondida esta información.
Como dice Miguel Pulido, antiguo director de Fundar, el SAT nunca litigó en tribunales recuperar un crédito fiscal con tanta energía, como sí lo hizo para mantener oculta la información relativa a las cancelaciones y condonaciones que promovió.
Hasta hace unas semanas argumentaban los abogados del SAT que debía privilegiarse la protección de los datos personales y el secreto fiscal de los contribuyentes.
Por fortuna las cosas están a punto de cambiar y vale reconocer que este nuevo curso se debe, en lo fundamental, a las instrucciones precisas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Honor a quien honor merece: separar al poder político del poder económico implica que no haya contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda, tampoco favorecidos que gocen de la sala VIP del gobierno, con todo y sus vidrios polarizados, mientras que los nombres de los beneficiarios de los programas sociales que caminan a ras del suelo son del dominio y el escrutinio público.
ZOOM: Las bases de datos entregadas por el SAT a Fundar no son el final de un proceso, sino apenas el principio. Los nombres que ahí aparecen y las razones de los beneficios deben pasar por la prueba rigurosa del análisis. La tarea que sigue es corroborar o descartar si hubo tráfico de influencias, abuso de poder, conflicto de interés y otros actos de corrupción.
fuente.-www.ricardoraphael.com
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