Dos antecesores suyos imputados por delitos graves y un excandidato a gobernador abatido a manos del crimen organizado.
Es "Mataulipas", como también conoce ahora la gente al estado mexicano donde más consecuencias ha traído la invasión del narcotráfico y el crimen organizado a todas -sin excepción- las esferas de la vida productiva de la entidad.
En Tamaulipas no se ha tenido descanso desde que el germen de la "malandrinada" llegó al poder y desde ahí ha sido el rotor que reparte la chispa de las decisiones de trascendencia colectiva.
Hoy día, es el paradigma del problema en México; el carcinoma infiltrante que amenaza, si no se atiende ya, con contaminar al país y transmitirle su catabolismo que terminará por llegar a la fatalidad.
Un lamentable suceso donde 8 personas fueron ejecutadas con protocolos y modos de la delincuencia organizada, y que al parecer se ha querido presentar por el Gobierno del Estado a la opinión pública como un enfrentamiento entre civiles y oficiales en días pasados, ha abierto los ojos al país y específicamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Ha trascendido que desde ayer miércoles 11 a temprana hora, el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha tratado por todos los medios y con urgencia, de hablar con el Presidente Andrés Manuel López obrador y éste no le ha concedido ni un sólo minuto de atención.
Sintomático en el lenguaje cifrado de la política mexicana, donde indefectiblemente "lo que parece es".
La investigación está en curso sobre los hechos de Nuevo Laredo donde fallecieron esas 8 personas. Mientras tanto, se asume ya que la permanencia de García Cabeza de Vaca está en tela de juicio, desde la perspectiva de la "Cuarta Transformación".
Conectado con todo esto y como resultado de esa especie de distanciamiento que ha marcado el Gobierno Federal con el gobierno local de Tamaulipas, dio a conocer el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien indicó que sugirió al fiscal la colaboración del FBI y otras instancias internacionales para esclarecer los hechos. Hay desesperación y descoordinación con las instancias federales.
Tres antecedentes por lo menos, ensombrecen la historia reciente de los gobiernos del fronterizo estado: Tomás Yarrington, que fue extraditado de Italia a Estados Unidos en marzo pasado y fue recluido en el penal de máxima seguridad en Carrizales Rucker, Texas; por los delitos de lavado de dinero (en México) y evasión al fisco (en Estados Unidos).
Otro exmandatario tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores, quien cumplirá dos años en prisión, el próximo 6 de octubre, por los delitos de peculado y lavado de dinero, está recluido en el penal de Tenango del Valle.
Y el caso del desaparecido Rodolfo Torre Cantú, asesinado por un comando armado en 2010, siendo el candidato priísta a la primera magistratura de Tamaulipas.
En los dos primeros casos, hubo sospechas de los vínculos de los exmandatarios con la delincuencia organizada.
En el caso del actual gobernador no se ha acreditado aún nada.
Sin embargo, la influencia de la delincuencia organizada en las decisiones gubernamentales es una circunstancia con muy altas probabilidades de existir.
Por lo pronto, el Gobernador de Tamaulipas, lleva casi 48 horas sin ser escuchado directamente por el Presidente de la República y eso,...eso es un mal síntoma de estabilidad política para la entidad.
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