Durante los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT se mostró generoso con empresas fantasma que simulaban servicios y proveían de facturas falsas a dependencias públicas.
Perdonó sus deudas. Por ejemplo, realizó 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2 mil 68 millones de pesos a dos sociedades de papel –Comercializadora y Distribuidora Suri y Publicidad y Mercadotecnia Creativa– presuntamente relacionadas con el financiamiento ilícito de la campaña presidencial del político mexiquense en 2012. A este saqueo de la hacienda pública hay que sumar la amnistía fiscal que desde el calderonato ha beneficiado a varios multimillonarios, entre ellos Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.
Entre 2015 y 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó mil 483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, emisoras de facturas falsas o importadoras de productos, que según los cálculos del organismo tributario debían 59 mil 560 millones de pesos.
El SAT otorgó, por ejemplo, 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2 mil 68 millones de pesos a dos sociedades de papel relacionadas –entre otras– con el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 por medio de los monederos Monex.
Se trata de Comercializadora y Distribuidora Suri, SA de CV y Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, SA de CV, que fueron incorporadas en 2009, de acuerdo con una revisión de más de 320 mil condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales que el SAT realizó entre 2015 y 2018, cuyo registro consultó Proceso en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
En enero de 2018 el organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera (Gafi) estimó que la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, al grado de que en 2012 representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado; una suma que permitiría solventar la deuda de Pemex, reembolsar por completo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y pagar todos los programas sociales de la Secretaría de Bienestar… en un solo año.
Comercializadora y Distribuidora Suri y Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC están vinculadas con una tercera firma: Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales (Edicom). En enero de 2014 el SAT incluyó a las tres en su lista de contribuyentes que emiten facturas falsas.
Edicom estuvo en el centro del llamado Monexgate, mediante el cual se repartieron cientos de millones de pesos a la campaña de Peña Nieto, que presuntamente rebasó 13 veces el tope de gasto permitido.
La Unidad de Inteligencia Financiera relacionó a las tres empresas con un entramado de corporaciones fantasma que se facturaron servicios entre sí para lavar dinero. Un mes y medio después de las elecciones, que concretaron el triunfo de Peña Nieto, las autoridades abandonaron sus investigaciones y descongelaron las cuentas bancarias de Edicom (Proceso 1945).
En 2012, Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC estuvo envuelta en una vasta estafa tipo “pirámide de Ponzi”, mediante la cual el misterioso ciudadano mexicano José Cancino robó 20 millones de euros a cientos de ahorradores de tres ciudades españolas. De acuerdo con el diario El País, Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC participó en el fraude, ya que recibió 101 transferencias por 4.7 millones de euros.
En 2012, durante la administración de César Duarte Jáquez en Chihuahua, la misma compañía recibió 23 millones 200 mil pesos de su gobierno. El exgobernador chihuahuense lleva dos años prófugo, pues tiene 21 órdenes de aprehensión por el presunto desvío de mil 230 millones de pesos para, entre otras cosas, financiar las campañas del PRI en 2016.
El de Duarte Jáquez es solamente uno de los sonados casos de corrupción que fueron operados mediante empresas de papel y emisoras de facturas apócrifas a lo largo del sexenio de Peña Nieto.
Asimismo se documentaron los desvíos hechos durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –en el caso conocido como La Estafa Maestra–, pero también en los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, dos hombres a los que Peña Nieto presumió como representantes del “nuevo PRI” y que actualmente están presos.
Por cierto: dos universidades que participaron en los esquemas fraudulentos de la Sedesol y la Sedatu –la Autónoma de Zacatecas y la del Estado de México– obtuvieron más de 30 millones de pesos de condonaciones del SAT entre 2015 y 2018.
Afinando el “modus operandi”
Sólo en 2017 el SAT canceló 226 mil 434 millones de pesos de contribuciones “omitidas”. Consideró que eran “incobrables”, sea porque las empresas no tenían bienes embargables o, peor, porque dichas empresas nunca existieron en realidad y se dedicaron a simular servicios, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe publicado en junio pasado.
Al revisar la cuenta pública de 2017, la ASF detectó el modus operandi de estos esquemas de evasión fiscal: los delincuentes crean empresas, generan ingresos durante tres años, sin pagar contribuciones, y desaparecen. “Cuando son detectados por la autoridad fiscal, ya no se encuentran funcionando”, planteó el organismo fiscalizador.
Y los evasores fiscales afinan sus técnicas: el pasado 7 de noviembre el SAT informó que detectó un nuevo esquema “agresivo” de simulación fiscal, que utilizaron “socios, accionistas y representantes legales de grandes empresas” para evadir el pago de impuestos en el reparto de dividendos. Este esquema involucra, una vez más, a compañías facturadoras de operaciones simuladas, así como a prestanombres.
En 2017 el Servicio de Administración Tributaria sólo recuperó 34 mil 239 millones de pesos, de los 365 mil 139 millones de pesos de créditos fiscales que dio de baja ese año, según la ASF. En otras palabras: cobró 9.4% de estos últimos y perdonó el 90.6% restante, “principalmente por situaciones reportadas por el SAT como incobrables”, planteó el organismo fiscalizador.
De las 27 firmas fantasma que se beneficiaron de cancelaciones superiores a mil millones de pesos, cinco fueron incorporadas en Guadalajara, dos en Taxco, Toluca y Monterrey, y tres se dedicaban a la joyería o el comercio de metales preciosos, según consultas al Registro de la Propiedad y del Comercio.
Manufacturas de Acero Roldán, Metal Gold, Importaciones Constanza u Omnitrade Mexicana fueron incorporadas por personas desconocidas, sus direcciones remiten a viviendas humildes en barrios populares, no tienen páginas en internet y aun así fueron usadas para importar a México grandes cantidades de productos y se beneficiaron de condonaciones del SAT superiores a 4 mil millones de pesos cada una.
Manufacturas de Acero Roldán, por ejemplo, fue incorporada en septiembre de 2011 en Torreón, Coahuila, por el saltillense Marco Antonio Silva López. En los siguientes tres años importó grandes cantidades de materiales a México: en marzo de 2013 adquirió 7 mil toneladas de aluminio con un valor de 18 millones de dólares. En esa ocasión dio una dirección que corresponde a un modesto edificio ubicado en Bravo 643, en el centro de Torreón. El SAT le perdonó 42 créditos fiscales por 5 mil 812 millones de pesos.
La empresa Silvertag .925, SA de CV, incorporada en marzo de 2010 en Taxco, Guerrero, y supuestamente dedicada al comercio de plata y oro, tenía 40 créditos fiscales con el SAT por mil 326 millones de pesos, de acuerdo con la base de datos. La dependencia determinó en octubre de 2014 que dicha razón social simulaba servicios y proveía facturas falsas y posteriormente le canceló las deudas.
Otro caso oscuro fue el de los sinaloenses Manuel Verdugo Vizcarra y José Manuel Alarid Quiroz, quienes constituyeron tres empresas en Culiacán –dos el mismo día, el 29 de agosto de 2011, y otra en 2009–, las cuales recibieron 178 cancelaciones del SAT por 2 mil 255 millones de pesos durante el sexenio pasado.
Verdugo estuvo señalado en un caso de despojo de 244 hectáreas en Los Cabos en 2007; las usurpó y posteriormente las vendió al empresario sinaloense Carlos Antonio Sosa Valencia, quien fue representante legal de Héctor Beltrán Leyva, El H, del Cártel de los Beltrán Leyva, según reportó el semanario Zeta.
Servicios Financieros DC, SA de CV, se benefició de 16 cancelaciones del SAT por 66 millones 668 mil pesos. La empresa fue utilizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, durante la gestión de Elba Esther Gordillo, para facturar servicios imaginarios y dispersar cientos de millones de pesos de ganancias que el gremio sacaba de los intereses cobrados de créditos a maestros, como lo documentó este semanario en junio de 2016 (Proceso 2066).
Otras estuvieron ligadas con partidos políticos: Mírame y No Me Toques Publicidad, SA de CV, fue proveedora del PRI en 2011 y recibió cancelaciones por 456 millones de pesos.
El SAT canceló otros 521 millones de pesos a Servicios Integrales para la Alta Empresa, SA de CV, vinculada con Diego Hildebrando Zavala, el hermano de Margarita Zavala, exaspirante a la Presidencia y esposa de Felipe Calderón (Sin Embargo, septiembre de 2016).
A Corporativo Sixga y Asociados, fundado por el contador oaxaqueño Ernesto Ramos Belmonte, el SAT le perdonó 966 millones 473 mil pesos de créditos fiscales. En 2011 dicha firma fue condenada por su participación en esquemas de evasión fiscal a través de outsourcing que beneficiaron a directivos del club de futbol Indios de Ciudad Juárez.
Impunidad
“En teoría, a quienes les cancelan una deuda fiscal se les levanta una denuncia penal”, explica Iván Benumea Gómez, abogado en la organización Fundar. Recuerda que en septiembre de 2016 José Antonio Meade Kuribreña compareció ante la Cámara de Diputados como secretario de Hacienda.
Preguntado sobre un informe de la organización, Meade se molestó y aseveró que “si la falta de impuestos y la falta de patrimonio se desprende de una actitud de mala fe, se persigue; el 60% de los casos que ahí se reportaron hoy enfrentan denuncias penales y en los demás casos estamos absolutamente ciertos que no media patrimonio y de ahí da lugar la cancelación”.
Según el Gafi, el sistema mexicano para luchar contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero tiene huecos tan graves que en 2016 las autoridades recuperaron apenas 0.1% de un estimado de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que se generaron.
Determinó que el SAT no cuenta con el personal suficiente para inspeccionar las empresas que representan el mayor riesgo de blanqueo de capital y que año tras año, desde 2013, se redujo el número de investigaciones que la entonces llamada Procuraduría General de la República inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013 a 455 en 2016.
En su informe sobre México, los expertos del Gafi resaltaron que hay “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales” de las estructuras empleadas para evadir impuestos o lavar dinero. Es decir, para identificar los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias.
El pasado 20 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno elabora un plan contra la evasión fiscal y que combatiría a los despachos que se dedican a “repartir facturas como confetis”, un delito que será considerado grave.
Para el SAT, la tarea es inmensa. Sin embargo, el gobierno actual le recortó mil 742 millones de pesos a su presupuesto de 2019, equivalente a una décima parte de sus fondos de 2018. La institución, que enfrentó protestas de trabajadores despedidos en diciembre pasado, operará este año con un presupuesto de 11 mil 980 millones de pesos.
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