De acuerdo con cifras del Poder Judicial de la Federación (PJF), desde la entrada en vigor de la norma impugnada, el pasado 6 de noviembre, hasta este martes, un total de 5 mil 774 funcionarios han presentado mil 275 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos.
Los quejosos son 367 jueces de distrito, 425 magistrados, dos mil 5 secretarios de acuerdos, 418 actuarios y mil 98 oficiales judiciales. El resto de los servidores públicos que han presentado su demanda de garantías son externos, es decir, laboran en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
También hay amparos de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Gobernación (Segob), entre otros.
Algunos de estos amparos incluyen más de una persona por demanda.
Desde el pasado viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, prohibió a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley para fijar los salarios que los servidores públicos recibirán el año entrante. Este fallo lo emitió en la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición.
Con información de: Reforma/
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