El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el número de delitos que ameritan la prisión preventiva. Con 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, se aprobó la inclusión de los siguientes delitos:
- Abuso o violencia sexual contra menores;
- Uso de programas sociales con fines electorales;
- Robo de transporte en cualquiera de sus modalidades;
- Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares;
- Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea; y,
- Delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión (incluidas sus calificativas, sus atenuantes o agravantes), en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y en materia de corrupción.
Esta iniciativa fue ampliamente criticada por diversos centros de análisis de políticas públicas y agrupaciones ciudadanas, incluso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
También se pronunció en contra el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos, Jan Jarab. Ambos enviaron comunicados al presidente del senado y a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, expresando su preocupación por la iniciativa, al considerarlo violatorio a los derechos humanos, así como un retroceso al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Se acepta la propuesta de modificación presentada por la senadora @MaluMicher para que se agregue el feminicidio al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.
Por casi cinco horas los legisladores presentaron argumentos a favor y en contra de la iniciativa. HuffPost Méxicopresenta a continuación algunos de las expresiones pronunciadas por los senadores.
Respondiendo al reclamo popular
Entre los legisladores que se manifestaron en tribuna a favor de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva hay un argumento constante: existe una exigencia de la sociedad hacia sus gobernantes por disminuir de forma urgente los niveles de inseguridad en el país.
La senadora priista, Silvana Beltrones, expuso que la iniciativa responde -precisamente- a ese reclamo social, y a una percepción de indefensión de las víctimas del delito, cuando sus agresores no son enviados a prisión inmediatamente después de ser arrestado.
En ese sentido la legisladora panista, María Guadalupe Murguía, expuso que la propuesta fue presentada porque "la sociedad ha pedido una respuesta inmediata", y citó la Encuesta Nacional de Victimización y. Percepción de la Seguridad Pública del INEGI, que refiere que actualmente el 72 por ciento de la población se siente insegura.
Para Eunice Romo Molina, del Partido Encuentro Social, las medidas cautelares alternativas como la fianza o los brazaletes electrónicos generen el fenómeno de la puerta revolvente, pues "estimulan que (los delitos) sean cometidos de forma reiterada".
Es "mero populismo penal"
En contraparte, la senadora priista, Claudia Edith Anaya Mota, catalogó la propuesta de modificación a la Constitución como "mero populismo penal", que solo busca satisfacer un reclamo social proponiendo un "parche legislativo".
También denunció que la práctica de "legislar al vapor" resultó en errores jurídicos graves, pues la redacción de la iniciativa incluye tipos penales que no existen como los delitos electorales y robo al transporte de carga, pues ninguno de los dos existe con ese nombre.
Su copartidaria, Claudia Ruiz Massieu, describió la iniciativa como "regresiva", y exhortó a sus compañeros a no confundir la aspiración de mayor seguridad con un retroceso a la reforma de 2008. En su lugar, planteó enfocarse en las causas de la situación como la corrupción y a la falta de capacidades institucionales, a través del fortalecimiento de las policías, las fiscalías, el sistema judicial y el penitenciario.
Legisladores de Movimiento Ciudadano también se manifestaron en contra de la reforma, al convertirse una "pena anticipada" para los imputados, como lo describió Samuel García Sepúlveda, en particular a los más pobres, que no pueden pagar un abogado o una fianza.
Patricia Mercado, advirtió que con la reforma bastará para que una persona sea acusada de robo de combustible para que sea encarcelado, y anticipó: "entonces vamos a ver un montón de campesinos pobres en la cárcel.
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