En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el crimen organizado alcanzó un trágico récord de 26 sacerdotes católicos asesinados, sobre los 17 ultimados durante el mandato de Felipe Calderón. Con este “clericidio”, como lo llama el religioso Omar Sotelo, las bandas delictivas buscan provocar “desestabilización social” en las comunidades, demostrar que nadie está a salvo y acallar a un sector que, como los periodistas, “genera opinión pública”.
Considerado como el más trágico para el sacerdocio en México y únicamente superado por el periodo de la Guerra Cristera, el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó un saldo de 26 sacerdotes asesinados mediante ataques directos y por el solo hecho de ser ministros de culto, crímenes que hasta la fecha no han sido aclarados, por lo que siguen en completa impunidad.
El religioso Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), que acaba de presentar un informe sobre los sacerdotes ultimados durante el gobierno de Peña Nieto, enfatiza en entrevista:
“Después del periodo de la Guerra Cristera, el sexenio de Peña fue el más desastroso y trágico para el sacerdocio mexicano; fueron asesinados 26 sacerdotes, una cifra altísima, nunca antes vista y muy por encima de lo que había sido el promedio en estos casos.”
Estadísticas en mano, Sotelo indica que durante el sexenio de Ernesto Zedillo fueron ultimados tres sacerdotes, en el de Vicente Fox fueron cuatro, pero ya con Calderón los crímenes se dispararon a 17 y con Peña a 26.
Da otro dato: en América Latina fueron asesinados 14 sacerdotes en 2017 y la mitad de estos crímenes, siete, ocurrieron en México, que –asegura– “sigue siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio, a pesar de que su población es mayoritariamente católica”.
Explica el origen de tanto crimen:
“El incremento de los asesinatos coincide justamente con el inicio de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón y continuó Peña Nieto, una guerra para la que no estaban preparadas nuestras instituciones, las cuales incluso se vieron infiltradas por el crimen organizado.”
–¿Y por qué razón se ataca a los clérigos?
–Porque el sacerdote es una especie de estabilizador social; en su parroquia se brindan no sólo auxilios espirituales, sino también educativos, de salud, de derechos humanos y de atención a migrantes. El crimen organizado sabe bien que al matar a un sacerdote provoca desestabilización social en la comunidad, sembrando así el miedo para poder actuar a su antojo.
“No es ninguna coincidencia que tanto sacerdotes como periodistas, dos entes que generan opinión pública, estén siendo blanco del crimen organizado. Hay una razón detrás de estos crímenes. Y aquí el mensaje que se manda es muy claro: ‘Si puedo matar a un cura puedo matar a quien sea’.”
–¿No puede decirse entonces que los sacerdotes sean víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico?
–Por supuesto que no. Los están matando por ser sacerdotes. Van contra ellos directamente. Estamos ante un clericidio, no se le puede llamar de otra forma. Pero además estos crímenes se ejecutan con una saña tremenda: primero secuestran a los sacerdotes, luego los someten a fuertes torturas y finalmente los matan.
“Tras la muerte viene la difamación, cuyo objetivo es criminalizar al sacerdote, acusándolo de pederasta, de disoluto o de estar coludido con el narco. Para las autoridades que investigan los casos esto representa una salida muy fácil y terminan diciendo: ‘Lo mataron porque se lo buscó’. Así le dan carpetazo al asunto y los crímenes quedan en la impunidad.”
–¿De estos 26 casos de sacerdotes asesinados cuántos se han resuelto?
–Ninguno. Hay investigaciones en proceso, sospechosos, gente que se detuvo y luego quedó libre, datos sin clarificar que provienen de una burocracia judicial que no da ninguna certeza.
Pone como ejemplo el asesinato del sacerdote José Ascencio Acuña, ultimado en septiembre de 2014 en la comunidad guerrerense de San Miguel Totolapan, presuntamente por miembros del crimen organizado en colusión con personal del gobierno municipal.
“En ese caso hubo órdenes de detención contra el entonces diputado priista Saúl Beltrán, pero no se ejecutaron y prácticamente se le dio carpetazo al asunto; a cuatro años de los hechos no hay ningún responsable preso”, dice Sotelo.
Igual ejemplifica con los asesinatos de Germaín Muñiz e Iván Añorve, acribillados el pasado 4 de febrero en la carretera Iguala-Taxco. Pese a que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le prometió personalmente al obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, que el caso se resolvería rápidamente, hasta la fecha los criminales siguen libres.
“A estos sacerdotes en cambio se les difamó, diciendo que eran gays, que tenían vínculos con el narco y otros infundios”, comenta el entrevistado.
Y menciona el sonado caso del cardenal Posadas para recalcar el alto nivel de impunidad:
“¡Caray! A 25 años de distancia todavía no se resuelve el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ni siquiera hay un solo detenido por el caso. ¿Qué se puede esperar entonces de los casos de sacerdotes asesinados?”
Las víctimas
Omar Sotelo es un religioso paulino que, a través del CCM, cada diciembre presenta informes anuales sobre los asesinatos y agresiones contra el clero mexicano. El año pasado publicó el libro Tragedia y crisol del sacerdocio en México, una investigación más sistematizada basada en estos informes.
Y ahora acaba de presentar Evaluación del sexenio 2012-2018, un amplio reporte sobre estas agresiones ocurridas durante la administración de Peña Nieto, en el que detalla fechas, lugares y circunstancias de cada caso.
Señala el informe: “En el sexenio 2012-2018 la paz es la gran ausente en muchas regiones y localidades del país. Para el sacerdocio católico en México ha sido una tragedia: en los últimos seis años 26 presbíteros perdieron la vida de forma violenta”.
Y menciona las cinco entidades donde se dio el mayor número de asesinatos y agresiones contra sacerdotes y agentes de evangelización: Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México.
Aclara el reporte sexenal: “Los crímenes contra sacerdotes no son propiamente de persecución religiosa por odio a la fe; en la mayor parte de los casos hay rasgos de una nueva forma de hostigar violentamente la acción pastoral de sus agentes evangelizadores; cuando se agrede, desaparece o ejecuta a un sacerdote, se introduce un elemento de desestabilización social, dando lugar al crecimiento del temor, de la impunidad y la violencia en diversas entidades del país”.
Asimismo, el informe menciona algunas “causas” por las que se está asesinando a los sacerdotes:
En primer lugar, indica que los sacerdotes resultan “incómodos” para el crimen organizado cuando denuncian las “carencias” que viven varias regiones del país, de ahí que se les aniquile.
Otra causa, asegura, es por “sus choques contra los poderes políticos en turno”, que cobran venganza valiéndose del asesinato. Y también –prosigue el informe– porque los párrocos son un “blanco fácil” para las bandas criminales, pues llevan una “vida solitaria” y deben atender pastoralmente a comunidades apartadas “sin tener medida de seguridad alguna”.
Menciona los nombres de los 26 sacerdotes asesinados durante el sexenio: Víctor Manuel Diosdado, José Flores Preciado, Ignacio Cortez Álvarez, Hipólito Villalobos, Joel Román Salazar, John Ssenyondo, José Ascencio Acuña, Rolando Martínez Lara, Gregorio López Gorostieta, Francisco Javier Gutiérrez Díaz.
Erasto Pliego, Israel Garrido, Alejo Nabor Jiménez, José Alfredo Juárez, José Alfredo López, Felipe Altamirano, Joaquín Hernández, Luis López Villa, José Miguel Machorro, Germaín Muñiz, Iván Añorve, Rubén Alcántara, Juan Miguel Contreras, José Moisés Fabila, Ícmar Arturo Orta y Miguel Gerardo Flores.
Además señala a dos sacerdotes que siguen desaparecidos: Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de Zamora, y Carlos Ornelas Puga, de Ciudad Victoria.
Menciona a otros cinco religiosos que fueron secuestrados y luego liberados: Luis Antonio Salazar, José Luis Sánchez, Óscar López, Juan Carlos Alatriste y Enrique Madrid.
Y también refiere “los ataques” contra tres recintos religiosos: a la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la Ciudad de México, se le arrojó una bomba casera la madrugada del 25 de julio de 2017; la catedral de Matamoros, Tamaulipas, sufrió otro atentado con explosivos el 1 de marzo de este año, y poco después se atacó el templo de San Antonio de Padua, en la misma ciudad.
El informe no pasa por alto la incursión de un grupo armado en la casa del cardenal Norberto Rivera Carrera, en la Ciudad de México, ocurrido el pasado 21 de octubre y en el que resultó muerto uno de los guardias del cardenal. De acuerdo con la procuraduría capitalina, se trató de un intento de robo.
Sin embargo, Omar Sotelo externa sus dudas: “Dudo mucho que haya sido un robo frustrado. Fue una incursión armada en pleno día y sabiendo que Norberto Rivera y sus guardias estaban en la casa. Los atacantes entraron disparando. Los ladrones no operan de esa manera… Sospecho que hay cosas más de fondo que deben investigarse”.
Indica que los obispos y cardenales mexicanos han sido reacios a externar los amagos y amenazas de muerte que reciben; sin embargo, “poco a poco se han ido abriendo. Hoy sabemos de varios obispos amenazados de muerte, como Raúl Vera, Salvador Rangel, Ramón Castro, Maximino Martínez, Miguel Patiño y Juan Sandoval Íñiguez, entre otros”.
–Al igual que Norberto Rivera, ¿estos obispos llevan guaruras?
–No, yo no conozco a ningún otro que actualmente use escolta, por una razón muy sencilla: el obispo y el sacerdote quieren mantener contacto directo con sus fieles, estar cercanos al pueblo. No quieren una burbuja de seguridad para que no los toquen… Y claro, eso tiene sus riesgos.
–Por otro lado, algunas diócesis y el mismo episcopado han emitido protocolos de seguridad para los templos. ¿Qué tan efectivos han resultado?
–Sí, se colocan sistemas de circuito cerrado, se refuerzan las bardas perimetrales de los atrios y varias otras medidas. Pero finalmente un templo es una casa de puertas abiertas, no puede estar cerrado o con acceso restringido. Debe dar servicio a toda la gente.
“Lamentablemente, los ataques y los robos a los templos se han incrementado, incluso ya empiezan a ser sistemáticos a pesar de los protocolos de seguridad. Los fieles son asaltados en plena misa y es común el robo de arte sacro. Se roban las custodias, los vasos sagrados y otros objetos de liturgia. La cosa es tan grave que, en el sexenio que terminó, cada semana hubo un promedio de 26 robos o ataques a los templos.”
Y respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Sotelo ve con preocupación la puesta en marcha de la Guardia Nacional porque considera que será darle continuidad a la militarización.
Concluye: “López Obrador prometió en su campaña regresar al Ejército a sus cuarteles. Pero hoy en el gobierno sus acciones se encaminan hacia la misma militarización que nos causa tantos estragos. Prometió una cosa y empieza a hacer lo contrario. Pero es muy pronto para hacerle señalamientos, su gobierno apenas empieza. Ya veremos qué pasa”.
fuente.-
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