El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard e influyentes políticos de Morena eran el objetivo del centro de espionaje montado presuntamente por el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
Las pesquisas de la Procuraduría capitalina (PGJ-CDMX) y de la Procuraduría General de la República (PGR) han ido recabando indicios de que Ebrard, por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, era blanco de escuchas telefónicas.
Otro personaje que era primordial en el trabajo ilegal que presuntamente se hacía en un inmueble de la calle Manuel Márquez Sterling, en el Centro, es el exdelegado de Cuauhtémoc y actual senador morenista, Ricardo Monreal.
Según las indagatorias, la detención de Pedro Pablo Antuñano, director Jurídico y de Gobierno durante la administración de Monreal con 600 mil pesos en efectivo fue resultado de las labores de dicho centro de espionaje.
La madrugada del 16 de septiembre de 2016, Antuñano fue detenido luego de que se le encontró una caja con 600 mil pesos en efectivo. En el momento, argumentó que tenía esa cantidad de dinero en efectivo porque eran donativos y, por el puente de los festejos patrios en México, no se pudieron hacer los depósitos bancarios correspondientes.
Antuñano circulaba en su auto Charger negro cuando personal del Estado Mayor Policial le marcó el alto en un punto de revisión en Presidente Masaryk y Mariano Escobedo. Al revisar el vehículo, encontraron una caja con 600 mil pesos en efectivo, al no poder acreditar la propiedad, Antuñano fue remitido al Ministerio Público.
Ricardo Monreal, entonces delegado en Cuauhtémoc respondió que la detención de su colaborador era un asunto personal que nada tenía que ver con la demarcación, y que era un intento de afectarlo políticamente.
OPERACIONES DEL CENTRO
En el centro operaban entre 30 y 40 trabajadores, algunos adscritos a Base Lince, del gobierno local, y otros a la Procuraduría.
De acuerdo con las pesquisas, la mayoría de ellos estaban dados de alta como personal de estructura y como jefes administrativos especializados.
Con base en las investigaciones de la PGJ, en el centro se hacían también geolocalizaciones de teléfonos celulares y clasificación de datos financieros.
El espionaje era apoyado por agentes de campo, los cuales utilizaban una camioneta Explorer gris y una Chevrolet Van blanca.
Al frente de las operaciones estaba, al parecer, Gustavo Alberto Cavallero Torres, extitular del área de Cibernética de la PGJ cuando Mancera era procurador.
Cavallero Torres renunció a dicha dependencia en mayo de 2018, así como una decena de agentes de Investigación que laboraban en el centro de espionaje.
La recién nombrada procuradora, Ernestina Godoy, afirmó que el inmueble de dos pisos está bajo resguardo y que fueron recuperadas algunas carpetas con papelería, computadores desarmadas, esqueletos de aparatos electrónicos y otros objetos.
Sin embargo, aclaró, el sitio fue vaciado antes de que el nuevo gobierno interviniera.
Desde ayer, la Visitaduría, personal de la Fiscalía de Servidores Públicos y el equipo de Godoy realizan entrevistas a servidores públicos de la PGJ que pudieran estar relacionados o tener conocimiento de estos hechos, pero hasta ahora no ha habido cargos penales contra nadie.
UN EXCOMANDANTE ANTISECUESTROS LO OPERABA
Roberto Damián Hernández Reyna, comandante de la Policía de Investigación y exjefe de grupo de la Fuerza Antisecuestros (FAS) presuntamente era el operador del centro de espionaje descubierto en el Centro.
Así han ido arrojando las indagatorias de la Procuraduría y autoridades federales, pero Hernández Reyna es de los pocos ligados al caso que siguen en la dependencia.
Fuentes del gobierno actual informaron que este policía ha estado acercándose al nuevo Jefe General de PDI, Bernardo Gómez del Campo.
Aparentemente pretende fungir como asesor y a la postre encabezar el área de Inteligencia.
Hernández Reyna tiene plaza de Director General, con un sueldo bruto de 47 mil 305 pesos mensuales y tiene un antecedente nominal por lesiones y violencia familiar.
Otros agentes que supuestamente laboraban en el centro de espionaje son Patricia C., José luís O., David L., y Vicente Cristóbal M.
Todos ellos se dieron de baja el 15 y 25 de mayo de este año y hasta el momento no han sido localizados.
El presunto centro clandestino fue descubierto hace unos días porque dejó de pagar arrendamiento y no estaba registrado entre los gastos oficiales del gobierno capitalino.
De acuerdo a fuentes consultadas por LA SILLA ROTA, las instalaciones fueron montadas desde inicios del actual gobierno capitalino, bajo control de la Secretaría de Gobierno.
El descubrimiento se debe a una factura para validar el cobro de la renta del inmueble donde se encontraba la instalación, con la que se supo que el edificio no aparecía en la lista de inmuebles arrendados por el gobierno de la ciudad.
Al respecto, Sterling Capital, SA de CV, empresa de la razón social de la factura, reclama al actual gobierno el pago de rentas que ascienden a 574 mil pesos por los periodos de enero a marzo, y de marzo a diciembre por un millón 723 mil pesos.
fuente.-
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