La Fiscalía General del Estado interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos recursos de reclamación contra el amparo que busca el Presidente Enrique Peña Nieto.
"Son contra el acuerdo que admite a trámite la controversia y contra la suspensión", indicó a Grupo REFORMA el Fiscal General César Augusto Peniche.
Los escritos se presentaron ayer ante el máximo tribunal.
"Estaremos atentos al desarrollo y trámite", agregó Peniche.
Con éstos suman tres recursos presentados por Chihuahua en contra del blindaje que pretende Peña Nieto y su Gabinete por el caso de los desvíos de 250 millones de pesos del erario estatal al PRI.
El lunes, el Consejero Jurídico del Estado, Jorge Espinoza, presentó la primera reclamación contra la admisión, con el que se busca que se deseche la controversia por improcedencia.
La semana pasada, el Ministro Eduardo Medina Mora suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del Presidente y funcionarios.
El ex Procurador admitió a trámite el recurso y detuvo cualquier acción legal que haya iniciado el Gobierno de Javier Corral contra el Ejecutivo federal, al no estar claro si es la jurisdicción estatal la que debe llevar a cabo esas indagatorias.
Además, ordenó a autoridades estatales entregar copia de todas las actuaciones ministeriales emprendidas por su administración en contra de Peña y miembros de su equipo.
La suspensión derivó de una controversia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Misha Granados, contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales.
Por el caso del desvío de 250 millones de pesos del erario estatal al PRI, la Fiscalía estatal detuvo y procesó a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, a quien acusó de triangular el dinero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia el área educativa de la Administración del entonces Gobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del tricolor en 2016.
La Procuraduría General de la República quitó el caso al Estado y, al no presentar cargos contra Gutiérrez, permitió que se sobreseyera el proceso, por lo que un juez federal ordenó liberarlo.
Corral indicó que el recurso tramitado el lunes por la Consejería Jurídica del Estado se presentó por la decisión que calificó absolutamente absurda y contraria a la Constitución por parte de la SCJN.
"Incluso, debo decirles, contrario a lo que en otros casos había hecho el propio Ministro Eduardo Medina Mora", declaró ayer el panista a medios de Chihuahua.
"Nuestro recurso de reclamación cita un desechamiento que el Ministro Medina Mora hizo de otro asunto bajo las mismas circunstancias por las que ahora sí lo admitió".
Sin revelar detalles, mencionó que es un asunto de un Estado que presentó una ampliación de demanda fuera de tiempo.
"La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República amplió la demanda ilegalmente y fuera del plazo", recordó.
"Se amplían las demandas por hechos supervinientes, y ahí lo hicieron para tratar de enmendar el error que habían cometido".
Corral consideró que la SCJN debe llamar en este caso a todos los Estados de la República.
"A todas las Fiscalías de todas las entidades federativas como terceros interesados porque una decisión aprobada a favor de la invalidez que ha planteado Peña Nieto sería un verdadero atropello al sistema federal y pondría en jaque el sistema penal de investigación de delitos", expuso.
"Porque sería una inhibición de entrada inadmisible a Ministerios Públicos. El Ministerio Público no investiga funcionarios federales o locales, investiga hechos y en función de la investigación de los hechos resultan responsabilidades presuntas que pueden ser del orden federal o local".
Cuando una Fiscalía local se encuentra un caso federal, recordó, le da vista al MP federal.
"Punto. Entonces creemos que este es un asunto que debiera tomar incluso la Conago, porque aquí hay toda una posible vulneración del sistema federal en la investigación de los delitos".
Consideró que los Gobernadores deberían estar preocupados y deberían poner atención en el desarrollo de esa controversia.
"Violaría gravemente la soberanía de los estados, la capacidad de los ministerios públicos para la investigación de los delitos", enfatizó Corral.
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Los escritos se presentaron ayer ante el máximo tribunal.
"Estaremos atentos al desarrollo y trámite", agregó Peniche.
Con éstos suman tres recursos presentados por Chihuahua en contra del blindaje que pretende Peña Nieto y su Gabinete por el caso de los desvíos de 250 millones de pesos del erario estatal al PRI.
El lunes, el Consejero Jurídico del Estado, Jorge Espinoza, presentó la primera reclamación contra la admisión, con el que se busca que se deseche la controversia por improcedencia.
La semana pasada, el Ministro Eduardo Medina Mora suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del Presidente y funcionarios.
El ex Procurador admitió a trámite el recurso y detuvo cualquier acción legal que haya iniciado el Gobierno de Javier Corral contra el Ejecutivo federal, al no estar claro si es la jurisdicción estatal la que debe llevar a cabo esas indagatorias.
Además, ordenó a autoridades estatales entregar copia de todas las actuaciones ministeriales emprendidas por su administración en contra de Peña y miembros de su equipo.
La suspensión derivó de una controversia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Misha Granados, contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales.
Por el caso del desvío de 250 millones de pesos del erario estatal al PRI, la Fiscalía estatal detuvo y procesó a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, a quien acusó de triangular el dinero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia el área educativa de la Administración del entonces Gobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del tricolor en 2016.
La Procuraduría General de la República quitó el caso al Estado y, al no presentar cargos contra Gutiérrez, permitió que se sobreseyera el proceso, por lo que un juez federal ordenó liberarlo.
Corral indicó que el recurso tramitado el lunes por la Consejería Jurídica del Estado se presentó por la decisión que calificó absolutamente absurda y contraria a la Constitución por parte de la SCJN.
"Incluso, debo decirles, contrario a lo que en otros casos había hecho el propio Ministro Eduardo Medina Mora", declaró ayer el panista a medios de Chihuahua.
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Sin revelar detalles, mencionó que es un asunto de un Estado que presentó una ampliación de demanda fuera de tiempo.
"La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República amplió la demanda ilegalmente y fuera del plazo", recordó.
"Se amplían las demandas por hechos supervinientes, y ahí lo hicieron para tratar de enmendar el error que habían cometido".
Corral consideró que la SCJN debe llamar en este caso a todos los Estados de la República.
"A todas las Fiscalías de todas las entidades federativas como terceros interesados porque una decisión aprobada a favor de la invalidez que ha planteado Peña Nieto sería un verdadero atropello al sistema federal y pondría en jaque el sistema penal de investigación de delitos", expuso.
"Porque sería una inhibición de entrada inadmisible a Ministerios Públicos. El Ministerio Público no investiga funcionarios federales o locales, investiga hechos y en función de la investigación de los hechos resultan responsabilidades presuntas que pueden ser del orden federal o local".
Cuando una Fiscalía local se encuentra un caso federal, recordó, le da vista al MP federal.
"Punto. Entonces creemos que este es un asunto que debiera tomar incluso la Conago, porque aquí hay toda una posible vulneración del sistema federal en la investigación de los delitos".
Consideró que los Gobernadores deberían estar preocupados y deberían poner atención en el desarrollo de esa controversia.
"Violaría gravemente la soberanía de los estados, la capacidad de los ministerios públicos para la investigación de los delitos", enfatizó Corral.
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